Gustavo Carlos Griss Kauffman
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gustavo Carlos Griss Kauffman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA "7" Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes generados en los Órganos Jurisdiccionales, publicado el, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, una vez transcurridos tres años transfiérase el presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental.Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO ".....Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta demanda promovida por los quejosos ------------------------------------------------------, por lo actos ya precisados. Análisis de la procedencia del juicio de amparo respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal y su aprobación, en la carpeta de investigación ----------------------------------------- y acumulada -----------------------------------------. Por otro lado, visto el contenido del segundo de los ocursos que acompañan los directos quejosos, pretenden ampliar la demanda de amparo, respecto del siguiente acto reclamado: - La determinación del no ejercicio de la acción penal y su aprobación, en la carpeta de investigación --------------------------- y acumulada ------------------------------. Ahora bien, proveyendo con relación a su contenido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6, 15 y 61, fracción XXIII, todos del ordenamiento legal en cita, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías con la que se da cuenta, por las siguientes consideraciones: En el caso que nos ocupa, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contempla: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; .." Por su parte, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De igual manera, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reza: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Ahora de la interpretación sistemática de los numerales transcritos es de destacarse que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las de no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Que de igual manera, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y/o pronunciarse, respecto si ejerce o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, la posibilidad de impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. Así entonces, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre la legalidad de la determinación no ejercicio de la acción penal atribuidas a la autoridad responsable, la que odría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Empero, la propia fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia ante la falta de agotar los medios de defensa, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones y resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento atribuidas a los Agentes del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y pronunciarse si ejerce o no la acción; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la presente instancia constitucional. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la ampliación de demanda de cuenta promovida por los quejosos --------------------------------------------------------------------. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
MESA "7" ".....Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta demanda promovida por los quejosos ------------------------------------------------------, por lo actos ya precisados. Análisis de la procedencia del juicio de amparo respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal y su aprobación, en la carpeta de investigación ----------------------------------------- y acumulada -----------------------------------------. Por otro lado, visto el contenido del segundo de los ocursos que acompañan los directos quejosos, pretenden ampliar la demanda de amparo, respecto del siguiente acto reclamado: - La determinación del no ejercicio de la acción penal y su aprobación, en la carpeta de investigación --------------------------- y acumulada ------------------------------. Ahora bien, proveyendo con relación a su contenido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6, 15 y 61, fracción XXIII, todos del ordenamiento legal en cita, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías con la que se da cuenta, por las siguientes consideraciones: En el caso que nos ocupa, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contempla: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; .." Por su parte, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De igual manera, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reza: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Ahora de la interpretación sistemática de los numerales transcritos es de destacarse que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las de no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Que de igual manera, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y/o pronunciarse, respecto si ejerce o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, la posibilidad de impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. Así entonces, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre la legalidad de la determinación no ejercicio de la acción penal atribuidas a la autoridad responsable, la que odría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Empero, la propia fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia ante la falta de agotar los medios de defensa, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones y resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento atribuidas a los Agentes del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y pronunciarse si ejerce o no la acción; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la presente instancia constitucional. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la ampliación de demanda de cuenta promovida por los quejosos --------------------------------------------------------------------. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA "7" Ciudad de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos los escritos que suscriben los quejosos ---------------------------------------------------------; con el primero, pretenden desahogar la prevención formulada mediante auto de nueve de junio de dos mil veintiuno; y con el segundo, ampliar su escrito inicial. Al respecto, por cuanto hace al primero de los ocursos, dígaseles que no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada; en atención a las siguientes consideraciones: En principio debe decirse que la prevención fue formulda para que quejosa realizara lo que enseguida se transcribe: [.]".1. Precisen el acto reclamado que pretenden combatir en esta vía indirecta. Lo anterior es así, dado que, una vez examinado el contenido íntegro del ocurso inicial que nos ocupa, no se advierte con claridad cuál es el acto que en concreto se pretende combatir en esta vía indirecta, pues de la manera en que se encuentra redactada la demanda de amparo que nos ocupa, genera incertidumbre al momento de fijar la Litis constitucional, por las razones que enseguida se exponen. . 2. Bajo protesta de decir verdad, narren los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir (de manera sucinta y cronológica); lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Superado el punto anterior, y una vez precisado de manera concreta el acto que pretende combatir, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto (concisa y cronológicamente). [.] No obstante lo anterior, los quejosos no acataron la prevención de referencia pues al efecto indicaron: ".PRECISIÓN DEL PRIMER ACTO RECLAMADO, de la autoridad responsable. De manera personalísima, el C. ----------------------------------------------------------------------------------- que nos ocupa del 21 de mayo de 2021 a la fecha, en la que como hecho omisivo por inacción, incumplió de manera concreta y particular con lo ordenado por el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 128, 129, 131, fracciones I, IX y XXIII y trascendentemente con el artículo 91, cuarto párrafo. Transgrediendo igualmente en el acto los artículos; 270 fracción 1, 291 fracción III, 292, 292 BIS y 320 fracción l. del Código Penal para el Distrito Federal Lo anterior por no haber determinado conforme a Derecho, como desistido de la prueba al imputado quien violó el tercer párrafo del citado artículo 91, al ignorar sin justa causa el Citatorio girado a su atención en fecha 31 de mayo de 2021, violando en el acto la Representación Social, los artículos 10, 13, 14 y 17 Constitucionales, al favorecer ilícitamente con su omisión e inacción al imputado. Lo anterior es así, ya que se observa que los quejosos insisten en hacer manifestaciones generalizadas de dos o más acciones y omisiones que atribuyen a las autoridades responsables, aunado al hecho de que en tal tópico realizan consideraciones subjetivas o de fondo, que no permiten determinarlos. De igual manera, se advierte que los quejosos en los actos uno y tres proporcionan los nombres de las autoridades a que les atribuyen el actuar indebido; empero, fueron omisos en hacer lo propio respecto del nombre de la autoridad del acto que identifica con el número dos. Por otro lado, respecto del cumplimiento al punto dos de la prevención, tampoco puede tenerse por cumplida, pues de la relación suscinta y cronológica de los antecedentes que se le requirió, omitieron señalar cuando tuvieron conocimiento de los actos reclamados. De igual manera fueron omisos en precisar detalladamente el estado actual de la indagatoria. Por lo que no resulta factible tener por desahogada la prevención a que fueron contraídos. Ahora bien, en cuanto al segundo escrito de cuenta, con el que la parte quejosa pretende ampliar la demanda, debe precisarse que a pesar de que a la fecha no se ha admitido la demanda, se advierte que los actos que pretende reclamar consistentes en la determinación de no ejercicio de la acción penal y su aprobación por parte del de la Ciudad de México, fueron emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda. No obstante, en el escrito de referencia no se aprecia con claridad la fecha del no ejercicio de la acción penal, la data de la aprobación respectiva, ni la autoridad que lo realizó. Lo anterior, genera incertidumbre a efecto de fijar la Litis del presente controvertido constitucional. En consecuencia, a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponde respecto de los dos escritos de cuenta, con fundamento en los artículos 112, 114 y 108, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, realicen lo siguiente: 1. Señale con precisión el acto o actos u omisiones que pretende reclamar. En el entendido que, deberán ser concisos en cuanto al acto reclamado, sin que en el apartado correspondiente deban realizar consideraciones subjetivas o de fondo. 2. Indiquen la autoridad responsable a quien en concreto pretenden reclamar cada uno de los actos. 3. En caso de señalar como acto la determinación de no ejercicio, deberá especificar cuál acuerdo reclamado si en el que se determinó la indagatoria o aquel en el que fue aprobada, así como a la autoridad a la que se atribuye 07/12/23 10:54:54 4. Además, deberá precisar si ya hizo valer el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código nacional de Procedimientos Penales. 5. Bajo protesta de decir verdad, narren los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir (de manera sucinta y cronológica); lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima, esto es, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dichos actos (concisa y cronológicamente). Al respecto, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos concretos y particulares, o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas situaciones deben ser superadas por la parte promovente, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto, así como a la autoridad responsable a la cual se le atribuye el acto reclamado, y con ello, estará en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que le sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Cabe puntualizar, que el objeto de la prevención que se formula en el presente auto, son cuestiones distintas al escrito inicial de demanda, puesto que la prevención que hoy se realiza, obedece a lo expuesto en el escrito aclaratorio de cuenta y del escrito con el que pretende ampliar la demanda, el cual presenta las mismas irregularidades que he escrito inicial de demanda. Además, al promover en esta vía indirecta, no se tienen más datos que los proporcionados por el promovente, y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa. Copias. Con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa...."
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