Gustavo Mena Europa

Expediente 13/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
13/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Mena Europa

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por ***, a través del cual solicita que se requiera a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio; sin embargo, agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, sin realizar pronunciamiento alguno, toda vez que el ocursante carece de personalidad para promover, pues en auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, se le tuvo únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que su cédula profesional no se encontraba registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tanto, no se encuentre facultado para promover a nombre del solicitante del amparo, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del dispositivo de previa mención. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA. De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto". Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y otras autoridades. Entonces, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 13/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al arábigo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del dispositivo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la demanda de amparo, procede a desecharla de plano, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el ordinal 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción XXIII del precepto 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el referido arábigo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, el numeral 6o. de la ley de la materia establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". El ordinal transcrito establece que el juicio de amparo se instaurará siempre a instancia de parte agraviada, por lo que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa penal, por medio de cualquier otra persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente, y que solamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. De lo anterior se induce el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo. Conforme a este principio, el juicio de amparo nunca puede operar oficiosamente y para su tramitación es necesario el ejercicio de la acción constitucional del gobernado mediante la cual ataque el acto de autoridad que considere le cause perjuicio. Esto es, para que inicie el juicio es necesaria una acción de la parte agraviada ante los tribunales federales, en la que reclame el acto de autoridad que considere lesivo de sus derechos. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada, por su representante, por su defensor o por medio de alguna persona extraña en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. En efecto, la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. En relación con lo anterior, el precepto 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción". Del arábigo anterior, se deduce que la firma constituye la forma en la que las partes expresan como suya la voluntad contenida en los escritos en los que la plasman. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Además, se precisa que ciertamente el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. A ese tenor, es destacable lo previsto en el dispositivo 3 de la Ley de Amparo en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces, sucede lo mismo respecto a la firma electrónica que produce ese efecto. Por tanto, si en un juicio de amparo no se asentó la firma electrónica del quejoso, debe considerarse que la persona que aparece en ella como promovente en realidad no expresó su voluntad de acudir al juicio de amparo, esto es, no manifiesta su intención de ejercer la respectiva acción constitucional, a pesar de que pudiera serle adverso el acto reclamado y, por ende, afectar su interés jurídico; pues al no firmar la demanda de amparo se advierte el desinterés de éste. Lo precedente se traduce en el incumplimiento del requisito de iniciativa o instancia de parte legítima que, para promover el juicio de amparo, exige el numeral 6o. de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque, como se precisó, el ordinal 3 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece la tramitación del juicio de amparo, pero en la vía electrónica, en la cual es requisito indispensable para promover en él el uso de la firma electrónica (FIREL), salvo en los casos previstos en el precepto 15 de dicha normativa; incluso, de manera expresa dispone que los escritos en forma electrónica, se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la referida firma electrónica, conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, prevé que ésta tendrá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese contexto, de los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013, y 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 12 de junio de 2020 respectivamente, en lo que aquí interesa, se advierte que, cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Ahora, en el caso que nos ocupa, la demanda fue presentada en línea; sin embargo, no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso; en razón de ello, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por el interesado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por lo tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el arábigo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el dispositivo 108 del indicado ordenamiento legal. Ello, porque si bien, como se indicó con anterioridad, la demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al numeral 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79 Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto se lee: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Lo anterior, es así, pues al haberse elegido la vía electrónica, es indispensable que el quejoso se someta a los requisitos de procedencia previstos para dicho tipo de juicio, como lo es el uso de la firma electrónica (FIREL). Asimismo, del escrito en cuestión no se desprende que el quejoso se encuentre imposibilitado física o materialmente para presentar la demanda por su propio derecho; por tanto, no se actualiza la excepción prevista en el ordinal 109 de la ley de la materia. Por tanto, debe concluirse que la parte promovente de la vía, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual, se reitera, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el precepto 6o. de la Ley de Amparo, toda vez que, como se precisó el escrito de demanda no contiene la firma electrónica del quejoso, lo que equivale a que dicho ocurso no fue "firmado digitalmente" por el interesado en acudir al amparo. Entonces, ante la falta de instancia de parte agraviada, debe desecharse de plano la demanda promovida por **, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º de la Ley de amparo, en razón de que el escrito de demanda no fue suscrito con la firma electrónica del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, el criterio jurisprudencial emitido por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Volumen 181-186, Quinta parte, séptima época, página 71 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Por otro lado, conforme con el arábigos 12 de la multicitada ley, se tiene como autorizado en términos restringidos a Moisés Armando Gómez Muñiz, por así haberlo indicado la parte promovente. Luego, de conformidad con el dispositivo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a la parte quejosa, bajo los nombres de usuarios "GMENAPACIFICO1975" y "mgomez1494", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. Asimismo, con sustento en el numeral 26, fracción IV de la ley de la materia, se autoriza para que las notificaciones que se realicen a la parte promovente se hagan vía electrónica. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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