Gustavo Vallejo Serrato
Expediente 866/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Vallejo Serrato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria de veintitrés de febrero del año en curso, en la que se consigna el punto resolutivo siguiente: ".ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja, por los motivos expuestos en la presente resolución." Acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
. Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de treinta de noviembre del año en curso.
- Principal
Agréguese en autos el escrito remitido electrónicamente por ********************defensor particular de la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre del año en curso, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.
- Principal
Agréguese en autos el escrito remitido electrónicamente por *******************, defensor particular de la parte quejosa; en ese sentido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase desahogando cabalmente el requerimiento formulado en providencia de veinticuatro de noviembre pasado; y al respecto se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107.El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que los antecedentes siguientes: Ante el Juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con base en Uriangato, Guanajuato, se tramita la causa penal *************** de su índice, donde el trece de febrero pasado, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del impetrante de amparo por el delito de homicidio calificado en agravio de ***************** y por el diverso de homicidio en grado de tentativa cometido en detrimento de ******************; de igual manera se le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. Posteriormente, en la audiencia inicial el ahora quejoso fue asistido por el defensor público; sin embargo, el diecinueve de abril pasado, lo revocó y designó para tal efecto al licenciado *******************. El plazo para el cierre de investigación complementaria, se determinó en cuatro meses, mismo que fenecería el trece de junio de esta anualidad; empero, dicho plazo se prorrogó por dos meses más a petición del asesor jurídico de las víctimas. Seguidamente, el once de agosto pasado, el entonces defensor del aquí quejoso solicitó una diversa prórroga del plazo para el cierre de investigación complementaria; recayendo requerimiento en el sentido de que se informara si el imputado estaría en condiciones de renunciar al plazo previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mediante providencia de dieciocho de agosto pasado, se concedió la prórroga solicitada para el cierre de la investigación complementaria hasta el quince de septiembre del año que transcurre. El diez de septiembre del año en curso, el defensor nuevamente solicitó prórroga del plazo de investigación complementaria que estaba por vencer, a lo que la responsable determinó no conceder dicha prórroga. Seguidos lo trámites de la causa, el quince de septiembre pasado se ordenó cerrar la fase de investigación complementaria, lo que le fue notificado al defensor vía electrónica. En quince de octubre del año en curso, *******************, fueron designados defensores del hoy peticionario de amparo. En dicha data, se les corrió traslado con el escrito de acusación y se les notificó la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. En diecinueve de octubre hogaño, se determinó la suspensión de la causa penal, a fin de que los nuevos defensores designados tuvieran la oportunidad de imponerse de los autos; feneciendo dicho plazo el tres de noviembre pasado. Seguidamente, el ocho de noviembre del año que transcurre, se solicitó la celebración de la audiencia respectiva, a fin de exponer ante la responsable los motivos para que se repusiera parcialmente el plazo de investigación complementaria; convocándose a las partes para el nueve de los corrientes para que la misma tuviera verificativo. En dicha audiencia, se solicitó la reposición parcial del plazo de investigación complementaria por un lapso de dos meses a fin de ofertar pruebas; petición que no fue procedente. Inconforme con la decisión anterior, se interpuso recurso de revocación, a lo cual la responsable resolvió en el sentido de desechar por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria,-lo que en esta instancia constituye el acto reclamado-. Bajo esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, en tanto que no incide de modo directo en la esfera jurídica de derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La afirmación anterior encuentra su sustento, habida cuenta que el desechamiento del recurso de revocación deriva de la negativa a concederle al hoy impetrante una nueva prórroga de cierre de investigación complementaria en el proceso penal 1P4119-81 del índice del Juzgadode Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con base en Uriangato, Guanajuato; dicho en otras palabras, se busca la reposición parcial del plazo de investigación complementaria por un lapso de dos meses a fin de ofertar medios de prueba. Empero, lo relevante del caso radica en la circunstancia de que, dicha situación jurídica tiene que ver únicamente con una cuestión instrumental (adjetiva), que se encuentra relacionada con la ampliación del plazo del cierre de la investigación complementaria; misma que, de proceder en los términos propuestos por el quejoso, indudablemente conllevaría la violación de una etapa del proceso penal acusatorio. Ciertamente, a fin de sustentar la afirmación efectuada, es menester explicar que, el procedimiento penal acusatorio se conforma por distintas etapas, las cuales tienen objetivos propios y diferentes a las demás. En efecto, (a) en la investigación se pretende reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; por su parte, (b) en la etapa intermedia se ofertan y admiten los medios de prueba, asimismo se efectúa la depuración de los hechos; finalmente, (c) en la etapa de juicio se busca decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. Bajo ese panorama, debe entenderse que con el inicio de la etapa intermedia se da por cerrada definitivamente la de investigación, mientras que con el comienzo del período de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. De lo que se sigue, que las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento oral acusatorio; ello, porque de no ser así, se trastocaría el curso regular del proceso; a manera de ejemplo, es algo similar a lo que sucede en los juicios sucesorios intestamentarios en materia civil, los cuales se componen de cuatro etapas y cada una de ellas finaliza con una interlocutoria que le pone fin, en el entendido que no puede aperturarse la siguiente etapa sin que quede debidamente clausurada la anterior; en el entendido que una vez que quede cerrada cada una de ellas, no podrá nuevamente volverse a aperturar, so pena de vulnerar la seguridad jurídica. Por tanto, en el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. Ahora bien, si en el presente asunto, se tilda de inconstitucional la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, es indudable que únicamente origina consecuencias de índole procesal, toda vez que no genera una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, porque no se impide el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; motivo por el cual es improcedente el juicio de amparo indirecto. En su caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, es decir, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. Por tanto, queda de manifiesto que las violaciones procesales que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no son de modo alguno irreparables, merced que no se le afecta derecho sustantivo alguno, pues se trata de una violación a derechos adjetivos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
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