Gustavo Demetrio Hernández Reyes

Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
336/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Demetrio Hernández Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el trece de mayo del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 336/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. GUSTAVO DEMETRIO HERNÁNDEZ REYES, por su propio derecho, mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, Director del Centro Penitenciario Varonil, Comité Técnico del Centro Penitenciario Varonil, Director de Seguridad Penitenciaria del Centro Penitenciario Varonil, encargado de guardia y custodia del Centro Penitenciario Varonil, todos de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, consistentes en: Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 5, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, concedió al quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así también para que se le otorgara una alimentación balanceada y se le proporcionaran los medicamentos acorde a sus padecimiento; de igual forma, solicitó informe justificado a las responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. TERCERO. En auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se dejó de tener como autoridad responsable al Director de Seguridad Penitenciaria del Centro Penitenciario Varonil, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Tormento psicológico, malos tratos, incomunicación familiar. Falta de alimentación adecuada, omisión de proporcionarle atención médica, aislamiento y segregación, la negativa de permitirle trabajar y obtener ingresos. TERCERO. Por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en tormento psicológico, malos tratos, incomunicación familiar, falta de alimentación adecuada y omisión de proporcionarle atención médica, las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron categóricamente su existencia, sin que la parte quejosa desvirtuara la misma con prueba alguna, por ende, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto a dichos actos se refiere. CUARTO. Respecto de los actos reclamados relativos al aislamiento y segregación, así como la negativa de permitirle trabajar y obtener ingresos, las autoridades responsables negaron su existencia, sin embargo, la misma se desvirtúa conforme lo expuesto por el Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, y Presidente del Comité Técnico de ese centro penitenciario. En efecto, pues del contenido de su informe se advierte el quejoso se encuentra en cuarentena para evitar la propagación del virus Covid-19, motivo por el cual no es posible dejarlo trabajar, por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62, de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ." Para arribar a dicha determinación, es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, sustentó criterio en el sentido de que las personas internas en un centro de reinserción social, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar omisiones o actos inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Ello, porque consideró que en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la mencionada Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé un procedimiento que contiene un mecanismo de control -de peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estimen vulneran sus derechos. Además, precisó que el citado mecanismo dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 del invocado ordenamiento legal, establece que si la solicitud deviene contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Adicionalmente precisó, si la persona interna en el centro de reinserción desea que el acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión y esa suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, atento a que no exige mayores requisitos que esta última consigna para concederla y tampoco un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho mecanismo de control, atento al principio de definitividad, esto provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J.79/2018 (10ª), visible a página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, PARA RECLAMARLAS LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Ahora bien, si en el caso que nos ocupa el quejoso pretende instar la acción constitucional, al considerar que se violan sus derechos humanos al mantenerlo la autoridad penitenciaria en cuarentena, y como consecuencia no se le permita trabajar; lo cual, bien pudiera ser violatorio de sus derechos fundamentales, cierto es que, tales actos se encuentran vinculados exclusivamente con cuestiones inherentes a las condiciones de su internamiento, lo cual es suficiente para ubicarse en el supuesto ya señalado en la ejecutoria invocada, y por ende, obligado a promover el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no directamente ante la autoridad federal de amparo, como lo pretende hacer, pues como se precisó, la citada legislación prevé la posibilidad de impugnar dichos actos por medio de la petición administrativa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo." En consecuencia, es dable concluir que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al tratarse de actos que versan sobre las condiciones de internamiento de la parte quejosa, esta debió acudir ante el Juez de Ejecución competente previamente a la instancia constitucional; lo que pone de manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que se advierta que se esté en alguno de los casos de excepción previstos en la misma porción normativa que lo eximan de tal obligación. Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 336/2021, promovido por GUSTAVO DEMETRIO HERNÁNDEZ REYES. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Adjúntese el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, mediante el cual informa que ordenó por el término de tres días la vinculación del juicio de amparo número 804/2021 de su índice al presente expediente; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

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