Gustavo Basurto Páez
Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gustavo Basurto Páez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de veinticuatro de junio del año en curso, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IV. Acuerdo de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se desechó la demanda de amparo. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este órgano de control constitucional a efecto de recoger los documentos exhibidos al juicio, apercibida que de no hacerlo dichos documentos correrán la suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
I.-Recepción de escrito Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gustavo Basurto Páez, a través del cual, da cumplimiento a lo ordenado en autos, y desahoga la prevención que le fue formulada; en consecuencia, se provee en los siguientes términos: Del escrito inicial de demanda, así como del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1335/2019, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, en el cual se deja sin efecto la citación para dictar sentencia, y ordena llamar juicio como tercero a Aarón Rivera Mancilla. II.- Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 113, de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIV <en relación con los numerales 17 y 18>; XXI y XXIII <en relación con el numeral 107, fracción V este último, aplicado en sentido contrario a su interpretación>, todos de la Ley de Amparo; sin embargo, se considera destacado abordar el análisis de la primera. . . . . . . Los supuestos enumerados en los incisos d y e, consistentes en el establecimiento en la ley de un plazo perentorio y el transcurso de ese plazo sin haber presentado demanda, se actualizan, pues la Ley de Amparo establece un término para promover la demanda de amparo, el cual se encuentra regulado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 17. El término de la interposición de la demanda de amparo será de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la intelección del artículo citado, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. En el caso, tal como se advierte del escrito de demanda, la parte quejosa precisa que reclama el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1335/2019, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, en el cual se deja sin efecto la citación para dictar sentencia, y ordena llamar juicio como tercero a Aarón Rivera Mancilla; acto del cual, tuvo conocimiento el treinta de abril de dos mil veintiuno, por así manifestarlo expresamente en su escrito de demanda y aclaratorio. En ese tenor, las expresiones del quejoso hacen prueba en su contra, de conformidad con los artículos 95, 96 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al caso es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, página 857, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". En consecuencia, el término de quince días, con que contaba el promovente para presentar la demanda de garantías en el caso que nos ocupa, transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo de esta anualidad, sin contar los días cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo, del presente año, por haber sido, inhábiles en términos del artículo 19, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentada hasta el catorce de junio de la presente anualidad, tal como se advierte del sello de recepción y de la papeleta de ingreso, dicha presentación resulta extemporánea, por lo que debe considerarse que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el quejoso. Es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 353, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, séptima parte, Séptima Época, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis I.3o.P.12 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegido en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXVI, noviembre de 2013, página 1556, que dice: "TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN TRATÁNDOSE DE ATAQUES A LA LIBERTAD DENTRO DE PROCEDIMIENTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." De igual forma, sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de 2015, página 1854, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA." Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es mainfiesta e indudable. Tiene sustento la jurisprudencia visible en la página 1631, del tomo XX, septiembre de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Gustavo Basurto Páez, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 710/2021-III. Primeramente, resulta pertinente precisar que el artículo 261 de la Ley de Amparo, previene: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado es por este Juzgado). De lo que se deduce que esta Juzgadora tiene la obligación de denunciar y hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, esto es así, porque los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, por ejemplo, de advertir que el quejoso falseó hechos en su demanda de amparo u omitió información obteniendo con ello una ventaja procesal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Consiguientemente, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que le sea practicada de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito, cumpla con lo siguiente: Precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama. Manifieste si promovió algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado; y en caso afirmativo, indiquen cuál, así como la fecha de interposición y el estado procesal del mismo. Sirve de apoyo, tesis VI.1o.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 301, del Tomo XV-II, del Semanario Judicial de la Federación, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, con número de registro 208347, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Copias. Para el caso de que la parte quejosa no desahogue vía electrónica la prevención que se formula, allegue las copias de su escrito de desahogo de prevención, para correr traslado a las partes, a saber, de la siguiente manera: una para cada autoridad, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que las informan, el criterio siguiente: "Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Apercibido que en caso de no desahogar la prevención realizada en los en los términos precisados, se tendrá por no presentada la demanda, esto con fundamento con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a Juan Carlos Espinosa Castillo y José Luis Álvarez Ontiveros, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF, mientras a las diversas personas que nombra, se les tiene por autorizados en términos del artículo 24 del citado ordenamiento. En atención a que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones esto es fuera de la residencia de este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y numeral 26, fracción III, de la Ley de la Materia, téngase como tal la lista que se publica en los estrados de este juzgado; ello, hasta en tanto señale uno diverso en la residencia de este órgano jurisdiccional. No obstante a lo anterior, atendiendo la naturaleza del presente proveído, se faculta al actuario adscrito para que se notifique el presente auto personalmente a la parte quejosa, en el domicilio que señaló para tal efecto. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa para que la continuación del presente juicio de amparo, la realice vía electrónica, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
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