Gustavo Armando Calderón Blancas

Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
584/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Armando Calderón Blancas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA "4" Ciudad de México, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Archivo Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el once de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ello, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido....

  2. Incidental

    MESA "4" Ciudad de México, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente incidente de suspensión, se advierte que no obra medio de defensa legal pendiente de resolver ni diligencia que desahogar; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 18 en relación con los diversos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, toda vez que se concedió la medida suspensional solicitada. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, procédase a su destrucción Notifíquese...

  3. Principal

    MESA 4**** Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 584/2020-4, promovido por propio derecho por ****, contra los actos que reclamó de la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez y otra autoridad. ... Resuelve: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por propio derecho por ****, respecto de los actos y las autoridades responsables referida en el considerando Tercero, por los motivos expuestos en el diverso considerando Sexto. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando Séptimo de la presente resolución. Tercero. Envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) la versión pública correspondiente, en términos de lo ordenado en el considerando Octavo. Notifíquese

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTRA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE ONCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO: "Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 584/2020-4, promovido por propio derecho por Gustavo Armando Calderón Blancas, contra los actos que reclamó de la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez y otra autoridad. Antecedentes: Primero. De los actos reclamados El veintinueve de septiembre de dos mil veinte tuvo verificativo la continuación de la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, en la cual la defensa del acusado Gustavo Armando solicitó la exclusión de la testimonial a cargo de A.C.C. (representante legal y madre de la menor víctima)1 (12:23) Sin embargo, la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez determinó improcedente dicha incidencia en la medida que no se ubicaba en ninguna de las hipótesis previstas por el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, admitió dicha probanza (12:27) Inconforme con dicha postura, la defensa de Gustavo Armando Calderón Blancas interpuso recurso de revocación (12:28); empero, la juez de control responsable le hizo del conocimiento que no procedía dicho medio de impugnación en la medida que se había corrido traslado a las demás partes (12:28) 1 Ya que, a pesar de ser cónyuge del acusado, en sede ministerial no se le hizo de su conocimiento la facultad de abstención de declarar a que alude el numeral 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, a pesar de que la defensa consideró sobreabundantes al referirse al mismo objeto de prueba; la juez de control previamente aludida determinó admitir cinco periciales en materia de medicina, psicología, fotografía, psicología infantil y atención de adolescentes (12:33) Segundo. Del trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda: Veinte de octubre de dos mil veinte. Se previene a la parte quejosa a efecto que manifestara de manera clara y precisa los actos que pretendía reclamar, así como las autoridades responsables, y a su vez, ahondara en los antecedentes de los actos reclamados: Veintiséis de octubre de dos mil veinte. Admisión de la demanda con apertura de incidente de suspensión: Trece de noviembre de dos mil veinte. Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito: Diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Suspensión del procedimiento2 : Cinco de diciembre de dos mil veinte. Reanudación del procedimiento3 : Veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Emplazamiento al Agente del Ministerio Público Esteban Mendoza Rojas Adscrito a la Fiscalía General de 2 De conformidad con la circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevo Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. 3 Con fundamento en la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevo Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Justicia de la Ciudad de México: Veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Emplazamiento de la menor tercera interesada N.C.C., representada por su madre A.C.C.: Cinco de marzo de dos mil veintiuno. Audiencia constitucional: Nueve horas con cuarenta minutos del seis de abril de dos mil veintiuno. Consideraciones: Primero. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón que los actos que se reclaman son de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción4 . Segundo. Fijación de la litis De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: ?La determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veinte emitida en la continuación de la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, a través de la cual, la juez de control responsable admitió 4 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. diversos elementos de prueba, y a su vez, los incorporó en el auto de apertura a juicio oral; ?La inadmisión del recurso de revocación hecho valer por la defensa del acusado en contra de la determinación mencionada en el párrafo anterior, y; ?Su ejecución. Tercero. Determinación de los actos reclamados No. Autoridad Responsable Acto reclamado Certeza Folio 1 Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez La determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veinte emitida en la continuación de la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, a través de la cual, la juez de control responsable admitió diversos elementos de prueba, y a su vez, los incorporó en el auto de apertura a juicio oral. La inadmisión del recurso de revocación hecho valer por la defensa del acusado en contra de la determinación mencionada en el párrafo anterior. Niega Acepta 10910 2 Juez de Juicio Oral del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Su ejecución. *** *** Si existe el acto reclamado consistente en la inadmisión del recurso de revocación que hizo valer la defensa del quejoso en la continuación de la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, ya que así lo señaló la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez al rendir su informe justificado. De igual forma, resulta cierta la determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veinte emitida en dicha diligencia jurisdiccional, pues a pesar de que la aludida juzgadora negó la existencia de la admisión de pruebas "ilícitas"5 ; lo cierto es que realizó diversas manifestaciones en el sentido de que efectivamente emitió dicho acto destacado. Motivo por el cual, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado de mérito. Certeza que se corrobora con el contenido del disco compacto que contiene los registros audiovisuales relativos a la continuación de la audiencia intermedia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, en la que se emitieron las determinaciones previamente referidas6 . En diverso orden, no se pasa por alto que en los autos del presente asunto no se aprecia el informe justificado del Juez de Juicio Oral del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; sin embargo, con independencia de ello, tomando en consideración que por una parte, resultaron ciertos los actos reclamados a la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez; mientras que por otro lado, el juzgado referido en primer término ostenta la calidad de autoridad ejecutora. Lo procedente es tener por cierta la existencia del acto de ejecución que el quejoso Gustavo Armando Calderón Blancas le atribuyó al Juez de Juicio Oral del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Apoya lo anterior la tesis con número de registro 227890, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 5 Calificativo que utilizó el quejoso en su demanda de amparo. 6 Documental y diligencia, que al ser públicas se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 34/2017 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 168/2015, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)". Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, octava época, materia común, página 56, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Cuarto. Oportunidad El presente sumario constitucional se promovió dentro del término genérico de quince días a que hace referencia el primer párrafo del numeral 17 de la Ley de Amparo7 , pues los actos reclamados le fueron notificados al quejoso y a su defensa el veintinueve de septiembre de dos mil veinte; mientras que la demanda de amparo se ingresó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común el veinte de octubre siguiente, es decir, en el decimotercer día del plazo8 . Quinto. Interés superior del menor Cabe destacar que de acuerdo con los registros audiovisuales de la continuación de la audiencia intermedia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, en el caso se encuentra involucrado un menor de edad, que a su vez, ostenta la calidad de víctima del delito. Motivo por el cual, el presente juicio de amparo deberá ser resuelto por este órgano de control de la constitucionalidad a la 7 Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) 8 Descontando los días sábado y domingo, así como el doce de octubre de dos mil veinte, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. luz del principio de interés superior del menor reconocido en el párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cual, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 , en el sentido que implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Lo anterior, en razón que los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. En ese contexto, el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes (cuestiones de fondo), así como en cualquier determinación jurisdiccional; inclusive, que tenga que ver con la procedencia de determinada instancia judicial. De ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 9 Cfr. Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Materias Constitucional y Civil, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 334, de contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." Lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas, con relación a su educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad. Es aplicable la tesis 2a. CXLI/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 792, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." Sexto. Procedencia Se analiza en primer lugar la procedencia del presente juicio constitucional, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, deberá sobreseerse en el juicio constitucional. De oficio, este órgano de control de la constitucionalidad estima que con independencia de que, en la especie, la defensa de Gustavo Armando Calderón Blancas haya pretendido agotar el principio de definitividad10 en la continuación de la audiencia intermedia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019 al interponer recurso de revocación, en contra de la admisión de la testimonial a cargo de A.C.C. (representante legal y madre de la menor víctima) En el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 10 Cfr. jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de contenido siguiente. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo prevé que es posible sostener la improcedencia cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, la fracción V del arábigo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; de lo que se sigue que en sentido contrario, dicho medio de control de la constitucionalidad es improcedente en contra de actuaciones que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, previo a explicar los motivos por los cuales se verifica dicho motivo de improcedencia, resulta de suma importancia precisar que en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País resolvió el amparo directo en revisión 669/201511, y al efecto, sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. 11 El cual dio origen a las siguientes tesis: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." (1a. LIII/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materias Constitucional y Penal, página 958) "PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente." (1a. LI/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 969) "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado." (Tesis 1a. LII/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Página 962) Dicha sala precisó que en la etapa intermedia se discute si los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio -dijo-, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, la Primera Sala determinó que en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral; no obstante - resaltó-, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Por tanto, la aludida sala concluyó que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación de derechos fundamentales del acusado, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 Constitucional, establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. A la par de lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País expuso múltiples argumentos relativos a la imposibilidad que en la audiencia de juicio oral se realice un pronunciamiento en torno a la exclusión de medios de prueba derivados de una violación a derechos fundamentales ocurrida supuestamente en etapas previas; a saber: - De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, así como con la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; ya sea que la violación se cometiera en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afectara las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - A través de la reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el legislador distribuyó las hipótesis en las que se debían considerar violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso dentro de los juicios del orden penal dentro de dos apartados: un apartado A (para el sistema de justicia penal mixto) y un apartado B (para el sistema de justicia penal acusatorio y oral) - En el apartado B permanecieron -como reminiscencia del funcionamiento del juicio de amparo directo durante de la vigencia del sistema mixto- diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio. - De la lectura a las fracciones VIII, IX, XII y XIII, apartado B, del mencionado artículo 173, se desprendía que el legislador: o Previó como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso -para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo- supuestos que se materializaban en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral12 . o En el resto de los supuestos previstos, no aclaró si la violación procesal debía cometerse exclusivamente durante la etapa de juicio oral, o si la misma era impugnable mediante juicio de amparo directo si sucedió en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. - Con la finalidad que el juicio de amparo funcionara acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional; era necesario optar por una interpretación de los preceptos aludidos conforme con la Constitución, en el sentido que sólo podría ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo la violación al derecho en cuestión, cuando la misma se materializara durante la tramitación de la etapa de juicio oral; sin que resultara posible su estudio en esta instancia cuando hubiera sido cometida durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. - Ello, en virtud que el juicio de amparo directo tiene por objeto la revisión constitucional de resoluciones que pongan fin a un juicio; es decir, en el contexto del sistema penal acusatorio, el acto reclamado consistirá en la resolución dictada en apelación, a través de la cual se examina la sentencia emitida por el juez o tribunal de juicio oral. Así, era evidente que la materia del juicio de amparo directo tratándose del nuevo sistema de justicia penal deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad 12 Tales como la información de derechos desde el momento de la detención; la notificación y asistencia consular del imputado extranjero; el acceso a los registros de investigación durante la detención o cuando se pretenda obtener la declaración del imputado; o el derecho a una defensa adecuada por abogado desde el momento de la detención. jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. - No pasaba desapercibido que dicho tribunal había mantenido hasta el momento el criterio que los actos relacionados con la admisión de pruebas -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar- por regla general constituyen violaciones procesales que deben ser reclamadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que ponga fin el juicio. - No obstante, debía tomarse en consideración que dichos criterios fueron emitidos conforme a la lógica del sistema tradicional o mixto, en el que los elementos probatorios se formalizaban durante la averiguación previa, se enviaban las constancias correspondientes al juez penal -sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia- y a partir de ellas, se resolvía sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. - Se deberán ir emitiendo nuevos criterios mediante los cuales se ajuste la procedencia del juicio de amparo en las vías indirecta y directa, partiendo de las bases expuestas en torno a la estructura y naturaleza del sistema penal acusatorio, de forma que el imputado cuente con los medios necesarios para impugnar las decisiones sobre la exclusión probatoria y no quede en estado de indefensión. Al tenor de dichos argumentos, cabe destacar que en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 907/2016, y tocante al tema que en la especie se aborda (admisión de medios de prueba en la etapa intermedia), entre otras cosas, precisó lo que sigue: - Por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio. - Cada una de dichas etapas tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. - Cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. - La doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. - Además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral. - Dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. - Si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere. - Es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. - La interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. - La admisión de los medios de prueba que se consideran impertinentes e ilegales no genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato, puesto que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. - Por lo anterior no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de los medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. - Los medios de prueba admitidos (estimados ilegales e impertinentes) aún no repercuten negativamente en la esfera jurídica del justiciable, pues su valoración, una vez desahogados, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre los mismos realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. Con base en las referidas directrices, se coligue que aunque en la etapa intermedia se haya admitido un medio de prueba para desahogarse en la etapa de juicio oral, del que se pretenda su exclusión por violación a derechos fundamentales, nada impide que en la audiencia de debate la defensa pueda cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Es decir, cuando se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, lo que deberá apreciar el tribunal de enjuiciamiento al momento de valorar la prueba. Por lo anterior, no es jurídicamente correcto supeditar a que los actos reclamados en la presente instancia constitucional puedan o no ser reparados en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución solo se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en la misma, pero no de cuestiones que debieron analizarse, cuestionarse o debatirse en etapas previas. En esa medida, en sede de juicio de amparo directo, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. Esto es, la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin excluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Ello, porque como lo ha establecido el Máximo Tribunal del País, conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales con una función específica. Dichas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que solo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Por esta razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. A la luz de dichos razonamientos, es que se estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia previamente referida. Puesto que el quejoso Gustavo Armando Calderón Blancas, señaló como actos reclamados en la presente instancia constitucional: ?La determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veinte emitida en la continuación de la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019, a través de la cual, la juez de control responsable admitió diversos elementos de prueba, y a su vez, los incorporó en el auto de apertura a juicio oral, y; ?La inadmisión del recurso de revocación hecho valer por la defensa del acusado en contra de la determinación mencionada en el párrafo anterior. Sin embargo, tomando en consideración que la consecuencia legal inmediata de dichas determinaciones únicamente se traduce en la admisión de los medios probatorios consistentes en la testimonial a cargo de A.C.C. (representante legal y madre de la menor víctima), así como de cinco periciales en materia de medicina, psicología, fotografía, psicología infantil y atención de adolescentes. A criterio de este órgano de control de la constitucionalidad, dichas actuaciones no generan una afectación irreparable en perjuicio del justiciable que amerite análisis constitucional inmediato, ya que únicamente involucran cuestiones de índole adjetiva o procesal relacionadas con probanzas que de acuerdo al diseño del sistema procesal penal de corte acusatorio, serán materia de análisis y valoración en la etapa de juicio oran ante el tribunal de enjuiciamiento que en su caso corresponda conocer del asunto de origen, y por tanto, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica. Máxime que de acuerdo con la información objeto de debate en la continuación de la audiencia inicial de origen, las pruebas periciales en materia de medicina, psicología, fotografía, psicología infantil y atención de adolescentes de la menor A.C.C., aparentemente ya se practicaron, y por dicho motivo se incorporaron al auto de apertura a juicio oral. Ante tal panorama, se hace patente que en el caso que nos ocupa, no se aprecia ninguna afectación directa a dicha infante; que de conformidad con el interés superior del menor deba salvaguardase por parte de este juzgado federal. Por tanto, la afectación que en todo caso se genere, habrá de verificarse en la audiencia de debate de la etapa de juicio oral, respecto del desahogo de los medios de prueba admitidos y no excluidos, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de los deposados al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento las considere como pruebas de cargo en contra de Gustavo Armando Calderón Blancas al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Ello, en la medida que derivado de la naturaleza que guarda la etapa intermedia13 en el proceso penal, el tribunal de enjuiciamiento no puede, de oficio, negarse a desahogar una prueba admitida y señalada en el listado respectivo del auto de apertura a juicio, pues dicha determinación del juez de control le resulta completamente vinculante. Apoya lo anterior la tesis I.1o.P.153 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3031, de rubro y texto siguientes: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO NO PUEDE, DE OFICIO, NEGAR EL DESAHOGO DE AQUELLOS QUE FUERON ADMITIDOS EN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. Si se toma en cuenta la forma en que operan cada una de las etapas dentro del proceso penal acusatorio, las que una vez que se apertura alguna de ellas se cierra la que precede de manera permanente, entonces la depuración de los medios de prueba no tiene lugar en la etapa de juicio oral y, por ende, el tribunal de enjuiciamiento no puede realizar acciones de esa naturaleza, porque el auto de apertura a juicio oral lo vincula a desahogar los medios de prueba que hubieren sido objeto de depuración en la etapa intermedia o de preparación a juicio. En efecto, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LII/2018 (10a.), de título y subtítulo: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES 13 La cual tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.", el momento oportuno para que una de las partes denuncie la obtención de medios de prueba con violación a los derechos humanos ante el Juez de Control, o bien, que éste lo advierta es, precisamente, en la etapa intermedia, pues de no acontecer de esta manera, en la etapa siguiente, que es la de juicio, difícilmente podría alegarse una cuestión como la inadmisibilidad de determinada probanza, ya que esta última etapa está destinada, exclusivamente, al desahogo y valoración de los medios de convicción. Entonces, en razón de la naturaleza que guarda la etapa intermedia en el proceso penal, se colige que el tribunal de enjuiciamiento no puede, de oficio, negarse a desahogar una prueba admitida y señalada en el listado respectivo del auto de apertura a juicio, pues esta determinación del Juez de Control le resulta completamente vinculante, en el sentido de que sólo podrán ser desahogados los medios probatorios que hubieren sido objeto de depuración en aquella etapa preliminar (con excepciones, verbigracia, de las pruebas anticipadas) y, por ello, el tribunal de juicio no debe analizar su procedencia, sino que sólo debe ser tema de la audiencia de juicio, el orden en que los medios de prueba serán desahogados y su perfeccionamiento (para constituir prueba). Siendo que, en caso de que el órgano jurisdiccional resolutor considere que determinada prueba fue obtenida con violación a derechos fundamentales, al margen de su previa y vinculante admisibilidad por el Juez de Control, el órgano de juicio tiene la facultad de no concederle eficacia demostrativa alguna, ante la ilicitud que ello representaría, como se advierte de la diversa tesis aislada 1a. LIII/2018 (10a.), del mismo órgano colegiado, de título y subtítulo: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.". Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión a alguna de las partes pues, en principio, de conformidad con el artículo 346, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la decisión del Juez de Control de exclusión de medios de prueba es apelable y, por otro lado, de acuerdo con el artículo 264 del propio código, durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, las partes que intervienen en ella (mas no el tribunal de enjuiciamiento de oficio o mutuo propio, porque quebrantaría el principio de contradicción), tienen la vía expedita para hacer valer la nulidad del medio probatorio de que se trate, porque a raíz de su desahogo durante ese instante procesal, o sea, en la audiencia de juicio, se obtuvo una prueba con violación a los derechos fundamentales." (Énfasis añadido) Lo anterior, sin que se soslaye la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 175, de contenido siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." (Lo destacado es propio) Ni la diversa PC.I.P. J/41 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 962, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS. Dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia penal, el artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que actualizan, en los juicios del orden penal, una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, precepto que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, distinguió y precisó cuáles son aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles al Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar contradicciones y antinomias, y permitir la adecuada resolución del juicio de amparo directo en esa materia. Ahora, conforme a lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B del precepto legal citado, permanecieron diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral. En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. Así en consonancia con lo resuelto por la Primera Sala, se concluye que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación." (Énfasis añadido) Sin embargo, debe decirse que, si bien es cierto, en dichos criterios se precisa que sólo podría ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo, la violación a los derechos cuando se materializaran durante la tramitación de la etapa de juicio oral. Dicha circunstancia no hace que automáticamente cualquier actuación acontecida en la etapa intermedia constituya un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ya que al resolver la contradicción de tesis 325/201514, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 14 Que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Común, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un estableció que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, que sus consecuencias deben de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, dicha sala precisó que los actos deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Máxime que no debe perderse de vista que definir si un acto es o no de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe atender a la naturaleza propia del mismo y a las consecuencias que produce, dejando al margen los planteamientos expuestos por la parte que se considera afectada con él. Ya que entenderlo en sentido contrario implicaría dejar a criterio de la parte quejosa la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es jurídicamente inadmisible, ya que no podría considerarse que un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, pronunciado dentro del juicio, es de derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." imposible reparación por la mera circunstancia de que la solicitante de amparo así lo solicite. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, promovido por propio derecho por Gustavo Armando Calderón Blancas. Orienta lo anterior la tesis XI.P.12 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2632, de contenido siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." (Lo destacado es del juzgado) Asimismo, se cita la diversa tesis XIII.P.A.33 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1480, de contenido siguiente: "DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la determinación del Juez de control emitida en la etapa de investigación complementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba que se aduce se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, es improcedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha negativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio." Sobreseimiento que atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo indirecto se hace extensiva al acto de ejecución reprochado al Juez de Juicio Oral del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, puesto que el mismo no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia legal de las determinaciones adoptadas por la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Diez el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la continuación de la audiencia intermedia relativa a la carpeta judicial 010/1818/2019. Sustenta lo anterior la jurisprudencia con número de registro digital 253622 del Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, de literalidad siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Séptimo. Protección de datos personales De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, suprímanse los datos personales y sensibles de las partes de la presente sentencia. Sin embargo, queda expedito el derecho de dichas partes procesales para manifestar si es su deseo que se publique dicha información. Octavo. Envío de sentencia Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, fracción II, inciso a) y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, se ordena a la secretaría de este juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del referido acuerdo general y que envíe la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 63 fracción IV, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por propio derecho por Gustavo Armando Calderón Blancas, respecto de los actos y las autoridades responsables referida en el considerando Tercero, por los motivos expuestos en el diverso considerando Sexto. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando Séptimo de la presente resolución. Tercero. Envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) la versión pública correspondiente, en términos de lo ordenado en el considerando Octavo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista15 a la tercera interesada Así lo resolvió y firma María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; hasta el día hoy once de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado; ante el licenciado David Martínez Macedo, secretario que autoriza y da fe..."

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,907 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano