Gustavo Moreno León y Otros.

Expediente 155/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
155/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2016

Partes del expediente

  • Gustavo Moreno León y Otros.
  • Gustavo Moreno León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, remite copia certificada de la resolución emitida en el recurso de inconformidad 14/2016, así como los autos originales del presente juicio. Se ordena agregar a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, acusar recibo y hacer del conocimiento de las partes que la superioridad declaro infundado el recurso de inconformidad interpuesto por los quejosos Gustavo Moreno León y Luis Ariel Lambarena Moreno. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial Federal del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual transcribe el proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, del que se aprecia que la Magistrada Presidente de ese órgano jurisdiccional, admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por los quejosos Gustavo Moreno León y Luis Ariel Lambarena Moreno, en contra del proveído de treinta de marzo del actual; correspondiéndole el número de expediente de inconformidad 14/2016. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de dos de mayo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa GUSTAVO MORENO LEÓN Y LUIS ARIEL LAMBARENA MORENO, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Gustavo Moreno León y Luis Ariel Lambarena Moreno, con doce copias del mismo, por medio del cual interponen recurso de inconformidad en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, el artículo 201, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de esta Ley; Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición de acto reclamado; o Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo fracción I, Noveno al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos de pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, una vez que esté debidamente integrado, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, los autos del juicio de amparo indirecto 155/2014-Única, así como original y copia del escrito del recurso de inconformidad que nos ocupa. Fórmese cuaderno de antecedentes con una copia del escrito que se provee, del auto impugnado, de las notificaciones respectivas y de las demás constancias relativas; solicitándose el acuse de recibo correspondiente."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la parte GUSTAVO MORENO LEÓN Y LUIS ARIEL LAMBARENA MORENO, publicada el cinco de abril de dos mil dieciséis en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Gustavo Moreno León y Luis Ariel Lambarena Moreno, mediante el cual realizan diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración en el presente acuerdo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 4421 (fojas 249 a 251) y 4420 (fojas 252 a 304), la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego entonces, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando únicamente la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, al 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] El auto de formal prisión de veintisiete de marzo de dos mil catorce, dictado en contra de los quejosos dentro de la causa penal 586/2013 del índice del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad. [.]" Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali Baja California, mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, modificó la sentencia que por una parte sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio, y en su lugar, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado y, en su lugar dicte otra resolución en la cual: respecto al cuerpo del delito, desglose los elementos del ilícito que se le imputa a los quejosos, con precisión de los supuestos específicos en que se ubica la conducta reprochada; asimismo, relacione cada uno de los componentes de la figura delictiva, con la valoración de las pruebas en que -de ser el caso- se respalda su acreditación. en su caso, por cuanto hace a la probable responsabilidad, exprese las razones determinante que se tomen en consideración para concluir que la conducta ilícita fue probablemente desplegada por los impetrantes, para lo cual deberá respaldar su dicho en la apreciación de los elementos probatorios obrantes en la causa penal y la precisión del valor probatorio que al efecto les otorgue [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 4421 (fojas 249 a 251) y 4420 (fojas 252 a 304), la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio 449-III, y con la copia certificada de la resolución de nueve de marzo del presente año (fojas 249 y 255 a 304), emitidos ambos dentro de la causa penal 586/2013 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el 1. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 449-III, el cual contiene transcripción del proveído de nueve de marzo del actual, emitido dentro de la causa penal 586/2013 de su índice, informó que dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el veintisiete de marzo de dos mil catorce, en contra de los aquí quejosos; asimismo, mediante diverso oficio 447-III, remitió copia certificada del auto de término constitucional de nueve de marzo del actual, en el cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, respecto al cuerpo del delito, desglosó los elementos del ilícito que se le imputa a los quejosos, con precisión de los supuestos específicos en que se ubica la conducta reprochada; y relacionó cada uno de los componentes de la figura jurídica delictiva con la valoración de las pruebas en que respaldó su acreditación (fojas 278 vuelta a 291). De igual forma, por cuanto hace a la probable responsabilidad, expresó las razones que tomó en consideración para concluir que la conducta ilícita fue probablemente desplegada por los impetrantes, y respaldó su dicho en la apreciación de los elementos probatorios obrantes en la causa penal y la precisión del valor probatorio que al efecto les otorgó (fojas 292 a 302), es decir, dio a conocer a los quejosos las razones por las cuales consideró que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente la base de la emisión del nuevo acto, con lo que purgó los vicios formales que afectaban el mismo. Con base en lo anterior, determinó procedente decretar auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por su probable responsabilidad de la comisión del delito de uso de documentos falsos, pues expuso de manera detallada las circunstancias particulares que motivaron su decisión, con relación a los fundamentos invocados para tomar tal determinación, pues basta con que la autoridad jurisdiccional aporte los razonamientos jurídicos que involucran las disposiciones en que funda su decisión, para que con ello se dé cumplimiento a la garantía de fundamentación y motivación. Tiene aplicación el criterio número P. CXVI/2000, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Lo anterior se corrobora por el hecho que la autoridad responsable, cumplió con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para decretar auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por el ilícito citado con antelación, es decir, dio a conocer a los impetrantes de amparo el "por qué" de la conducta de la autoridad, así como todas las circunstancias y condiciones que determinaron dicho acto, de manera que los afectados puedan cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndoles una real y auténtica defensa. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, la resolución materia del acto reclamado, y al haber emitido una nueva subsanando las deficiencias señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, se afirma que la violación cometida en perjuicio de los accionantes de amparo quedó subsanada. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por los quejosos, en el sentido de que la autoridad responsable omitió expresar las causas o razones que a su juicio fueron determinantes para considerar que el delito que dio origen a la causa penal fue realizado por los quejosos y respaldarlo con los medios de prueba que obran en juicio; así como detallar con precisión el valor probatorio otorgado a cada uno de ellos, y exponer las razones que tomó en cuenta para decretar auto de formal prisión en contra de los mismos; pues contrario a ello, de los actos desplegados por la autoridad responsable se advierte que acató los términos precisados en la ejecutoria de amparo. Esto es, previo análisis de las pruebas allegadas, tuvo por acreditado los elementos del cuerpo del delito que se les atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se les imputa; máxime que analizó los supuestos específicos en que se ubica la conducta reprochada y otorgó valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. Además, de la lectura de la resolución de nueve de marzo del presente año, emitida dentro de la causa penal 586/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, se advierte -como se ha precisado en párrafos precedentes- que la citada responsable subsanó las deficiencias señaladas en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, fundó y motivó su determinación, por las razones antes expuestas. De tal suerte que si bien es cierto la autoridad responsable en la resolución respectiva decretó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, -con libertad de jurisdicción- expuso los motivos por los cuales tuvo a bien tomar tal determinación, lo que a la postre originó la inconformidad por parte de los quejosos, también lo es que tal determinación la tomó en uso de su facultad como órgano rector del procedimiento judicial de origen. Lo anterior, con la salvedad, que las partes en el juicio natural, hagan uso de los medios de impugnación que establece la ley que rige el acto reclamado que originó la presente instancia de control de la constitucionalidad, pues la circunstancia de que el acto de autoridad no haya favorecido a los ahora quejosos, ello no provoca que la autoridad responsable, no haya cumplido con la ejecutoria de amparo, aunado a que ha quedado demostrado que la a quo responsable ha cumplido con todos y cada uno de los lineamientos de la ejecutoria, actos que desplegó con libertad de jurisdicción. Sin embargo, contrariamente a lo expresado por los quejosos, la suscrita juzgadora estima que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma, pues en principio, se desprende que dejó insubsistente el acto reclamado; de ahí, mediante resolución de nueve de marzo de la presente anualidad, se pronunció con libre decisión. Pues el hecho que se hayan establecido lineamientos para cumplir en determinado sentido, ello no impide que la autoridad responsable conserve su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la ejecutoria de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de los quejosos- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- estimó pertinente decretar auto de formal prisión contra los aquí quejosos, por su probable responsabilidad de la comisión del delito de uso de documentos falsos. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo."

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