Gustavo Hernández Gómez
Expediente 1755/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1755/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gustavo Hernández Gómez
- Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de haberse dictado el presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto de los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las doce horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalada en auto de veintiuno de septiembre del año en curso, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1755/2019, promovido por Gustavo Hernández Gómez, por propio derecho, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el período de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial; así como las que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado y las diversas que se tuvieron por recibidas en autos de veinte de febrero y cuatro de agosto de dos mil veinte, asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la parte quejosa y las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el Representante Social de la Federación formuló pedimento. El Juez acuerda: téngase por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para formular pedimento. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1755/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Gustavo Hernández Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "A la autoridad responsable identificada con el inciso a) se le reclama la inactividad procesal y la falta de emisión del acuerdo correspondiente y falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir su determinación; lo anterior, desde luego en cumplimiento del laudo inmutable dictado por la propia responsable dentro del expediente laboral 312/2007." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 1755/2019; se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que en el presente asunto se reclaman actos de una autoridad con residencia dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 312/2007. La omisión de emitir el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas ante el Tribunal Laboral el treinta y uno de mayo y cinco de junio de dos mil dieciséis, veintisiete de marzo, veintidós de abril, veinte de agosto, veintitrés de octubre y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve en el juicio laboral de origen. Al fijar los actos reclamados no se desatiende que la parte quejosa pretende el análisis directo de la omisión de hacer cumplir el laudo por parte de la demandada; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función de los actos reclamados y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. En ese sentido, para que la autoridad responsable continúe con la siguiente etapa del juicio de origen y pueda ser de análisis mediante el juicio de amparo, es necesario conocer, primero, la respuesta dada por la autoridad laboral sobre la medida solicitada por la parte quejosa para así estar en condiciones de analizar si existe o no la omisión relativa a tal medida. Por tanto, de obtener una hipotética concesión de la protección de la Justicia Federal, ésta solo podría abarcar el acto reclamado como fue señalado. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados, precisados como la falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 312/2007 y la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas ante el Tribunal Laboral el treinta y uno de mayo y cinco de junio de dos mil dieciséis, veintisiete de marzo, veintidós de abril, veinte de agosto y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Al efecto, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado, mismo que fue recibido en auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, negó dicho acto que se le atribuye. Negativa que se corrobora tomando en consideración que los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente: "Artículo 74.- Prescribirán en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados. II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos, con motivo de un riesgo profesional realizado para reclamar la indemnización correspondiente. III. Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución." "Artículo 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que lo obtuvo se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá a lo dispuesto en los artículos anteriores." Del análisis conjunto de dichos preceptos, es factible considerar que, si bien la primera actuación para ejecutar el laudo es oficiosa; también lo es que las subsecuentes requieren de la intervención necesaria del ejecutante, pues en caso de no hacerlo, puede operar la prescripción una vez transcurrido el plazo de dos años, al evidenciar su falta de interés. Así, se estima que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez agotada la primera etapa, a que se refiere el artículo 97 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en la subsecuente, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Luego, partiendo de lo antes expuesto y considerando además que para la ejecución del laudo se requiere indefectiblemente la solicitud expresa del ejecutante, pues el derecho a la ejecución de la condena está sujeto al término prescriptivo que marca la propia Ley 51, en su artículo 74; se concluye que el impulso procesal para lograr la ejecución del laudo atañe de manera exclusiva a la parte que hubiere obtenido laudo favorable. Por lo expuesto, no puede existir el acto que se atribuye a la Presidenta del Tribunal responsable, consistente en la falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 312/2007 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Al respecto, se cita la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con fecha de publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h, Materia Común, registro: 2010025, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." En las narradas circunstancias, al resultar inexistente el acto reclamado por el quejoso, precisado como la falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 312/2007, atribuida a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. En la misma tesitura resulta inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas ante el Tribunal Laboral el treinta y uno de mayo y cinco de junio de dos mil dieciséis, veintisiete de marzo, veintidós de abril, veinte de agosto y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Al efecto, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado negó dicho acto que se le reclama. Para apoyar su negativa remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 312/2007, promovido por Gustavo Hernández Gómez, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, de las constancias procesales remitidas por la Presidenta del Tribunal Laboral, se advierte que el dos de agosto de dos mil dieciséis, doce de septiembre y doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó los acuerdos correspondientes a las promociones presentadas por la parte actora los días treinta y uno de mayo y cinco de junio de dos mil dieciséis, veintisiete de marzo, veintidós de abril, veinte de agosto y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Luego, cabe acotar que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no eventuales o probables. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, correspondiente a la Octava Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, enero de 1994, visible en la página 254, con número de registro IUS 213793, cuyo rubro y texto disponen: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". En las relatadas condiciones, si el dos de agosto de dos mil dieciséis, doce de septiembre y doce de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable acordó lo solicitado mediantes escritos presentados por la parte actora el treinta y uno de mayo y cinco de junio de dos mil dieciséis, veintisiete de marzo, veintidós de abril, veinte de agosto y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Se concluye que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil diecinueve), no existía el acto reclamado de la autoridad responsable; en consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a la promoción presentada ante el Tribunal Laboral el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó el acto que se le atribuye, sin embargo dicha negativa se desvirtúa con las documentales que acompañó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 312/2007, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En dicha tesitura, quien esto resuelve advierte que con respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el presente se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos en mención, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, respecto del acto consistente en la omisión de acordar lo solicitado mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 312/2007, es importante resaltar que de las constancias que obran en el sumario, se advierte que la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo emitido el nueve de enero de dos mil veinte, mismo que es del contenido siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a nueve de enero del dos mil veinte. - - - Por recibido el escrito ante este Tribunal el día cinco de diciembre del dos mil diecinueve, signado por la parte actora, deducido del expediente laboral número 312/2007 promovido por el C. GUSTAVO HERNÁNDEZ GÓMEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Con que la Secretaria da cuenta se acuerda: Agréguese el escrito de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien y por cuanto hace a la solicitud hecha por el apoderado legal del actor mediante su escrito de cuenta, donde solicita se gire oficio al H. Congreso del estado para que inicie el procedimiento administrativo de suspensión del cargo a la C. Leticia Castro Ortíz, Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo dictado en autos del presente juicio, no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado toda vez que en la ley de la materia no está prevista dicha medida de apremio y por cuanto hace a que se ordene a la oficina encargada de la Hacienda Municipal, a la Secretaria General del Ayuntamiento, al tesorero municipal, a cubrir el pago al actor del presente juicio impuesta en el laudo. No a lugar en acordar de conformidad lo solicitado ya que si bien es cierto dichas autoridades de ese Órgano Municipal representan en su conjunto al Ayuntamiento demandado, también lo es que de dichos funcionarios quien tiene la representación JURÍDICA es únicamente el Síndico Procurador, tal y como ha quedado asentado en el número transcrito en líneas anteriores (artículo 77, fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en el Estado), por ende deberá ser a ESTE a quien deberá imponerse la multa en caso de ser omiso al requerimiento que esta autoridad laboral hace, esto en concordancia con lo sustentado en el criterio jurisprudencial, cuya denominación ya ha quedado asentado en el cuerpo del presente proveído." Por esa razón, como de dicho acto procesal la parte quejosa tuvo conocimiento hasta el treinta de enero de dos mil veinte, en que se le dio vista con las constancias que adjuntó a su informe justificado la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que fue el (once de diciembre de dos mil diecinueve), es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dicho acto; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional dejó de causar perjuicio en la esfera jurídica del solicitante de amparo, en el momento en que la responsable emitió el acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, mediante el cual se pronunció respecto de lo solicitado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2º.A. 17 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2296, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO." Consecuentemente, como ya se dijo, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, pues ya no existiría garantía individual que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, atribuida a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Al caso, aplica la jurisprudencia 2a./J. 59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." No es óbice para este juzgador, que la autoridad responsable al proveer sobre el escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, no haya acordado de conformidad lo solicitado por la parte actora en cuanto a que se girara oficio al Congreso del Estado para que iniciara el procedimiento administrativo de suspensión del cargo a Leticia Castro Ortíz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo dictado en autos del presente juicio, así como tampoco acordó favorable su solicitud de ordenar a la oficina encargada de la Hacienda Municipal, a la Secretaria General del Ayuntamiento, al Tesorero municipal, a cubrir el pago al actor del presente juicio impuesta en el laudo; sin embargo, como se dijo, en auto de veintinueve de enero de dos mil veinte), se dio vista a la parte quejosa con la constancia que adjuntó a su informe justificado la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, sin que dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, haya formulado ampliación de demanda, ello toda vez que dicho término transcurrió del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil veinte, sin contar los días tres y cinco de febrero por ser declarados inhábiles, así como el ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero de dos mil veinte, por ser sábados y domingos. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, en la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de datos y contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016543 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.5o.P.19 K (10a.) Página: 1899 AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. REGLA PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN CUANDO EL CONOCIMIENTO DEL NUEVO ACTO RECLAMADO MATERIA DE AQUÉLLA SURGE CON LA VISTA DEL INFORME JUSTIFICADO. Para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo, los plazos deben computarse con base en los lineamientos del artículo 18 de la ley de la materia, esto es, a partir del día siguiente: a) A aquel en que conforme a la ley del acto surta efectos la notificación del acto o resolución reclamada; b) En que haya tenido conocimiento; y, c) Cuando se ostente sabedor de éste o de su ejecución. Ahora bien, tratándose de la ampliación de la demanda, cuando el conocimiento del nuevo acto reclamado deriva de la vista del informe justificado, el cómputo debe hacerse no conforme a la ley del acto, sino acorde con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, porque ese conocimiento surgió durante la tramitación del juicio; así, el término de quince días para presentarla, debe computarse a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto con el que se ordenó la vista de los informes correspondientes, y se incluirá en ellos, el del vencimiento, conforme al artículo 22 de la ley de la materia." SEXTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario de manera inmediata y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Gustavo Hernández Gómez, contra los actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones y fundamentos contenidos en los diversos considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexo firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por el cual remite copias certificadas de las constancias que integran el acto reclamado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, fue omisa en remitir copias fotostáticas certificadas de los escritos de treinta y uno de mayo, cinco de junio y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y en su caso las actuaciones que recayeron a los mismos, en autos del juicio laboral 312/2007, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte del proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por hecha la notificación de seis de marzo del año en curso, en el que se solicitaron las constancias de deferencia . Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copias fotostáticas certificadas de las constancias de referencia; lo anterior, toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de resolver el juicio de amparo en que se actúa. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso indicado, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), tal determinación se apoya en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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