Guillermo Trujillo Casarrubias
Expediente 570/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 29 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Trujillo Casarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 25363/2022, por medio del cual se le notificó el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y se devolvió un tomo de pruebas. Cúmplase.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 25363/2022, por medio del cual se le notificó el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y se devolvió un tomo de pruebas. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el nueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** Luego, mediante oficio 3927 el Juez Segundo de Primera Instancia con sede Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y por auto de veintiséis de agosto del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, y las diversas dictadas el dieciséis y treinta de junio del año en curso, mediante las cuales pretendió dar cumplimiento. Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente la reclamación interpuesta por el demandado*** dentro del juicio ordinario civil*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende que valoró el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado celebrado entre el demandado y la persona jurídica*** así como el oficio*** de siete de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la Jefa del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el diverso*** de cinco de los citados mes y año, de los que derivó las prestaciones que percibe el deudor alimentario. Luego, al valorar el contrato colectivo de trabajo adminiculado con la información proporcionada por la Jefa del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, advirtió que el demandado percibe un salario diario de $401.86 (cuatrocientos un pesos 86/100 M.N.), y al analizar la proporcionalidad de la medida cautelar decretada inicialmente, ponderó las necesidades de las acreedoras alimentarias en contraposición de las posibilidad económicas del deudor, de lo cual derivó que los tres salarios mínimos diarios rebasan la capacidad económica del demandado, considerando que en el año dos mil veintiuno (fecha en que se rindió el informe señalado) el salario mínimo vigente era de $141.60 (ciento cuarenta y un pesos 60/100 M.N); así, estimó procedente modificar la pensión de tres salarios mínimos diarios al cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandando*** en su fuente laboral. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes*** insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente 2346/2017, que remitió la autoridad responsable; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el nueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** Luego, mediante oficio 3927 el Juez Segundo de Primera Instancia con sede Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y por auto de veintiséis de agosto del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, y las diversas dictadas el dieciséis y treinta de junio del año en curso, mediante las cuales pretendió dar cumplimiento. Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente la reclamación interpuesta por el demandado*** dentro del juicio ordinario civil*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende que valoró el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado celebrado entre el demandado y la persona jurídica*** así como el oficio*** de siete de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la Jefa del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el diverso*** de cinco de los citados mes y año, de los que derivó las prestaciones que percibe el deudor alimentario. Luego, al valorar el contrato colectivo de trabajo adminiculado con la información proporcionada por la Jefa del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, advirtió que el demandado percibe un salario diario de $401.86 (cuatrocientos un pesos 86/100 M.N.), y al analizar la proporcionalidad de la medida cautelar decretada inicialmente, ponderó las necesidades de las acreedoras alimentarias en contraposición de las posibilidad económicas del deudor, de lo cual derivó que los tres salarios mínimos diarios rebasan la capacidad económica del demandado, considerando que en el año dos mil veintiuno (fecha en que se rindió el informe señalado) el salario mínimo vigente era de $141.60 (ciento cuarenta y un pesos 60/100 M.N); así, estimó procedente modificar la pensión de tres salarios mínimos diarios al cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandando*** en su fuente laboral. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes*** insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente 2346/2017, que remitió la autoridad responsable; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada.
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