Gustavo García Fraga

Expediente 416/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
416/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Gustavo García Fraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguense los cuadernos del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguense los cuadernos del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quince de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables bajo los nombres de: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN" Y "POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ADSCRITA A ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN" ambas con sede en esta ciudad, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se deja de tener a dichas autoridades como responsables dada su inexistencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.111/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Ahora bien, como de autos se advierte que mediante escrito presentado el siete de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, GUSTAVO GARCÍA FRAGA, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, consistente en una orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución; admitiéndose a trámite por auto de nueve de mayo del año en curso. De las constancias de autos se advierte que las autoridades responsables designadas por el quejoso, fueron las siguientes, como se indica en el siguiente cuadro ilustrativo: No. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE ESTA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA CON DOMICILIO EN EL NÚMERO 5000, DE LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁ. 2. POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ADSCRITA A ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CON DOMICILIO EN EL NÚMERO 5000, DE LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁ. Así, una vez admitida dicha demanda, se solicitó a las autoridades de que se trata su informe justificado, para lo cual se giraron los oficios números 6666 y 6667; con fecha catorce de mayo del año en curso, la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, hizo constar la imposibilidad que tuvo para entregar dichos comunicados, dado que al constituirse en dichas oficinas fue informada por el encargado de la Dirección de Carpetas quien no consideró necesario proporcionar su nombre, que las autoridades en comento no existen, por ese motivo no le era posible recibir los oficios. En atención a lo anterior, mediante proveído de quince de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa mediante notificación personal, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos dicha notificación, precisara la denominación correcta de las citadas autoridades, para estar en condiciones de llamarlas a juicio, apercibida que de no hacerlo en ese lapso, se tendrían como autoridades inexistentes; sin embargo, como se advierte de líneas precedentes, con esta misma fecha se tuvo como inexistentes a dichas autoridades, con motivo de que el peticionario de garantías no precisó su denominación. De lo anterior, se pone de manifiesto que los actos reclamados en el presente asunto, atribuidos a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Procuraduría General de justicia del Estado de Michoacán y Policía Ministerial del Estado de Michoacán adscrita a esa Representación Social de Carpetas de Investigación ambas con sede en esta ciudad, SON INEXISTENTES; lo anterior, a su vez, debido a la inexistencia de dichas responsables, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 5O. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". Entonces, si en la especie no existen las autoridades responsables como fueron señaladas por el quejoso en su demanda de amparo, mucho menos pueden existir los actos a ellas atribuidos, además de que el impetrante del amparo tampoco señaló alguna autoridad diversa a las indicadas en su demanda que hubiesen emitido dichos actos tildados de inconstitucionales, y siendo esto así, como ya se dijo, ante la inexistencia de las autoridades responsables, así como de los actos a ellas atribuidos, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa VI.2o. J/205, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Y la jurisprudencia número 650 visible en la página 436 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE SOBRESEERSE EN EL AMPARO CUANDO NO SE SEÑALA COMO TAL A LA QUE EMITIO EL ACTO RECLAMADO. De los artículos 11 y 14 y 9o., 12 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, reformados los dos primeramente mencionados por Decreto de 16 de junio de 1975 y los tres restantes por Decreto de 18 de febrero de 1980, se viene en conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia funciona en Pleno para los asuntos de carácter administrativo y los de naturaleza judicial que determinan la Constitución del Estado de Tabasco y la propia Ley Orgánica y que en los demás asuntos judiciales dicho Tribunal funcionará en Salas, una civil y otra penal, desde la reforma primeramente mencionada, y una civil y dos penales a partir de la segunda reforma señalada. En tal orden de ideas, es manifiesta la diferencia en cuanto a autoridad responsable para los efectos de su señalamiento en el juicio de amparo entre el Tribunal Superior de Justicia y sus Salas, tomando en cuenta que según los preceptos antes mencionados aquel cuerpo está constituido por más miembros que cada una de éstas y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, disposición que es determinante para llegar a la conclusión diferencial antes aludida. Ahora bien, si la parte quejosa endereza su acción constitucional de amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia y de las constancias de autos aparece que la resolución que reclama emana de una de sus Salas, se impone reconocer que el acto reclamado no es atribuible a dicho Tribunal Superior de Justicia y por lo mismo que no existe en la forma planteada por el peticionario de amparo; lo que determina el sobreseimiento del juicio en los términos previstos por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, que obliga el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado". Así como también en lo que aquí interesa, la tesis publicada en la página 549, del Tomo II, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se advierte que no existe el acto reclamado en la forma planteada, ya que el inconforme pretende atribuir la emisión del laudo impugnado al actuario adscrito a la responsable, siendo que no emana de éste sino de un cuerpo colegiado, consecuentemente se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, y es procedente por tanto decretar el sobreseimiento en el juicio". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS DEL VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quince de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables bajo los nombres de: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ADSCRITA A ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN AMBAS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se deja de tener a dichas autoridades como responsables dada su inexistencia. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la audiencia incidental señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, pues en el caso no existe materia sobre la cual decretarla. NOTIFÍQUESE.

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