Gustavo Bernardi Romero

Expediente 145/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
145/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Bernardi Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. No obsta lo anterior que no obren los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades que residen fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, en los que se les comunicó la sentencia de uno de los actuales, toda vez que el sentido de la citada determinación no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. No obsta lo anterior que no obren los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades que residen fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, en los que se les comunicó la sentencia de uno de los actuales, toda vez que el sentido de la citada determinación no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 145/2020, promovido por . contra actos del 1. Fiscal Regional de Justicia Zona Centro de Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Fiscal Regional de Justicia Zona Centro de Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que hizo consistir en: ? La emisión de alguna orden de aprehensión y/o detención en su contra; y su ejecución. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda la cual se registró bajo el número 145/2020; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD. Mediante proveído de once de marzo de dos mil veinte, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable, 28. Delegado de Seguridad Pública, con sede en Córdoba, Veracruz. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: ? La emisión de alguna orden de aprehensión y/o detención en su contra; y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro-Córdoba, 2. Fiscal Primero, 3. Fiscal Segundo, 4. Fiscal Tercera, 5. Fiscal Cuarto, 6. Fiscal Quinto, 7. Fiscal Sexto 8. Fiscal Séptimo, 9. Fiscal Octavo, 10. Fiscal Noveno, todos Investigadores en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia número Uno, Distrito XIV, y 11. Fiscal Especializado en la Unidad de Combate al Secuestro, todos con sede en esta ciudad, 12. Licenciado Eduardo Martínez López, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, por sí y en representación del 14. Encargado de la Sala Dos, 13. Licenciada Dulce María Mendoza Rosas, Juez de Control y Enjuiciamiento, 15. Licenciado Óscar Luis Lozada Hernández, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, 16. Licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, 17. Juez de Primero de Primera Instancia, los seis con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, 18. Subdirector de Amparo Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; 19. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, 20. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Veracruz, todos con sede en esta ciudad; Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en representación del 21. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México; 22.-23.-24. Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en funciones de Juez administrador; 25. Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas zona centro; 26. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, 27. Comandante actualmente encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, y 29. Subdelegado de la Policía Estatal Región XXI, todos con sede en Córdoba, Veracruz; precisados en el considerando anterior. Lo anterior, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. . "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. . Finalmente, cabe destacar que no pasan inadvertidos los pedimentos formulados por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito; sin embargo, resultan innecesarios analizarlos, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 145/2020, promovido por ., respecto de los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero del presente fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en representación del 21. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene a la autoridad antes mencionada proporcionando correo electrónico, únicamente como vía para recibir las notificaciones que mediante oficio se le practiquen en el presente expediente, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo.

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