Hachelyn González Padron y Otros.

Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
761/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis González Yáñez y Otros.
  • Hachelyn González Padron y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y anexo que acompaña al mismo, consistente en testimonio de la ejecutoria dictada dentro del conflicto competencial ********************, de su índice, en la que dicho Tribunal resolvió lo siguiente: "Primero. Sí existe conflicto competencial. Segundo. Se declara legalmente competente a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para conocer de la demanda de amparo." En ese contexto, acúsese el recibo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y háganse las anotaciones en el libro de Juzgado respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en términos del oficio CCJ/ST/6011/2022 de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/BPOM/ewdor

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual hace del conocimiento que remitió los autos originales del juicio de amparo ********************, de su índice, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, a fin de que le diera el trámite correspondiente al conflicto competencial suscitado entre la autoridad oficiante y quien suscribe, respecto de la demanda de amparo promovida por ********************. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el diverso oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que el catorce de noviembre de dos mil veintidós, dicho Tribunal se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y este Juzgado, quedando registrado con el número ********************, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y conforme la licencia autorizada al Titular mediante oficio CCJ/ST/5622/2022 por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/GRCG/OGN

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y anexos que acompaña consistentes en copia certificada del expediente 1533/2022-8, de su índice, promovido por Azalea Nilka Ferro Veloz -entre otros-, de nacionalidad cubana, contra actos del Encargado de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Mexicali, Baja California y de otras autoridades; y, en virtud de que de su contenido se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintidós se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda que nos ocupa únicamente por cuanto hace a la quejosa Azalea Nilka Ferro Veloz, fórmese el expediente relativo y regístrese en el Libro de Juzgado con el número 761/2022-II. Ahora, quien suscribe disiente respetuosamente de las consideraciones en las que la autoridad oficiante se apoyó para declarar su incompetencia legal en favor de este Juzgado y, por tanto, no se acepta la competencia declinada por los motivos que a continuación se precisan. En el caso, la autoridad oficiante determinó que es legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Azalea Nilka Ferro Veloz, ya que consideró que los actos reclamados tendrán ejecución en este municipio de Tijuana, donde éste órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción, mismos que consisten en 1) privación de la libertad, 2) libertado de tránsito, 3) alojamiento, 4) deportación y 5) actos de tortura. Para llegar a esa conclusión, la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, tomó en consideración que la promovente se encuentra alojada en la estación migratoria con domicilio en Tijuana, Baja California -donde ratificó ante fedatario judicial la demanda de amparo-. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte que la quejosa fue detenida por autoridades migratorias en la ciudad de Mexicali, Baja California y al parecer, trasladada a la Estación Migratoria de esta ciudad, manifestación que constituye una confesión expresa y adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Además, de las copias certificadas del juicio de amparo 1533/2022-8, de su índice, no se advierte constancia fehaciente de la que se desprenda que la quejosa fue detenida en esta ciudad, contrario a lo que, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta en el escrito inicial de demanda. Por tanto, se concluye que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo aludida por la autoridad oficiante, pues el acto reclamado empezó a ejecutarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, de lo anterior se sigue que ambos órganos jurisdiccionales tenemos competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional; sin embargo, se estima que la competencia se surte a favor del juez ante el cual se presentó la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y, además, para facilitar el acceso a la justicia de quien optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª/J. 35/2008, publicada en la página 225, Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, registro 169343, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Así como el diverso criterio, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2003, publicada en la página 135, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, registro 182874, de contenido siguiente "COMPETENCIA. ES INAPLICABLE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO PARA FIJARLA, CUANDO SE RECLAMAN CIRCULARES U ÓRDENES PARA DETENER, SECUESTRAR, EMBARGAR O DECOMISAR VEHÍCULOS Y NO EXISTEN DATOS DE QUE AQUÉLLAS EMPEZARON A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SE CONTINUARON EN OTRO. El artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. En consecuencia, si en la demanda de garantías se reclama de diversas autoridades fiscales y aduaneras, así como de corporaciones de seguridad pública, la emisión de circulares u órdenes para detener, secuestrar, embargar o decomisar vehículos, por considerarlas violatorias de las garantías establecidas en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no existe dato alguno o indicios que permitan advertir que los actos comenzaron a ejecutarse en un Distrito y siguen ejecutándose en otro, resulta indudable que la regla de competencia citada es inaplicable, porque su actualización requiere que los actos se materialicen en dos o más Distritos, debido a la acción sincrónica o sucesiva de la autoridad en uno y otro lugar." En tales condiciones, dado que, conforme a lo expresamente señalado por la promovente, sin prueba en contrario hasta este momento procesal, el acto reclamado consistente en la "detención" de la directamente agraviada y posterior traslado a la estación migratoria de esta ciudad, empezó a ejecutarse en el municipio de Mexicali, se concluye que al haber sido la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali quien previno en el conocimiento, es quien debe continuar conociendo de él, por lo menos, hasta en tanto se desvirtúe lo afirmado en el escrito inicial de demanda. Por tanto, -como se anticipó- no se acepta la competencia declinada, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento del Juzgado Federal declinante el presente proveído; sin que se considere necesario ordenar la devolución de las constancias que se reciben, toda vez que las mismas son copia certificada del expediente del juicio de amparo 1533/2022-8, de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante quien obran los autos originales en virtud de que en dicho juzgado federal continúa la tramitación del medio de control constitucional de referencia por cuanto hace a diversos quejosos; solicítese acuse de recibo, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este Juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Ivonne Gabriela Acosta Méndez y Juan Alfonso Marín de la Cruz, toda vez que de la consulta del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública realizado en la página de internet oficial, se obtiene que sí cuentan con la cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Yesenia Carolina Lizárraga González, Manuela Estrada Correa y José Alejandro Castresana Campos. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia "AlejandroC", correspondiente a José Alejandro Castresana Campos, en el juicio de amparo en que se actúa, por tanto, se acuerda favorablemente la consulta del expediente electrónico del presente juicio. De igual forma, como lo solicita, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de referencia. Además, téngase como datos de contacto la cuenta de correo electrónico y número telefónico señalados en el escrito inicial de demanda, los que deberán ser tomados en consideración para, en su caso, establecer comunicación con la parte quejosa durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y facilitar el proceso de notificación; lo anterior, en conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GCRG/OGN

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