Gustavo Mejía Mejía
Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/09/2023
Partes del expediente
- Gilberto Robles Parra
- Martha Alicia de León Espinosa
- Gustavo Mejía Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, envíe copia certificada del recibo de pensión o constancia fehaciente en la que se aprecie que ya no se reflejan en la percepción pensionaria de la aquí parte quejosa, las deducciones a que se refieren el último párrafo del artículo 16 y el 25, fracción I, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (conceptos "76" y "53"). Lo anterior, en atención a que los efectos del fallo protector, fueron para que: a) "[.]Deje de realizar los descuentos de los montos de las pensiones de los quejosos Gustavo Mejía Mejía, Gilberto Robles Parra y Martha Alicia De León Espinosa, por concepto de "reserva técnica (76)" y "servicios médicos (53)", previstos en los artículos 16 (129), último párrafo y 25, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California abrogada. b) Realice la devolución de los descuentos por concepto de "reserva técnica (76)" y "servicios médicos (53)", efectuados el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, así como los subsecuentes.[.]" Bajo el apercibimiento, que de hacer caso omiso a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de la materia, asimismo, se enviará el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, para seguir el trámite de la inejecución. Cobra aplicación al caso la tesis1 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." De igual forma, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , cuya sinopsis es la siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo - pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." (Énfasis añadido)". Notifíquese.
- Principal
Ensenada Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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