Gustavo Alan Villafaña Estrada

Expediente 1137/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1137/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Alan Villafaña Estrada
  • Comite Multidisciplinario Evaluador Y Secretaria Tecnica Del Organo Interno Dependiente Comision Ejecutiva De Atencion a Victimas Del Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    ...La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes.Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista formulada mediante auto de veinticuatro de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: ... Asimismo, del estado de autos se evidencia que mediante sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gustavo Alan Villafaña Estrada, contra el acto y las autoridades precisadas y para los efectos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución." La concesión de amparo decretada en el sumario constitucional en que se actúa, fue para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión. En consecuencia, se concede el amparo solicitado para el efecto de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, así como del Comité Multidisciplinario Evaluador Estado de México, realice lo siguiente: Dejen insubsistente el acuerdo CME-VIE-19-3.4.1, de ocho de agosto de dos mil diecinueve; En consecuencia, emita una respuesta debidamente fundada y motivada, tomando en consideración los argumentos expuestos en esta resolución, pudiendo en su caso, para mejor proveer allegarse de todas aquellas constancias que considere necesarias para poder estar en aptitud de resolver conforme a derecho; sin que al respecto se esté vinculando a la autoridad responsable a responder favorablemente a los intereses del solicitante, si no únicamente a hacerlo con la debida fundamentación y motivación, así como que la misma sea congruente con lo solicitado." Posteriormente, mediante auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso Gustavo Alan Villafaña Estrada, interpuso recurso de revisión, el cual resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gustavo Alan Villafaña Estrada, contra el acto y las autoridades precisadas y para los efectos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución." Así, por auto de trece de julio de dos mil veinte, la sentencia referida causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, mediante proveído de trece de agosto del año en curso, este juzgador considero que el fallo protector no estaba cumplido a cabalidad, requiriendo nuevamente a la autoridad responsable con la finalidad de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hecho lo anterior, a través del oficio registrado con el número de promoción 6412, recibido el dieciocho de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió copia certificada de los acuerdos CME-XIVE-20.3.3 veintisiete de julio del año en curso, en el que dejó insubsistente el acuerdo CME-VIE19-3.4.1 de ocho de agosto de dos mil diecinueve; y dicto otro CME-XIVE-20.3.1.1 de veintiocho de julio de dos mil veinte, en el que dio una respuesta en la que dio contestación de manera puntual a cada una de las pretensiones del peticionario de amparo, como se advierte de la trascripción siguiente: "[.] Sin embargo, para mejor entendimiento este comité multidisciplinario evaluador dará respuesta de manera individual a cada una de las medidas solicitadas por el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, por lo antes expuesto de la siguiente manera: Por lo que respecta a la medida de restitución solicitada como se ha explicado en líneas anteriores no puede otorgarse en ningún momento de manera aislada, primeramente, debe cumplir con los requisitos descritos con anterioridad para poder tener acceso de manera subsidiaria a una reparación del daño, adecuada al caso particular que nos ocupa, por lo que no es dable otorgarla de la manera en que lo solicita el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada. Por lo que hace a la medida de rehabilitación es importe tomar en consideración la tesis aislada CCCXL/1120 7 5 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24 , noviembre de 2075, Tomo /, pagina 949, Decima Época, con número de registro, 20 7 04 7 4, de rubro y texto siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO. La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe una violación a los derechos humanos de aquéllas es una de las fases imprescindibles en el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una violación de derechos humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades, e incluso - dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio cultura. La reparación ideal luego de una violación de derechos humanos es la entera restitución a la víctima (restitutio in integrum), la cual consiste en restablecer la situación antes de la violación. No obstante, ante la limitada pos1b1/1dad de que todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en su totalidad por la naturaleza misma de algunas de ellas, la doctrina ha desarrollado una amplia gama de reparaciones que intentan compensar a la víctima de violaciones de derechos humanos mediante reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Las medidas no pecuniarias -también conocidas como reparaciones morales- se clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición. La restitución busca, como su nombre lo indica, restablecer la s/situación que existía antes de la violación, mientras que la rehabilitación propone garantizar la salud de la víctima. La satisfacción tiene por objeto reparar a la víctima con medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia. Las garantías de no repetición tienen la finalidad de asegurar que no se repita una práctica vio/atona, incluyendo ordenar acciones que afectan las instituciones sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas." En donde se establece que Las medidas no pecuniarias -también conocidas como reparaciones morales- se clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición. Ahora bien, tomando en consideración lo antes señalado resulta improcedente otorgar al C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, la medida solicitada, porque no puede otorgarse en ningún momento de manera aislada y; primeramente, debe cumplir con los requisitos descritos con anterioridad para poder tener acceso de manera subsidiaria a una reparación del daño, acorde a las particularidades del caso que nos ocupa y asimismo la medida de rehabilitao6n su naturaleza jurídica no implica aspectos económicos. Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, 42 fracción II y 88 de la Ley de Víctima del Estado de México y tomando en consideración el principio de gratuidad este Comité pone a su disposición un Asesor Jurídico, para que lo represente en los trámites judiciales que tenga pendiente, pues como lo establece el principio antes mencionado, todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima. Por lo que respecta a la medida de compensación solicitada por el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, para que ésta pueda ser procedente debe cumplir con alguno de los supuestos ya mencionados contenidos en los artículos citados con anterioridad,· artículo 69 de la Ley General de Víctimas, artículo 55 fracción V de la Ley de Víctimas del Estado de México y artículo 10 fracción V de las Reglas De Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. De igual forma la medida de satisfacción resulta improcedente establecerlas tal y como las solicita en C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, pues como se ha venido explicando las medidas en ningún momento se deben establecer de manera aislada, y como se aprecia con el oficio signado por el Lic. Cesar Espitia Lozano, Agente del Ministerio Publico, la carpeta de investigao6n aún se encuentra en etapa de investigación e integración. Por lo que respecta a la medida de no repetición resulta improcedente establecerlas tal y como las solicita en C. Gustavo Alan Villafaña Estrada pues como se ha venido explicando las medidas en ningún momento se deben establecer de manera aislada debiéndose cumplir primeramente con los requisitos ya mencionados y como se puede apreciar con el oficio signado por el Lic. Cesar Espitia Lozano, Agente del Ministerio Publico, la carpeta de investigación aún se encuentra en etapa de investigación e integración, y no se cuenta con ninguna sentencia firme de la autoridad judicial competente o la resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos, en donde se acrediten malas prácticas por parte de Agente del Ministerio Publico. [.]" Lo que este juzgador mediante proveído de trece de octubre de dos mil veinte, consideró colmaba los efectos de la concesión protectora de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Así por auto de diez de noviembre de dos mil veinte, el quejoso Gustavo Alan Villafaña Estrada, interpuso recurso de inconformidad contra el auto de trece de octubre del año pasado, el cual resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo punto resolutivo fue: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad." Pues el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que la autoridad responsable no efectuó la respuesta a su solicitud allegándose de todas aquellas constancias que en su caso considerara necesarias para poder estar en aptitud de resolver conforme a derecho, tomando en cuenta lo resuelto en el presente juicio de amparo. Lo anterior, dado que el solicitante de la reparación integral se aduce víctima en términos de la fracción V, del numeral 55 de la Ley de Víctimas del Estado de México, sin embargo existen diversos supuestos contenidos en este artículo; esto es así, pues en la sentencia de amparo se determinó: "...se debe señalar que únicamente se consideró por parte de la responsable que la medida de compensación no es dable otorgar en la etapa procesal en la que se encuentra la investigación del delito en agravio de Gustavo Alan Villafaña Estrada, sin fundamentar cual es esa etapa procesal en la que se encuentra su carpeta de investigación, aunado a que de acuerdo con lo expuesto por el ahora quejoso la misma se encuentra archivada y no ha podido ser localizado el responsable del ilícito derivado de las diligencias que la institución ministerial ha omitido realizar, lo cual no es imputable a él, omitiendo además responderle de manera clara si tiene razón entonces si es procedente que su caso encuadre en los supuestos que prevé el artículo anteriormente citado.." Así las cosas, en proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable para efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario, sin que pase inadvertido que mediante proveídos de veinte de mayo y siete de junio de año que transcurre, se le concedió prorroga, fue entonces que por auto de veinticuatro de junio del año en curso, el Titular del Departamento Jurídico Consultivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, remitió copias certificadas de los acuerdos CME -XIVE-21-3.1.30 y CME-XIXE-21-3.1.2 de veinte de mayo y dieciocho de junio, ambos del presente año. Ahora, por lo que respecta a los acuerdos CME -XIVE-21-3.1.30 y CME-XIXE-21-3.1.2 de veinte de mayo y dieciocho de junio, ambos del presente año; con el primero de ellos la responsable determinó lo siguiente: "Único.- Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Víctimas del Estado de México. El Comité Multidisciplinario Evaluador, determina por unanimidad, que para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito dictada en el urso de inconformidad 28/2020, se gire atento oficio al Agente del Ministerio público, Diego Armando Perdomo Velasco, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con Sede Coacalco de Berriozábal Estado de México, a efecto de que remita el total de las constancias que integran la carpeta de investigación con NUC A/ECA/ECA/027/105611/16/11, NIC ECA/ECA/00/MPI/264/04780/16/11, toda vez que es información de suma importancia para dar cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo. Por lo que se instruye al Encargado de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de Esta Comisión Ejecutiva de tramite al citado oficio. Por lo que una vez que le fueran remitidas las constancias, se pondría a consideración del Órgano interno de la Comisión Ejecutiva para estar en posibilidad de emitir una a respuesta congruente, fundada y motivada, con relación a la solicitud consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición en los términos planteados por el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada. Asimismo, con el segundo acuerdo determino lo siguiente: "Primero.- En cumplimiento al acuerdo de fecha 14 de mayo del presente año dictado en autos del juicio de Amparo número 1137/2019- VII radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el que solicita se dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito dictada en el Recurso de inconformidad 28/2020. Este Órgano Colegiado por unanimidad determina dejar sin efectos el acuerdo CME-VIE-19-3.4.1, emitido en fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, así como el acuerdo CME-XIVE-20.3.1.1. de fecha 28 de julio de 2020. SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 57, 58 quinquies, 65 de la Ley de Víctimas del Estado de México, artículos 38, 39, 40, 43 del Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de México, y en seguimiento al acuerdo CME-XIVE-21-3.1.30, por el que se giró atento oficio al Agente del Ministerio Público, Diego Armando Perdomo Velasco, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con Sede en Coacalco de Berriozábal Estado de México, a efecto de que remitiera el total de las constancias que integran la carpeta de investigación con NUC ECA/ECA/ECA/027/105611/16/11, NIC ECA/ECA/00/MPI/264/04780/16/11, por lo que en fecha 14 de junio del presente año la Agente del Ministerio Publico Karen Selene Siles Aranda, hizo llegar un legajo de copias autentificadas de la carpeta antes referida constante de 153 fojas, en donde obran diversas actuaciones y como última actuación un oficio recordatorio dirigido a la Coordinación General de la Policía de Investigación recibido en fecha 05 de junio del 2021, legajo que tienen a la vista los integrantes de este Comité Multidisciplinario Evaluador. Por lo que este Órgano Colegiado está en posibilidad de realizar un nuevo estudio de la solicitud ingresada por el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada de fecha 08 de mayo de 2019 acordando lo siguiente:" En el citado acuerdo la responsable dio contestación de manera puntual a cada una de las pretensiones del peticionario de amparo, como se advierte de la trascripción siguiente: "[.] Por lo que respecta a la medida de restitución solicitada como se ha explicado en líneas anteriores no puede otorgarse en ningún momento de manera aislada, primeramente, debe cumplir con los requisitos descritos con anterioridad para poder tener acceso de manera subsidiaria a una reparación del daño, adecuada al caso particular que nos ocupa, por lo que no es dable otorgada de la manera en que lo solicita el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada. Por lo que hace a la medida de rehabilitación es importe tomar en consideración la tesis aislada CCCXLII/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo 1, pagina 949, Decima Época, con número de registro, 2010414, de rubro y texto siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO. La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe una violación a los derechos humanos de aquéllas es una de las fases imprescindibles en el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una violación de derechos humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades, e incluso -dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio cultural. La reparación ideal luego de una violación de derechos humanos es la entera restitución a la víctima (restitutio in integrum), la cual consiste en restablecer la situación antes de la violación. No obstante, ante la limitada posibilidad de que todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en su totalidad por la naturaleza misma de algunas de ellas, la doctrina ha desarrollado una amplia gama de reparaciones que intentan compensar a la víctima de violaciones de derechos humanos mediante reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Las medidas no pecuniarias -también conocidas como reparaciones morales- se clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) 108 satisfacción, y c) garantías de no repetición. La restitución busca, como su nombre lo indica, restablecer la situación que existía antes de la violación, mientras que la rehabilitación propone garantizar la salud de la víctima. La satisfacción tiene por objeto reparar a la víctima con medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia. Las garantías de no repetición tienen la finalidad de asegurar que no se repita una práctica violatoria, incluyendo ordenar acciones que afectan las instituciones sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas. Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. José Ramón Cossio Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna En donde se establece que Las medidas no pecuniarias -también conocidas como reparaciones morales- se clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición. Ahora bien, tomando en consideración lo antes señalado resulta improcedente otorgar al C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, la medida solicitada, porque no puede otorgarse en ningún momento de manera aislada y, primeramente, debe cumplir con los requisitos descritos con anterioridad para poder tener acceso de manera subsidiaria a una reparación del daño, acorde a las particularidades del caso que nos ocupa y asimismo la medida de rehabilitación su naturaleza jurídica no implica aspectos económicos. Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, 42 fracción II y 88 de la Ley de Víctima del Estado de México y tomando en consideración el principio de gratuidad este Comité pone a su disposición un Asesor Jurídico, para que lo represente en los trámites judiciales que tenga pendiente, pues como lo establece el principio antes mencionado, todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima. Parlo que respecta a la medida de compensación solicitada por el C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, para que ésta pueda ser procedente debe cumplir con alguno de los supuestos ya mencionados contenidos en los artículos citados con anterioridad; artículo 69 de la Ley General de Víctimas, artículo 55 fracción V de la Ley de Víctimas del Estado de México y artículo 10 fracción V de las Reglas De Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. De igual forma la medida de satisfacción resulta improcedente establecerlas tal y como las solicita en C. Gustavo Alan Villafaña Estrada, pues como se ha venido explicando las medidas en ningún momento se deben establecer de manera aislada, y como se aprecia con el oficio signado por el Lic. Cesar Espitia Lozano, Agente del Ministerio Publico, la carpeta de investigación aún se encuentra en etapa de investigación e integración, dado que como última actuación un oficio recordatorio dirigido a la Coordinación General de la Policía de Investigación recibido en fecha 05 de junio del 2021. Por que respecta a la medida de no repetición resulta improcedente establecerlas tal como las solicita en C. Gustavo Alan Villafaña Estrada pues como se ha venido explicando las medidas en ningún momento se deben establecer de manera aislada debiéndose cumplir primeramente con los requisitos ya mencionados y como se puede apreciar con el oficio signado por el Lic. Cesar Espitia Lozano, Agente del Ministerio Publico, la carpeta de investigación aún se encuentra en etapa de investigación e integración, y no se cuenta con ninguna sentencia firme de la autoridad judicial competente o la resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos, en donde se acrediten malas prácticas por parte de Agente del Ministerio Publico. [.]" Por tanto, contrario a lo expuesto por el peticionario de amparo en el ocurso de cuenta la autoridad responsable sí acató los efectos del fallo protector, pues acreditó que se allegó de las constancias necesarias para dar respuesta a la solicitud del aquí quejoso, dado que solicitó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo con Sede Coacalco de Berriozábal Estado de México, remitiera el total de las constancias que integran la carpeta de investigación con números NUC A/ECA/ECA/027/105611/16/11, NIC ECA/ECA/00/MPI/264/04780/16/11 y del mismo modo, en dicha contestación destacó que no era procedente otorgar la medida de compensación solicitada por el aquí quejoso, en virtud de que la carpeta de investigación aún se encuentra en etapa de investigación e integración, pues como última actuación un oficio recordatorio dirigido a la Coordinación General de la Policía de Investigación recibido el cinco de junio del presente año. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, notifíquese la presente determinación por lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Visto el oficio de cuenta signado por el Titular del Departamento Jurídico Consultivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, por el que comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual remite copias certificadas de los acuerdos CME -XIVE-21-3.1.30 y CME-XIXE-21-3.1.2 de veinte de mayo y dieciocho de junio, ambos del presente año. En ese orden, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexo en mención, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. ...Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil veintiuno. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio que remite el Titular del Departamento Jurídico Consultivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, a través del cual informa las gestiones que está llevando a cabo para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y solicita se conceda una prórroga para el cumplimiento de la sentencia. Al efecto, se le concede una prórroga por el plazo de diez días hábiles siguientes a la legal notificación de este proveído e informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que así lo acrediten. En el entendido que subsiste el apercibimiento con el que se le conmino en proveído de catorce de mayo pasado. ...

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