Gustavo Guarneros Rodríguez

Expediente 579/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
579/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Guarneros Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que la Magistrada Presidente el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictó un proveído en el que comunica que aceptó la competencia planteada, se avocó al conocimiento y radicó el expediente bajo el número 455/2022. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo definitivo del presente expediente, el cual es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años por haberse declarado incompetente este juzgado para conocer la demanda de amparo.

  2. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, toda vez que en el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, por una parte se desechó la demanda de amparo por el acto reclamado consistente en la notificación del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis y de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que derivó la cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós y las demás actuaciones practicadas posterior a ésta, dictadas por la Magistrada Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chetumal, en el expediente número ***del índice del juzgado en cita, por no haberse llevado a cabo de manera personal, y, por otra, se declaró la incompetencia en relación al acto reclamado consistente en: La sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal ****, que modificó la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil dieciséis. En consecuencia y atento a lo ordenado en dicho acuerdo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíese el presente asunto, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para lo que tenga a bien resolver, solicitando el acuse respectivo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el contenido de la resolución de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós que dice: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por *****en su carácter de ofendido por el homicidio de su padre quien en vida llevara el nombre de *****, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez de Primera Instancia de lo Penal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal y otras autoridades; por tanto, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 579/2022. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. . Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. . Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable , que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA . De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto , significa claro, evidente y el indudable , a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. . Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. . ? Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en los siguientes: De los CC. Juez de Primera Instancia de lo Penal, Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Magistrada Titular de la Tercera Sala Especializada en materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chetumal, y el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, les reclamo: EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN DARLE A LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016; EN EL TOCA PENAL ****, FORMADA CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LOS SENTENCIADOS *****Y/O **** ALIAS ***** Y/O ***** Y ******. De los CC. Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones del Juez Penal de Primera Instancia y la Actuaria adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia con residencia en Chetumal, Quintana Roo, les reclamo esencialmente: La ilegal notificación del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, en virtud de que existió una ausencia de notificación en tiempo y forma de dicho acuerdo; el cumplimiento y ejecución que por sus conductos se vienen realizando de todos y cada uno de los actos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado anteriormente citado; así. como el cumplimiento que pretenden darle a la inminente resolución de segunda instancia de fecha 17 de noviembre del año 2016. IV. ACTO RECLAMADO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. A) La falta de emplazamiento legal en TIEMPO y FORMA de la resolución de segunda instancia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis en donde se tienen por modificados los resolutivos TERCERO, SÉPTIMO y NOVENO de la sentencia apelada de fecha veintiuno de abril del año dos mil quince, dictada en contra de ****.y/o, ******alias *** y/o **** y ****, el primer mencionado por los delito de HOMICIDIO Y ROBO CALIFICADO y el segundo por el delito de ENCUBRIMIENTO, en autos del expediente penal número ****, que se siguió en Segunda Instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que promovieron conjuntamente ****y/o **** alias **** y/o **** y ****; sin haber sido yo notificado en su momento, por ninguno de los medios legales que establece la ley, a pesar de ser yo PARTE OFENDIDA dentro de la causa Penal Número **** en II Tomos, por ser hijo de quien en vida llevará el nombre de ****. B) La ilegal diligencia de emplazamiento dl acuerdo de fecha. veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis mediante la cual CAUSO EJECUTORIA la resolución de segunda instancia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis. C). Por vía de consecuencia todas y cada una de las actuaciones que se deriven con motivo de la resolución de segunda instancia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis. D). La ilegal resolución de segunda instancia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, en la cual le redujo la codena a los sentenciados ****y/o ****alias **** y/o **** y ******y se trasgredió la obligación pecuniaria impuesta por el juzgador de PRIMERA INSTANCIA respecto a la reparación del daño material y moral causado a mi persona por el HOMICIDIO de mi padre quien en vida llevará el nombre de ****. E). En general le reclamo todos los actos jurídicos y materiales, así, como los efectos ulteriores al ilegal y desfasado emplazamiento de la resolución de segunda instancia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, que se deriven o pretendan derivar de los actos reclamados. Ahora, de la interpretación integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los siguiente: a) La notificación del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis y de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que derivó la cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós y las demás actuaciones practicadas posterior a ésta, dictadas por la Magistrada Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chetumal, en el expediente número **** del índice del juzgado en cita, por no haberse llevado a cabo de manera personal. b) La sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal ****, que modificó la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil dieciséis. Precisado lo anterior, por lo que hace a los actos identificados con el inciso a) se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En el supuesto legal transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previo a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera nulificar el acto que estima afecta su esfera jurídica. Dicho principio previsto en la Ley de Amparo, deriva del máximo ordenamiento federal, en su artículo 107, fracción III, inciso b), que prevé la procedencia del amparo contra actos dentro o fuera de juicio que sean de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Es conveniente destacar que la parte quejosa en el capítulo de antecedentes manifiesta lo siguiente: 1.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se manifiesta: Como se acredita con la cedula de notificación, emitida por el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, de fecha 29 de junio del año en curso (anexo único), deducida de la causa penal número ****, misma que refiere la RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, formada con motivo del Recurso de Apelación. interpuesto por los Sentenciados ****y/o *****alias **** y/o **** y *****, en contra de la Sentencia Condenatoria de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis dictada en contra de los mismos. Es hasta dicha notificación que, me percato de las modificaciones que sufrieron los resolutivos TERCERO, SÉPTIMO y NOVENO de la Sentencia Apelada de fecha veintiuno de abril de 2015, dictada en contra de ****y/o ****alias **** y/o **** y *****, [.] Sin haber sido emplazado en tiempo legal de la resolución correspondiente para interponer el respectivo recurso, por lo que al momento de la fecha ostento la calidad de OFENDIDO en la causa penal, y en tal virtud es procedente la Vía de Amparo Indirecto, ya que desconozco de los criterios utilizados por el juzgador para la modificación de los resolutivos TERCERO, SÉPTIMO y NOVENO de la Sentencia Apelada de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, dictada en contra de ****de y/o ****alias **** y/o **** y *****, y NO EXISTIÓ NOTIFICACIÓN EN TIEMPO Y FORMA del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis mediante el cual CAUSO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA, desprotegiéndome en TODO MOMENTO de mi derecho como ofendido de actuar activamente dentro del proceso penal para impugnar las resoluciones. [.] 2.- Hago del conocimiento a su Señoría, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el suscrito ***, hace más de 18 años tengo mi domicilio particular ubicado en la ******, en el cual NUNCA FUI EMPLAZADO DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEÍS QUE CAUSÓ EJECUTORIA, por lo que no se agotaron los extremos constitucionales, convencionales ni los estándares mínimos del DEBIDO PROCESO; pare interponer el respectivo recurso en mi carácter como OFENDIDO dentro de la causa penal ****, para estar en posibilidad de contradecir o en su caso deducir posibles derechos y / o acciones que por ley me corresponden, CON LO QUE FUERON VIOLADOS MIS MAS ELEMENTALES DERÉCHOS HUMANOS, situación que hasta la fecha prevalece, ya que hasta la fecha ignoro cuáles sean los criterios utilizados por el juzgador para la modificación de los resolutivos TERCERO, SÉPTIMO y NOVENO de la Sentencia Apelada de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, dictada en contra de *****y/o **** alias **** y/o **** y ****, en la cual le redujo la codena a dichos sentenciados y se trasgredió la obligación pecuniaria impuesta por el juzgador de PRIMERA INSTANCIA respecto a la reparación del daño material' y moral causado a mi persona por el HOMICIDIO de mi padre quien en vida llevará el nombre de GUSTAVO GUARNEROS ESCALONA; para en su caso poder hacer valer alguna acción que en tiempo :me hubiese podido corresponder. 3. En ese orden de ideas, el emplazamiento efectuado al hoy quejoso en, la fecha 29 de junio del año 2022, es irregular y lo mismo lo hace ilegal, toda vez que, el hoy quejoso nunca tuvo conocimiento de que existía DESDE HACE MÁS DE 5 AÑOS, una resolución de segunda instancia en la cual se modificaban los resolutivos TERCERO, CUARTO y SÉPTÍMO DE LA SENTECIA CONDENATORIA de fecha 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015, misma que causó EJECUTORIA. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que dichos actos resultan ser violatorias de mis derechos fundamentales en especial el DEBIDO PROCESO y LEGALIDAD, toda vez, que no se reunieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues en ningún momento fui emplazado legalmente en mi domicilio, por lo que en consecuencia desconocía del acuerdo de fecha 23 de noviembre del año 2016, mediante el cual se remite el testimonio de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado en fecha diecisiete de noviembre del año 2016 formado con Motivo del recurso de apelación interpuesto por los sentenciados ****y/o ****alias **** y/o **** y *****, EN CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015. [.] En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en la notificación del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis y de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que derivó la cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós y las demás actuaciones practicadas posterior a ésta, dictadas por la Magistrada Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chetumal, en el expediente número **** del índice del juzgado en cita, por no haberse llevado a cabo de manera personal, conviene tener en consideración lo dispuesto en el artículo 646 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que establece en la Sección Duodécima en el apartado de notificaciones. Al respecto, los citados artículos 452, 453, 454, 455, 644, 645 y 646 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establecen: Artículo 452.- Los incidentes cuya tramitación no se detalla en este Código se sustanciarán dándose vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten dentro de los tres días siguientes. Artículo 453.- Si el Tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de cinco días, después de los cuales se citará para una audiencia que se efectuará dentro de los tres siguientes. Artículo 454.- Concurran o no las partes a la audiencia citada conforme al artículo anterior, el Tribunal fallará desde luego el incidente. Artículo 455.- El incidente se tramitará en los autos, si debe suspender el procedimiento; en caso contrario se tramitará por cuerda separada. (.) Artículo 644.- Si se probare que no se hizo una notificación decretada, o que se hizo en contravención de lo dispuesto en esta sección, el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta y sin perjuicio de la pena que le corresponda o de la corrección disciplinaria que en su caso se le imponga. Artículo 645.- Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código previene, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación. Artículo 646.- Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este Capítulo serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior. . De la lectura del artículo transcrito, se obtiene que la notificaciones hechas en forma distinta en la sección duodécima de notificaciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pueden ser combatida a través del medio de impugnación denominado nulidad de actuaciones . De ahí que la parte quejosa tenía que agotar el medio de defensa ordinario contra la notificación reclamada, pues la ley prevé su procedencia. Lo anterior es así, ya que la quejosa es parte formal en el juicio del cual emana el acto reclamado, en el cual inclusive -bajo protesta de decir verdad- manifestó que es ofendido en la causa penal ****. En ese tenor, si como se dijo, la quejosa es parte formal del juicio, del cual tuvo conocimiento es indudable que estuvo en aptitud de agotar el incidente de nulidad en contra de las notificaciones de las cuales se duele en amparo. Es aplicable lo anterior por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 259, Novena Época, que indica: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo. Igualmente, sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/30 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Por tanto, todo lo señalado con antelación pone en relieve que contra el acto reclamado en este juicio procede el medio de impugnación de nulidad de actuaciones, mecanismo ordinario de defensa previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pues tal actuación se hizo consistir en notificación de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que derivó la cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós y las demás actuaciones practicadas posterior a ésta, dictadas por el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, dictada en la causa penal **** del índice del juzgado en cita, por no haberse llevado a cabo de manera personal. De ahí que previo al juicio de amparo debió agotarse el principio de definitividad, pues se insiste, por virtud del medio de impugnación previsto en la ley, puede nulificarse las notificaciones reclamadas. Por añadidura, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos a al d , de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza penal y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a), b) y d); en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, la aquí quejosa es parte demandada en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Resulta aplicable la tesis IV.2º.C.3K(10ª.)4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos a al c , de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento . Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución. . Por todo lo anterior, contra las notificaciones reclamadas, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, antes de acudir al juicio de amparo. En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, en cuanto al acto reclamado consistente en la notificación de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que derivó la cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós y las demás actuaciones practicadas posterior a ésta, dictadas por el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, dictada en la causa penal **** del índice del juzgado en cita, por no haberse llevado a cabo de manera personal. Ahora, con relación al diverso acto identificado con el inciso b) consistente en la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal ****, que modificó la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil dieciséis, se considera que respecto a dicho acto reclamado no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: No se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional del orden penal [Magistrada Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado] (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino una resolución dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Mucho menos estamos frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de actos en juicio, pues como se dijo, el acto que se reclama es la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis dictada en la causa penal ****, dictada por la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que modificó la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal ****. De igual forma no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas (fracción VI), ya que el quejoso es parte en el expediente de origen. No se trata de alguna omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza jurisdiccional (fracción VII). Asimismo, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al combatirse la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis dictada en la causa penal ****, dictada por la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que modificó la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal ****, se advierte que estamos en la presencia de una resolución que puso fin al juicio, por lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, una vez que se declare firme la presente determinación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 579/2022 promovido por *****en su carácter de ofendido por el homicidio de su padre quien en vida llevara el nombre de ****, con las trece copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en turno, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, en virtud de que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Con independencia de lo anterior, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,5 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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