GUSTAVO ENRIQUE VELASQUEZ ESCOBAR y Otros.

Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1122/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • GUSTAVO ENRIQUE VELASQUEZ ESCOBAR y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B "... Téngase por recibido el escrito de *******, quien se ostenta como apoderado legal de .... por el que interpone recurso de queja contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés. Por tanto, agréguese a los autos copia de dicho escrito y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el citado proveído, donde se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente y como apoyo del mismo remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y en su caso resolución, así como el original y una copia del escrito de interposición y expresión de agravios y también déjese a su disposición el expediente electrónico de este juicio de amparo. Se instruye a la Oficial Judicial A, Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite el expediente electrónico..."

  2. Principal

    MESA V B "... Vista la demanda de amparo promovida por *******, quien se ostenta como apoderado legal de ... contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1122/2023. En principio con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. La parte quejosa reclama de los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otra autoridad: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento y/o defecto en el mismo, derivado del expediente laboral 735/2020 (3), por la que declaró improcedente dicho incidente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a y b, aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra resoluciones definitivas provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior; así acontecía con el desechamiento o admisión de pruebas legalmente ofrecidas o con su desahogo en forma contraria a la ley. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas". Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Como se adelantó, la parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento y/o defecto en el mismo, derivado del expediente laboral 735/2020 (3), por la que declaró improcedente dicho incidente; asunto que se encuentra en trámite, por lo que, es evidente que su contenido incide sobre aspectos procesales. Bajo esa tesitura, se concluye que el acto reprochado en esta instancia, no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal, ello porque como se advierte se refiere a una determinación dictada dentro del juicio 735/2020, que solo resuelve la cuestión procesal relativa a la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento y/o defecto en el emplazamiento dentro del expediente de origen; de modo tal, que no es relativo a derechos sustantivos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que hagan procedente el juicio de amparo. De ahí que, la Ley de Amparo limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Luego, como el juicio de donde deriva la violación procesal reclamada se encuentra en trámite; lo cual quiere decir que aún existe la posibilidad de que al final del procedimiento se dicte una resolución favorable a la parte quejosa, que haga que la violación procesal planteada resulte intrascendente, se concluye que el acto reclamado no afecta derechos sustantivitos sino únicamente procesales. Ahora, en la hipótesis contraria, en caso de que se dicte resolución en dicho procedimiento y ésta le fuera desfavorable a la parte justiciable, puede reclamarla en el juicio de amparo directo, donde además, podrá hacer valer las violaciones procesales que genere el acto reclamado, del que ahora se duele, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la ley de Amparo. No obstante la prevención formulada, desde este momento se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica; y como autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a ******, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y en términos restringidos a las restantes personas que se nombran. Asimismo, se tiene como forma de contacto de la parte quejosa, los que indica en su escrito de demanda, a través de los cuales, en su caso, se podrá entablar comunicaciones no procesales. Así también, como de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrados los usuarios "Despacho05" y "MoralesDG", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a dichos usuarios para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; por ello, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente. Lo anterior, en la inteligencia de que la información que se obtenga y/o proporcione por dichos medios, se otorgará exclusivamente al promovente, quedando bajo su más estricta responsabilidad la transferencia de la información a terceros, por lo que su resguardo se deberá efectuar observando las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, debiendo observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, pues en caso de incumplimiento será responsable en los términos que la propia ley señala... desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida de manera electrónica, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo... Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."

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