Gustavo Hernández Gómez
Expediente 1241/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gustavo Hernández Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Javier Solorio Almazán, en su carácter de Primer Síndico Procurador Administrador, Financiero, Contable y Patrimonial en representación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, personalidad que se le tiene por reconocida, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la documental que anexa. Por consiguiente, en atención al contenido del escrito de cuenta, téngase a la parte tercera interesada apersonándose al presente juicio; sin que haya lugar a proveer sobre los alegatos que expresa, toda vez que mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto; sin perjuicio de que las mismas dada su calidad parte tercera interesada, se harán conforme a las reglas establecidas en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. De igual forma, se tiene como autorizando de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César de los Santos Mendoza, Claudia Mariana García Méndez, Edward Roberto Hernández Salinas, Jesús Alberto Jouhayerk Rodríguez, Dora Miranda Valdez, Maximino Uriostegui Blas, Haydee Tilapa Vargas, José Nicanor Leyva, Salvador Pichardo Torres, Angélica Viridiana Ramírez Hernández, Temis Meléndez Salmerón y Martín Meléndez Linares, quienes de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos Irma Calderón Sotelo, Alfredo Solís Montes, Mario Sánchez Gandarilla, José Manuel Molina Gatica, Melissa Solís Calderón, Abril Navarro García, Juan Carlos Espinoza Pineda e Irvin Mauricio Lemus Arredondo, por no estar registrados en el aludido sistema. Finalmente, devuélvase presente juicio de amparo al archivo de este órgano jurisdiccional, en virtud que mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 43), se ordenó el archivo del presente asunto.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 33 a 36), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se sobreseyó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 26), remite copia certifica del auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 312/2007. Luego, visto el estado de autos que guardan el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 26), la autoridad responsable Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado y para tal efecto remitió las constancias relativas al citado juicio laboral. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable con su informe justificado, así como de las remitidas con el oficio de cuenta, se advierte que remite el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 312/2007, a través del cual acordó diversos escritos entre los que destacan tres de fecha veintisiete de marzo; veintidós de abril, recepcionado ante dicho tribunal el veinticinco del citado mes; y dos de veintiuno de agosto; todos de dos mil diecinueve, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, la autoridad responsable anexó a su oficio 6434/2019 y 6450/2019 copia certificada del auto de fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, del cual se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Gustavo Hernández Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en ".IV.- ACTO RECLAMADO: A las autoridades responsables identificadas con el inciso a) y b) se les reclama la inactividad procesal y la falta de emisión del acuerdo correspondiente y falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir su determinación; lo anterior, desde luego en cumplimiento del laudo inmutable distado por la propia responsable dentro del expediente laboral 312/2007." Sin embargo, del análisis integral de la demanda, se advierte que en esencia reclaman la omisión de acordar los escritos de veintisiete de marzo, veintidós de abril (presentados el veinticinco del referido mes) y veinte de agosto; todos de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 312/2007. Lo anterior, en cumplimiento al criterio plasmado en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable mediante auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, acordó las peticiones formuladas en los escritos de data veintisiete de marzo; veintidós de abril, recibido ante el tribunal obrero el veinticinco del citado mes; y dos de veintiuno de agosto; todos de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 312/2007, a través de los cuales la parte actora solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio fijada al ayuntamiento demandado; acordándole favorable lo peticionado. Esto es así, dado que en el mencionado auto, en atención a las promociones que le presentó la parte actora aquí quejosa determinó que era improcedente hacer efectivo el apercibimiento inserto en auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, debido al cambio de administraciones municipales, por lo que para continuar con la ejecución del laudo distado en el juicio laboral de origen el tribunal responsable requirió a Ilich Augusto Lozano Herrera, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que en el término de quince días, exhiba la cantidad de $1,494,554.80 (un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), a favor del quejoso, apercibiéndolo con una multa equivalente a doscientos cincuenta días de salario mínimo que asciende a la cantidad de $21,122.05 (veintiún mil ciento veintidós pesos 05/100 moneda nacional), en autos del juicio laboral 312/2007. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al ya haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa, es decir, acordó el escrito de fecha veintisiete de marzo; veintidós de abril, presentado ante dicho tribunal el veinticinco del citado mes; y dos de veintiuno de agosto; todos de dos mil diecinueve, en autos del mencionado juicio laboral; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 13 vuelta). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad oficiante, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que no remite la totalidad de las constancias de donde deriva el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, esto es a Bernardo Ortega León, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que reciba el oficio de notificación de este acuerdo, remita copias certificadas de las determinaciones que recayeron a los escritos de fecha veintisiete de marzo y veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 312/2007. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 260, fracción IV y 238, de la Ley de Amparo.
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