Gustavo Esquivel Guzmán

Expediente 1077/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1077/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Esquivel Guzmán
  • Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán
  • Jaime González González
  • Edgar Castillo Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia-, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por **** autorizado en amplios términos de la promovente del presente juicio de amparo, mediante el cual manifiesta que por un error se presentó la demanda de amparo a nombre de **** y se dijo que estaba privado de su libertad; por tanto, téngasele cumpliendo el requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de diciembre del año en curso y déjese sin efectos el apercibimiento de multa decretado en el mismo. Atento a lo antes manifestado por el autorizado de la parte promovente, téngase por no presentada la demanda promovida a nombre de ****para todos los efectos legales a que haya lugar****Por otra parte, tomando en consideración la certificación que antecede, de la cual se desprende que en este órgano jurisdiccional se encuentra en trámite el diverso juicio de amparo número **** promovido por ***con copia certificada del escrito de cuenta, acuérdese lo conducente en el citado juicio. Ahora bien, como de las constancias remitidas por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, se advierte que el seis de octubre del año en curso, el Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Operación Estratégica de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, ordenó dejar en libertad a Gustavo Esquivel Guzmán, Julio César Hurtado Gallardo y Edgar Castillo Aguirre, en razón de habérseles decretado la libertad durante la investigación dentro de la Carpeta de Investigación número único de caso 1003201938020, ya que no se solicitó prisión preventiva como medida cautelar, al instruirse en su contra la supuesta participación en el hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo cometido en agravio de la sociedad, lo que se corrobora del documento visible en la foja 80 de autos, que enseguida se transcribe: "Salimos en libertad del área de resguardo en buen estado físico y sin lesiones siendo las 14:40 horas del día 6 de octubre 2019 (nombres y firmas) Gustavo Esquivel Guzmán, Julio César Hurtado Gallardo, Edgar Castillo Aguirre y Jorge Daniel Baltazar Amaya". Por otra parte, de los presentes autos se advierte que mediante auto de cinco de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Blanca Godínez Escobar, a favor de Gustavo Esquivel Guzmán, Jaime González González, Edgar Castillo Aguirre y Julio César Hurtado contra actos del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la privación ilegal de la libertad y mantenerlos incomunicados, posibles actos de tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal. De ahí que en la especie, se actualice la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior se corrobora además con el informe rendido por el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en el que informó que los quejosos ingresaron al área de resguardo de la Guardia de Agentes, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a las catorce horas con treinta minutos, por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y lo que resulte en detrimento de la sociedad, e integrándose una carpeta de investigación con número único de caso 1003201938020, mismos que fueron puestos en libertad el seis de octubre del presente año a las catorce horas con cuarenta minutos, lo que acreditó con las copias certificadas que adjuntó a su oficio número FGE/DGJDH/D.A./3418/2019, constancias que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, los quejosos señalaron como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, también lo es que el seis de octubre del año en curso, se ordenó la libertad a favor de **** por habérseles decretado su libertad durante la investigación, según se advierte de las constancias antes mencionadas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Y con relación a los actos de tortura, incomunicación y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, del acta de ratificación practicada por el actuario de la adscripción, se desprende que al dar fe del estado físico de los directos quejosos, precisó que no advirtió lesión externa a simple vista, además que los propios peticionarios indicaron que no habían sido golpeados, ni torturados. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la situación jurídica actual de Jaime González González, así como el lugar en que se encuentra, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera. Ahora bien, y como de autos se advierte que en varias ocasiones se ha requerido a la promovente del presente juicio de amparo sin que haya cumplido, requiérase a Jonathan Antonio Ayala Rodríguez y/o Janeth Manríquez Cervantes, autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten la situación jurídica actual en que se encuentra el agraviado Jaime González González y el lugar en que se encuentra, o bien, el impedimento legal o material que tengan para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso concedido, con fundamento en los numerales 237, fracción I y 259 de la referida Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticuatro de diciembre dos mil diecinueve, el cual en lo cond. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la situación jurídica actual de Jaime González González, así como el lugar en que se encuentra, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera. Ahora bien, y como de autos se advierte que en varias ocasiones se ha requerido a la promovente del presente juicio de amparo sin que haya cumplido, requiérase a Jonathan Antonio Ayala Rodríguez y/o Janeth Manríquez Cervantes, autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten la situación jurídica actual en que se encuentra el agraviado Jaime González González y el lugar en que se encuentra, o bien, el impedimento legal o material que tengan para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso concedido, con fundamento en los numerales 237, fracción I y 259 de la referida Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente. Notifíquese.ucente señala:

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgados a la promovente, en auto de cinco de diciembre del año en curso, para que manifieste la situación jurídica actual de Jaime González González, así como el lugar en donde se encuentra. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para su verificativo. Notifíquese.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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