Gustavo Sanchez Martinez

Expediente 1426/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1426/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Sanchez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva; lo cual deberá acontecer en un plazo de tres años a partir del dictado de este acuerdo. Cuaderno duplicado. En otro sentido, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a); ello, toda vez que se cuenta con el original de la medida cautelar. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Autoridades responsables se encuentran de vacaciones. En atención al contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que no obran los informes previos de las responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, toda vez que se encuentran gozando de su segundo periodo vacacional el cual comprende del trece de diciembre de dos mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte, motivo por el cual no fue posible entregar los oficios ******************** y ******************** de veintitrés de diciembre pasado. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a que las autoridades responsables se reincorporen a sus labores y estén en aptitud de rendir sus informes, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con quince minutos del diez de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma; lo anterior, atendiendo el párrafo que antecede. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1426/2019-VIII. Personería del promovente. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Carlos Paredes Ruiz, como representante legal del quejoso Gustavo Sánchez Martínez, ello con base en el instrumento notarial número setenta y tres mil ciento siete (73,107), volumen cuatro mil doscientos veinte (4,220), de doce de diciembre de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público número 15 de esta ciudad, documental de la cual se aprecia que al promovente se le otorgó poder general para pleitos y cobranzas; misma que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, promovida por Gustavo Sánchez Martínez a través de su apoderado legal Carlos Paredes Ruiz, contra las autoridades y actos señalados en la misma. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena integrar por separado el incidente de suspensión. Ministerio Público. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, su informe justificado, mismo que deberán rendir dentro del plazo de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se les atribuyen, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resultan indispensables que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo y términos precisados, se impondrá a quien incumpla una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, en términos del artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, en caso de que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte promovente. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Roberto Clemente Soto González, Omar Parra Vega y Juan Carlos Guerrero Sermeño, profesionistas que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan; únicamente para oír y recibir notificaciones a José Antonio Soto Castro y José Ramiro Cervantes Soto, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su escrito de demanda. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, esta juzgadora se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1426/2019-VIII, promovido por Gustavo Sánchez Martínez a través de su representante legal Carlos Paredes Ruiz, como representante legal del quejoso, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad y otra autoridad, con dos copias simples de la demanda de amparo, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente lo siguiente: "DE LAS ORDENADORAS: Todas la actuaciones que se desprenden dentro del juicio, que se solvento en el Juzgado Segundo de lo Civil, de esta ciudad de Tijuana, ignorando el número de expediente, nombre de la parte actora, así como la demandada, en virtud de que nunca me fue proporcionado por el fedatario judicial al momento de la diligencia de desalojo, esto respecto al bien inmueble identificado como UNIDAD 9, DEL CONDOMINIO LAS VILLAS VII, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 5, MANZANA 351, DEL FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 62.260 M2, INDIVISO 1.0870%. PRIVATIVA 110.560M2, materia de la Litis, e identificado bajo la clave catastral ZT-351-609, bien inmueble que el suscrito quejoso adquirí el día 13 de Agosto del 2014, mediante Contrato Privado de Compraventa, celebrado con GRUPO DAME CONTRUCCION Y DESARROLLOS. DE R.L. DE C.V, en su carácter de vendedora, de esta ciudad, por lo que señalo como ACTO RECLAMADO NUCLEAR, la falta de llamamiento a juicio mediante un legal EMPLAZAMIENTO, en el domicilio del suscrito, y que es materia de la Litis, el cual se ubica en BIvd. Vista Dorada. No. 6106-9, del condominio las Villas VIl, Privada Villa de la Palma, de esta ciudad de Tijuana, seguido por el desahogo de las pruebas ofrecidas, y en lo subsecuente la sentencia dictada dentro del mismo juicio, así como el auto en el cual causa ejecutoria y se ordena la ejecución de la sentencia, así como todas y cada una de las subsecuentes actuaciones obrantes en autos del expediente, así como la ilegal e Inconstitucional desposesión y privación de mis derechos de propiedad respecto al bien que nos ocupa ya que el suscrito, nunca fui legalmente emplazados ajuicio, y por ende nunca he sido oído y vencido en juicio alguno, ya que el suscrito desde el día 13 de Agosto del 2014 hasta el día 19 de diciembre del 2019, tenía la posesión de buena fe, de forma pacífica, continua y pública. DE LAS EJECUTORA: El ilegal emplazamiento o llamamiento a juicio, la ejecución de la sentencia, así como el arbitrario desalojo hecho al suscrito quejoso, y por ende subsecuente posesión del Inmueble de mi propiedad a terceras personas." Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados en los términos siguientes: Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta antes del desalojo y se le regrese a la posesión del bien inmueble. En esa tesitura, ya establecido el acto reclamado y los efectos para los cuales solicita la suspensión la parte quejosa, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Negativa de la suspensión. A pesar de que se reúnen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es: 1. Que lo solicite el quejoso; y 2. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, resulta procedente negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, toda vez que no acreditó ni aun presuntivamente su interés jurídico suspensional. Lo que se estima así, en virtud de que debió acreditar indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de los actos reclamados. En efecto, la parte aquí quejosa busca acreditar su interés suspensional, a partir de las siguientes pruebas: 1. Instrumento notarial número setenta y tres mil ciento siete (73,107), volumen cuatro mil doscientos veinte (4,220), de doce de diciembre de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Notario Público número 15 de esta ciudad [foja 7 a 11]. 2. Copia simple de la demanda pro forma interpuesta por Gustavo Sánchez Martínez, en contra de HSBC, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, Tertius, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada y Grupo Dame Construcción y Desarrollos de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con anexos [fojas 12 a 18]. 3. Copias simples de nueve depósitos de diversas cantidades expedidos por la institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima [fojas 19 a 20]. 4. Copia simple de contrato de promesa de compra venta en el que se advierte que Grupo Dame Construcción y Desarrollos S. de R. L. de C. V., es el prominente vendedor y Gustavo Sánchez Martínez, como prominente comprador del bien inmueble identificado como Unidad 9, del condominio Las Villas VII, construido sobre el lote 5, manzana 351, del Fraccionamiento Las Villas, de esta ciudad [fojas 21 a 24]. 5. Copia simple de la inscripción del testimonio de la escritura pública número quince mil doscientos sesenta y uno (15,261), volumen cuatrocientos ochenta y uno (481), de veintisiete de mayo de dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público número 43 de Monterrey, Nuevo León ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana de diecinueve de septiembre de dos mil trece [fojas 25 y 26]. 6. Copia simple de la escritura pública número quince mil doscientos sesenta y uno (15,261), volumen cuatrocientos ochenta y uno (481), que contiene el convenio de dación de pago, de veintisiete de mayo de dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público número 43 de Monterrey, Nuevo León ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana de diecinueve de septiembre de dos mil trece [fojas 27 a 45]. 7. Copia simple del certificado de inscripción de gravámenes respecto del inmueble identificado como Unidad 9, del condominio Las Villas VII, construido sobre el lote 5, manzana 351, del Fraccionamiento Las Villas, de esta ciudad, clave catastral ZT-351-609 [fojas 46 y 47]. Por tanto, los medios de convicción enumerados del 2 al 6, valorados en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, carecen de valor probatorio pleno al tratarse de documentos en copia fotostática simple, acorde con lo establecido en el diverso artículo 217 de la legislación en cita, y que por su naturaleza son de fácil confección. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 33, materia común, con número de registro 185215, cuyo rubro y texto dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste.". Así también, la jurisprudencia VI.2o. J/354, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS." Por otra parte, el testimonio identificado con el número 1, a pesar de ser una documental que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, por tratarse de actuaciones de funcionario público en ejercicio de sus funciones, no acredita que cuente con algún derecho de posesión o propiedad del inmueble que pretende defender, sino que solo justifica la personalidad de quien promueve a nombre del quejoso. En conclusión, la parte quejosa no demostró ser titular del derecho que defiende, pues a pesar de que los hechos que narra, los haga con la protesta de ley, ello únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener; empero, dicha circunstancia no implica la verdad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental, con algún elemento de convicción en que respalde su dicho, por lo que, la mencionada protesta, por sí sola, es insuficiente para acreditar presuntivamente la afectación a su interés jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de que esta decisión puede cambiar al momento de resolver la suspensión definitiva, de acuerdo a las pruebas que ofrezca la parte quejosa y los informes previos que rindan las autoridades responsables o bien, con mayores datos que aporten las partes. Audiencia incidental. Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las nueve horas con veinticinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán precisar si es cierto o no el acto reclamado, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permita a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Roberto Clemente Soto González, Omar Parra Vega y Juan Carlos Guerrero Sermeño, profesionistas que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan; únicamente para oír y recibir notificaciones a José Antonio Soto Castro y José Ramiro Cervantes Soto, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. En cumplimiento al proveído de la propia data emitido en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, hágase el cotejo y compulsa de las documentales correspondientes. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las parte que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Isaac Fabela León, que firma y da fe. Doy fe. IFL/eor*** 8350 y 8351 En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas del día ________________, el(la) Actuario(a) del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, publicó en la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio constitucional, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 y 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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