Gustavo Ocampo Ramírez
Expediente 2970/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2970/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
Partes del expediente
- Gustavo Ocampo Ramírez
- Juez Segundo de Distrito En Materia de Amparo Civil, Administrativo Y de Trabajo Y de Juicios Federales En el Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución emitida el quince de julio del año en curso, en el recurso de queja 13/2020 de su índice, interpuesto por el quejoso Gustavo Ocampo Ramírez, contra el auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo. De la que se aprecia que el citado tribunal, declaró infundado el referido medio de impugnación; por ende, remitió los autos originales de este sumario constitucional en un tomo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo vía electrónica. Asimismo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Ahora, en vista de lo anterior, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido; previas anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegato ministerial; en consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte dicho fiscal federal, a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de éstas al verificarse la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con el dispositivo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a las copias que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no se puede autorizar copia de alguna actuación sin antes haberse celebrado previamente y obrar glosada en autos, sin perjuicio del derecho de la citada parte procesal a solicitarla en su oportunidad. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, de cuatro de diciembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el cinco de diciembre siguiente (fojas 125 a 126), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de seis de diciembre de la presente anualidad (foja 127), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el doce de diciembre del presente año (foja 130); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el doce de junio del año en curso (fojas 39 a 53), se determinó conceder a José Jaime Cabello Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Los artículos 24, fracción VII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en los preceptos normativos declarados inconstitucionales. c) Para que dicho Recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y por consecuencia, hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos con antelación. d) De igual modo, las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. e) Sin que lo anterior, incluyera la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 485/2019 (fojas 99 a 110). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, de cuatro de diciembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el cinco de diciembre siguiente (fojas 125 a 126), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto acreditó que transfirió a la parte quejosa la cantidad de $20,066.88 (veinte mil sesenta y seis pesos 88/100) y de igual manera, previamente informó la forma en que se realizaron las operaciones para dar cumplimiento al fallo protector (foja 120). En ese tenor, al monto total de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional), debía descontarse la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa, por lo que al restar esa cantidad al monto total se obtiene el valor de $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos 44/100 moneda nacional) y esa cantidad debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, y el once de noviembre de ese mismo año se efectúo el oficio con el cual se ordenó realizar la transferencia respectiva a la parte peticionaria del amparo (foja 119); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de este año fue 103.079; y para el mes de octubre del año en curso 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00138146. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,066.87 (veinte mil sesenta y seis pesos 87/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $20,066.88 (veinte mil sesenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de refrendo alcoholes, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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