Gustavo Arroyo Bermudes
Expediente 1970/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 28 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1970/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Gustavo Arroyo Bermudes
- Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. Se tiene por recibido el oficio del Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual solicita acceso al expediente electrónico. Se vincula expediente. En atención a su contenido, se le hace del conocimiento al órgano jurisdiccional oficiante, que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el cual se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas, así como la protección de justiciables y miembros integrantes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal y en aras de salvaguardar su integridad y el derecho a la salud que le asiste, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General Conjunto del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se habilita la consulta del presente expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, se instruye al oficial encargo del SISE para que vincule el presente expediente por medio de la citada plataforma a fin de que el órgano jurisdiccional oficiante pueda consultar del expediente electrónico y tenga acceso a las constancias que requiere a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de julio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada respecto de la demanda de amparo promovida por Gustavo Arroyo Bermúdez, por lo que se avocó a su conocimiento con el número de expediente 693/2023; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se vincula expediente. En atención a lo solicitado por la superioridad, hágase de su conocimiento que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el cual se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas, así como la protección de justiciables y miembros integrantes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal y en aras de salvaguardar su integridad y el derecho a la salud que le asiste, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General Conjunto del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se habilita la consulta del presente expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, se instruye al oficial encargo del SISE para que vincule el expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el similar correspondiente al de la superioridad, por medio de la citada plataforma a fin que la superioridad oficiante pueda consultar del expediente electrónico y tenga acceso a las constancias que requiere a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos seis meses de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, treinta de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, mediante el cual solicita las constancias que integran este expediente a fin de aceptar o no la competencia planteada. Acuerdo. Remítasele el original del expediente en que se actúa vía mensajería acelerada, sin perjuicio de hacerle del conocimiento vía interconexión de este acuerdo, entre tanto se ordena aperturar el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencial por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo y por ende la imposibilidad jurídica para celebrar audiencia constitucional. Acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUELA- ORDENADORA- 2. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO DE ORDENARLE A LA EJECUTORA LA NEGATIVA AL PRONUNCIAMIENTO DE LAS DOCUMENTALES SOLICITADAS POR MI DEFENSORA PETRA EMILIA MACIAS DELGADO DENTRO DEL PROCESO PENAL ********************. EN EL ESCRITO DONDE SE LE SOLICITAN A LA EJECUTORA DOCUMENTALES PÚBLICA DESDE EL MES DE JULIO DE 2021 Y ASTA (SIC) EL DÍA DE HOY NO SE A (SIC) PROMOVIDO LA EJECUTORA DICHA SOLICITUD SE REALIZÓ A TRAVEZ DEL C. JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA" En ese sentido, vista la demanda de amparo y las constancias que integran este expediente, se estima que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo por razón de territorio. En efecto, en primer lugar es preciso dejar establecido que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de la Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Se desprenden las hipótesis de competencia siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) el lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Ahora, del informe justificado se lee lo siguiente: ".en atención a su oficio 6962/2023, de fecha 23 de febrero de 2023, recibido el día 06 de marzo del año en curso, relativo al juicio de amparo número 1970/2022, promovido por GUSTAVO ARROYO BERMUDES, remito a usted la constancias, signadas por el Doctor Fernando Fierro Aldana, Titular de la Agencia Estatal de Investigación, en las que se localizó que mediante oficio 4020/2021 de fecha veinticuatro de noviembre de 2021, 50/2022 de fecha 10 de enero de 2022, 167/2022 de fecha treinta y uno de enero de 2022, 556/2022 de fecha 22 de febrero de 2022 y 943/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, todos signados por el abogado Carlos Alberto Osogobio Barón, Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, oficios en los cuales solicitó información referente a los equipos de radios matra del personal que participó en la detención del C. ******************** el día 15 de julio de 2011, los cuales fueron contestados mediante oficios números FGEP/AEI/02423/2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, FGEP/AEI/0345/2022 de fecha 14 de enero de 2022, FGEP/AEl/00843/2022 de "fecha 10 de febrero de 2022, FGFP/AFI/001208/2022 de fecha 28 de febrero de 2022 y EGEP/AEl/001912/2022 de fecha seis de abril de 2022, por el Titular de la Agencia Estatal de Investigación." En ese orden de ideas, de la demanda de amparo y del informe justificado, claramente se desprende que el quejoso se duele de las negativas dadas por el Titular de la Fiscalía del Estado de Puebla, con relación a los requerimientos formulados por el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en la causa penal ********************, esto es, actos dentro del proceso penal. Ahora bien, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, requieren de ejecución material, pues sus efectos se traducen en que se le dé seguimiento a la causa penal de referencia, así como que el quejoso pueda ejercer su derecho de defensa, por lo que es claro que sus efectos se traducen al procedimiento y se materializan en el lugar donde éste se tramita. Así, a fin de establecer con precisión el principio de ejecución que se atribuye a los actos reclamados, conviene precisar, a manera de orientación, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los efectos de un auto de formal prisión tienen ejecución material, de ahí que algunos implican: 1) Dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva. 2) Dejar al ahora procesado a disposición del juez de primera instancia. Luego, tales efectos necesariamente se trasladan de manera directa al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, ello aun cuando el quejoso se encuentre recluido en otra jurisdicción, por lo que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido en contra de un acto que incide en el procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Consideraciones sustentadas en la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 160608, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." De modo tal que, los actos reclamados por el quejoso, al contar con un principio de ejecución, estos efectos se trasladan directamente al proceso penal de origen. En consecuencia, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé entre otros supuestos que el juez competente para conocer de un amparo es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del juez de la causa, la ejecución material de dichos actos, será en el lugar de residencia del juez que conoce del proceso penal, y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo contra dichos actos se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de instancia que conoce del proceso penal, en el caso, el Juez de Distrito en Materia Penal el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno. Regla de competencia aplicable. En efecto, lo es la contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo que ordena que será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame tenga ejecución. Por tal motivo, quien esto resuelve estima que cuando se reclama una omisión como la que se reclama en la demanda de amparo en estudio, pero la persona imputada esté guardando prisión en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recae en el órgano de amparo que ejerce jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Ello es así, puesto que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 1a./J. 24/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1873, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023548, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que en el caso, debe privilegiarse la justicia expedita que se logra si la competencia del juicio de amparo recae en el juzgador de amparo con sede en el mismo lugar donde se substancia el procedimiento de donde derivan los actos, porque esa cercanía favorece la pronta solución del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por primer párrafo del referido artículo 37, y 48, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al Número a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, y declina la misma en favor del Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, jurisdicción en que se instruye el proceso penal contra el quejoso, puesto que como se precisó los actos reclamado tienen un principio de ejecución que se trasladan directamente a la libertad del procesado en interrelación con el proceso penal. Adicionalmente, debe considerarse que el criterio aquí sostenido, obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional. En tales condiciones, con apoyo en lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, por lo que remítasele el original de la demanda promovida por ********************, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, para que resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la incompetencia planteada. Acuse. Solicítese respetuosamente informe a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Audiencia constitucional. Con motivo de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para esta fecha. Notifíquese personalmente.
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