Gustavo Carrillo Carrillo
Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Gustavo Carrillo Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por sí y en representación del Fiscal General y el Comandante de Zona Tijuana, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Incidental
Agréguense a los autos para que obren como corresponda los informes previos de cuenta, que remiten el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por sí y en representación del Fiscal General y el Comandante de Zona Tijuana, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Del estado de autos se advierte que por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró la inexistencia de las autoridades responsables "Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California, Juez de Control Jorge Osbaldo Flores Ruiz, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California y Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, todas con residencia en esta ciudad". De igual manera, de las constancias certificadas que se dejan, específicamente del proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se advierten las consideraciones hechas en relación a la inexistencia respecto del Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el sentido de que, si bien el impetrante de amparo señaló como autoridades responsables a diversos Jueces de Control del Partido Judicial de Tijuana, precisando el nombre personal de dichos funcionarios judiciales; sin embargo, el funcionario de la oficialía de partes de los Juzgados de Control, manifestó al actuario de la adscripción que el Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja ya no labora en dicho órgano judicial, lo cierto es que el acto reclamado es directamente a quien ejerce la función jurisdiccional actualmente, lo anterior es así, dado que las atribuciones legales con que actuó el funcionario de que se trata son derivadas de la institución que representa y no por mutuo propio, pues de hacerlo así las determinaciones que realizó no serían un acto de autoridad. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, dejando sin efectos la declaración de inexistencia, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. En obvio de mayores dilaciones procesales se considera que no es necesario requerir nuevamente a las autoridades responsables Jueces de Control, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California (en sustitución de los licenciados Gerardo Anguiano Ceja y Jorge Osbaldo Flores Ruiz) su informe justificado, por virtud que en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió el informe que suscribe la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el que rindió de manera conjunta en representación de todos los titulares de los Juzgados de Control. Por otra parte, de las constancias certificadas que se agregan al presente expediente, se advierte que obran los acuses de recibo de los oficios 2163/2019 y 2962/2019, dirigidos a la autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; por tanto, a efecto de no vulnerar los derechos de la parte quejosa, pídase informe justificado a la autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si es o no cierto el acto reclamado y, al efecto, se remite copia simple del escrito inicial de demanda. Asimismo, conforme al artículo 117, de la Ley de Amparo, deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional, con el apercibimiento que de no cumplir, o rindan su informe fuera del término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese orden, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada en autos y se fijan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Del estado de autos se advierte que por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de las autoridades responsables "Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California, Juez de Control Jorge Osbaldo Flores Ruiz, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California y Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, todas con residencia en esta ciudad". De igual manera, de las constancias que obraban agregadas al expediente principal, las cuales se glosan al presente incidente, específicamente del proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se advierten las consideraciones hechas en relación a la inexistencia respecto del Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el sentido de que, si bien el impetrante de amparo señaló como autoridades responsables a diversos Jueces de Control del Partido Judicial de Tijuana, precisando el nombre personal de dichos funcionarios judiciales; sin embargo, el funcionario de la oficialía de partes de los Juzgados de Control, manifestó al actuario de la adscripción que el Juez de Control Gerardo Anguiano Ceja ya no labora en dicho órgano judicial, lo cierto es que el acto reclamado es directamente a quien ejerce la función jurisdiccional actualmente, lo anterior es así, dado que las atribuciones legales con que actuó el funcionario de que se trata son derivadas de la institución que representa y no por mutuo propio, pues de hacerlo así las determinaciones que realizó no serían un acto de autoridad. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, dejando sin efectos la vista y apercibimiento hechos al quejoso, mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. En obvio de mayores dilaciones procesales se considera que no es necesario requerir nuevamente a las autoridades responsables Jueces de Control, del Centro de Justicia Penal Oral en Tijuana, del Poder Judicial del Estado de Baja California (en sustitución de los licenciados Gerardo Anguiano Ceja y Jorge Osbaldo Flores Ruiz), por virtud que en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió el informe que suscribe la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, por el que rindió de manera conjunta en representación de todos los titulares de los Juzgados de Control. Por otra parte, de las constancias que integran el presente expediente se advierte que obran los acuses de recibo de los oficios 2163/2019 y 2962/2019, dirigidos a la autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; por tanto, a efecto de no vulnerar los derechos de la parte quejosa, pídase informe previo a la autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la que en términos de los preceptos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciban el oficio de notificación; para tal efecto, se le envía copia simple de la demanda y de los oficios en que obra acuse de recibo por parte de la misma. En el entendido que la autoridad responsable expresara si son o no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar la información que tenga a su alcance relativa a los actos reclamados, en el caso, los datos que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndole saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de ciertos los actos reclamados de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y en su caso con apoyo en lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. En ese orden, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Finalmente, del estado que guarda el presente incidente de suspensión, se advierte que no obran los informes previos requeridos a las autoridades responsables Fiscal General en el Estado de Baja California, Fiscal Central en el Estado de Baja California, Comisionado de Seguridad en el Estado de Baja California, Director del Área Operativo de la Fiscalía General en el Estado de Baja California, todas con residencia en Mexicali, ni el acuse de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó dichos informes; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables en mención, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informen la fecha en que recibieron los oficios 1675/2019, 1676/2019, 1677/2019 y 1678/2019, de quince de noviembre de dos mil diecinueve y remitan copia certificada del acuse de recibo correspondiente, o bien manifiesten la imposibilidad que tengan para ello; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la información requerida podrá ser enviada vía fax al número telefónico (664) 684-1038 o bien, vía electrónica a la dirección de correo oficial 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx. A efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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