Gustavo Ambrosio Garcia Arriaga y Otros.
Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/03/2019
Partes del expediente
- Gustavo Ambrosio Garcia Arriaga y Otros.
- Amelia Alejandra Monjaras Carreño
- Amelia Alejandra Monjaras Carreño y Otros.
- Daniel Romero Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
IV) Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. Por su parte, el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. ." Lo que se transcribe para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, a través del cual remite copia certificada de la petición realizada por la parte actora y del auto recaído a la misma de ocho de febrero de este año, dictado en el expediente 925/2018, donde Daniel Romero Guzmán desistió de la instancia, por lo que se ordenó la devolución de los documentos base de la acción y el archivo del asunto; de lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Ahora, en el presente juicio los quejosos Gustavo Ambrosio García Arriaga y Amelia Alejandra Monjaras Carreño, reclaman: El procedimiento, el requerimiento de pago y orden de embargo, ordenados en el expediente 925/2018, del índice del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio ubicado en calle Marcelino G. Barragán, número 117-A, Colonia del Parque, Toluca, Estado de México. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. Los quejosos tildan de inconstitucional el procedimiento, el requerimiento de pago y orden de embargo, ordenados en el expediente 925/2018, del índice del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio ubicado en calle Marcelino G. Barragán, número 117-A, Colonia del Parque, Toluca, Estado de México; sin embargo, de las constancias de cuenta se advierte que el ocho de febrero de este año, el tercero interesado Daniel Romero Guzmán desistió de la instancia, por lo que se ordenó la devolución de los documentos base de la acción el archivo del asunto. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues como se dijo al desistirse el actor Daniel Romero Guzmán de la instancia respectiva, el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, ordenó la devolución de los documentos base de la acción y el archivo del asunto; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, puediera existir la violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; doce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las diez horas con veinticinco minutos, como se estableció en auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve; sin embargo, mediante diverso de seis de los cursantes, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por el Juez Quinto Mercantil de Toluca, Estado de México y la Ejecutora adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México, lo que evidencia que no media el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Apmparo; asimismo, en esa misma data se ordenó emplazar al tercero interesado Daniel Romero Guzmán. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan once horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve para su celebración. Notifíquese.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; seis de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, dese vista con los oficios signados por el Juez Quinto Mercantil de Toluca, Estado de México y la Ejecutora adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México, rinden informe justificado y el primero de los nombrados remite copia certificada del expediente 925/2018. Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Ahora bien, mediante acuerdo de diecisiete de enero pasado se reservó acordar lo conducente respecto a quien le recae el carácter de tercero interesado, hasta en tanto obrara en autos el informe de las responsables circunstancia que ya aconteció; por tanto, con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Amparo se tiene como tercero interesado a Daniel Romero Guzmán. En consecuencia, del análisis de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que en el juicio natural el tercero interesado por conducto de su endosatario en procuración Eleazar Francisco Cruz, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle San Sebastián número doscientos dieciocho (218-A), colonia la Magdalena, código postal 50190, Toluca, Estado de México. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito de este juzgado, para que con copia de la demanda, auto admisorio y la presente determinación, notifique y emplace al tercero interesado de referencia en el domicilio descrito en párrafos precedentes. Asimismo, le haga saber el derecho para apersonarse y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticinco minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve). Notifíquese; y personalmente al tercero interesado Daniel Romero Guzmán.
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