Gustavo Treviño Téllez y Otros.
Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/09/2018
Partes del expediente
- Gustavo Treviño Téllez y Otros.
- Gregorio Juárez Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en atención a su contenido, remítase la copia que solicita, e infórmese que mediante acuerdo de veintiocho de mayo pasado, se envió al archivo el presente controvertido.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los discos compactos remitidos por el juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 100/2018, promovido por Gustavo Treviño Téllez y Gregorio Juárez Martínez por conducto de su defensora Griselda Montero Gómez, contra actos del juez Nonagésimo Tercero en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de juez de Control y otra autoridad; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, los quejosos en cita solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. II. Los solicitantes de amparo narraron los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes e indicaron que se transgreden sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogadas las prevenciones formuladas en autos, el veintiséis siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 100/2018; se requirió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se tuvieron como terceros interesados a las agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraría General de Justicia de esta ciudad, por ser quienes intervinieron en la carpeta judicial de origen y al ofendido de identidad reservada P.M.T. -el cual quedó emplazado a juicio el dos de marzo pasado-; finalmente, se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de todos los elementos de la demanda y de las constancias de autos, se precisan que los actos reclamados en este juicio consisten en: - El auto de vinculación a proceso emitido el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial 010/0062/2018, que se atribuye al juez Nonagésimo Tercero en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de juez de Control, así como su ejecución reclamada del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades mencionadas, ya que así lo manifestaron al rendir su informe de ley, certeza que se corrobora con la videograbación relativa y copia de diversas constancias remitida por la autoridad judicial; documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En relación con la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son inoperantes por una parte e infundados en la restante los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por los justiciables. Como se anunció, son inoperantes los motivos de disenso siguientes: - El juez responsable no debió tener por actualizada la forma de intervención de los amparistas a título de coautores, en términos del precepto 22, fracción II, del Código Penal, con motivo de que conducían un vehículo, y que los elementos que los detuvieron refirieron que les aseguraron armas de fuego, porque esas circunstancias no fueron necesarias o esenciales para la realización del hecho imputado a los peticionarios de amparo. - De los datos de prueba aportados no se advierte que los solicitantes de amparo hayan cometido el delito de extorsión agravada. Lo anterior es así, porque con independencia de la intervención que se atribuya a los quejosos, la determinación que se analiza -auto de vinculación a proceso-, únicamente es necesario que de los datos de prueba se advierta que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que los amparistas intervinieron en su comisión, es decir, los aspectos que pretenden los peticionarios de amparo se analicen, no forman parte de la determinación reclamada, aunado a que esas cuestiones serán objeto de análisis en la etapa de juicio, de ahí que dichos conceptos de violación sean inoperantes. Ahora, antes de analizar la constitucionalidad de la vinculación a proceso decretada contra los amparistas, es menester señalar que respecto de las formalidades esenciales del procedimiento en la etapa de investigación de la que deriva el acto reclamado, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a cerciorarse de que no se haya trasgredido en perjuicio de los imputados el artículo 14 constitucional, en lo concerniente a la resolución reclamada, de modo que debe interpretarse en relación con el numeral 20 de la propia Ley Fundamental, lo anterior de conformidad con las jurisprudencias que enseguida se invocan. En primer lugar, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el orden 210 en la página 1156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Segunda Sección-, Debido proceso, titulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En segundo término, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal de justicia del país, impresa en la página 396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO". En el caso, de constancias se advierte que hasta la etapa procedimental que se analiza se respetaron dichas formalidades, ya que en la audiencia inicial los quejosos designaron a una defensora, quien aceptó y protestó el cargo; asimismo, el juez responsable constató que los amparistas conocieron sus derechos constitucionales y que previamente tanto ellos como su defensora tuvieron acceso a los registros de la carpeta de investigación; de igual manera, verificó que los peticionarios de amparo conocieron los hechos que la ley señala como delito de extorsión agravada, con motivo de la imputación que se les realizó; del mismo modo, se les dio oportunidad de declarar, si así era su voluntad en relación con esos hechos, sin que hicieran manifestación al respecto; además, consta que se les hizo saber que tuvieron oportunidad de ofrecer datos y medios de prueba; así, con base en los que aportó el Ministerio Público, atendiendo a los principios continuidad, concentración, inmediación y contradicción, se emitió la resolución respectiva, en el caso, el auto de vinculación a proceso motivo del presente juicio; con lo anterior, se concluye que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento pertinentes para la etapa de la investigación inicial, por lo que respecto de ese tópico se estima justificado el acto reclamado en esta instancia. En otro contexto, del contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, así como de los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten los requisitos de fondo y forma que debe reunir un auto de vinculación a proceso como el que se reclama, que son: 1) Que la resolución esté fundada y motivada. 2) Que se realice en el plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez, o bien, en la duplicidad de esa temporalidad, cuando aquél lo solicite. 3) Que en dicha temporalidad se reciba la declaración inicial del imputado. 4) Que se exprese el hecho que la ley señala como delito. 5) Que se precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de ese hecho. 6) Que se indiquen los datos que establezcan que se ha cometido tal hecho y las razones de las que se aprecie que el imputado probablemente intervino en su comisión; y 7) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Requisitos que en el caso fue correcto que el juez responsable tuviera por satisfechos, toda vez que la resolución controvertida se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada, porque la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales, procesales y sustantivos que estimó aplicables; además, en estricta observancia al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó la forma en que a su criterio, los datos de prueba mencionados por la agente del Ministerio Público, en su conjunto, permitían tener por acreditados los hechos que la ley señala como delito de extorsión agravada, así como la probabilidad de que los quejosos y otros imputados intervinieron en su comisión, con lo cual adecuó los hechos materia de la imputación, a la descripción típica del delito señalado, con lo que ajustó su resolución a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Por otro lado, se observa que el auto de vinculación a proceso se dictó en el plazo ampliado que prevé el artículo 19 de la Constitución Federal. En otro orden, se advierte que la autoridad judicial responsable precisó los hechos que la ley señala como delito de extorsión agravada, previsto en los artículos 236, párrafo primero (que obligue a otro a dar algo, obteniendo un lucro para sí, causando a alguien un perjuicio patrimonial), en relación con el párrafo segundo (cuando se cometa contra una persona mayor de sesenta años), párrafo cuarto, fracción I (cuando intervenga persona armada), y último párrafo (cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica), del Código Penal para esta ciudad, por el cual dictó auto de vinculación a proceso contra los quejosos y otros, con lo que colmó uno más de los requisitos formales requeridos. Ahora, en cuanto a la acreditación de los hechos delictivos, es necesario precisar que basta con que el juez encuadre la conducta relativa a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es decir, para tener por satisfecho ese tópico sólo es necesario acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio en relación con el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos de prueba, cuya diferenciación se hace patente en el artículo 261 del código procesal penal nacional, pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio respecto del delito y su autor o partícipe. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, titulada: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, es importante destacar que el principio de contradicción, que rige el proceso penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por los imputados y su defensora. Es orientadora la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN". Consecuentemente, a efecto de constatar si se respetó el principio de contradicción señalado, es menester mencionar los datos de prueba recabados por la autoridad ministerial, a partir de los cuales sustentó la solicitud de vinculación a proceso contra los quejosos. 1. Informe policial homologado de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de los policías de investigación Ali Aarón Villegas Ordoñez, Humberto Mimbrera Alanís, Jessica González González, Arnulfo Paredes Rosas, Andrés Sánchez Vázquez, Ricardo Osorio López, José Luis Garrido Hernández y Miguel Ángel Pichardo Aragón, así como sus correspondientes entrevistas, en las que precisaron que en diversa carpeta de investigación que se inició por el delito de secuestro en agravio de la víctima, se decretó en favor de esta última, medida de protección consistente en brindarle vigilancia en su domicilio, porque estaba recibiendo llamadas telefónicas en que los "secuestradores" le pedían dinero, pues si bien lo habían liberado fue con la condición de que reuniera tres millones de pesos, para no volverlo a secuestrar a él o algún miembro de su familia; el dieciocho de enero de este año, el agraviado se comunicó a la guardia de agentes de la Fiscalía Antisecuestros, para informar que lo estaban extorsionando vía telefónica, que una persona le dijo que pasaría a su domicilio por dinero, por lo que esa fiscalía le envió elementos a efecto de que se constituyeran en el domicilio del pasivo para salvaguardar su integridad física y brindarle protección, aproximadamente a las dieciocho horas con dos minutos, los policías Israel Vega Aguilar e Iván Set Huitrón Gómez, se constituyeron en calle Papaloapan, colonia San Andrés, delegación Azcapotzalco, donde observaron que en dicha calle circulaba una camioneta Nissan pick up, frontier, roja, así como un carro Passat gris, después se detuvieron; del carro mencionado bajó un sujeto para posteriormente subirse a la camioneta descrita, continuando su marcha esta última, después se detuvo en calle San Andrés, y bajó de esa camioneta la misma persona que antes lo hizo del vehículo Passat, mismo que cruzó la calle para acercarse a una persona mayor de edad, quien se encontraba en la entrada de una casa con la puerta abierta, el cual llevaba en la mano derecha una bolsa de plástico rosa, que entregó a la persona que bajó de la camioneta, cuando el sujeto pretendió retirarse, los agentes policiacos procedieron a detenerlo, y asegurar la bolsa rosa que contenía cien mil pesos, posteriormente el detenido dijo que su nombre es Martín Garduño Cruz; al percatarse de lo anterior, las personas que estaban en la camioneta avanzaron, por lo que los agentes Jessica González González y Arnulfo Paredes Rosas, procedieron a cerrarles el paso con una patrulla, después dichos policías les dijeron que bajaran de la camioneta, sin que hicieran caso, por lo que circularon en reversa, ambos policías los siguieron, después se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego, percatándose los policías que la camioneta se impactó con diversos vehículos que estaban estacionados, el auto Passat también avanzó, momento en el cual los policías Andrés Sánchez Vázquez y Ricardo Osorio López, dispararon a las llantas de la camioneta, provocando que se impactara con el vehículo descrito, una vez sucedido lo anterior, el policía Arnulfo Paredes Rosas se dirigió hacia la camioneta y haciendo uso de la fuerza mínima necesaria detuvo a una persona que intentaba darse a la fuga, a quien le hizo una revisión en que le encontró un arma de fuego, cargadores y teléfonos celulares; una vez que la agente Jessica González González le hizo saber sus derechos al detenido, este último refirió que su nombre es "Gerardo Rodrígo Melendez"; el agente Ricardo Osorio López, se dirigió a la parte trasera de la camioneta, en que se encontraba otro sujeto al que una vez que lo detuvo realizó una revisión, encontrándole un celular, un gafete laboral y una licencia de conducir, a nombre de Gregorio Juárez Martínez; el agente Miguel Ángel Pichardo Aragón se dirigió a la persona que se encontraba en el vehículo Passat, quien intentó darse a la fuga, el policía se percató que esa persona llevaba en la cintura un arma de fuego, por lo que de inmediato procedió a detenerlo, así como asegurar el arma, dos celulares, credencial de elector y una licencia de conducir, a nombre de José Arturo Flores Zacarías, otro sujeto que bajó de dicho vehículo se dio a la fuga. 2. Entrevista de la víctima P.M.T., de identidad reservada, de diecinueve de enero de este año, en la que precisó que el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete fue secuestrado por varios sujetos, permaneciendo dieciocho días en una casa de seguridad hasta el diecisiete de diciembre del año mencionado en último término, ya que fue liberado una vez que sus familiares entregaron como rescate ciento diez mil pesos, pero con la condición de que tenía que conseguir tres millones de pesos, que ellos se comunicarían el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, sin que lo hubieren hecho; el siete de enero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte horas, recibió una llamada del supuesto "jefe", quien le refirió que ya sabían el trato que tenían, preguntando que cómo iba, el pasivo contestó que estaba mal de salud lo que le impidió juntar dinero, el activo le mencionó que después le hablaría, que lo estaba checando, que no llamara a la policía, también le dijo que tenía datos de sus familiares, así como de sus negocios, que estuviera pendiente el quince de enero de este año, de la llamada por la que le daría indicaciones, reiterándole que no llamara a la policía, porque el único perjudicado sería él y su familia; la víctima refirió que en esa fecha no recibió ninguna llamada; sin embargo, el dieciséis siguiente, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos le llamó el "jefe", quien le preguntó si tenía su dinero, que quería que él se lo entregara, a lo que respondió el pasivo que no, por los problemas de salud que tenía, el activo dijo que entonces fuera su pareja sentimental, respondiendo que tampoco iría ella; en la fecha indicada un amigo de la víctima fue el que salió a entregar cien mil pesos, pero como el "jefe", cuando habló por teléfono dijo que estaban "apuntando", le dio miedo y no entregó nada; el diecisiete del mes citado en último término, aproximadamente a las quince horas con treinta minutos, el "jefe" se comunicó con el pasivo, para preguntarle en dónde estaba su dinero, que consiguiera a alguien para que saliera a pagar, que se comunicaría nuevamente; el dieciocho siguiente a las quince horas, el "jefe" le llamó para preguntarle si había conseguido a alguien, respondiendo que no, el activo dijo que se armara de valor y saliera a pagar, que nada más tenía que salir al camellón ubicado en calle Papaloapan, colonia San Andrés, delegación Azcapotzalco, que metiera el dinero en una bolsa de plástico y la dejara en un bote de basura afuera de su domicilio, que más tarde llamaría; el agraviado metió cien mil pesos en una bolsa de plástico rosa, después sacó un bote de basura, pero no metió el dinero ahí, porque ya había hecho del conocimiento de las autoridades esa circunstancia; a las diecisiete horas con cincuenta minutos, se comunicó a la guardia de agentes a efecto de informar que iba entregar el numerario descrito con motivo de la "extorsión" de la que era objeto; a las dieciocho horas el activo llamó al agraviado para que saliera con el dinero, que enviaría a un sujeto que no era de su agrupación, que no le hiciera daño, si no todo valía madres, que se llevara el celular para que recibiera indicaciones; el pasivo salió de su domicilio, el "jefe" le dijo que se detuviera, después se aproximó un sujeto como de treinta años de edad, quien vestía una sudadera negra, acto seguido el "jefe" le dijo al pasivo que entregara a dicha persona el dinero, que se encontró con la persona enviada, le dijo al agraviado que iba por su dinero, que eso era una parte, una vez que entregó la bolsa con el dinero observó que se acercaron dos sujetos quienes forcejearon con el que recibió el dinero, posteriormente lo detuvieron y le dijeron que eran policías de investigación, acto seguido escuchó diversos disparos de arma de fuego, por lo que corrió a su domicilio, posteriormente fueron diversos policías a su casa, a informarle que habían detenido a más personas relacionadas con el hecho sucedido. 3. Impresión del "CURP", a nombre de la víctima, de la que se corrobora que el pasivo nació en 1951, por lo que a la fecha de los hechos tenía una edad de sesenta y seis años. 4. Dictamen en materia de psicología de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se concluyó que la víctima presenta alteración psicoemocional con motivo de los mencionados hechos, por lo que requiere terapia. 5. Diligencia de la fecha mencionada en el punto anterior, en que el pasivo reconoció físicamente y por voz al activo Martín Garduño Cruz, como la persona que fue a su domicilio a recoger el dinero que le habían pedido y que fue asegurado por los agentes de la policía de investigación, después de que recibió el numerario, además de identificar la voz de Gregorio Juárez Martínez, quien se ostentó como el "jefe". 6. Informe de investigación de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en que se advierte que se recibió una llamada de J.M.M.M., identidad reservada, en la que informó que el dieciocho de enero de este año, aproximadamente a las dieciocho horas se percató que una persona se brincó a su terreno, desplazándose por el techo de lámina, después salió por otro lado, dejando en el lugar una chamarra negra, y en la orilla de la lámina se encontraba un arma de fuego, además precisó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el dieciocho anterior, en que fueron detenidas diversas personas, por lo que los objetos que encontró en su domicilio podrían tener relación con dichos hechos; posteriormente un agente de la policía se constituyó en el referido domicilio para constatar lo que le habían narrado, además de asegurar un arma de fuego, cartuchos y ropa, y realizar diversas inspecciones. La defensa consideró que con los datos de prueba aportados no se advierte que sus defendidos hayan cometido el hecho que la ley señala como delito, así como tampoco se corrobora lo manifestado por los agentes Ali Aarón Villegas Ordoñez y Humberto Mimbrera Alanís, en el sentido de que su actuar derivó de la encomienda de realizar labores de vigilancia en el domicilio de la víctima, sin que en la carpeta existiera comunicado alguno por el que se ordenó esa encomienda; en cuanto a los formatos de registro de detención de dieciocho de enero de este año, en que se hizo un listado de objetos puestos a disposición del ministerio público investigador, "son ilícitos", pues con motivo de los bienes, así como objetos asegurados a los quejosos, fueron señalados como partícipes de un delito, sin que en ese momento estuviera presente un defensor que los asistiera; también estableció que las entrevistas de los policías captores no fueron coincidentes con la rendida por la víctima, pues no señalaron que el agraviado llevara un teléfono en el momento que sucedieron los hechos; de igual manera no existe dato de prueba en que se advierta el número telefónico en que la víctima recibiera llamadas, por lo que no se actualiza el medio comisivo de "vía telefónica"; en relación con la pandilla tampoco ha sido demostrado que los imputados se reunieron para tal efecto; en cuanto a la diligencia de reconocimiento de persona, no se advierte que se haya cumplido el requisito de que las personas que intervinieron en ella hayan tenido las mismas características que los imputados, máxime que los que estuvieron presentes fueron policías de dicha agencia, como se acredita con las copias de las credenciales de esos agentes; además, la víctima no reconoció a sus defendidos como los que realizaron la conducta descrita por la agente investigadora, únicamente refirió que a uno de ellos lo reconoció por su voz; sin embargo, ese dato de prueba no es idóneo ni pertinente para tal efecto; el dato de prueba consistente en el oficio enviado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, establece que el quejoso Gustavo Treviño Téllez, no forma parte de esa procuraduría, por lo que considera que no se está en la hipótesis de que el delito se haya cometido por un miembro de una corporación de seguridad pública; en ese sentido, los datos de prueba ofrecidos por la representación social no son suficientes para acreditar la existencia del delito que se les atribuye, por lo que solicitó al juez que sus defendidos no sean vinculados a proceso. Cerrado el debate, el juez responsable de manera oral, pronunció su determinación, en que estimó acreditado el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada, cuya previsión se ha señalado en párrafos precedentes. Conclusión que este órgano de control constitucional considera legal, porque el juez responsable valoró los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, de manera libre y lógica, acorde con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son eficaces, hasta la etapa procedimental que se analiza, para demostrar el hecho imputado al quejoso que la ley señala como delito. En ese entendido, fue correcto que el juez responsable considerara la petición del ministerio público, que los hechos acontecieron en la delegación Azcapotzalco, en esta ciudad y es competente, así como la aplicación del código penal para esta ciudad. Para lo cual tomó en consideración los datos de prueba reseñados por la representación social, en especial las diversas declaraciones de los policías de investigación, así como la entrevista del ofendido, impresión del "CURP", a nombre de la víctima, dictamen en materia de psicología, diligencias por las que el pasivo reconoció físicamente y por voz a dos de los imputados, e Informe de investigación, todos de diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Destacó la responsable que si bien no existía un oficio con que se acreditara que dos de los agentes policiacos que intervinieron en la detención de los amparistas, estaban realizando labores de protección derivada de diversa carpeta de investigación, también lo es que esa circunstancia no le restaba valor a las entrevistas de los policías, porque la presencia de ellos en el lugar de los hechos derivó de la llamada que realizó el pasivo a la Fiscalía Antisecuestro, con motivo de que le habían llamado para exigirle dinero, lo que se corroboró con la entrevista del pasivo. En cuanto a la manifestación de la defensora de los quejosos en el sentido de que el dato de prueba consistente en la diligencia de reconocimiento de personas, es ilegal, el juez responsable estableció que no existe impedimento alguno para que policías de investigación estén en una diligencia de esa naturaleza, ni tampoco se indica que deban ser distintas, además de que a su consideración resulta innecesaria dicha diligencia, pues en el caso la participación de los solicitantes de amparo, así como de los diversos activos está corroborada con las entrevistas de los policías mencionados, en que establecieron que observaron cuando dichas personas iban en los vehículos descritos, quienes se bajaron de ellos, además de que posteriormente se dirigieron al domicilio del pasivo, lugar en que se hizo entrega del dinero a uno de los activos, mientras los otros esperaban en los vehículos. Respecto de la diligencia de reconocimiento de voz, el juez consideró que en ese momento estaba incompleta, ya que señaló que debía realizarla un perito en la materia, por lo que no se tomaría en cuenta como dato de prueba; en cuanto al diverso consistente en el oficio enviado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el juez al no advertir que el justiciable Gustavo Treviño Téllez, formara parte de alguna corporación policiaca, determinó no tomarlo como dato de prueba, por lo que no tuvo por actualizada la hipótesis que estableció la representación social en el sentido de que dicho imputado era miembro de una corporación de seguridad pública. Además, el referido juez estableció que hasta ese momento estaba acreditada la edad del pasivo, con el documento consistente en la clave única de registro de población. En atención a los datos de prueba descritos, el juez responsable señaló que el hecho materia de la imputación planteado por la agente del Ministerio Público, en el sentido de que los quejosos, con otros imputados pidieron diversas cantidades de dinero a la víctima, el cual entregó este último el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas afuera de su domicilio, ubicado en calle Papaloapan, colonia San Andrés, delegación Azcapotzalco, a uno de los activos que se encontraban con los quejosos, hasta ese momento en que resolvió lo tuvo por acreditado, pues precisamente la conducta desplegada por los activos, así como los diversos imputados se traduce en que obligaron al agraviado a darles dinero, y así obtuvieron para sí un lucro, causando un perjuicio al pasivo, lo que se acreditó con los cien mil pesos que el pasivo entregó a uno de los imputados, además se tiene por acreditado que los quejosos y otros fueron detenidos en lugar de los hechos, además tanto los amparistas como los demás imputados iban armados. En ese sentido, fue correcto que vinculara a proceso a los quejosos, y desestimar los argumentos de la defensa. Por otra parte, fue correcta la determinación del juez responsable, al concluir que en el caso no se actualiza en favor de los imputados alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es importante destacar que el artículo 19 constitucional señala que en un auto de vinculación a proceso debe establecerse que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que implica que los datos recabados hasta la etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo, pues se reitera que la vinculación a proceso tiene como principal objetivo que el Ministerio Público esté en posibilidad de realizar una investigación complementaria del hecho delictivo, en la que pueda recabar datos y medios probatorios, a través de los cuales, eventualmente, pueda proceder acorde con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, solicitar el sobreseimiento (parcial o total), suspensión del proceso o formular acusación. Con base en lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 19 Constitucional y los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que de los datos de prueba se advierte que aparecen datos suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada y existe probabilidad de que los quejosos intervinieron en su comisión; máxime que, como se dijo, no es requisito indispensable en dicha resolución se cuente con pruebas plenas o contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal de los justiciables, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación. En ese contexto, toda vez que la determinación reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales de los quejosos, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gustavo Treviño Téllez y Gregorio Juárez Martínez por conducto de su defensora Griselda Montero Gómez, contra los actos del juez Nonagésimo Tercero en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de juez de Control, consistentes en el auto de vinculación a proceso, emitido el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial 010/0062/2018, así como su ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad.
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