Gustavo Alvarez Martínez
Expediente 1163/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gustavo Alvarez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hubiesen interpuesto recurso de revisión, contra el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. No se realiza mayor pronunciamiento en este apartado, toda vez que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión por separado, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental. Devolución de documentos. se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió adjuntos a su escrito de demanda, en la inteligencia que de no comparecer a recogerlos en el plazo de 90 días, los mismos, serán destruidos junto con el expediente principal dentro de plazo previsto para dicha destrucción en este auto.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de una revisión de los mismos, puede apreciarse que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, al cual, anexó copia certificada de diversas actuaciones relativas al juicio laboral de origen, de las que se deriva que el veintiuno de abril del año en curso, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente J.10/168/2020; en consecuencia, procede acordar en los siguientes términos. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, ponderar de manera primordial las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Ahora bien, del escrito de petición constitucional se aprecia que Rubén Adán Romero García, promovió el presente juicio de amparo en representación del directo quejoso Gustavo Álvarez Martínez contra actos de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, que hizo consistir en: El haber señalado una fecha en exceso lejana para Ia celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones mediante acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil veinte dentro del expediente laboral J.10 / 168 / 2020. Ahora bien, como fue expuesto en párrafos precedentes, de la revisión del sumario, se deriva que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio enviado por la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, al que se anexó copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el veintiuno de abril del año en curso, dentro del expediente J.10/168/2020. Documental que gozan de eficacia probatoria plena, por tratarse de un documentos públicos, según lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, al tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones, en tanto que, además se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provienen de las leyes relativas. En ese sentido, del sumario puede apreciarse, que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, el nueve de diciembre de dos mil veinte, sí existía jurídicamente el acto reclamado, pues se había señalado una fecha en exceso lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente J.10/168/2020; sin embargo, el veintiuno de abril pasado, tuvo verificativo la audiencia cuya dilación se reclamaba. En ese contexto, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que expone que finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la dilación del procedimiento provocada por la responsable, al haber señalado una fecha en exceso lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J.10 168/2020; sin embargo, la citada diligencia tuvo verificativo el pasado veintiuno de abril del año en curso. Bajo ese contexto, si la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que la autoridad señalada como responsable había dilata la celebración de la referida audiencia; lo cierto es, que al haberse ya celebrado la misma, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" Luego, resulta necesario distinguir la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, en el caso, el señalamiento en fecha lejana de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, reclamada en el escrito de demanda de amparo, se traduce en una dilación procesal, cuya naturaleza es de carácter positivo. Consiguientemente, al momento en que la Sala responsable celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J.10 168/2020; volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, por lo que cesaron los efectos de la litis constitucional. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." "Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Adán Romero García, en representación del directo quejoso Gustavo Álvarez Martínez contra actos de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causa que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con treinta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio remitido por la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, impóngase de su contenido a las partes, para su conocimiento y para que manifiesten lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Requerimiento. Ahora bien, de la revisión de informe se desprende la autoridad hace alusión a la remisión de copias certificada de las constancias que integran el expediente laboral J.10/168/2020; sin embargo, dichas documentales no fueron adjuntadas a su comunicado. Por tanto, requiérase a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, remita las constancias relativas al acto que se le atribuye, apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a . . . NOTIFÌQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA y POR OFICIO A LA AUTORIDAD REQUERIDA. Así lo proveyó y firma ÁNGELA TERESITA DE JESÚS ESTRADA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, ante Víctor Hugo Cortés Ruíz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Por tanto, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, remita las constancias que acreditan la existencia del acto que se le atribuye, relativas a al expediente laboral J.10 / 168 / 2020. Asimismo, informe si dentro de dicho juicio tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para el ocho de marzo del año en curso, dentro del referido expediente laboral y, en su caso, remitir las constancias para sustentar su informe. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa equivalente a . . . Diferimiento de la audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen al cumplimiento de lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notificación a las partes. Por tanto, se instruye al actuario judicial para que la notificación del presente diferimiento, se practique a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.
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