Gustavo Vázquez Chagoya

Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1131/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Vázquez Chagoya

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por el apoderado de las autoridades responsables; atento a su contendido y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, ténganse informadas las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, dado que remite la bitácora de las sesiones de hemodiálisis recibidas por la quejosa durante los meses de septiembre y octubre del año en curso.-

  2. Principal

    ...CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS REFIERE: ...Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito del quejoso, mediante el cual da cumplimiento a la vista otorgada mediante auto de siete de noviembre del actual. Ahora bien, en el citado proveído se requirió a la parte promovente para que, bajo protesta de decir verdad, precisara la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama, ello, apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia. Asimismo, en el citado auto, se solicitó a la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato permitiera el acceso electrónico al juicio de amparo 989/2023 de su índice, en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), a efecto de que éste órgano federal pudiera verificar la totalidad de las constancias que lo integran. En razón de lo anterior, vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 989/2023 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, como en la demanda que se acuerda, figura como quejoso Gustavo Vázquez Chagoya y autoridad responsable el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a quien le atribuye el mismo acto reclamado, esto es: "IV. ACTO RECLAMADO. Orden de privación de la propiedad de mi parcela 35 Z-2 P3/4 del ejido Irapuato, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato; ello, al parecer, para efectuar la ampliación del boulevard prolongación Independencia, en Irapuato, Guanajuato; desposeimiento que no está avalado por orden de expropiación alguna." Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El quejoso reclama: "Orden de privación de la propiedad de mi parcela 35 Z-2 P3/4 del ejido Irapuato, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato; ello, al parecer, para efectuar la ampliación del boulevard prolongación Independencia, en Irapuato, Guanajuato; desposeimiento que no está avalado por orden de expropiación alguna." Ahora bien, del análisis integral de las constancias, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" [Énfasis añadido] El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De acuerdo con una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en casos previstos por las fracciones l, ll, llI y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión, dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días, es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el particular, en el juicio de amparo 989/2023 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, la demanda fue presentada en Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, el veintisiete de septiembre del actual; sin embargo, el quejoso omitió señalar la fecha de conocimiento del acto reclamado, por lo que, por auto de veintiocho de septiembre siguiente, se formuló prevención al quejoso para que manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, sin que haya dado cumplimiento a éste y, en consecuencia, por auto de dieciséis de octubre del actual se tuvo no presentada la demanda de amparo. Lo anterior permite inferir que, al menos, el veintisiete de septiembre del actual (fecha de presentación de la demanda 989/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito), el quejoso ya tenía conocimiento del acto reclamado, dicha notificación surtió efectos el mismo día de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo; por lo que el plazo de quince días que refiere el numeral 17, en relación con el 18 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiocho de septiembre al treinta de octubre de dos mil veintitrés, sin contar los días dieciséis al veinticuatro de octubre del año en curso, de acuerdo con la circular 28/2023 del Consejo de la Judicatura Federal, así como los sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo y el doce de octubre pasado, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que no transcurrieron términos en los asuntos de este juzgado federal. Ahora, la demanda de amparo que motivó este juicio fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Además, cabe destacar que respecto del predio del cual reclama la supuesta afectación el quejoso exhibe escritura dos mil ochocientos sesenta y dos, pasado ante la fe del Notario catorce de esta ciudad en la cual consta el contrato de donación que celebraron Eusebio Vázquez Orozco y el ahora quejoso Gustavo Vázquez Chagoya, sobre el inmueble identificado como parcela número 35 Z 2 P ¾ del Ejido Irapuato, de este municipio. En su cláusula tercera refiere : (.) TERCERA: Que el bien inmueble donado, lo adquirió el cedente según título de propiedad 000000000738 otorgado por el Gobierno Federal y el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 511 quinientos once tomo 001 uno del libro primero de propiedad el seis de marzo de 1997 mil novecientos noventa y siete." (.) De modo que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 82 de la Ley Agraria, la parcela objeto en este juicio está sujeta a disposiciones del derecho común, puesto que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Por tanto, el bien inmueble que se defiende en el presente asunto no debe atenderse conforme a las reglas del régimen jurídico agrario, sino a las del procedimiento común, de ahí que, el quejoso no se encuentre en un supuesto de excepción para considerar oportuna la presentación de su demanda de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será en la que llegó al conocimiento del Juzgado Décimo de Distrito, esto es, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gustavo Vázquez Chagoya. Sin que pase inadvertido que este juzgado en auto de siete de noviembre del actual hizo de conocimiento del promovente que debía conducirse con verdad, apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, y a pesar de ello reiteró que conoció del acto el treinta de octubre pasado, esto es, una fecha posterior a la presentación de la demanda en el Juzgado Décimo de Distrito de esta ciudad.

  3. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio y remite las constancias respectivas. Previo a pronunciarse al respecto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, este órgano de control constitucional proveerá lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.

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