Gustavo Carreón Silveyra
Expediente 842/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Gustavo Carreón Silveyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se notifica al quejoso. Visto el estado procesal que guaran los presentes autos, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones previstas en los artículos 13 al 18 bis, y 52, fracción IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó, según se desprende del recibo de pago con número de transacción 2018-567804, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por los conceptos de registro de contrato de reconocimiento de adeudo. 3. Devuelva al peticionario la cantidad total que erogó por el Impuesto para el Fomento de la Educación al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenido en el recibo de pago con número de transacción 2018-567804, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Durango, no prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato. Lo anterior es así, pues no es aplicable en la especie dicha jurisprudencia si se considera que la fracción IV del artículo 52 de la ley de Hacienda para el Estado de Durango, no contempla una cantidad mínima "general", aplicable a todos los supuestos por los que se deben liquidar derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y de créditos; de tal manera que no existe una tasa común en la que incidan todos los solicitantes de dichos servicio. Lo que no permite que el quejoso liquide los correspondientes derechos por una cantidad mínima, pues como se dijo, ésta no se establece en el aludido dispositivo impugnado. Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se haya sobreseído respecto de los actos reclamados a la autoridad denominada Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento, aun cuando ésta no estuvieran señalada como responsable en el presente juicio de amparo; (.)". Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable Recaudador de Rentas, con sede en Gómez Palacio, Durango, se advierte que realizó la transferencia electrónica bancaria a nombre del quejoso Gustavo Carreón Silveyra, por el total de la cantidad de $8,680.00 (ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), (fojas 203 a 207) y desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los artículos 13 al 18 bis y 52 fracción IV de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango (fojas 203 a 207). Lo anterior, sin que haya inconformidad con el cumplimiento decretado por la precitada autoridad responsable, pese a que se le dio vista del mismo a la parte quejosa. Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por el solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso Gustavo Carreón Silveyra; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la adscripción.
- Principal
se notifica por lista al quejoso:Agréguense a los autos para debida constancia los oficios remitidos por el Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con los oficios de cuenta, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y a los oficios de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
Agréguese a sus antecedentes, el escrito del quejoso... mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de octubre del año en curso, manifiesta a este órgano jurisdiccional, que ya allegó la información requerida por la autoridad responsable, a fin de que la misma le haga la transferencia electrónica por concepto de devolución de la cantidad que enteró por concepto de registro de contrato de reconocimiento de adeudo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes, el oficio de cuenta, signado por el Recaudador de Rentas, con sede en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y en virtud de lo informado por la autoridad en comento, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable Recaudador de Rentas, con residencia en Gómez Palacio, Durango, un plazo prudente de diez días hábiles contados a partir del siguiente que sea notificada del presente proveído, a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Bajo el apercibimiento de que de ser omisa sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 258 en relación con el 192 y 193 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
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