Gustavo Romero Díaz
Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/02/2022
Partes del expediente
- Gustavo Romero Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso correspondiente en contra del proveído en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Juzgado y dense los avisos de ley. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta de la que se obtiene la imposibilidad que tuvo la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional para notificar a la parte tercero interesada ********************, el proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, por los motivos ahí expuestos. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO: Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, en representación de dicha Junta, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. En ese tenor, se tiene a la autoridad de referencia anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias anexadas al oficio que se atiende, a fin de que se impongan del contenido de éstas. Ahora bien, visto el contenido de las documentales que se agregan, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para demostrar lo anterior, en principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogadade la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 771 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS 1 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." . LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión de dictar laudo dentro del expediente 5358/2018-2D, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, con residencia en esta ciudad. Luego, de las constancias que hoy se agregan, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente dentro del expediente 5358/2018-2D, de su índice. En ese tenor, al estar demostrado que después de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio (veintiocho de enero de dos mil veintiuno), la responsable emitió el laudo correspondiente dentro del expediente 5358/2018-2D, de su índice, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del laudo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la Actuaria adscrita correr traslado a la quejosa ..... sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Por lo tanto, queda sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, debiéndose hacer la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado del auto en el que se admitió la demanda de amparo; por tanto, requiérase a la Actuaria adscrita a fin de que realice la notificación antes señalada. Ahora, visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y toda vez que de los anexos que adjuntó al mismo, se advierte que en el expediente laboral 5358/2018-2D del que emanan los actos reclamados, en proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin de que formularan sus respectivos alegatos, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se les tendría por desistidas de las pruebas que hubiesen quedado pendientes por desahogar y se procedería con el cierre de instrucción; sin que se advierta de las aludidas constancias que a la fecha la autoridad responsable haya declarado cerrada la instrucción, así como turnado los autos para la elaboración del proyecto de laudo respectivo. Por tanto, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional el estado procesal actualizado en el que se encuentra el expediente 5358/2018-2D, de su índice, debiendo remitir copia certificada completa y legible de la totalidad de actuaciones a partir del diez de agosto de dos mil veinte; o bien, informe la imposibilidad legal que tenga para ello. Bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a una multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta fecha, con fundamento en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, en el entendido de que se señalan las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, para llevar a cabo su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1822/2021, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/JDMA/OGN
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