Gustavo López Escareño

Expediente 776/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
776/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Gustavo López Escareño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del cuatro al quince de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el proveído de veinticinco de mayo del presente año, dictado por este juzgado dentro del juicio de amparo 776/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA PROTECCIÓN DE ALARMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN ACREDITE SER SU APODERADO LEGAL, LOS AUTOS DICTADOS EN FECHAS VEINTICINCO Y VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 11236, con anexos y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad, por ministerio de ley, mediante el cual, remite copia certificada del laudo de veintinueve de abril de dos mil dieciocho y las notificaciones personales practicadas al actor Gustavo López Escareño (aquí quejoso) y demandado Protección y Alarmas Privadas, Sociedad Anónima de Capital Variable (aquí tercero interesado) dentro del juicio ordinario laboral 1176/V/2014, el veintitrés de mayo de la presente anualidad; así como de la interlocutoria de dieciocho de mayo del actual que resolvió el incidente de reposición de autos. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del juicio ordinario laboral 1176/V/2014. Del comunicado de cuenta y de las constancias que anexó la junta responsable se advierte que dentro del juicio ordinario laboral 1176/V/2014 en veintinueve de abril del año en curso, se dictó laudo del que esencialmente se advierte lo siguiente: [.] " R E S U E L V E: PRIMERO. El actor C. GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, acreditó sus pretensiones y los demandados PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, no opuso excepciones ni defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se declara nulo el despido, así mismo se condena a los demandados PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, a pagar al actor GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, las siguientes cantidades: $ 15,585.30 (QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M. N.) por concepto de Indemnización Constitucional; $ 2,727.31 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M. N.) por concepto de Prima de Antigüedad; $ 1,958.40 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M. N.) por concepto de Vacaciones; $489.60 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M. N.) por concepto de Prima Vacacional; $1,873.60 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M. N.) por concepto de Aguinaldo; y $ 58,400.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) por concepto de Salarios Caídos, cuantificados desde la fecha del despido injustificado que lo fue el día 12 de Octubre de 2014, hasta el 12 de Octubre de 2015, así como los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario sin razón del 2 % mensual, a partir del 13 de octubre de 2015 hasta el total cumplimiento del laudo.- TERCERO. SE ABSUELVE a los demandados PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, a pagar al actor GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, cantidad alguna por concepto de HORAS EXTRAORDINARIAS que reclama en su escrito inicial de demandada, conforme al razonamiento lógico jurídico asentado en el considerando VII de la presente resolución.- CUARTO. Los salarios que sirvieron como base para el cálculo para la cuantificación únicamente por lo que corresponde a la Indemnización Constitucional este se calculó a razón de un salario diario integrados de $ 173.17 pesos, en cuanto a las demás prestaciones a que tenga derecho el actor, se calculó en base al salario diario de $160.00 pesos que percibía el C. GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, con excepción de la prima de antigüedad que fue con un salario de $ 127.54 pesos.- QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la parte actora GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO y a la demandada PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, por los Estrados dé cumplimiento total al presente laudo.- [.] Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que éste fue notificado a las partes el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, lo que se traduce en que el laudo, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitido y notificado a las partes. Por tanto, al haberse emitido el laudo definitivo respecto de la cual el aquí quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al laudo emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado del laudo en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión del laudo que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a las partes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas del dieciocho de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Brenda. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la razón actuarial de veintiocho de los corrientes. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Protección y Alarmas, sociedad anónima de capital variable el proveído de veinticinco de mayo pasado, toda vez que no obra domicilio señalado para recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, se comisiona al actuario adscrito para que notifique el acuerdo citado en el domicilio en el que fue emplazada la mencionada parte procesal, toda vez que el mismo pertenece a la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en términos del artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  3. Principal

    El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la razón actuarial de veintiocho de los corrientes. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Protección y Alarmas, sociedad anónima de capital variable el proveído de veinticinco de mayo pasado, toda vez que no obra domicilio señalado para recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, se comisiona al actuario adscrito para que notifique el acuerdo citado en el domicilio en el que fue emplazada la mencionada parte procesal, toda vez que el mismo pertenece a la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en términos del artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 11236, con anexos y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad, por ministerio de ley, mediante el cual, remite copia certificada del laudo de veintinueve de abril de dos mil dieciocho y las notificaciones personales practicadas al actor Gustavo López Escareño (aquí quejoso) y demandado Protección y Alarmas Privadas, Sociedad Anónima de Capital Variable (aquí tercero interesado) dentro del juicio ordinario laboral 1176/V/2014, el veintitrés de mayo de la presente anualidad; así como de la interlocutoria de dieciocho de mayo del actual que resolvió el incidente de reposición de autos. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del juicio ordinario laboral 1176/V/2014. Del comunicado de cuenta y de las constancias que anexó la junta responsable se advierte que dentro del juicio ordinario laboral 1176/V/2014 en veintinueve de abril del año en curso, se dictó laudo del que esencialmente se advierte lo siguiente: [.] " R E S U E L V E: PRIMERO. El actor C. GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, acreditó sus pretensiones y los demandados PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, no opuso excepciones ni defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se declara nulo el despido, así mismo se condena a los demandados PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, a pagar al actor GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, las siguientes cantidades: $ 15,585.30 (QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M. N.) por concepto de Indemnización Constitucional; $ 2,727.31 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M. N.) por concepto de Prima de Antigüedad; $ 1,958.40 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M. N.) por concepto de Vacaciones; $489.60 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M. N.) por concepto de Prima Vacacional; $1,873.60 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M. N.) por concepto de Aguinaldo; y $ 58,400.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) por concepto de Salarios Caídos, cuantificados desde la fecha del despido injustificado que lo fue el día 12 de Octubre de 2014, hasta el 12 de Octubre de 2015, así como los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario sin razón del 2 % mensual, a partir del 13 de octubre de 2015 hasta el total cumplimiento del laudo.- TERCERO. SE ABSUELVE a los demandados PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, a pagar al actor GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, cantidad alguna por concepto de HORAS EXTRAORDINARIAS que reclama en su escrito inicial de demandada, conforme al razonamiento lógico jurídico asentado en el considerando VII de la presente resolución.- CUARTO. Los salarios que sirvieron como base para el cálculo para la cuantificación únicamente por lo que corresponde a la Indemnización Constitucional este se calculó a razón de un salario diario integrados de $ 173.17 pesos, en cuanto a las demás prestaciones a que tenga derecho el actor, se calculó en base al salario diario de $160.00 pesos que percibía el C. GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO, con excepción de la prima de antigüedad que fue con un salario de $ 127.54 pesos.- QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la parte actora GUSTAVO LÓPEZ ESCAREÑO y a la demandada PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, por los Estrados dé cumplimiento total al presente laudo.- [.] Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que éste fue notificado a las partes el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, lo que se traduce en que el laudo, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitido y notificado a las partes. Por tanto, al haberse emitido el laudo definitivo respecto de la cual el aquí quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al laudo emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado del laudo en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión del laudo que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a las partes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas del dieciocho de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Brenda.

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