Gustavo Lemus Flores

Expediente 1939/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1939/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • Gustavo Lemus Flores

Actuaciones

  1. Principal

    En cinco de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiocho de octubre al cuatro de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de veinte de octubre de la presente anualidad, en que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo número 1939/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veinte de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Gustavo Lemus Flores, contra actos del Titular de la Auditoria Superior del Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto a la parte quejosa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veinticuatro de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el veintinueve de julio de dos mil quince, en el que por una parte se negó, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en relación con los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas y por el otro se otorgó el amparo y protección de la justicia federal en los términos y para los efectos siguientes: "..En esa tesitura, al haberse declarado en líneas precedentes que el precepto reclamado es contraventor al sistema constitucional, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, respecto del artículo 52 fracciones I, IX y XVII d la Ley de Hacienda de Zacatecas; para que las autoridades señaladas como responsables: a) No apliquen al quejoso en el presente y en el futuro el precepto reclamado; y, b) Las autoridades Recaudador de Rentas adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, hagan la devolución del importe que el quejoso hubiere pagado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más, y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. Sustenta lo anterior, por las razones que la animan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "..DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.." Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que reza: "...AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.. " Asimismo, la tesis que dispone: ".LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.." En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todas del Estado de Zacatecas, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad mencionada en párrafos anteriores, Recaudador de Rentas de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para el quejoso, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. Dicha concesión debe hacerse extensiva respecto de la aplicación de las fracciones I y XVII, del artículo 52 de la Ley de Hacienda, pues constituyen una consecuencia directa del cobro por derechos por registro de embargo judicial.." Posteriormente, por auto de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que se procedió a requerir a la autoridad señalada como responsable, Recaudador de Rentas de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa (f.272) Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil quince, del estado que guardaban lo autos se desprendía que la autoridad responsable, Recaudador de Rentas de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, no había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a lo anterior se volvió a requerir a la responsable para que en el término de tres días diera cumplimiento a la sentencia pronunciada por este Juzgado, con el apercibimiento de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá a cada una, multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación (f. 279) Por su parte la Recaudadora de Rentas de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante oficio PF/1848/15, informó a este Juzgado que se había hecho la devolución al quejoso de la cantidad de $15,005.00, por concepto del pago de lo indebido, adjuntando para ello copia de la autorización del pago antes señalado (f. 282 a la 285) De lo anterior se ordenó dar vista al quejoso, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil quince, para que en el término de tres días manifestara, lo que a su derecho correspondiera bajo el apercibimiento de que no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado en base a los elementos que obraran en el expediente y por los datos aportados por las autoridades sin que realizara ninguna manifestación. (f.286) Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado; y además, existe constancia de que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector de garantías siguiendo los lineamientos que le fueron establecidos para su cabal cumplimiento, pues de las constancias analizadas se aprecia que se le hizo la devolución al quejoso de lo que erogó por concepto del pago de lo indebido, de las inscripciones motivo de este amparo, sin que el quejoso hiciera manifestación alguna sobre dicho cumplimiento, por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que las diversas autoridades responsables no hayan hecho manifestación alguna respecto al fallo protector de garantías emitido por este Juzgado Federal, ya que solo participaron en el proceso legislativo además de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua. En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.".

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