Gustavo Reséndiz Sánchez
Expediente 300/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Reséndiz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del diverso del índice de éste Órgano Jurisdiccional, que se le envió para devolverle el expediente 845/201/L1/CA/IND, que anexó a su informe justificado.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diez de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obre el expediente 845/2018/L1/CA/IND que remitió el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a su informe justificado, devuélvasele, previa certificación de desglose que en su lugar se deje. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente de dicho Órgano Colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, en su carácter de apoderado legal de ***********, calidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remite: el original de la demanda de amparo, así como tres copias simples de la misma, del escrito de presentación y certificaciones, el oficio 2008/2019 mediante el cual el Presidente de la Junta responsable rinde su informe justificado, acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, constancia de notificación a la parte quejosa y el expediente laboral *******************, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 300/2019-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y c) Ahora bien, efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la promovente del amparo afirmó que el proveído que reclama se le notificó por estrados, lo que además se corrobora en los autos del expediente laboral *************, en que obra que éste se notificó el dieciocho de febrero del año en curso. No obsta a lo anterior que bajo protesta de decir verdad la quejosa manifieste que tuvo conocimiento del proveído reclamado el ocho de marzo del año en curso, en que revisó el expediente, pues como ya se plasmó del expediente laboral 845/2018/L1/CA/IND, se desprende que el dieciocho de febrero del año en curso, se le notificó por estrados el auto de esa misma fecha -acto reclamado-, aunado a que no se advierte que impugne dicha notificación. En efecto, la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual los miembros integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, le reiteran al actor la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones del acuerdo de caducidad de veintiuno de agosto pasado, el cual se le notificó el mismo dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la Ley de la Materia, transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo del año en curso, dado que: El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto de autoridad, esto es, el dieciocho de febrero pasado, se le notificó por estrados el proveído de esa misma fecha, el cual reclama en esta instancia constitucional, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el diecinueve de febrero del año en curso y el término para interponer la demanda comenzó a correr a partir del día veinte del mismo mes y año. II. Fueron inhábiles los días veintitrés y veinticuatro de febrero, dos, tres, nueve y diez de marzo del presente año, por ser sábados y domingos. De ahí que si el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, y ésta presentó la demanda que se analiza hasta el veintiocho de marzo del año en curso ante el Secretario autorizado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro orden, téngase al promovente autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maribel Sánchez Montoya, Mauricio Ramos Soto, Raúl Rodríguez Sánchez y Gustavo Cruz Villalobos, por así haberlo solicitado. Asimismo, tomando en consideración que de las constancias que del expediente laboral 845/2018/L1/CA/IND, se advierte que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *********** número ***********, interior ***********, *********** piso, de esta ciudad; en obvio de dilaciones innecesarias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado para les notifique el presente proveído en dicho domicilio y lo requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las ulteriores se le harán por lista de conformidad con lo establecido por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente de dicho Órgano Colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, en su carácter de apoderado legal de ***********, calidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remite: el original de la demanda de amparo, así como tres copias simples de la misma, del escrito de presentación y certificaciones, el oficio 2008/2019 mediante el cual el Presidente de la Junta responsable rinde su informe justificado, acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, constancia de notificación a la parte quejosa y el expediente laboral *******************, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 300/2019-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y c) Ahora bien, efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la promovente del amparo afirmó que el proveído que reclama se le notificó por estrados, lo que además se corrobora en los autos del expediente laboral *************, en que obra que éste se notificó el dieciocho de febrero del año en curso. No obsta a lo anterior que bajo protesta de decir verdad la quejosa manifieste que tuvo conocimiento del proveído reclamado el ocho de marzo del año en curso, en que revisó el expediente, pues como ya se plasmó del expediente laboral 845/2018/L1/CA/IND, se desprende que el dieciocho de febrero del año en curso, se le notificó por estrados el auto de esa misma fecha -acto reclamado-, aunado a que no se advierte que impugne dicha notificación. En efecto, la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual los miembros integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, le reiteran al actor la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones del acuerdo de caducidad de veintiuno de agosto pasado, el cual se le notificó el mismo dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la Ley de la Materia, transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo del año en curso, dado que: El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto de autoridad, esto es, el dieciocho de febrero pasado, se le notificó por estrados el proveído de esa misma fecha, el cual reclama en esta instancia constitucional, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el diecinueve de febrero del año en curso y el término para interponer la demanda comenzó a correr a partir del día veinte del mismo mes y año. II. Fueron inhábiles los días veintitrés y veinticuatro de febrero, dos, tres, nueve y diez de marzo del presente año, por ser sábados y domingos. De ahí que si el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, y ésta presentó la demanda que se analiza hasta el veintiocho de marzo del año en curso ante el Secretario autorizado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro orden, téngase al promovente autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maribel Sánchez Montoya, Mauricio Ramos Soto, Raúl Rodríguez Sánchez y Gustavo Cruz Villalobos, por así haberlo solicitado. Asimismo, tomando en consideración que de las constancias que del expediente laboral 845/2018/L1/CA/IND, se advierte que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *********** número ***********, interior ***********, *********** piso, de esta ciudad; en obvio de dilaciones innecesarias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado para les notifique el presente proveído en dicho domicilio y lo requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las ulteriores se le harán por lista de conformidad con lo establecido por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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