Gustavo Tonatiuh González Arellano y Otros.

Expediente 689/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Tonatiuh González Arellano y Otros.
  • Erick Jonathan Ramírez Marques
  • Erick Jonathan Ramírez Marques y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta... En atención a su contenido, comisiónese al área correspondiente a fin de habilitar el acceso al expediente en que se actúa, al citado juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que sobresee fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho auto. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita; toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós del mes en curso, pues de la determinación de veintitrés siguiente que adjunta, se obtiene que en esa fecha ejerció acción penal contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo "agravado calificado", dejándolo a disposición del Juez de Control correspondiente, para que resuelva su situación jurídica, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad. Con apoyo en el diverso 143 de la ley reglamentaria, se tiene como prueba de la autoridad signante, la documental que anexa al oficio que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su naturaleza jurídica, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia incidental correspondiente. Con la anterior información, dese vista en el cuaderno principal a efecto de acordar lo conducente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Vistas las constancias que en esta fecha fueron agregadas al incidente de suspensión derivado de este controvertido, que se tienen a la vista por constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera que en el caso se advierte que sobrevino de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que de las mismas se advierte que el quejoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial responsable encargada de la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-1 C/D/02169/07-2018, con motivo de la probable comisión del ilícito de robo "agravado calificado", por lo que el veintiuno de julio del año en curso se decretó la retención del inconforme y a las veintitrés horas del veintitrés del mes que transcurre se ejerció acción penal en su contra, dejándolo a disposición del Juez de Control correspondiente, para que resuelva su situación jurídica, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad. En ese sentido, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la ley de la materia. Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia que se ha hecho referencia, es necesario que concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; c) Que no pueda decidirse respecto de la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Dichos supuestos se obtienen de la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, de rubro: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL". En ese orden, en principio se colma el primero de los requisitos aludidos, pues en relación con la expresión "procedimiento seguido en forma de juicio", la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 22/2003 consideró que comprendía aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva. Criterio que se encuentra publicado en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". Lo anterior, pues la investigación inicial es la fase en el procedimiento penal en que el agente del Ministerio Público recaba datos de prueba que permitan establecer hechos que la ley señala como delito y exista la probabilidad que el o los indiciados lo cometieron, a fin de que determine si ha lugar a ejercer o no la acción penal ante la autoridad judicial. En relación con el segundo de los supuestos de que se trata, esto es, el relativo a que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado, como se apuntó, destaca la determinación de veintitrés de julio pasado, por la que se ejerció acción penal, en tanto que la demanda de amparo fue promovida el veintiuno del citado mes, de ahí que resulta evidente la actualización del tópico que se estudia y con ello, se patentiza una determinación ministerial que cambia la situación jurídica en que se sustentaba la pretensión constitucional del demandante de amparo, pues formalmente cesó la actividad de la responsable en la investigación inicial del evento. Ahora, por cuanto hace a los restantes requisitos que se dijo deben concurrir para tener por demostrada la referida causal de improcedencia, es válido analizarlos conjuntamente en razón de su estrecho vínculo generado por la resolución que provoca la nueva situación jurídica, que en razón de su independencia o autonomía puede subsistir a pesar de que la detención reclamada sea inconstitucional, sobre todo por la imposibilidad de afectar el estatus jurídico creado con su emisión, que lógicamente produce la consumación irreparable de la violaciones alegadas. Es por ello que no puede decidirse en este juicio sobre la constitucionalidad o no de la orden privativa de libertad (detención) reclamada, pues podría afectarse una situación jurídica diversa a la que originó que se instara a esta autoridad constitucional, ya que de emitir un pronunciamiento en la forma que se intenta, se estaría otorgando al quejoso una ventaja o beneficio que no le corresponde recibir ni a este juzgado conceder, pues de hacerlo traería como consecuencia que se desnaturalizara el juicio de amparo al incorporar a la litis actos, que al margen de su procedencia, no forman parte de ella, y que dada su esencia y propiedad característica ya precisada, resultan autónomos a la detención reclamada, es decir, que aquélla subsiste aun sea inconstitucional esta última, por lo que en estricta relación con este juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que alegó el inconforme. Es aplicable por las razones que la conforman la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 311 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, de rubro: "SITUACIÓN JURÍDICA. CAMBIO DE". Finalmente, no existe el acto consistente en la incomunicación reclamada por el quejoso, pues de las constancias remitidas por el agente responsable, se obtiene que el veintiuno de julio del año en curso, ordenó al Encargado de la Policía de Investigación de la Coordinación Territorial GAM-4, girara instrucciones al personal a su cargo para que permitieran el acceso al área de seguridad al padre del quejoso a fin de que se comunicara con el amparista; de ahí que respecto de dicho acto procede sobreseer fuera de audiencia en términos del numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. En ese sentido, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho a las once horas con treinta minutos. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

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