Gustavo Alberto Gómez Molina
Expediente 1155/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gustavo Alberto Gómez Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano, así como que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de mayo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 1155/2022-I, promovido por *******, contra actos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ambos con sede en la Ciudad de México. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el doce de diciembre de dos mil veintidós, turnado el mismo día a este Juzgado, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ambos con sede en la Ciudad de México de quienes reclamó: "La resolución emitida de fecha 17 de noviembre de 2022, notificada el 18 de octubre del presente año, que confirma el acuerdo dictado el 06 de junio de 2022, relativo a la no presentación en tiempo y forma de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora quejoso." Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 8, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 1155/2022-I, se admitió a trámite, se concedió la suspensión de plano, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto emitido dentro del territorio donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ambos con sede en la Ciudad de México, en esencia, lo siguiente: La resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que confirmó el acuerdo dictado el seis de junio del citado año, respecto a la no presentación en tiempo y forma de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora quejoso. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación de las autoridades responsables Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en su denominación correcta) y Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ambos con sede en la Ciudad de México, al rendir el informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado únicamente en lo que respecta a la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la que confirmó el acuerdo dictado por el Jefe de Departamento de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien tuvo por no presentada en tiempo y forma la solicitud de la condición de refugiado del quejoso. De manera que, se tiene fehacientemente demostrada la existencia del acto reclamado precisado en este considerando. Cuarto. Improcedencias invocadas por las autoridades responsables. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. a) La Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación de las autoridades responsables Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en su denominación correcta) y Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ambos con sede en la Ciudad de México, invocan la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, ya que a su parecer, el promovente del amparo debió satisfacer el principio de definitividad. Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se actualiza la causa de improcedencia propuesta, es necesario tener presente el contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) De lo reproducido se desprende que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria admita algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual pueda ser modificado, revocados o nulificado, pues refieren que la quejosa debió agotar el principio de definitividad y, promover el juicio contencioso administrativo federal previo a la promoción del juicio de amparo. Debe señalarse que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece lo siguiente: (.) Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) Del artículo transcrito se advierte que el Tribunal Federal Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si bien es procedente el juicio de nulidad en contra de la resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que niega el reconocimiento de la calidad de refugiado, no debe entenderse ésta como una vía única y exclusiva que limite el derecho de defensa e impartición de justicia que asiste a los solicitantes de refugio. Lo anterior, ya que en el ejercicio de interpretación sistemática de otras disposiciones de la Ley de Amparo -como el apartado en que se regulan las excepciones al principio de definitividad- en donde se prevé que en situaciones de semejante riesgo a los derechos humanos de vida, libertad, integridad y/o permanencia en el territorio nacional, impera procurar la interpretación que favorezca la más efectiva y oportuna protección judicial, porque así se permite cumplir los objetivos últimos del juicio de amparo como instancia garante de derechos humanos. Razonamientos que este juzgado comparte, ya que en la ponderación de reglas de procedencia del juicio de amparo y los derechos humanos que se encuentran en juego, resulta, indudablemente, que tratándose de grupos de vulnerabilidad como el de los migrantes, ha de procurarse mitigar sus desventajas frente al ordenamiento jurídico nacional, a fin de lograr la máxima efectividad de tales derechos, que tienen, por inicio, la efectiva y oportuna protección judicial, lo cual se puede realizar permitiéndoles acceder al juicio de amparo. De ahí que se estime infundada la causa de improcedencia hecha valer. b) Las responsables invocan como una segunda causa de improcedencia le establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 63, y la fracción II del artículo 5, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) De los citados preceptos se advierte que autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora si bien, las responsables manifiestan que no tuvieron intervención en los actos manifestados por la parte quejosa, dicha aseveración es incorrecta, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la cual confirma el acuerdo dictado el seis de junio del citado año, relativo a la no presentación en tiempo y forma de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del aquí quejoso, dictada por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de lo anterior, se advierte que fue una autoridad material y formalmente administrativa quien dicto el acto que se tilda de inconstitucional en esta vía. En virtud de lo anterior, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la responsable pues como ha quedado precisado, se trata de una resolución administrativa. De este modo, al no existir diversas causas de improcedencia hechas valer por las partes en contra del acto reclamado que resultó cierto, ni de autos advertirse alguna que de oficio deba ser analizada, se procede al estudio de la litis fijada en el presente juicio constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Análisis previo al estudio de fondo. Previo al estudio de los conceptos de violación se procederá a hacer una narrativa de los antecedentes que dieron origen al acto que ahora se reclama: Yo ingresé por segunda vez a México el 14 de enero de 2022, es decir que existió una primera vez, por lo que tuve una CURP y Constancia de inicio de trámite con COMAR. Aunque relatare breve porque motivo no pude seguir en ese primer proceso, el acto del cual recurro al juicio de amparo es contra la segunda solicitud que presente. La primera vez que ingrese a México en septiembre de 2020 me establecí en Tapachula, inicie el procedimiento con COMAR, esto fue posterior a una detención que tuve y estuve en una estación migratoria Siglo XXI, por lo que me establecí, comencé a trabajar en un taller y estaba esperando mi procedimiento en esa entidad federativa. Trabaje en un taller y fue en el mes de diciembre de 2020 cuando tuve detención por parte de una camioneta del Instituto Nacional de Migración- en adelante lo señalare como INM. Tal como lo señalé en contestación de prevención que di contestación en tiempo y forma en su momento, en el numeral tres que señalo; "El 27 de diciembre del 2020 tuve una detención por una camioneta del INM, en Tuxtla Chico, Chiapas, siempre cargaba con mi CURP y Constancia, pero eso no les importó a los oficiales de Migración que me detuvieron y me subieron en la camioneta, me dijeron esos no valen y los rompieron frente a mí, me llevaron a la frontera entre Ciudad Hidalgo, México y Tecun Uman, Guatemala. Desde el momento que trozaron las hojas supe que algo no estaba bien, pues mis documentos yo estaba seguro de que son legítimos y no les importó ni investigaron, solo me llevaron a la frontera y me "tiraron" en el puente." Después del mal trato por parte de esa camioneta del INM, regresé a *******, tras lo ocurrido yo tenía miedo de que me encontraran las personas que me estaban buscando y por las cuales salí de mi país. Hasta que en diciembre del 2021 los vuelvo a encontrar en la ciudad, debido a que debemos vender el producto de las siembras en la zona urbana. Por lo que me detectaron y decidí huir nuevamente por temor a mi vida. Ahora bien, después de los hechos ocurridos, tuve este segundo ingreso a México, miso que hasta la fecha sigo aquí, en 14 de enero del 2022 yo ingrese al país y tuve miedo de pasar los mismos hechos con el INM en Chiapas, pues ya no podía confiar, aunque tuviera mi CURP y papeles de COMAR, no bastaba para esas personas de Migración en México el acreditar con esos documentos mi estancia regular, pues en su momento me los trozaron. Debido a la desconfianza tuvo que esconderme dos semanas y trabajando en el taller de carros en Tapachula, mismo que ya conocía al dueño, porque en mi primer ingreso estuve laborando con él. Cuando conseguí algo de dinero para comer, me salí de ese lugar para buscar pedir ayuda y seguir con el procedimiento que inicie, fui víctima de un secuestro mientras pedía a los automóviles de la autopista quien me pudiera trasladar, una camioneta con hombres que no iban armados me llevó a un lugar con bardas altas y alambres alrededor. Logré escapar y caminar por unas horas en una finca de mangos, supe que estaba en Tehuantepec y en una iglesia me ayudaron para un camión que me llevara a la Ciudad de México. En Ciudad de México no conocía a nadie, tenía miedo sin recursos y sin conocer, por lo que solo pretendía estar de paso, mi destino era llegar con un conocido en Torreón que trabajaba descargando productos en una central de abastos, era mi único medio de contacto de quien podía valerme en México. Aunque mi conocido me recibió, no me permitió quedarme por mucho tiempo, solo vivía en el cuarto donde le permitían estar a uno solo y no aceptaban más inquilinos, por lo que me ayudo con un pasaje a ciudad Juárez el primero de marzo del presente año. Nunca supe que me esperaba en Ciudad Juárez, pero me dijo que era una ciudad grande donde mucha gente se iba para allá y podían ayudarme. Cuando llegué a Ciudad Juárez mi único refugio fue buscar la iglesia y ahí conocí a una organización con abogados de trámites para solicitantes de refugio en México, señalo que desde que salí de México la primera vez, deje una copia de mis documentos en el taller donde trabajé, por lo que en mi regreso a México aún la conservaron. Por lo que después de una plática con el licenciado me ayudó, presentamos una nueva solicitud en marzo del 2022 en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, explicando toda mi travesía y los motivos que me impidieron presentar una solicitud de inmediato a mi ingreso el 14 de enero del 2022. El 10 de marzo del 2022 presenté la solicitud de refugio en México, ante el INM en Ciudad Juárez. Se me dictó un acuerdo de prevención notificado al correo electrónico *******. el 20 de abril del 2022, se presentó escrito libre desahogando dicha prevención en tiempo y forma. Se me solicito un medio de contacto para citarme a entrevista de elegibilidad en fecha 16 de mayo de 2022 al correo *******, que conteste el mismo día señalando mis medios de contacto. El 06 de junio del presente año se me notifico al mismo medio electrónico señalado para oír y recibir notificaciones el cual se me tuvo no por no presentada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El 16 de junio presente el recurso de revisión en conta (sic) del acuerdo, mismo del numeral anterior. Mismo recurso que me fue notificado confirmando la decisión de tenerme por NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE REFUGIADO. Al cual ahora recurro porque viola mis derechos humanos y me deja en un estado de desprotección como persona refugiada, quien busca el reconocimiento de esta autoridad y al menos poder ser escuchado de mis causas para determinar conforme a derecho. OCTAVO. Determinación emitida por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. [.] QUINTO.- Del análisis de las aseveraciones referidas por el recurrente en su escrito de agravios, se advierte que las mismas resultan infundadas para desvirtuar el acuerdo emitido el 06 de junio de 2022, de conformidad con lo siguiente: En el acuerdo emitido el 06 de junio de 2022, la autoridad responsable analizó todo lo dicho por el recurrente. Realizó el cómputo del plazo de 30 días hábiles señalado por el artículo 18 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, tomó como referencia el día en que la persona extranjera señaló entró a territorio nacional, es decir, el 14 de enero de 2022, el indicó que el plazo iniciaba el día hábil siguiente a su ingreso a territorio nacional, es decir, el 17 de enero de 2022 y feneció el 28 de febrero de 2022. Asimismo, concluyó que el lapso previsto en la ley, contado a partir de la fecha en que señaló conoció a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Refugiados, también se excedió, pues si bien el recurrente refirió que tuvo conocimiento "CUANDO INGRESE A MÉXICO POR PRIMERA VEZ" (SIC), debido a que anexo la constancia de una solicitud previa iniciada en la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, se puede presumir, que tuvo conocimiento de esta autoridad el 20 de octubre de 2020, de ahí que, al 10 de marzo de 2022, fecha en que se presentó su solicitud, es evidente que la misma se presentó fuera del plazo establecido por la Ley. Asimismo, es de señalarse que el Jefe del Departamento de Protección 4 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, emitió prevención al ahora recurrente para que expresara los motivos por los cuales le fue materialmente imposible presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado dentro de los 30 días hábiles posteriores a su ingreso a territorio nacional o que se enteró de la existencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; sin embargo, tal como conste en el acto recurrido, no se acreditó la existencia de una imposibilidad material que le hubiese impedido a la persona extranjera *******, presentar su solicitud ya que solo se concretó a señalar lo siguiente "(.) ingrese a México el 14 de enero de 2022, evidentemente ya existía un proceso con COMAR en Tapachula, (.) solo estuve dos semanas ahí. (.) Tomé un camión a Tehuantepec a la CDMX, pues en esta primera ciudad fui a pedir ayuda a una iglesia donde me dieron comida y refugio, (.) En CDMX fui a otra capilla de iglesia, ellos me ayudaron con el pasaje para poder llegar a Torreón, donde tenía un conocido que sabía que podría ayudarme. Yo conocía a alguien en Torreón que sólo me permitió quedarme unos días con él, pues decía que solo le permitieron quedarse a uno. Pero no ayudo para el pasaje el 1 de marzo del presente año y compré un boleto de camión a Juárez (.)" (SIC), siendo que tales dichos no establecen la posibilidad real y material para presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado dentro de los 30 días hábiles posteriores a su ingreso a territorio nacional, o bien, los 30 días hábiles posteriores a su conocimiento de existencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se dice lo anterior, ya que como refiere la persona extranjera, comenzó un procedimiento anterior ante la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, mismo que registró con número de Clave Única de Refugiado (CUR) *******, el cual fue concluido el 30 de marzo de 2022, por la entonces Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, mediante acuerdo en el que se tuvo por abandonado el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, ya que el ahora recurrente no cumplió con su obligación de permanecer dentro de la entidad federativa en donde comenzó su procedimiento, sin que se presentara escrito de reapertura, pero si una nueva solicitud, misma que se le tuvo por no admitida el 06 de junio de 2022. Sin que obste que el recurrente manifieste que la autoridad es omisa en considerar que fue secuestrado en México por lo cual no logró presentar su petición de reconocimiento de la condición de refugiado; sin embargo, del análisis que se realiza de sus aseveraciones precisadas en el escrito libre mediante el cual desahoga la prevención; se advierte que la persona extranjera *******, manifiesta que fue retenido contra su voluntad en Chiapas, sin embargo al escapar se traslado a la Ciudad de México, en donde estuvo en posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, sin que lo hiciera, siendo en su perjuicio dicha omisión; por tanto dicho agracio (sic) no desvirtúa la presunción de legalidad del acuerdo emitido el 06 de junio de 2022. Por otra parte, el hecho de que el resultado del acuerdo sea en el sentido de no admitir a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera *******, no implica que la autoridad haya violado los derechos fundamentales que debe gozar el recurrente, en particular su derecho a la vida, o incumplido con lo previsto en la ley sobre la materia y los tratados internacionales, sino que después de elaborar un análisis de su petición, se determinó que ésta no se encontraba dentro de los supuestos contemplados por la Ley de materia para que fuese admitida a trámite, por lo que resultan infundados los agravios presentados por el recurrente. De esta forma, lo expuesto por el recurrente no modifica el sentido del acuerdo mediante el cual se tiene por no presentada en tiempo y forma su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, puesto que no constituye elemento alguno que desvirtué el contenido del acuerdo emitido el 06 de junio de 2022. Consecuentemente, al no haberse presentado la solicitud del recurrente dentro del plazo establecido por el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y no acreditarse una imposibilidad material que le hubiese impedido hacerlo a partir de su ingreso a territorio nacional, o de la fecha en que tuvo conocimiento de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no fue posible tener por admitida en tiempo y forma la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera *******. [.] De tal manera es constitucionalmente válido que el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establezca un plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de refugiado, ya que atiende a medidas para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas extranjeras que solicitan refugio; aunado a que existe una excepción a la regla lo cual no deja en estado de indefensión a personas extranjeras que desean obtener dicho reconocimiento. Por tal motivo, es apegado a derecho que la autoridad no haya admitido a trámite la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado de la parte recurrente, fundado su determinación en que ésta no fue presentada en tiempo y forma. En razón de lo anterior, los agravios de la persona extranjera *******, resultan infundados para desvirtuar la legalidad del acuerdo emitido el 06 de junio de 2022, toda vez que el estudio integral del acto recurrido, así como de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que la autoridad fundó y motivó debidamente su determinación, asentando los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causa inmediatas que tomó en consideración para tener por no presentada en tiempo y forma la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora recurrente, tal y como se demostró en los considerandos que anteceden. SEXTO.- Con relación a que el acuerdo de fecha 06 de junio de 2022, presuntamente viola el Principio de No Devolución, es necesario atender a lo dispuesto por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en sus artículos 5, fracción I, y 6, (.) (.) debe entenderse por solicitante de la condición de refugiado; condición de refugiado y protección complementaria. Aunado a ello, es de señalarse que únicamente tienen el carácter de solicitante aquellas personas extranjeras cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado haya sido admitida y éste pendiente su determinación. Con la emisión del acuerdo de admisión de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, se inicia el procedimiento administrativo respectivo cuya duración es de 45 días hábiles, excepcionalmente podrá ampliarse dicho plazo en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de la materia. Dicha situación jurídica prevalece hasta en tanto la emisión de la resolución del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, párrafo primero de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y 57, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (.) En virtud de lo anterior y atendiendo a que la persona extranjera *******, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo en el cual se tiene por no presentada su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se advierte que durante la instrucción del procedimiento administrativo la autoridad tomó las medidas necesarias para garantizar el respeto al Principio de No Devolución, puesto que mediante oficio ******* de fecha 10 de agosto de 2022, se informó a la Dirección de Atención y Difusión Migratoria del Instituto Nacional de Migración, que dicha persona extranjera había presentado recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 06 de junio de 2022, por medio del cual se tuvo por no presentada su solicitud, lo anterior para todos los efectos procedentes. En razón de lo anterior, los agravios de la persona extranjera *******, resultan infundados para desvirtuar la legalidad del acuerdo emitido el 06 de junio de 2022, toda vez que del estudio integral del acto recurrido, así como de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que la autoridad fundó y motivó debidamente su determinación, asentando los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para tener por no presentada en tiempo y forma la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora recurrente, tal y como se demostró en los considerandos que anteceden. Ahora bien, respecto a las manifestaciones del recurrente, sobre lo relacionado al acuerdo de abandono del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio con número de Clave Única de Refugiado (CUR) *******, que inició ante la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, las mismas resultan inoperantes para desvirtuar la legalidad del acuerdo de fecha 06 de junio de 2022. En primer lugar, es de indicar que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que los conceptos den nulidad formulados por la parte recurrente en contra de las resoluciones de la autoridad responsable, deben ser encaminadas a controvertir los fundamentos y motivos en que se basó la autoridad para emitir el mismo. (.) Por lo que hace al agravio de la persona extranjera *******, consistente en que la autoridad remitió un correo electrónico el 16 de mayo de 2022, mediante el cual solicitaban un número telefónico para llevar a cabo la entrevista de elegibilidad, el mismo resulta infundado, ya que el recurrente es omiso en exhibir como prueba el correo electrónico de mérito, para estar en posibilidad de analizar el mismo, así como la afectación a sus esfera jurídica; por lo que no desvirtúa la presunción de legalidad del acuerdo emitido el 06 de junio de 2022. SÉPTIMO.- Finalmente, el recurrente aduce en el recurso de revisión una violación al principio de pro persona toda vez que se alejó de la obligación que en ese sentido le imponen dichos ordenamientos. En lo que respecta acuerdo de no admisión a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado no implica que la autoridad haya violado sus derechos fundamentales que debe gozar en particular su derecho a la vida, o incumplido con lo previsto en ley sobre la materia y los tratados internacionales, sino que después de elaborar un análisis de su relato se determinó que se había presentado su solicitud de manera extemporánea. (.) Por consiguiente, para que la petición de la parte recurrente pueda ser atendida de fondo requiere el cumplimento de una carga mínima; por lo que tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la impugnación realizada por el recurrente reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación de principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, cuestiones que en la especie no se satisfacen. Finalmente, en razón de lo anterior y una vez realizado el análisis por parte de esta revisora de los argumentos hechos valer en los agravios en estudios por el recurrente, se reitera que los mismos, resultan infundados para desvirtuar la legalidad del acuerdo emitido el 06 de junio de 2022, toda vez que del estudio integral del acto recurrido, así como de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que la autoridad fundó y motivó debidamente su determinación, asentando los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para tener por no presentada su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados al ahora recurrente, tal y como se demostró en las consideraciones que anteceden. Por lo que con apoyo en los preceptos 1, 11, segundo párrafo, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, así como en el artículo 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se RESUELVE PRIMERO.- Con fundamento en la fracción II del artículo 91 de la Ley del Procedimiento Administrativo, la Subdirección de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados confirma el acuerdo dictado el 06 de junio de 2022, por el Jefe de Departamento de Protección 11 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, relativo a la no presentación en tiempo y forma de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera *******, nacional de *******, de conformidad con los considerandos SEGUNDO al SÉPTIMO de la presente resolución. SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la persona extranjera *******, nacional de *******. [.] NOVENO.- Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los motivos de disenso. El quejoso refiere que es incorrecta la determinación emitida por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, consistente en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la cual confirma el acuerdo dictado el seis de junio del citado año, relativo a la no presentación en tiempo y forma de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del aquí quejoso *******, dado que manifiesta que la misma no se llevó a cabo con imparcialidad y congruencia, como establece el artículo 17 Constitucional. Ello debido que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no realizó ninguna valoración previa a lo expuesto, desde el inició de la solicitud, el desahogo de la prevención, el recurso de revisión, no obstante que manifestó que al ser detenido por elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes le quitaron los papeles con los que podría acreditar su estancia regular, ello mientras esperaba su procedimiento y las entrevistas posteriores para conocer más acerca de lo señalado en su solicitud. Asimismo, indica que la determinación emitida por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no se encuentra fundada y motivada, tal y como dispone el artículo 16 Constitucional. Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que, no le asiste razón a la parte quejosa, en relación a sus argumentos, aún suplidos en su deficiencia. En virtud, de que la determinación impugnada, en ningún momento transgrede la administración de justicia y debido proceso como indica el quejoso, ya que de lo que precisa en sus antecedentes y mismos que fueron tomados en consideración por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y como precisó en su determinación de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, tales dichos no establecen la posibilidad real y material para presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado dentro de los treinta días hábiles posteriores a su ingreso a territorio nacional, o bien, los treinta días hábiles posteriores a su conocimiento de existencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ello en virtud, de que el ahora recurrente no cumplió con su obligación de permanecer dentro de la entidad federativa en donde comenzó su procedimiento, sin que se presentara escrito de reapertura, pero si una nueva solicitud, misma que se le tuvo por no admitida el seis de junio de dos mil veintidós. Cabe destacar que el aquí quejoso, comenzó un procedimiento anterior ante la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, el cual fue registrado bajo el número de Clave Única de Refugiado (CUR) *******, mismo que concluyó el treinta de marzo de dos mil veintidós, por la entonces Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, mediante acuerdo en el que se tuvo por abandonado el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Lo anterior, en virtud de que el quejoso no cumplió con su obligación de permanecer dentro de la entidad federativa en donde comenzó su procedimiento, sin que se presentara escrito de reapertura, pero si presentó una nueva solicitud, que se tuvo por no admitida el seis de junio de dos mil veintidós. La responsable, en su determinación, hizo énfasis, en que no obstante que el recurrente manifestó que la autoridad es omisa en considerar que fue secuestrado en México por lo cual no logró presentar su petición de reconocimiento de la condición de refugiado; sin embargo, del análisis de su escrito libre mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada; se advierte que *******, manifestó que fue retenido contra su voluntad en Chiapas, sin embargo al escapar se trasladó a la Ciudad de México, en donde estuvo en posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, sin que lo hiciera, siendo en su perjuicio dicha omisión; por tanto dicho agravio no desvirtúa la presunción de legalidad del acuerdo emitido el seis de junio de dos mil veintidós; lo anterior, no implica que la autoridad haya violado los derechos fundamentales que debe gozar el recurrente. Aunado a que lo expuesto por el quejoso, no modifica el sentido del acuerdo ya que no constituye algún elemento que desvirtúe el contenido del acuerdo emitido el seis de junio de dos mil veintidós. Por lo que, al no haberse presentado la solicitud por parte del quejoso dentro del plazo establecido por el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y no acreditarse una imposibilidad material que le hubiese impedido hacerlo a partir de su reingreso a territorio nacional, esto es el catorce de enero de dos mil veintidós que llegó a la Ciudad de México, o en su caso, el treinta de marzo de dos mil veintidós, fecha en que tuvo conocimiento de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no fue posible tener por admitida en tiempo y forma la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la persona extranjera *******. Por tal motivo, es apegado a derecho que la autoridad no haya admitido a trámite la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado de la parte recurrente, fundado su determinación en que ésta no fue presentada en tiempo y forma. De igual forma, hay que precisar que la responsable tomo en consideración lo dispuesto por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en sus artículos 5, fracción I, y 6, esto es: (.) debe entenderse por solicitante de la condición de refugiado; condición de refugiado y protección complementaria. Aunado a ello, es de señalarse que únicamente tienen el carácter de solicitante aquellas personas extranjeras cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado haya sido admitida y éste pendiente su determinación. Con la emisión del acuerdo de admisión de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, se inicia el procedimiento administrativo respectivo cuya duración es de 45 días hábiles, excepcionalmente podrá ampliarse dicho plazo en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de la materia. Dicha situación jurídica prevalece hasta en tanto la emisión de la resolución del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, párrafo primero de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y 57, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (.) Cabe destacar que la responsable en la tramitación del procedimiento administrativo respecto al recurso de revisión del quejoso, tomó las medidas necesarias para garantizar el respeto al Principio de No Devolución, ya que mediante oficio ******* de diez de agosto de dos mil veintidós, se informó a la Dirección de Atención y Difusión Migratoria del Instituto Nacional de Migración, que dicha persona extranjera había presentado el citado medio de impugnación. En relación a lo manifestado por el quejoso, respecto a que la autoridad remitió un correo electrónico el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual solicitaban un número telefónico para llevar a cabo la entrevista de elegibilidad, el quejoso no exhibió ante la responsable el correo electrónico antes precisado, ello para que la responsable pudiera analizar el contenido del mismo. Asimismo, la responsable en su determinación, manifestó que para que la petición de la parte recurrente pudiera ser atendida de fondo requiere el cumplimento de una carga mínima; siendo necesario que la impugnación realizada por el recurrente reuniera los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación de principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Los que en el caso que nos ocupa, no fueron satisfechos por el quejoso. Por último, respecto a que la autoridad no fundó ni motivó su determinación, ello se desvirtúa ya que la responsable estudió los antecedentes expuestos por el quejoso, dando contestación a cada uno de los agravios expuestos, y su determinación la emitió conforme a lo dispuesto por los artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 59 y 60 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, así como en el artículo 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establecen: (.) Artículo 18. El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría dentro del término de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que haya ingresado al país o, en su caso, a aquél en que le haya sido materialmente posible presentarla en los términos que defina el reglamento. En el supuesto previsto en el artículo 13, fracción III, el plazo para presentar la solicitud correrá a partir del día siguiente al que tenga conocimiento de los hechos a los que alude dicha disposición. En el caso en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, la presentará verbalmente, debiéndose asentar en un acta las manifestaciones del solicitante. Si el extranjero no tiene posibilidad de comunicarse verbalmente, se tomarán las medidas necesarias para asentar en el acta correspondiente las manifestaciones del solicitante. En el supuesto de que el extranjero no comprenda el idioma español, se procederá conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 23 de esta Ley. (.) Artículo 59.- En contra de la negativa de reconocimiento de la condición de refugiado, de la cesación, de la cancelación, de la revocación o del retiro de la protección complementaria, de la negativa de autorización de reunificación familiar, así como del dictamen sobre la protección efectiva a que se refiere el artículo 91 de este Reglamento, procede el recurso de revisión. El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Artículo 60.- En las cuestiones de tramitación del procedimiento en materia de reconocimiento de la condición de refugiado, así como del recurso de revisión no previstos en este Reglamento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (.) Artículo 91.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; Confirmar el acto impugnado; Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. (.) Por lo que, una vez revisada la resolución emitida por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se considera que está debidamente fundada y motivada, expresando los motivos y ordenamientos legales que tomó como base para ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 166, del Apéndice 200 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Materia Común, (registro digital: 917738), de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, (registro: 176546), que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso respecto de la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que confirmó el acuerdo dictado el seis de junio de dos mil veintidós, relativo a la no presentación en tiempo y forma de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del aquí quejoso, dado que los conceptos de violación resultaron infundados. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, signados por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de doce de abril del año en curso; al efecto envía copia certificada de las constancias de la resolución emitida por el Subdirector de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente *******, así como la notificación de la misma al aquí quejoso *******, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo. Ahora, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de las documentales que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Prueba documental Téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que, en alcance a su informe justificado remite, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Razón actuarial Vista la constancia levantada por la Actuaria de la adscripción de la cual se desprende que no fue posible notificar al quejoso el proveído de doce de abril del año en curso, por los motivos que expresa en la misma. Ordena notificar por lista En consecuencia, dada la imposibilidad de notificar al quejoso, de forma personal en el domicilio que señaló para tal efecto, se ordena que la notificación a ******* del auto de doce del actual, de este auto y los subsecuentes se realicen por lista, en términos de los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo; ello hasta en tanto se señale un domicilio donde la accionante pueda ser localizado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Materias Común, visible en la página 238, con registro digital 169843, de rubro y texto: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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