Gustavo Ibañez Cruz

Expediente 1230/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1230/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Gustavo Ibañez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II-B "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, por auto de cinco de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA II-B "... Agréguese el oficio y anexo del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez; mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece la responsable citada, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En ese contexto, el precepto y jurisprudencia transcritos, clarifican que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, de las constancias de autos, ya valoradas, se desprende que el quejoso reclama la negativa, excesivo retardo y la abstención de emitir acuerdo o resolución de calificación de pruebas, respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas que ofreció dentro del juicio laboral 940/2016, así como la falta de notificación de éste acuerdo o resolución. Sin embargo, de las mismas constancias de autos, específicamente de las documentales remitidas por la responsable mediante el oficio de cuenta, se advierte que en auto de quince noviembre de dos mil diecisiete, la responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, proveyó sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 940/2016; asimismo, se aprecia que en razón actuarial de treinta de noviembre del año en curso, la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, notificó el referido auto al apoderado legal del actor, aquí quejoso. Lo anterior, revela que ha cesado en sus efectos el acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable el quince de noviembre de dos mil diecisiete, emitió acuerdo de calificación de pruebas y posteriormente el treinta de noviembre siguiente, dicho auto le fue notificado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por último, cabe precisar que en el caso resulta improcedente la ampliación de la demanda contra el proveído de quince de noviembre del año en curso (fojas 24 a 27); en consecuencia, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con la constancia que remitió la Junta en mención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito... [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ". Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación, y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. Así mismo, que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia del rubro: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." (Jurisprudencia 37/2014 (10ª), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, según certificación del licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Como se ve, el auto de quince de noviembre de esta anualidad, no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor el justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino se insiste cuestiones que inciden únicamente en un presupuesto procesal. Tanto así, que existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación procesal desaparezcan, esto es, dicho acuerdo no trae consigo una resolución condenatoria; en este último caso, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos materialmente sustantivos del amparista, pero en todo caso, tal afectación tendría que ser reparada mediante el amparo directo que se promoviera contra la sentencia desfavorable. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LOS TERCEROS INTERESADOS, EN VIRTUD QUE NO SEÑALARON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA SER NOTIFICADOS. CONSTE.)

  3. Principal

    MESA II-B "... Agréguese el oficio y anexo del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez; mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece la responsable citada, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En ese contexto, el precepto y jurisprudencia transcritos, clarifican que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, de las constancias de autos, ya valoradas, se desprende que el quejoso reclama la negativa, excesivo retardo y la abstención de emitir acuerdo o resolución de calificación de pruebas, respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas que ofreció dentro del juicio laboral 940/2016, así como la falta de notificación de éste acuerdo o resolución. Sin embargo, de las mismas constancias de autos, específicamente de las documentales remitidas por la responsable mediante el oficio de cuenta, se advierte que en auto de quince noviembre de dos mil diecisiete, la responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, proveyó sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 940/2016; asimismo, se aprecia que en razón actuarial de treinta de noviembre del año en curso, la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, notificó el referido auto al apoderado legal del actor, aquí quejoso. Lo anterior, revela que ha cesado en sus efectos el acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable el quince de noviembre de dos mil diecisiete, emitió acuerdo de calificación de pruebas y posteriormente el treinta de noviembre siguiente, dicho auto le fue notificado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por último, cabe precisar que en el caso resulta improcedente la ampliación de la demanda contra el proveído de quince de noviembre del año en curso (fojas 24 a 27); en consecuencia, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con la constancia que remitió la Junta en mención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito... [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ". Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación, y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. Así mismo, que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia del rubro: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." (Jurisprudencia 37/2014 (10ª), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, según certificación del licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Como se ve, el auto de quince de noviembre de esta anualidad, no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor el justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino se insiste cuestiones que inciden únicamente en un presupuesto procesal. Tanto así, que existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación procesal desaparezcan, esto es, dicho acuerdo no trae consigo una resolución condenatoria; en este último caso, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos materialmente sustantivos del amparista, pero en todo caso, tal afectación tendría que ser reparada mediante el amparo directo que se promoviera contra la sentencia desfavorable. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO. CONSTE.)

  4. Principal

    MESA II-B "... Vista la demanda de amparo promovida por GUSTAVO IBAÑEZ CRUZ, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1230/2017. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías; tramítese SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por no haberlo solicitado expresamente. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe solicitado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 502 38 71, al cual también, en su caso, puede mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en caso de convenir en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable en caso de que admita la existencia de los actos reclamados para que en el plazo de tres días, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más de un inculpado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se le dirija, en lo sucesivo se le tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en su ocurso de demanda, se advierte que en el presente juicio, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a las empresas denominadas 1) "AGUAS BEEU GUININEU NISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, 2) "AGUA ZERO", 3) "AGUA MAC", así como a 4) Dionicio Gutiérrez Cristóbal, 5) José Casimiro Rodríguez Arce y 6) Cristóbal Eduardo Gutiérrez Vásquez. En consecuencia, se ordena al (a) Actuario (a) adscrito (a) encargado (a) de este expediente, realice lo siguiente: a) Notifique el presente proveído. b) Corra traslado con copia simple de la demanda. c) Emplace a juicio a los terceros interesados citados, por sí, o por conducto de sus apoderados legales, en el domicilio señalado por la parte quejosa en su ocurso de demanda, ubicado en Riveras del Atoyac número seiscientos siete (607), colonia Jardines de la Primavera, San Jacinto Amilpas, Oaxaca. d) Haga de su conocimiento la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional. e) Les requiera para que comparezcan ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicado en Privada de Aldama número 106, código postal 71256, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersonen en el presente asunto; y f) Para que en plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio donde reciba sus notificaciones en esta localidad o municipio conurbado; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo disponen los artículos 27, fracción I, incisos a), b) y c), y 29 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizados en los términos que refiere, a las personas que menciona. En otro aspecto, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece, probanza que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En atención a la solicitud de permitirle el empleo de medios electrónicos; dígase que SE AUTORIZA, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, en la ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de queja 27/2016. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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