Hali Kethbe Vasquez Garcia

Expediente 963/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
963/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Hali Kethbe Vasquez Garcia
  • HALI KETHBE VASQUEZ GARCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA VII...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Acusa recibo Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Primer Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del 1) oficio 29798/2021, por el que se le notificó la ejecutoria dictada en el presente expediente y 2) el toca penal 62/2021 de su índice. Asimismo, solicita la devolución del disco DVD que contiene la audiencia intermedia de trece de julio de dos mil veintiuno, el cual se remitió con apoyo a su informe justificado. Por lo anterior, mediante oficio, se ordena devolver a la autoridad responsable el disco DVD solicitado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 963/2021; y, R(..) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados: - De la Jueza de Control del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, la determinación o resolución mediante la cual se niega la suspensión condicional del proceso en la audiencia celebrada en fecha trece de Julio del año dos mil veinte, en la Causa Penal 55/2020. - De los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución de diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 62/2021, en la confirmaron la negativa de la procedencia de la suspensión condicional del proceso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y la Juez de Control del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para acreditar lo anterior, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitieron el original del toca penal 62/2021 y la Juez de Control del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, dos discos versátiles en formato DVD, que contiene los actos reclamados. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictaron los actos reclamados. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. 1. El veinticuatro de abril del año dos mil veintiuno, el adolescente imputado de iniciales H.K.V.G., fue aprehendido en cumplimiento y ejecución de una orden de aprehensión emitida en fecha catorce de noviembre del año dos mil veinte, en la causa penal 55/2020 por la Juez de Control del Juzgado Especializado en materia de Justicia penal para Adolescentes. 2. El treinta de abril del dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del adolescente iniciales H.K.V.G., dentro de la causa penal 55/2020 la Juez de Control del Juzgado Especializado en materia de Justicia penal para Adolescentes. 3. El quince de junio del año dos mil veintiuno, la representante social, tuvo por cerrada la investigación complementaria. 4. Mediante auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil veintiuno, la Jueza de Control especializada, tiene a la Agente del Ministerio Publico, formulando acusación en contra del adolescente iniciales H.K.V.G. 5. El seis de julio del año dos mil veintiuno, previo a que iniciara la audiencia intermedia la defensa del menor H.K.V.G. solicitó la suspensión condicional del proceso la cual fue resuelta el trece de julio de dos mil veintiuno, por la Juez de Control del Juzgado Especializado en materia de Justicia penal para Adolescentes. 6. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, la cual fue confirmada el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 62/2021, por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. QUINTO. Causal de improcedencia. Conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público por lo que, las aleguen o no las partes, deben estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Así, respecto de la resolución emitida por la Juez de Control del Juzgado Especializado en materia de Justicia penal para Adolescentes, el trece de julio de dos mil veintiuno, en la que negó la procedencia de la suspensión condicional del proceso, este juzgador advierte de oficio que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que fue sustituida por la resolución de segundo grado que la confirmó. La justificación de esta causa de improcedencia radica en la circunstancia de que en los procedimientos que sean materialmente o formalmente juicios rige el principio preclusivo, según el cual terminado un período del procedimiento, éste no puede volver atrás, ni modificarse las resoluciones o situaciones procesales que hayan causado estado, o sea las que ya son inobjetables. Dicho motivo de inejecutabilidad en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Mientras que, el segundo se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas; pues en efecto, la parte inconforme combate como reclamado a la Juez de Control, la resolución de trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó la procedencia de la suspensión condicional a proceso en la causa penal 55/2020. Sin embargo, obran constancias en autos de las que se advierte que contra esa determinación la defensa del imputado aquí quejoso H.K.V.G., interpuso recurso de apelación, posteriormente integrada la Litis de segunda instancia, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dictaron resolución en la que confirmaron la determinación tomada por la juez de control en formal audiencia, es decir, la resolución de segunda instancia sustituyó procesalmente a la dictada en primera. Por lo anterior, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la determinación tomada por la juez de control al negar la procedencia de la suspensión condicional a proceso, es decir, la de primera instancia, toda vez que ésta fue combatida en vía de apelación, cuyo sistema recursivo permite pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado, por lo que la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Es aplicable al caso, el razonamiento establecido en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, página 2546, con registro digital 2013461, bajo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Ante lo expuesto, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Juez de Control del Juzgado Especializado en materia de Justicia penal para Adolescentes, al hacerse patente la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la citada normatividad. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Respecto del acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 62/2021. Los conceptos que hace valer la parte quejosa sintetizados en su esencia son: a) La resolución emitida carece de debida fundamentación, ya que sus fundamentos legales resultan ser artículos inconstitucionales e inconvencionales, por consecuencia, solicita se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 100 fracción I y del artículo 164, ambos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la que se apoyó la autoridad responsable para emitir la resolución combatida. b) Que en materia de adolescentes ningún delito debe tener la finalidad de sancionar al infractor, por lo tanto, señala que el fin de las medidas de justicia para adolescentes es la reinserción social y la reintegración social familiar. c) Reitera los agravios formulados en vía de apelación para ser estudiados en este juicio de control constitucional. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa son infundados en una parte, e inoperantes en otra. En primer lugar se debe puntualizar que tanto la víctima con iniciales A.D.C.G. y el imputado quejoso H.K.V.G., son menores de edad. En segundo lugar, el imputado H.K.V.G., es probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN AGRAVADA cometido en agravio del menor A.D.C.G. En otro apartado, del análisis del acto reclamado se advierte que la determinación de la sala se basó en los siguientes argumentos torales: - Que no se cumplen los requisitos del artículo 100 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, porque la Agente del Ministerio Público especializada como los representantes legales del menor víctima A.D.C.G., solicitaron una medida de sanción para el adolescente imputado, asimismo porque había una oposición fundada de la víctima, para garantizar sus derechos humanos al esclarecimiento del hecho, a la tutela efectiva, como también determinar y garantizar los derechos fundamentales del adolescente H.K.V.G., a ser oído dentro de la audiencia de debate con todas las garantías que tiene a su favor. - Que la solicitud de suspensión condicional a proceso no reúnen de los dos requisitos que contempla el artículo 100 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al advertir que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del adolescente H.K.V.G., donde procede la medida de sanción de internamiento por el hecho que la ley seña como el delito equiparado a la violación agravada, asimismo porque los representantes de la víctima así como la Agente del Ministerio Público hicieron patente la voluntad de que el adolescente sea sancionado por el hecho que se le imputa y por ende la oposición a dicha suspensión. - Que estuvo correcta la Juez de control al tomar como base para resolver el interés superior de ambos menores, sin que ello afecte la presunción de inocencia, ya que la suspensión condicional del proceso nada tiene que ver con considerar a alguien como responsable o no de un hecho calificado por la ley como delito. - Que en lo que respecta la oposición fundada se traduce en la existencia de las razones suficientes y sobre todo legitimas para sostener una postura. - Que el requisito de la oposición fundada de la víctima se erige como requisito de procedibilidad insoslayable para la procedencia de la suspensión condicional a proceso como mecanismo alternativo de solución de controversia. - Que la suspensión condicional a proceso encuentra su base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, por lo que sus requisitos deben armonizarse. - Finalmente la Sala consideró que no hubo transgresión a los derechos del adolescente tomando en consideración que no es jurídicamente valido que a la luz del principio pro persona se le haga extensivo un derecho sin tomaren cuenta las reglas de derechos aplicables con el único fin de hacer procedente la solución alterna del procedimiento planteado. En ese orden de ideas, se estima que son correctos los motivos por los que la autoridad responsable confirmó la negativa de suspensión condicional del proceso que planteó el aquí quejoso por conducto de su defensora, ya que resolvió conforme a las normas aplicables al tratarse de menores de edad. Y en efecto, del artículo 100 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se desprenden los requisitos de procedencia para autorizar la suspensión condicional del proceso los siguientes: a). Que se haya dictado auto de vinculación a proceso por hechos previstos como delito en los que no procede la medida de sanción e internamiento establecida en la Ley. b). Que no exista oposición fundada de la víctima. Y en el caso materia de su estudio, la primera condición para que fuera autorizada la salida alterna, no se encuentra satisfecha, pues se encuentra acreditado que el imputado H.K.V.G., fue vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como constitutivo del delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN AGRAVADA, injusto por el cual procede la medida de sanción de internamiento, pues así se encuentra previsto en el artículo 164, inciso h), de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como de los catalogados de violencia sexual. El segundo requisito también no está colmado, porque tanto los representantes de los menores de edad agraviado A.D.C.G. y la Representación Social, se opusieron a la aprobación de esa medida alterna de solución de la controversia, porque dieron su razón fundada, para oponerse a esa medida. Con motivo de lo anterior, resulta correcto que la autoridad responsable haya determinado confirmar la resolución apelada, toda vez que la procedencia de la salida alterna que presentara la defensa del quejoso, se encuentra sometida a que se satisfagan los requisitos formales previstos en las normas para su otorgamiento y si ambos se acreditan. Sin que lo anterior implique una transgresión a los derechos fundamentales del ahora quejoso, puesto que la satisfacción de los requisitos previstos en la ley para acceder a ese tipo de salidas alternas, es de observancia obligatoria, sin distingo alguno respecto a su cumplimiento. Expuesto lo anterior, se procede a analizar los argumentos de la parte quejosa. El primer concepto de violación es infundado. Contrario a lo que estima la parte quejosa, la resolución emitida por la autoridad responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que citó los preceptos legales que el caso en concretó requería; en el caso analizó el contexto con base en que tanto víctima como ofensor son menores de edad, tomando en consideración lo manifestado por las partes y lo previsto en la norma para arribar a la conclusión de negar la petición de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del epígrafe y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". En otro aspecto, es inoperante e infundado, en lo relativo al control de constitucionalidad y convencionalidad sobre los artículos 100 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Para entender lo anterior primeramente debe decirse que el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Precepto que faculta a este Juzgado en los asuntos de su competencia, para realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia que ponga fin al juicio. Sin embargo, esta obligación se actualiza únicamente cuando se advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, página 555, con rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES". Esto último significa que para ejercer el control de convencionalidad ex officio, el órgano jurisdiccional debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto". Bajo el esquema descrito, debe decirse que el acto reclamado, sustentado en las normas que se tildan de inconstitucionales, no se ve sea necesario hacer un análisis de constitucionalidad, porque aun cuando se tildan de inconstitucionales las normas jurídicas en que se apoyó la responsable para confirmar la negativa de la suspensión condicional del procedimiento, no se ve que se haya realizado el llamamiento de las autoridades del procedimiento legislativo del que emergieron. Lo que impide hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no, de su rectoría. También es inoperante el concepto de violación que señala que el acto reclamado es atentatorio de derechos humanos del adolescente, en la medida que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevén el catálogo de delitos por los que resultara procedente -en sentido positivo- o improcedente -en sentido negativo- las formas alternativas de solución de conflictos, pues en este punto, el hecho de que la ley fundamental sea el parámetro de la regularidad constitucional y que ésta sea omisa en el reseñado aspecto, y deje esa labor a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no permite hacer un análisis sin atentar contra su supremacía, en virtud, de que, dar en este punto, la razón al justiciable, implicaría desembocar la premisa de que la Constitución por ser omisa, motiva un acto inconstitucional, lo que por supuesto sería una aberración jurídica, en la medida en que no es factible fincar la inconstitucionalidad del acto reclamado, en omisiones persistentes en ella.. Por supuesto, no debe perderse de vista que, como quiera que sea, el concepto de violación aducido, sustentado en los argumentos que anteceden, es infundado en la parte en que se señala que la ausencia del catálogo de delitos no deben estar contemplados en las leyes inferiores a la Ley Fundamental, sino propiamente en esta. Lo anterior es así, porque por regla general, los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran los llamados derechos fundamentales o garantías individuales, propios de las Constituciones liberales, como la General de la República, donde se privilegia el principio de que la protección y materialización efectiva de esos derechos de libertad han de interpretarse de manera amplia, para evitar limitarlos y promover, a través de la legislación secundaria, su realización e, inclusive, su ampliación a favor de los habitantes del país; de manera que si bien no es dable al legislador crear ni anular esos derechos, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. Son aplicables los siguientes criterios: La tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LVII, página 2581, Materias Constitucional, Quinta Época, con número de Registro digital 331320, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LEYES SECUNDARIAS, INTERPRETACION DE LAS. Las leyes secundarias deben interpretarse armonizándolas con los estatutos constitucionales, porque no se concibe, salvo cuando el texto de ellas sea perfectamente claro y no dé lugar a interpretación, que el legislador haya pretendido establecer una disposición a todas luces anticonstitucional. La tesis 2a. CXXIX/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 1474, Materias Constitucional, Novena Época, con número de registro digital 163081, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS. Es principio comúnmente aceptado que, por regla general, los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran los llamados derechos fundamentales o garantías individuales, propios de las Constituciones liberales, como la General de la República, donde se privilegia el principio de que la protección y materialización efectiva de esos derechos de libertad han de interpretarse de manera amplia, para evitar limitarlos y promover, a través de la legislación secundaria, su realización e, inclusive, su ampliación a favor de los habitantes del país; de manera que si bien no es dable al legislador crear ni anular esos derechos, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. Esto es, el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta puede imponer a la legislación secundaria dos tipos de límites: a) Formales, referidos a normas que regulan el procedimiento de formación de la ley, acotándolo al procedimiento establecido por la Constitución, y b) Materiales o sustanciales, relativos a las normas que vinculan el contenido de las leyes futuras, mediante órdenes y prohibiciones dirigidas al legislador o de manera indirecta, regulando inmediatamente ciertos supuestos de hecho (por ejemplo, confiriendo derechos subjetivos a los ciudadanos) y estableciendo su propia superioridad jerárquica respecto de la ley. Y la tesis 1a. LXXII/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1406, Décima Época, Materias Constitucional, con número de registro digital 2008550, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NORMAS SECUNDARIAS. SU CONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE SU CONTENIDO ESTÉ PREVISTO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SINO DE QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los preceptos constitucionales sólo establecen principios y parámetros generales, los cuales son desarrollados por las normas secundarias; por tanto, la constitucionalidad de éstas no depende de que su contenido esté previsto expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de que respete los principios constitucionales. En ese entendido, los requisitos establecidos por las leyes secundarias sólo podrán declararse inconstitucionales si son excesivos, por no ser razonables o por ser desproporcionados para cumplir con el fin constitucionalmente perseguido". Por otra parte, el concepto de violación en lo relativo al control de convencionalidad, es infundado, toda vez que dicho control difuso ex officio es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese fin; sin embargo, en el caso en concreto, no podría acudirse a la normativa internacional, en virtud de que, en el derecho interno existe legislación aplicable en materia del delito y del menor infractor, como lo es, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de cuyo análisis se advierte que no atenta a las reglas y los principios constitucionales, por lo que no podría aplicarse dicho control. Son aplicables lo siguientes criterios: La Jurisprudencia (III Región)5o. J/8 (10a.) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1360, Materias Común, Décima Época, con número de registro digital 2005942, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. De la interpretación sistemática y teleológica de los principios pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, hermenéutico en materia convencional, previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, se advierte que la aplicación del control difuso ex officio en materia de derechos humanos es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese fin. Esto significa que la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el juzgador no debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por lógica y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en controversia en los contenidos que existen en las reglas y los principios constitucionales, así como en la legislación ordinaria, para que, una vez que se determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está protegido o, si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se justifica que se realice el control difuso de convencionalidad ex officio. De no hacerse así, éste pudiera aplicarse sin restricción alguna, acudiendo de manera directa a la normativa internacional para resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o imperfección del derecho interno, pues no debe soslayarse que el sistema jurídico de cada Estado presenta características especiales que lo distinguen, por lo que de acuerdo a su situación, cada Nación deberá establecer cómo aplicar el control difuso de convencionalidad que lo haga coherente con su derecho interno y, como consecuencia, que se logre la optimización de los derechos humanos. Además, es importante establecer que el sistema nacional prevé una serie de formalidades e instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles violaciones; por lo que si se acudiera directamente al control difuso de convencionalidad, se provocaría desorden e incertidumbre en la aplicación del derecho para la solución de los casos, pues podría pasar que existiendo solución en la normativa interna y sin agotarse sus recursos o instancias, se aplicara la normativa internacional, dispensando a la persona del cumplimiento de las cargas que le correspondían de acuerdo con el orden jurídico nacional, lo que es irrealizable y agrede la coherencia y la funcionalidad del sistema interno; máxime que la Constitución Federal, en su artículo 1o., condiciona que dicho control sea útil para optimizar el derecho humano, lo que constituye un presupuesto constitucional previo que el aplicador deberá ponderar para estar en condiciones de realizar o no el control citado. Asimismo, la Jurisprudencia I.5o.C. J/2 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, página 1306, Décima Época, Materias Común, con número de registro digital 2003679, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ÓRGANOS DE CONTROL (LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD). SU EJERCICIO NO PUEDE SEPARARSE DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actuación de los órganos del Estado en la tutela de los derechos humanos, entre ellos, el Poder Judicial de la Federación, debe realizarse en el ámbito de su competencia, lo que implica que previamente se ha delimitado un espacio y forma en que debe efectuarse tal control sobre la regularidad de los actos de las autoridades del aparato estatal, en el que se tome como punto de partida un parámetro normativo legal, constitucional y convencional. Conforme a ello, si el artículo 107 de la Ley Fundamental determina las bases mínimas sobre la competencia para conocer del juicio protector de derechos fundamentales (juicio de amparo), las que a su vez involucran cuestiones sobre su procedencia, es inconcuso que aun en el actual diseño constitucional de protección de derechos fundamentales, el juicio de amparo no debe ser ajeno a los aspectos relevantes que derivan del acto en él reclamado. Esto es, en la resolución de los juicios de amparo salvo, desde luego, la real e insoslayable posibilidad de que pudiera desplegarse un control oficioso de convencionalidad, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las ejecutorias respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de hacer de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no pueda separarse de su propio ámbito de competencia pues sólo dentro de ésta puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde. Por tanto, en términos del citado artículo 1o. constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde, y a través de esa función deban tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de su propia competencia, por lo que no pueden apartarse de la regulación que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde una competencia reglada deben ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre conforme a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones". En consecuencia, de lo antes expuesto, no existen condiciones para realizar control de convencionalidad y constitucionalidad alguno respecto del artículo 100 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues no se cumplen las condiciones para autorizar la salida alterna de suspensión condicional del proceso, en razón que el adolescente H.K.V.G., fue vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como constitutivo de los delitos de EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN AGRAVADA, y en ese caso procede la medida de sanción de internamiento, pues así se encuentra previsto en el artículo 164, inciso h), de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por ser de los considerados de violencia sexual. De esta forma, tampoco hay la sospecha de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad referida, por lo tanto, no se actualizan las condiciones generales que la Suprema Corte ha señalado para ejercer el control de convencionalidad ex officio de normas que pide el quejoso, como tampoco que dichas normas violen derechos humanos. Y finalmente, porque el acto reclamado no lo constituye el acto de aplicación de la ley, sino únicamente la legalidad de la resolución reclamada. En otro punto, también es infundado el concepto de violación en que la parte quejosa, aduce que en materia de adolescentes ningún delito debe tener la finalidad de sancionar al infractor, sino la reintegración social familiar; sin embargo, es el caso, que la propia Carta Magna y la ley especial, contemplan supuestos en los que, por excepción y medida extrema, se sancionara al menor infractor con una pena de internamiento, que se reitera en el presente caso, no puede dejar de aplicarse pues el hecho que la ley señala como delito, atribuido al adolescente H.K.V.G., en términos del artículo 164, inciso h), de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, contempla una sanción de internamiento, lo cual -se repite- no trastoca los derechos humanos del justiciable en la medida en que el artículo 18 de la Ley Suprema de la Nación, contempla que en la aplicación del sistema oral adversarial se privilegiaran las formas o medidas alternativas de solución de controversias siempre que resulte procedente. Y, ya que en el caso tratándose de delitos de violencia sexual, existe restricción Constitucional, armonizada con la ley secundaria, sobre las medidas alternativas de solución de conflictos, pues su limitante está contemplada claramente en el artículo 100, fracción I, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo cual, se reitera es constitucional, al establecerlo así la propia Carta Magna en su numeral 18, pues alude al internamiento como una medida extrema y por el menor tiempo posible, cuyo finalidad es la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, resulta concluyente establecer, que no hay transgresión a los derechos humanos del justiciable, como se cuestiona. Finalmente, los conceptos de violación contemplados en el inciso c) son inoperantes. Lo anterior, en razón a que reproduce los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación y no combaten la resolución emitida en segunda instancia, con sus fundamentos y motivos que la sustentan. Es aplicable la Jurisprudencia V.2o. J/18 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992, página 77, Octava Época, Materias(s): Común, con número de Registro digital: 220376, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta". En esas condiciones, al no haber prosperado los conceptos de violación hechos valer, acorde a lo expuesto en los párrafos que anteceden, y debido que el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, no se advierte en contra de ella una violación manifiesta de la ley, ni Tratado Internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, que la haya dejado sin defensa, ni tampoco se advierte queja deficiente que suplir de manera oficiosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso H.K.V.G., contra el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 62/2021. SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el menor con iniciales ...., a través de su defensora Flor Elena Candelaria Pérez, por lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al menor con iniciales... través de su defensora Flor Elena Candelaria Pérez, contra el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 62/2021, por lo expuesto en el considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. . (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE)

  3. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con diecisiete minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado DEMNIS MERLIN ROBLES, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del aludido pleno. Acto continuo, el Secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el Secretario hizo una relación de las constancias de autos. El Secretario en funciones acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que antecede y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que las autoridades judiciales responsable, remitieron el original del toca pena y dos discos en formato DVD en que apoyaron su informe justificado. La Secretaria encargada acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la documental ofrecida por las autoridades judiciales responsables y los formatos de audio y videograbación remitidos. Como no existen diversas pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Secretario en funciones acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: LIC. RAMIRO GARCÍA SIMÓN SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO LIC. DEMNIS MERLÍN ROBLES SECRETARIO DE JUZGADO

  4. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Tercera interesada por lista. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte tercera interesada A.D.C.G. por conducto de su representante legal MIRIAM ESTHER GARCÍA CRUZ, sin que señalara domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Diferimiento Ahora, visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Juez de Control del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Oaxaca. Por lo anterior, y con el objeto de no hacer nugatorios sus derechos, la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de .0Justicia de la Nación, visible en la página cinco del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE.

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