Gustavo Suriel Rodríguez García
Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Suriel Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días para interponer recurso de revisión contra el auto de treinta de junio pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ********************. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio.-
- Incidental
Visto lo de cuenta, se observa que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este cuaderno incidental; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee: este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por un plazo de tres años, contados a partir del presente acuerdo, una vez transcurrido ese plazo, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.-
- Principal
agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio presuntamente signado por la Directora de Legalización de la Universidad de León -por el que pretende rendir informe justificado-, sin hacer mayor pronunciamiento en torno a su contenido, toda vez que no obra evidencia criptográfica de la firma electrónica de la promovente o algún otro signo gráfico que haga sus veces, dado que quien aparece como firmante es una persona diversa. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos del artículo 52, párrafo tercero, en relación con los diversos 10 y 16, todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, pues, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, dado que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Máxime que, en auto de treinta de junio pasado se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que mediante proveído de veintisiete de los actuales, emitido en el incidente de suspensión derivado del presente expediente, se acordó el informe previo rendido por la Directora de Legalización de la Universidad de León, en representación de dicha Institución, al que adjuntó, entre otras, las siguientes documentales: 1.- Impresión del título electrónico expedido a favor de Gustavo Suriel Rodríguez García -aquí quejoso-. 2.- Impresión de la cédula electrónica a nombre del quejoso. En atención a lo anterior, este juzgado estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con el precepto legal citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos en los que sus efectos han cesado o cuando éstos se suspenden o acaban. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que ya ha sido colmada y que ya no afecta la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. Del análisis integral al asunto en que se actúa, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte de la particular señalada como autoridad responsable Universidad de León, Plantel Salamanca de realizar los trámites necesarios y efectivos para la expedición de su título y cédula profesional de la licenciatura en Psicología. Por tanto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues, como ya se mencionó, en las constancias recibidas en el incidente derivado del presente auto, se desprende que el cinco de junio del año en curso se expidió a favor del quejoso su título electrónico y el veintidós de ese mismo mes y año se expidió su cédula profesional electrónica, por lo que la omisión reclamada ha sido satisfecha. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al actualizarse dicha causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En razón de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con cincuenta minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés.
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