Gustavo Avila Guerrero

Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
83/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Avila Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amaro, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos de dicho Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y por otra parte mediante resolución incidental se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la constancia de ratificación de escrito que antecede, de la que se advierte en lo que interesa que, en relación con el requerimiento realizado en acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, el quejoso Gustavo Ávila Guerrero, ratificó el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional en veintiséis de marzo del año en curso; por tanto, se le tiene por desistido del presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, como lo dispone la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de que en proveído de veinticinco de marzo del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, por tanto, una vez que quede firme dicha determinación, se proveerá en relación con el destino final del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento de garantías, sin la necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito el escrito firmado por Gustavo Ávila Guerrero, por el cual manifiesta que por convenir a sus intereses se desiste del presente juicio de amparo; en consecuencia procede requerir la ratificación del escrito de cuenta ante la presencia judicial. Por tanto, previo a proveer lo que a derecho corresponda, requiérase para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, ratifique su voluntad, ya sea ante el Actuario adscrito en el momento de su notificación, o bien compareciendo ante este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 119/2006, con de registro 174481, ubicada en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: En ese contexto, se señalan las once horas del nueve de abril de dos mil veintiuno, a fin de que ratifique su voluntad; haciéndole saber que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y fecha señalada. Por lo tanto, acorde con lo establecido en el artículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifiquen personalmente el presente proveído a la parte quejosa, y al momento de realizar la notificación correspondiente, haga entrega del código QR generado para su comparecencia. Para lo cual, de conformidad con el Acuerdo 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19, reformado por el similar 18/2020, del propio Consejo, en relación al periodo de vigencia, se deberá llevar a cabo con todas las medidas de salud, seguridad y sana distancia. Sin que obste a lo anterior que en proveído de veinticinco de marzo del año en curso, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decretara el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, lo anterior ya que dicha determinación aún no ha causado ejecutoria. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    En virtud de que la parte quejosa Gustavo Ávila Guerrero. no compareció a notificarse personalmente del auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento asentado en el aviso fijado en veintiséis de marzo pasado, por lo que se le notifica éste mediante lista que se fija en los estrados del edificio del Poder Judicial de la Federación y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Gustavo Ávila Guerrero, señaló como acto reclamado la omisión del Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, (en su denominación correcta) de emitir acuerdo a la promoción de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, relativa a la cancelación de antecedentes penales respecto a la causa penal 779/2008, instruida en su contra, en el extinto Juzgado Octavo Penal (ahora Primero Penal), del Partido Judicial de Baja California. Asimismo, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo pasado, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informó, entre otros temas, que el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictó un auto en el que se determinó procedente la cancelación de los antecedentes penales derivados de la causa penal 779/2008, instruida en contra del quejoso Gustavo Ávila Guerrero en el extinto Juzgado Octavo Penal (ahora Primero Penal), del Partido Judicial de Baja California, y en sustento a ello, adjuntó copia certificada de dicho proveído, así como de diversas actuaciones que integran el cuaderno de ejecución 1578/2020 de su estadística, asimismo y, a solicitud de este órgano jurisdiccional, allegó la constancia de notificación del referido acuerdo. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que, como se precisó, la omisión reclamada al Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, (en su denominación correcta) de emitir acuerdo a la promoción de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, relativa a la cancelación de antecedentes penales respecto a la causa penal 779/2008, instruida en el extinto Juzgado Octavo Penal (ahora Primero Penal), ha quedado sin efectos, ya que del contenido de las constancias que obran en presente sumario constitucional, se obtiene que la autoridad responsable el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictó un auto en el que determinó lo conducente respecto dicha petición; lo que además aconteció, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (ocho de marzo de dos mil veintiuno). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con veinte minutos del seis de abril de dos mil veintiuno); comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

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