Gustavo Norberto Quero Alcantara

Expediente 813/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
813/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Norberto Quero Alcantara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 813/2018; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Gustavo Norberto Quero Alcántara demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable se reclama, POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, EN RELACIÓN AL ART. 873 Y 874 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 15 - 16), previo cumplimiento a los requerimientos formulados el veintitrés y veintinueve de agosto del año en curso (fojas 9 y 12), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Gustavo Norberto Quero Alcántara, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se celebró con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 5, fracción I, 37, 107, 108, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, la cual debe considerarse como un todo y tenerse como acto reclamado aquello que se considere lesivo de derechos, se advierte que en el caso, el quejoso reclama de la responsable lo siguiente: El auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 421/2017, en que se señalaron las diez horas del día uno de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, dicho acto es el que se tiene como reclamado en el presente juicio de amparo. TERCERO. El presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado (foja 20); lo que se corrobora con la copia certificada que la citada presidenta remitió como apoyo a su informe, consistente en documentales obtenidas del expediente laboral 421/2017 (fojas 21 - 23); por tanto, el acto reclamado se tiene plenamente probado, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en torno al acto controvertido relativo al auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en que se señalaron las diez horas del día uno de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, resultan fundados pero inoperantes. En efecto, de la lectura del auto de que se trata, si bien es cierto como lo alega el quejoso, se advierte su ilegalidad y transgresión al artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, que en su orden señalan: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos." De los preceptos transcritos, se pone de manifiesto, el artículo 17 de la Carta Magna, establece como garantía individual, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita; correlativamente a esta prerrogativa, los restantes numerales de la Ley Federal del Trabajo, destacan, que el proceso del derecho del trabajo será, entre otras cosas, inmediato, imponiendo a la Junta la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el trámite; que la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes de haberse recibido la demanda. Lo cierto es, que no obstante lo anterior, a nada práctico conduciría conceder la protección federal solicitada, dada la fecha del pronunciamiento de la presente resolución, y la data de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 421/2017, señalada para las diez horas del uno de octubre de esta anualidad; dado que causaría mayor perjuicio ordenar a la responsable deje sin efecto esa fecha para el desahogo de la citada audiencia, y señale una fecha más cercana para su verificativo, además se vería imposibilitada para ello, tomando en consideración que la referida audiencia, se celebrará en dos días hábiles siguientes al dictado del presente fallo, y que una vez emitida la sentencia en este juicio, es necesario esperar a que transcurra el plazo de diez días hábiles para que la misma cause ejecutoria, y sea posible requerir su cumplimiento, lo que irremediablemente ocasionaría que transcurra la fecha que ya se encuentra fijada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese sentido, aun cuando asiste la razón a la parte quejosa, pues efectivamente la Junta responsable transgrede en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, como de las normas que rigen el procedimiento laboral, se insiste a nada práctico conduciría conceder la tutela federal solicitada, de ahí que, los conceptos de violación aunque fundados deben declararse inoperantes. Lo anterior, conduce a negar la protección federal solicitada en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, pronunciado por los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, en el que señaló las diez horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 421/2017. Con relación a lo alegado por la parte quejosa, relacionado con la falta de administración de justicia de manera pronta y expedita, en el procedimiento laboral 421/2017, este órgano jurisdiccional debe tomar en consideración la etapa procedimental en la que se sitúa, esto es, en el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, por tanto, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, las determinaciones de amparo deben limitarse en función al acto controvertido y no en las subsecuentes actuaciones. Tiene aplicación sobre el particular, por las razones que la informan, la Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CV/2013 (10a.), que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gustavo Norberto Quero Alcántara, contra el acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, pronunciado por los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, en el que señaló las diez horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 421/2017. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde informe justificado, anexando las documentales que refiere; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de cuenta signado por el promovente Gustavo Norberto Quero Alcántara, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de agosto del año en curso, precisa el acto reclamado a la autoridad que señala como responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías promovida por Gustavo Norberto Quero Alcántara, contra actos de los miembros de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, del ordenamiento legal citado, téngase como pruebas documentales las siguientes: - Acuse de recibo del escrito suscrito por Gustavo Norberto Quero Alcántara, de veintisiete de julio del actual, presentado ante la junta responsable el veintiocho de junio del presente año. - Copia simple del auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 421/2017, del índice de la junta responsable. Mismas que en razón de su especial naturaleza se tienen por desahogadas en este acto. En relación a la pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

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