Gustavo Silverio Hernandez
Expediente 369/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gustavo Silverio Hernandez
- Lidia Vasquez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales sede Tanivet, por medio del cual remite las constancias con las cuales pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada resolución. Ahora en virtud de que la responsable remitió un disco DVD en el que obra el audio y video de la resolución en cumplimiento a la ejecutoria, póngase a disposición de las partes dentro del plazo en mención. Por otro lado, infórmese que tales constancias se pueden visualizar en el enlace temporal ... Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada del comunicado que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, la cual deberá entregar a la parte quejosa, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; al tercero interesado ******************** mediante lista de acuerdos; y por oficio a los demás terceros interesados.
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MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por tanto con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para que las responsables con libertad de jurisdicción realicen lo siguiente: ". a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra, en la que, con plenitud de jurisdicción y motivando de manera correcta y suficiente su proceder, resuelva lo que conforme a derecho estime conducente..." Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, SE LE IMPONDRÁ MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $..., que resulta de multiplicar los días multa en cita por $... que constituye la Unidad de medida referida actualizada; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Finalmente devuélvase a la responsable el disco en formato DVD que contiene el registro de audio y video de la audiencia incidental de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en el cuaderno de antecedentes ******************** Notifíquese y cúmplase.
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Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 369/2023, promovido por ********... C O N S I D E R A N D O****************************************PRIMERO. Competencia legal********************Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los, circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos por un Juez de Control en el Estado de Oaxaca, dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. ****************************************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados.********************Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo.**************************************** Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:**************************************** "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".****************************************Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en:****************************************La resolución de veintiuno de marzo del presente año, dictada en audiencia incidental de esa propia fecha, en el cuaderno de antecedentes ********************, en la que declaró sin materia el medio de impugnación promovido contra las resoluciones de abstención de investigar y archivo temporal de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, dictadas por la representación social en la carpeta de investigación de origen.****************************************Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos.****************************************TERCERO. Certeza del acto reclamado********************ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado.****************************************Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º.****************************************CUARTO. Antecedentes del acto reclamado.********************En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente:****************************************Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Atención Temprana de la Vicefiscalía General Zona Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado, tuvo por recibido el escrito de querella firmado por ********************, quien por ese medio dio a conocer hechos probablemente delictuosos; por lo que se inició la carpeta de investigación ********************, contra ********************, por la probable comisión de hechos calificados por la ley como delitos de Fraude y Amenazas, cometidos en perjuicio y agravio de la quejosa. Enseguida ordenó practicar las diligencias necesarias y conducentes para la integración de la carpeta de investigación.****************************************Mediante resolución emitida el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación ********************, instruida contra ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de amenazas, cometido en agravio de ********************, la representación social resolvió ejercer su facultad de abstenerse de investigar los hechos que dieron origen a la investigación, al no considerarlos constitutivos de delito.****************************************Dicha resolución, fue notificada a la quejosa el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, de manera personal.****************************************El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el Ministerio Público dictó determinación dentro de la carpeta de investigación ********************, instruida contra ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de fraude, cometido en perjuicio de ********************, por la que resolvió archivar temporalmente la investigación, al considerar que no existían datos suficientes para establecer líneas de investigación que permitieran realizar más diligencias y continuar con el proceso previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado al desinterés de la víctima al no acudir a los diversos llamados realizados mediante citatorios entregados a su apoderada legal.****************************************Lo anterior, sin perjuicio de ordenar la reapertura de la indagatoria, si aparecieran nuevos elementos de convicción que así lo justificaran, siempre que no hubiera prescrito la acción penal.****************************************Tal resolución, fue notificada a la quejosa el dos de septiembre de dos mil veintidós, vía telefónica.****************************************En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa interponiendo recurso innominado de control judicial contra los acuerdos de archivo temporal y abstención de investigar emitidos por la representación social en la carpeta de investigación de origen, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se tramitó con el número ******************** y, enseguida, se ordenó correr traslado con el escrito respectivo al Ministerio Público, para que dentro de plazo de tres días se manifestara respecto a la admisibilidad y agravios planteados por la promovente.****************************************Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se atendió el escrito de la Agente del Ministerio Público, por medio del cual contestó la vista dada con el recurso innominado planteado por la quejosa, y se fijaron las diez horas del catorce de marzo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia incidental, misma que en dicha data fue diferida para su celebración el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.****************************************En audiencia desahogada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de Control declaró sin materia el incidente planteado por la quejosa.****************************************Resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto.****************************************QUINTO. Causas de improcedencia. ******************** La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente:****************************************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".****************************************Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. **************************************** SEXTO. Conceptos de violación. ********************La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes:****************************************El Juez de Control debió pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal que operó a favor del imputado y que es atribuible al Ministerio Público, por las omisiones procesales en que incurrió, así como las violaciones a sus derechos humanos, al desatender sus obligaciones, previstas en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que de haber atendido esto el órgano jurisdiccional, hubiera traído como consecuencia el pago de la reparación del daño integral a través de la compensación respectiva a favor de la víctima, en términos del artículo 7, fracción II, y 8 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.****************************************El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que si la víctima, ofendido o sus representantes legales, como lo es el asesor jurídico, no comparecen a la audiencia incidental, a pesar de haber sido notificados, entonces la responsable declarará sin materia la citada impugnación, sin embargo en el caso no se encontraba en dicho supuesto, por lo que la autoridad judicial no tuvo por qué declarar sin materia el incidente, siendo así incongruente por no ser claro y careciendo de fundamentación y motivación.****************************************SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. ********************Es INOPERANTE el concepto de violación que hace valer la quejosa, mediante el cual pretende establecer que el Juez de Control debió pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal que operó a favor del imputado y que es atribuible al Ministerio Público, por las omisiones procesales en que incurrió, así como las violaciones a sus derechos humanos, al desatender sus obligaciones, previstas en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que de haber atendido esto el órgano jurisdiccional, hubiera traído como consecuencia el pago de la reparación del daño integral a través de la compensación respectiva a favor de la víctima, en términos del artículo 7, fracción II, y 8 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.****************************************Se sostiene lo anterior, dado que, diverso a lo considerado por la quejosa, lo relativo a la prescripción de la acción penal no es materia de análisis de la impugnación que hizo valer en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.****************************************En efecto, el precepto invocado dispone:********************"Artículo 258. Notificaciones y control judicial********************Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.********************La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno."******************** ********************De acuerdo al contenido del numeral transcrito, se deduce lo siguiente:****************************************Ante el Juez de Control podrán impugnarse las resoluciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal;********************El control judicial tendrá lugar en audiencia convocada por la autoridad jurisdiccional, a la que serán citadas la víctima u ofendido, el Ministerio Público y, en su caso, el imputado y su defensor.****************************************Si la víctima, ofendido o sus representantes legales no comparecieran a la audiencia a pesar de haber sido legalmente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación.****************************************Aunado a ello, se precisa que la impugnación prevista en el aludido precepto no se acota a la revisión de las determinaciones enunciadas en dicha porción normativa, pues su alcance trasciende a las omisiones en que pudiera incurrir la autoridad ministerial durante la investigación, las cuales también podrán ser objeto de control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes:****************************************"Registro digital: 2017641********************Instancia: Primera Sala********************Décima Época********************Materias(s): Penal********************Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945********************Tipo: Jurisprudencia****************************************SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." ****************************************Ahora, del contenido del acto reclamado, se aprecia que la quejosa, por conducto de su asesor jurídico, pretendió impugnar las resoluciones del Ministerio Público mediante las cuales se abstuvo de investigar el delito de amenazas; y determinó el archivo temporal de la carpeta de investigación, en lo relativo al delito de fraude; ambos en relación con los hechos que motivaron la indagatoria de origen.****************************************Asimismo, al exponer su planteamiento, el asesor jurídico destacó, esencialmente (00:46:50 a 00:51:12 minutos del archivo 000280_2022_A2_P01):****************************************Que la finalidad de la impugnación era fincar responsabilidad administrativa al o los Agentes del Ministerio Público que llevaron la investigación, dado que, como consecuencia de las omisiones en que incurrieron durante el trámite de la carpeta de investigación, a la fecha en que se promovió la incidencia ante el Juez de Control, la acción penal había prescrito; y por ende, se vio afectada la posibilidad de la víctima de obtener del imputado el pago de la reparación del daño, por lo que solicitó que ésta se hiciera por conducto del Estado, en términos de lo dispuesto en la Ley Estatal de Víctimas y la Ley General de Víctimas. ****************************************Circunstancia que además reafirmó a pregunta expresa del Juez de Control, quien lo cuestionó a efecto de que precisara si la resolución impugnada era únicamente la emitida por la representación social a efecto de archivar temporalmente la investigación, a lo que contestó de manera afirmativa.****************************************En ese orden de ideas, lo inoperante del concepto de violación en estudio, deriva de la finalidad del medio de impugnación dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual es realizar un control judicial de específicas resoluciones emitidas por el Ministerio Público (abstención de investigar, archivo temporal, criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal); así como toda omisión en que hubiera incurrido durante la investigación.****************************************Así, contrario a lo que afirma la quejosa, el Juez de Control no estaba en posibilidad de analizar lo relativo a la prescripción de la acción penal referida por el asesor jurídico, pues tal circunstancia no forma parte de los supuestos de procedencia del medio de impugnación en cuestión, al no tratarse de una determinación mediante la cual la representación social ejerciera su facultad de abstención de investigar; decretara un archivo temporal; aplicara un criterio de oportunidad; determinara el no ejercicio de la acción penal; u omitiera actos de investigación dirigidos a el esclarecimiento de los hechos.****************************************Por ende, si el Juez de Control no se pronunció en torno a que en la investigación de origen hubiera operado la prescripción de la acción penal, tal omisión no torna inconstitucional la resolución reclamada, pues se insiste, ese tópico no podría ser materia de análisis en el medio de impugnación indicado, al no estar contemplado como tal en las disposiciones normativas que lo regulan.****************************************En relación con el diverso concepto de violación, por el cual la quejosa aseveró que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que si la víctima, ofendido o sus representantes legales, como lo es el asesor jurídico, no comparecen a la audiencia incidental, a pesar de haber sido notificados, entonces la responsable declarará sin materia la citada impugnación, sin embargo en el caso no se encontraba en dicho supuesto, por lo que la autoridad judicial no tuvo por qué declarar sin materia el incidente, siendo así incongruente por no ser claro y careciendo de fundamentación y motivación.****************************************Resulta FUNDADO, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues la quejosa es víctima en la carpeta de investigación de origen.********************Para sustentar lo anterior, es relevante establecer que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, expresamente dispone lo siguiente:****************************************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.********************[.]********************No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."****************************************El precepto trascrito consagra el derecho de legalidad que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al emitir sus actos.****************************************Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.****************************************Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado.****************************************En conclusión, en lo relativo a la resolución mediante la cual el Juez de Control resolvió el medio de impugnación promovido por la quejosa contra las resoluciones de archivo temporal y abstención de investigar emitidas por el Ministerio Público en la carpeta de investigación de origen, para que la autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refieren los artículo 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata.****************************************Sirve de apoyo la Jurisprudencia 204, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 166, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:****************************************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."****************************************Ahora, al analizar el planteamiento del asesor jurídico, el Juez de Control expuso esencialmente lo siguiente (00:58:56 minutos del archivo 000280_2022_A2_P01):****************************************La finalidad de la impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es determinar si el archivo temporal, la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal o la aplicación de un criterio de oportunidad fueron incorrecta o correctamente aplicados, por lo que el efecto restitutivo será validar o invalidar el acto del Ministerio Público durante la investigación.********************Si lo que dio origen a la impugnación fue el archivo temporal decretado por el Ministerio Público, esa entonces es la materia de la litis.********************Las omisiones del Ministerio Público durante la investigación pueden impugnarse para que ésta siga activa, y no cuando esté prescrita la acción penal.********************No es posible entrar al análisis sobre si fue correcto o no el archivo temporal, si no que se sancione a los Agentes del Ministerio Público, pues el asesor jurídico aceptó que no tendría sentido reactivar la investigación al haber operado a favor del imputado la prescripción de la acción penal, lo que impide analizar la determinación de la representación social, al haber quedado sin materia.********************Aunado a ello, los agravios planteados por el asesor jurídico no están dirigidos a combatir la resolución de archivo temporal.********************En relación con la solicitud realizada con la finalidad de que el Juez de Control intervenga a efecto de que la Fiscalía inicie un procedimiento ante la Visitaduría contra la Agente del Ministerio Público llevadora de la carpeta de investigación, resulta improcedente dado que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no tiene ese alcance, lo que no implica que el promovente, en representación de la víctima, plantee las quejas contra los funcionarios que intervinieron en la indagatoria ante el órgano competente, pues insiste el Juzgador, dicho precepto no le da esas facultades.********************Asimismo, al no tener competencia para determinar lo procedente en relación con la probable responsabilidad administrativa del o los Agentes del Ministerio Público que tramitaron la carpeta de investigación, tampoco puede comunicar a la Comisión Ejecutiva a efecto de que se realice el pago de la reparación del pago, de manera subsidiaria, derivado de la inactividad de la representación social; antes tendría que agotar el procedimiento ante la Fiscalía para que de manera subsidiaria acudiera ante la Comisión Ejecutiva, pues quien en primer término debe responder por el pago de la reparación del daño es el imputado, una vez que se determine la responsabilidad de los servidores públicos; o en su caso, podría acudir ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la cual de emitir alguna recomendación por existir violaciones a los derechos humanos de la víctima, podría establecer como alguno de sus efectos resarcitorios, el pago de la reparación del daño.********************Si el asesor estaba consciente de que había operado oficiosamente la prescripción de la acción penal a favor del imputado, dentro de la carpeta de investigación, entonces la impugnación del archivo temporal quedó sin materia, pues no tendría sentido ordenar la reapertura de la investigación si operó la prescripción.********************Que los agravios están dirigidos a controvertir omisiones del ministerio público, no así el archivo temporal.********************Como se advierte de los argumentos relatados, el Juez de Control esencialmente sustenta su determinación en que, si bien la víctima, por conducto de su asesor jurídico, destacadamente combatió el archivo temporal decretado por la autoridad ministerial, sus agravios no se encaminaron a establecer la ilegalidad de dicha determinación, pues toralmente tuvieron como objetivo que el Juez de Control llevara a cabo los actos dirigidos a que el órgano de control interno de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, sancionara a los Agentes del Ministerio Público que incurrieron en las omisiones que generaron la prescripción de la acción penal.****************************************Así, concluye el Juez responsable que, si oficiosamente operó la prescripción de la acción penal en favor del imputado, la resolución impugnada quedó sin materia, pues no podría ordenarse la reapertura de la indagatoria respecto de hechos en torno a los que prescribió la facultad persecutora de la representación social.****************************************Ahora, dicha apreciación carece de una debida fundamentación y motivación, dado que se aleja de los supuestos previstos en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para declarar sin materia el medio de impugnación que regula.****************************************En efecto, como se hizo notar al trascribir en párrafos anteriores el contenido de dicho precepto legal, únicamente contempla como hipótesis que permite a la autoridad judicial declarar sin materia la impugnación, que la víctima ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido legalmente citados.****************************************Lo que en el caso no sucedió, pues conforme los registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, con motivo de la impugnación promovida por la víctima contra las resoluciones de archivo temporal y abstención de investigar emitidas por el Ministerio Público, se aprecia la asistencia del asesor jurídico de la víctima, a quien se tuvo por reconocida su personalidad en audiencia previa celebrada el catorce de marzo del mismo año. ******************** ********************Por lo tanto, si el supuesto de inasistencia de la parte interesada (víctima, ofendido o sus representantes) no se colmó, y éste es el único previsto para que el Juez de Control esté en condiciones de declarar sin materia el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, la autoridad responsable no estaba facultada para declarar sin materia el mismo por motivos diversos, como en la especie aconteció.****************************************Así, es claro que al emitir el acto reclamado, el Juez de Control responsable se apartó de lo previsto en el precepto en cita, y en consecuencia, generó la inconstitucionalidad de la resolución que declaró sin materia el medio de impugnación aquí combatido, pues no la fundó ni motivó adecuadamente.****************************************Sin que resulte un obstáculo a lo anterior, que el Juez de Control precisara que no había materia para estudiar el archivo temporal controvertido por la víctima, dado que había operado oficiosamente la prescripción de la acción penal, pues como se indicó a lo largo de este considerando, la materia de análisis del medio de impugnación establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es precisamente, entre otras determinaciones, la que ordena el archivo temporal de la carpeta de investigación.****************************************En ese sentido, el punto de análisis de la impugnación planteada ante el Juez de Control responsable, fue precisamente la resolución que ordenó el archivo temporal de la indagatoria, la cual, con independencia de que pudiera haber operado la prescripción de la acción penal, surtirá sus efectos jurídicos hasta en tanto, la autoridad competente, haga el pronunciamiento respectivo en torno a la posibilidad con que pudiera contar o no la autoridad ministerial para ejercer la acción penal, dada la eventual prescripción de dicha facultad.****************************************Así, al haber resultado FUNDADO el concepto de violación en análisis, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por ********************y********************, víctima y asesor jurídico respectivamente, contra actos del Juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto:****************************************Deje insubsistente la resolución reclamada.****************************************En su lugar dicte otra, en la que, con plenitud de jurisdicción y motivando de manera correcta y suficiente su proceder, resuelva lo que conforme a derecho estime conducente.****************************************OCTAVO. Publicación de datos personales.********************Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.**************************************** Por lo expuesto y fundado, se:****************************************R E S U E L V E****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************y********************, víctima y asesor jurídico respectivamente, contra actos del Juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el considerando séptimo.****************************************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA; POR LISTA AL TERCERO INTERESADO (IMPUTADO); Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con treinta y seis minutos del once de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 369/2023, promovido por LIDIA VÁSQUEZ GARCÍA y GUSTAVO SILVERIO HERNÁNDEZ, por tal motivo en audiencia pública, Rodolfo Zepeda Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de José Ernesto Salinas Pérez, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, la declara abierta, sin presencia de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Acto continuo, se relacionan las constancias de autos y hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la publicación de datos personales. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales consiguientes y respecto a la publicación de datos personales acuérdese lo conducente en la etapa considerativa de la sentencia. PRUEBAS Y ALEGATOS Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa, aportó copia cotejada de constancias deducidas de la carpeta de investigación 12405/OAXACA/2018 o 4912/CAT/OAXACA/2018. Por su parte, la autoridad responsable, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, ofreció un disco en formato DVD que contiene el registro de audio y video de la audiencia incidental de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en el cuaderno de antecedentes ********************. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas. No habiendo más pruebas que desahogar, se cierra este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: dado que las partes no formularon alegatos, se cierra dicho período y se procede a dictar la siguiente resolución.Rodolfo Sánchez Zepeda Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca José Ernesto Salinas Pérez Secretario de Juzgado
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