Gustavo Hoil Puc
Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gustavo Hoil Puc
- Magistrado de la Primera Sala Especializada En Materia Civil Y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: [Chetumal, Quintana Roo, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveídos de veinticinco y veintiséis de mayo del presente año, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la Magistrada de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ambos con sede en esta ciudad, por lo que este Juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: A fin de determinar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ****, por derecho propio y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales ****. II. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables Segunda Sala Especializada en Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral y Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial, ambas del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumplieran con la sentencia de amparo. III. Mediante oficios PJ-TSJ-2S-S1-372/2023 y 4737/2023, la Magistrada de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, informaron en qué términos dieron cumplimiento con la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitieron las siguientes documentales en copia certificada: Copia certificada de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés dictada en la carpeta de apelación 69/2021. Disco versátil digital que contiene la audiencia de veinticuatro de mayo del año en curso, emitida en la carpeta de apelación 69/2021. Copia certificada del oficio PJ-TSJ-2S-S1-383/2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Copia certificada del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 112/2017. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. Luego, por acuerdos de veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, computado legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto de los términos en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hayan hecho uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo, a saber: "A) Que la Sala responsable deje insubsistente la resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de apelación 69/2021, de su índice; B) Emita una nueva determinación en la que no solo se tomen en consideración los informes del Centro de Convivencia Familiar, sino que deberá ponderar si se desprende la existencia de un riesgo probable y fundado, bajo un estándar de prueba claro y convincente, para determinar que el derecho a relacionarse entre el progenitor no custodio y la menor de edad no pueden llevarse a cabo en la forma en que se estaba realizando, es decir, expresar con claridad por qué es que resulta constatable que es más beneficiosa la suspensión de la convivencia y no se siga llevando a cabo en la forma supervisada en que se realizaba. C) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la controversia sujeta a su jurisdicción. En el entendido que deberá decretar medidas de asistencia necesarias para continuar con las terapias psicológicas entre el aquí quejoso ****, y la menor, esto a efecto de poder llevar a cabo una convivencia armoniosa y sana entre ambos, para lo cual, incluso, pudiera allegarse de las constancias que estime necesarias. Concesión que se hace extensiva a la Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral y Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial, ambas del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, ya que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Así, del fallo protector se advierte que, en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como el interés superior del menor, pues previo a confirmar la suspensión del régimen de convivencia decretada por la juez responsable, el Tribunal de Alzada debió ponderar las circunstancias en relación con el entorno familiar entre los padres involucrados y la menor de edad, aunado al hecho de que no se encuentra acreditada que la suspensión fuera la medida idónea para salvaguardar el interés superior de la menor involucrada; así como tampoco realizó manifestación alguna relativa a la afectación emocional y al impacto del alejamiento que pudiere generarse en la relación de la menor con su progenitor; circunstancia que en el caso hizo valer la defensa del recurrente aquí quejoso en reiteradas ocasiones. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la ejecutoria de amparo se advierte que por oficio PJ-TSJ-2S-S1-372/202, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés dictada en la carpeta de apelación 69/2021, en la que se hizo constar que por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente el fallo de trece de agosto de dos mil veintiuno y emitió otra determinación en la que decretó el fin de las convivencias familiares a distancia ya que solo fueron implementadas durante la vigencia de la pandemia y ordenó que se lleven a cabo conforme a lo establecido en el resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte, es decir, de manera supervisada, ello tomando en consideración que se llevó a cabo en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, y que conforme a los reportes del Centro de Convivencia Familiar, fueron exitosas, fluidas y se observó a la menor de edad contenta y afectiva con su progenitor. Asimismo, precisó que la menor ya cuenta con una vacuna y se encuentra estudiando en la modalidad de clases presenciales en el Instituto Lamat, por lo que se concluyó que no existe riesgo para la menor al acudir a sus terapias y tampoco existen datos objetivos que establezcan un riesgo fundado y justificado que imposibilite la convivencia supervisada. Además, precisó que el régimen mediante medios electrónicos generaba ansiedad y estrés a la menor; sin embargo, ello no sucedía con el régimen supervisado, lo cual ayudaba a preservar su derecho a ser cuidada y educada por ambos progenitores, así como mantener contacto directo con ellos, tomando las medidas sanitarias respectivas. Tambien, decretó como medidas de asistencia necesaria para que se continúen con las mismas a fin de evitar, prevenir o mitigar las consecuencias del proceso, que se girara oficio a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, para que dentro de tres días proceda a nombrar al personal adecuado y calificado para la asistencia a la menor de edad de iniciales K.S.L.J. a las terapias psicológicas, por lo que en esos términos se modificó el auto impugnado. Y por oficio 4737/2023 el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado en el juicio oral de divorcio incausado 112/2017 en el que se tuvo por recibida la ejecutoria del tribunal de alzada que modificó el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno y se ordenó llevar a cabo las convivencias familiares entre la menor y su progenitor conforme a lo establecido en el resolutivo segundo de la sentencia de tres de marzo de dos mil veinte. En ese contexto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. No es obstáculo para tener por cumplida la sentencia de amparo, el hecho de que la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no hubiese informado en qué términos acató dicha resolución, toda vez que sus actos no fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por lo que se encontraba supeditada a las encomiendas de la Sala responsable, la cual, como se advierte de párrafos anteriores, informó en qué términos dio cumplimiento con el fallo protector. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente.]
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