Gustavo Adolfo Pardo Casas

Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
738/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Adolfo Pardo Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar enalguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión, el incidente de suspensión original es susceptible de destrucción, dentro del plazo de tres años, conforme lo establecen los numerales 21, c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 738/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinte del mismo mes y año, *******, promovió demanda de amparo en contra del Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos y de la Magistrada de la Sala Familiar Regional, ambos con sede en esta ciudad, de quienes se reclamó lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO: La resolución dictada el día veintiocho de septiembre del presente año en el Toca *******. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda y posterior admisión a trámite. Primero, en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se mandó aclarar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Prevención Consecuentemente, de conformidad con el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente a efecto de que por escrito, bajo protesta de decir verdad, narre los antecedentes del acto reclamado. Tal prevención deberá desahogarla dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Luego de que el quejoso cumpliera la prevención, en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos y la Magistrada de la Sala Familiar Regional, ambos con sede en esta ciudad: La resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno en el toca *******, donde confirmó la resolución interlocutoria emitida en el incidente de ejecución de sentencia relativo al expediente *******, donde se le condenó al pago de cantidad líquida en favor de su hija de nombre *******, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado del Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; pues como se desprende de las constancias que obran en autos, el mismo fue emitido por la Magistrada responsable. De modo que, se desvirtúa la afirmativa vertida por dicha autoridad. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto del Juez señalado como responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia del acto reclamado. Como ya se acotó, es cierto el acto atribuido a la Magistrada de la Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. La certeza del mismo, se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el toca ******* que la Magistrada responsable remitió; de las que se desprende que, efectivamente, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno dictó resolución en el toca *******, donde confirmó la resolución interlocutoria emitida en el incidente de ejecución de sentencia relativo al expediente *******, de la estadística del Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, donde se le condenó al pago de cantidad líquida en favor de su hija de nombre *******, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas. Las constancias remitidas en copia certificada por las autoridades señaladas como responsables, anexas a sus informes con justificación, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis de la resolución emitida por la Sala responsable, aquí reclamada, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción II, inciso, de la Ley de Amparo, con relación a la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 24/2020 (10a.), del rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Enseguida, por cuestión de técnica, se estima pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado en la oficialía de turnos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el treinta de noviembre de dos mil cuatro, *******, demandó la disolución del vínculo matrimonial con el aquí quejoso; y en representación de su entonces menor hija *******, demandó en favor de ésta, pensión alimenticia. Tal ocurso, originó el expediente ******* del índice del hoy extinto Juzgado Segundo Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos. Mediante escrito presentado ante tal juzgado el veintisiete de febrero de dos mil cinco, ******* y el aquí quejoso exhibieron el convenio que celebraron, en el que pactaron, entre otras cosas, que éste, otorgaría una pensión alimenticia a su entonces menor hija *******, por la cantidad de ******* ($*******) moneda nacional, de manera semanal, con un incremento del treinta por ciento (30%) anual sobre la cantidad vigente en el momento del aumento; además, se comprometió al pago de la cantidad que resultara del cincuenta por ciento (50%) de todos y cada uno de los gastos relacionados con la educación de la entonces menor; convenio que fue aprobado en su totalidad en sentencia de diecisiete de febrero de dos mil cinco y quedó firme el tres de marzo de la misma anualidad. A la postre, en escrito presentado en el extinto Centro Auxiliar del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el siete de septiembre de dos mil veinte, compareció *******, a demandar en la vía de apremio, incidente de ejecución de sentencia, por el impago del periodo comprendido del tres de marzo de dos mil cinco (en que quedó firme la sentencia emitida en el aludido expediente *******), a la fecha de la presentación del citado ocurso. Asunto que ante el cierre del referido centro, fue turnado al Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en que actualmente se encuentra, donde se le identificó como el expediente *******. El siete de diciembre de dos mil veinte, *******, compareció a las instalaciones del Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a ratificar el escrito que presentó el veintiséis de octubre de dos mil veinte, por virtud del cual manifestó su deseo de adherirse a la demanda presentada por su madre en la vía de apremio, a través de incidente de ejecución de sentencia, en contra de su padre (aquí quejoso), al haber cumplido ya para esa fecha, la mayoría de edad. Así, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se emitió resolución interlocutoria en dicha incidencia de ejecución de sentencia promovida por las aquí terceras interesadas, en la que se determinó lo siguiente: PRIMERO. El PROCEDIMIENTO RELATIVO AL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA elegida fue la correcta. SEGUNDO. La señora [*******], promovió la cuestión incidental, su hija la joven [*******] se adhirió a la misma y acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su acción de ejecución de sentencia. El señor [*******] justificó parcialmente sus excepciones. TERCERO. Se condena al señor [*******], a pagar a favor de su hija, la joven [*******], la cantidad de [$******* (*******)], por las razones expresadas. CUARTO. En cuando quede firme esta resolución, envíense los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, para que designe una persona funcionaria judicial, para que se constituya en el domicilio del señor [*******] y lo requiera, para que en el acto de la diligencia, le exija el pago total de la cantidad de [$******* (*******)], por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, y en el caso de no hacer el pago del adeudo en el mismo acto de la diligencia, embárguensele bienes de su propiedad, bastantes y suficientes para garantizar el pago del adeudo y procédase al trance y remate de los mismos, y del producto de la venta hasta donde alcance, hágase el pago que corresponda a su acreedora alimentaria, su hija, la joven [*******]. QUINTO. En cuanto al reclamó del impago alimentario en relación a la cláusula quinta, del convenio que celebraron la señora [*******] y el señor [*******], se le dejan reservados sus derechos a la joven [*******], para que los haga valer conforme a derecho. Pero en esta resolución interlocutoria, se absuelve al señor [*******], del pago de las siguientes cantidades: a) Del pago de la cantidad de [$******* (*******)], por concepto de gastos escolares de secundaria. b) El pago de la suma de [$******* (*******)], por conceptos de gastos escolares de preparatoria. c) Así como al pago de [$******* (*******)] por concepto de gastos universitarios. Las cantidades mencionadas por el periodo comprendido del año dos mil cinco al siete de septiembre de dos mil veinte. SEXTO. Resultó innecesario entrar el estudio del incidente de tachas. SÉPTIMO. Notifíquese personalmente esta resolución interlocutoria a las partes. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Magistrada de la Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad; quien, al emitir resolución en el toca *******, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó lo siguiente: Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno. Sentencia que confirma la resolución interlocutoria de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, sin hacer condena en costas. 1. ANTECEDENTES DEL CASO I. Demanda. Con fecha treinta de noviembre de dos mil cuatro, se recibió en la Oficialía de Turnos de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial. Bravos, escrito inicial y sus anexos, virtud al cual compareció *******, demandando las siguientes prestaciones: "A) Por la disolución del vínculo matrimonial que nos une. B) El pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra hija de nombre *******. C) La guardia y custodia de nuestra menor hija antes señalada. D) La disolución y liquidación de la sociedad conyugal. E) La constitución de la medida provisional de depósito de persona. F) El pago de gastos y costas del juicio..." II. Radicación y depósito de personas. Por acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil cuatro, el entonces Juez Segundo Familiar del distrito judicial Bravos, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, dio entrada a la demanda en la vía y forma propuestas, ordenándose además emplazar al demandado [*******], para que dentro del término legal diera contestación a la demanda entablada en su contra. Posteriormente, se decretó el depósito judicial de la promovente [*******] apercibiendo al demando de abstenerse de ejercer actos de molestia a la persona depositada y depositarios, debiendo evitar acudir al domicilio en el que se decretó dicha medida precautoria. III. Contestación a la demanda y reconvención. Mediante proveído diez fecha tres de enero de dos mil cinco, se tuvo al demandado [*******] por contestando en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, así como por oponiendo reconvención en contra de [*******], reclamándole prestaciones en el siguiente sentido: ".En los términos de los artículos 254, 255 y 256 del Código Civil, y 413 del Código Civil demando a *******, la disolución del vínculo matrimonial que nos une con todas sus consecuencias legales por las razones y circunstancias que a continuación expongo: ... " Por escrito de fecha seis de enero de dos mil cinco, fue contestada la señalada reconvención, a la que recayó el acuerdo de fecha trece de enero del mismo año, señalándose las diez horas del día veintisiete de enero de dos mil cinco para la celebración de la audiencia de conciliación y depuración procesal. IV. Celebración de convenio. Presentado que fuera el escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil cinco, se dio cuenta del mismo en la diligencia de comparecencia de las partes de esa misma fecha, en la que se les tuvo por celebrando convenio para dar por culminada la controversia, ratificando el mismo, y del que se destacan las siguientes cláusulas: "... TERCERA.- Las necesidades de nuestra menor hija, tanto durante el presente procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio, se cubrirán mediante pensión alimenticia consistente en la cantidad de [$******* (*******) que el compareciente [*******] cubrirá los días lunes de cada semana mediante depósito bancario en la cuenta No. [*******] de [******* a la señora [*******]. Dicha cantidad se incrementará en un [treinta por ciento (30%) anual sobre la cantidad vigente al momento del aumento... (. ..) ... QUINTA.- El señor [*******] deberá cubrir de manera puntual el [cincuenta por ciento (50%)] de todos y cada uno de los gastos relacionados con el pago de colegiaturas, inscripción, uniformes y demás costos derivados de o relacionados con la educación de la menor [*******] en el entendido de que la señora [*******] cubrirá el [cincuenta por ciento (50%)] restante...". En consecuencia, ocurrió que con fecha diecisiete de febrero de dos mil cinco, se dictó sentencia con relación a dicho convenio, el cual fuera aprobado en todas y cada una de sus partes, elevándose a la categoría de cosa juzgada, con lo cual se dio por concluido el juicio, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ".. PRIMERO.- La vía elegida fue la correcta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se aprueba para todos los efectos legales a que haya lugar el convenio transcrito en el considerando que antecede. - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Se declara la disolución del vínculo matrimonial que una a [*******] con [*******], quienes quedan en aptitud legal de contraer nuevas nupcias de conformidad con el artículo 257 del CÓDIGO CIVIL. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, envíese copia de la misa (sic) al C. Director del Periódico Oficial del estado para sus publicaciones de ley y, una vez hecho lo anterior se previene a las partes para que den cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 421 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Efectuando lo anterior gírese atento oficio al C. Oficial del Registro Civil de esta Ciudad a fin de que se sirva levantar el acta de Divorcio y haga las anotaciones correspondientes en el acta de matrimonio número *******, del libro número *******, a folios *******, levantada el día veintiuno de mayo del año dos mil dos en la Oficialía [1]..." V. Incidente de ejecución de sentencia. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, la actora en lo principal [*******] compareció a promover incidente de ejecución de sentencia, solicitando las siguientes prestaciones: " ... A).- Que se condene al [SR. *******] al pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las cantidades a las que se obligó y que fueron pactadas en las cláusulas TERCERA y QUINTA del convenio celebrado por las partes dentro del JUICIO en el que se actúa, medida que además de encontrarse fundada en el citado numeral del Código Civil encuentra sustento en la presunción de necesidad de recibir alimentos que opera a favor de mi menor hija, así como en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3, 4, 6, 18 y 27; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1, 19 Y 26 y la Convención Interamericana sobre Obligaciones. Alimentarias en sus artículos 4, 5, 6 y 7, documentos internacionales que contienen los principio y las directrices protectoras basadas en el interés superior del menor y que obligan a los Estados parte a asegurar efectividad de sus normas, privilegiando en todo momento los derechos de supervivencia, nivel de vida adecuado para el desarrollo y la toma de medidas apropiadas para asegurar el pago de los alimentos a favor de los niños, de manera que atento a dichas disposiciones y a los principios de interpretación pro homine, en los términos de los artículo 1° y 4°, ambos de la Constitución Política de los Estado (sic) Unidos Mexicanos, debe preponderarse la interpretación de las normas más favorables a favor de los menores eligiendo aquella que mejor se ajustes (sic) para garantizar la protección de sus derechos fundamentales...". A dicho escrito, se dio entrada en la vía incidental mediante acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el que además se ordenó correr la vista correspondiente al demandado incidentista. demandado en lo principal, [*******], quien mediante ocurso del día trece de octubre de la misma anualidad, diera contestación a dicho incidente, siendo el caso que por acuerdo del día veinte de octubre de dos mil veinte, se tuvo al demandado incidentista por dando contestación al referido incidente. En dicho acuerdo, se previno además a las partes a fin de que proporcionaran domicilio de quien es ahora mayor de edad, descendiente de las partes, de nombre [*******], quien por escrito del día veintiséis de octubre de dos mil veinte compareció a darse por notificada del estado procesal de autos, manifestando que era su deseo adherirse a la demanda incidental presentada por su madre, habiendo acudido a ratificar dicho escrito, con fecha siete de diciembre de dos mil veinte; esto, ante la Secretaria de Acuerdos del Centro Auxiliar de Juzgados Familiares de Primera Instancia del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, ante quien luego se turnó el asunto, señalándose hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental de pruebas y alegatos, a fin de que tuviera verificativo el día dieciocho de diciembre de dos mil veinte. VI. Sentencia interlocutoria Apelada. Tramitado que fuera en todas sus partes el incidente de referencia, con fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Juez Familiar Tradicional del distrito judicial Bravos, quien ahora conoce del asunto por returno motivado por el cierre del Centro Auxiliar de Juzgados Familiares de Primera Instancia del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia interlocutoria al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. El PROCEDIMIENTO RELATIVO AL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, elegida (sic) fue la correcta. SEGUNDO. La señora [*******], promovió la cuestión incidental, su hija la joven [*******] se adhirió a la misma y acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su acción de ejecución de sentencia. El señor [*******], justificó parcialmente sus excepciones. TERCERO. Se condena al señor [*******], a pagar a favor de su hija, la joven [*******], la cantidad de [$******* (*******)], por las razones expresadas. CUARTO. En cuando (sic) quede firme esta resolución, envíense los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, para que designe una persona funcionaria judicial, para que se constituya en el domicilio del domicilio del señor [*******] y lo requiera, para que en el acto de la diligencia, le exija el pago total de la cantidad de [$******* (*******)-, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, y en el caso de no hacer el pago del adeudo en el mismo acto de la diligencia, embárguensele bienes de su propiedad, bastantes y suficientes para garantizar el pago del adeudo y procédase al trance y remate de los mismos, y del producto de la venta hasta donde alcance, hágase el pago que, corresponda a su acreedora alimentaria, su hija, la joven [*******]. QUINTO. En cuanto al reclamo del impago alimentario en relación a la cláusula quinta, del convenio que celebraron la señora [*******] y el señor [*******], se le dejan reservados sus derechos a la joven [*******], para que los haga valer conforme a derecho. Pero en esta resolución interlocutoria, se absuelve al señor [*******], del pago de las siguientes cantidades: a) Del pago de la cantidad de [$******* (*******)], por concepto de gastos escolares de secundaria. b) El pago de la suma de [$******* (*******)], por conceptos de gastos escolares de preparatoria. c) Así como al pago de [$******* dólares (******* MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)) por concepto de gastos universitarios. Las cantidades mencionadas por el período comprendido del año dos mil cinco al siete de septiembre de dos mil veinte. SEXTO. Resultó innecesario entrar el estudio del incidente de tachas. SÉPTIMO Notifíquese personalmente esta resolución interlocutoria a las partes." VII. Recurso de apelación. Inconforme con las enunciadas determinaciones, el demandado [*******], interpuso recurso de apelación que fuera admitido en el efecto devolutivo por el juez de origen, por lo que llegada a esta Sala la certificación de constancias y la cédula de turno correspondiente, se ordenó formar el toca, confirmándose la admisión del recurso y la calificación del grado provista por el A Quo, de manera que habiéndose dado a la apelación el trámite de ley, en su oportunidad procesal se dispuso la emisión de la sentencia respectiva, misma que en esta fecha se pronuncia al tenor de las siguientes consideraciones. 2. COMPETENCIA Esta Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 132 y 138 fracciones VI y VII del Código de Procedimientos Familiares, así como los numerales 4, 54 fracción I y 69 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, toda vez que el recurso que nos ocupa se interpuso en contra de la resolución dictada por un juez familiar de primera instancia del distrito judicial Bravos, Chihuahua. 3. PLANTEAMIENTO DEL CASO l., Consideraciones en que se sustenta el fallo apelado. Al emitir la resolución interlocutoria recurrida, el juez inferior, sustentó sus decisiones esencialmente en que habiendo reclamado [******* y su hija *******] del demandado incidentista [*******], el pago de la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda Nacional)] en concepto de adeudo por impago de alimentos pactados conforme a la cláusula Tercera del convenio de terminación celebrado en autos, a razón de [$******* pesos (*******)] semanales, lo cuales se incrementarían anualmente en un [30% treinta por ciento)], el caso que siendo cargo procesal del demandado Incidentista, acredito tan solo el pago de la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda Nacional)), los cuales deberían de descontarse del adeudo reclamado para arrojar la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda Nacional)], a cuyo pagó se condenó a [*******], a favor de [*******], conforme al resolutivo TERCERO de dicha resolución. Por otra parte, en lo concerniente al reclamo de la parte actora, respecto del pago de alimentos acordado en términos de la cláusula Quinta de dicho convenio, virtud a la cual se obligó el demandado [*******] a cubrir el [50% (cincuenta por ciento)] de los gastos relacionados con el pago de colegiaturas, inscripción, uniformes y demás costos derivados o relacionados con la educación de su hija [*******], se le reclamó el pago de las cantidades de [$******* pesos (******* Moneda Nacional)] por erogaciones en la educación secundaria; [$*******pesos (******* Moneda Nacional)] de la preparatoria; y, [$******* dólares (******* Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América)], señaló el juez en su fallo interlocutorio que era carga de la actora acreditar esos gastos escolares, precisando la temporalidad en que se hubieren efectuado, en forma pormenorizada, lo que en la especie omitió dicha actora incidentista, por lo que se dejaron a salvo los derechos de la accionante para que los hiciera valer conforme a derecho, acorde a lo dispuesto en el resolutivo QUINTO de dicha sentencia. II. Agravios de la apelante. Contra la anterior determinación, la parte apelante esgrimió como motivos de agravio los contenidos en el escrito que exhibiera en sobre cerrado, el cual fuera agregado a los autos del presente cuadernillo, en el que señala que le causa agravios la sentencia interlocutoria dictada y, en especial la condena dictada en su contra en el punto resolutivo Tercero, virtud a que el Juez aplicó inexactamente la ley y violó los principios de la prueba. Lo anterior, afirmó, virtud a que habiendo acudido la progenitora de su hija a promover el incidente de ejecución de sentencia, por la cantidad de [$******* pesos (c******* Moneda Nacional)], aduciendo que desde el día diecisiete de febrero de dos mil cinco, fecha en que se declaró firme la sentencia emitida en el juicio de divorcio contencioso, concluido por convenio, el ahora recurrente ha incumplido de manera total con sus obligaciones alimentarias, no obstante que del desahogo de la confesional a su cargo, se desprende que acepta y reconoce el pago de su parte respecto de los gastos de su hija, al reconocer el contenido y la firma de varios documentos que fueron exhibidos en el escrito de contestación del incidente, quedando de manifiesto la mala fe y la falsedad con la que se ha conducido. Que habiéndose llamado a juicio a su hija [*******] al adquirir la mayoría de edad, manifestó en la confesional a su cargo, ignorar los convenios que habían tenido él y su madre, lo que señaló el apelante resulta ilegal, improcedente e incongruente, pues es a la acreedora alimenticia a quien le asiste el derecho de ejercer la acción intentada por su madre, por lo que la adhesión de su hija a la acción incidental planteada obedece a que fue aleccionada por su progenitora. Redama además que el Juez determinó respecto de las pruebas aportadas por su descendiente, como lo fueron el desahogo de la confesional y la testimonial a cargo de [*******] y [*******], desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, que resultaba innecesaria su valoración, siendo que dichos testigos fueron ofrecidos por su parte, por lo que debió otorgarles valor probatorio, al ser personas allegadas a la relación familiar y les constan los hechos, quienes declararon que les constaba que cumplió en varias formas con su obligación de proporcionar alimentos a su hija. Sostuvo que la sentencia se funda en el hecho de que conforme al artículo 687 del Código de Procedimientos Familiares, se consideró como la única excepción viable la opuesta por su parte, consistente en el pago y su forma, no obstante que habiendo transcurrido más de un año, son admisibles también la de novación, espera, quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria o convenio constante en autos; excepciones que deben ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio. Por lo que siendo cierto que [*******] y él celebraron convenio mediante el cual se obligaba a otorgar alimentos en favor de su hija, por la cantidad de [$******* pesos (*******Moneda Nacional), con un incremento del [30% (treinta por ciento)] sobre la cantidad vigente al momento del aumento, así como al sufragio del [50% (cincuenta por ciento)] de los gastos relacionados con la educación de su hija, falso era que hubiere incumplido con tal obligación alimentaria, pues de autos se desprendía que además de proveer los alimentos, cubrió la totalidad de los gastos escolares de [*******], depositando inicialmente en la cuenta [*******] de la institución de crédito [*******], lo cual se modificó en virtud de que no era factible efectuar depósitos en dicha cuenta, por lo que de común acuerdo consintieron en que dichos depósitos se entregarían personalmente, siendo admisible como excepción dicha transacción al haberse celebrado de manera verbal, extrajudicial y privada, y habiendo transcurrido más de un año. Finalmente, se duele de que el juez no tomó en cuenta la presunción que dijo, opera a su favor, en lo que concierne a los documentos que fueron exhibidos en la contestación del incidente, ya que por obrar en poder del oferente, se genera la presunción de que fueron pagados por él, por lo que en la sentencia se aplicó inexactamente la ley y se violaron en su perjuicio los principios reguladores de la prueba, poniéndole en situación de vulnerabilidad al declarar procedente la ejecución de sentencia en su contra. III. Agravios inoperantes por una parte e infundados por otra. Atentos a los argumentos de disenso invocados por el disconforme, se tiene que estos devienen por un lado inoperantes y deficientes, e infundados por otro, por ende, resultan ineficaces para provocar la revocación o siquiera la modificación de la resolución interlocutoria impugnada, habida cuenta que además de que el recurrente hizo tan solo manifestaciones generales respecto de la actuación del juzgador inferior, ninguno de los argumentos que invocó ha sido eficiente para conducir a la acreditación del pago que afirma haber realizado, en forma puntual. En efecto, se tiene que por lo que concierne a la primera de las alegaciones del inconforme, virtud a la cual se duele que el juez primario aplicó inexactamente la ley y violó principios reguladores de la prueba, debido a que habiéndole imputado su contraria la existencia de un adeudo total de las pensiones alimenticias a las cuales se obligó en el convenio celebrado en autos, es el caso que la propia promovente admitió en el desahogo de la probanza confesional a su cargo, el pago de gastos de su hija, al reconocer en firma y contenido varios documentos que fueron exhibidos por su parte, lo que desde su concepto evidencia mala fe y falsedad en la conducta de [*******]. No obstante, amén que el recurrente efectuó dichos señalamientos, tan sólo en forma genérica, habida cuenta que si bien reclamó del juez de primera instancia que hubiere aplicado inexactamente la ley y violado los principios reguladores de la prueba, no precisó en sus agravios en qué consistieron esa inexactitud alegada y las supuestas violaciones señaladas por su parte, pues se circunscribió a manifestar que existió "la mala fe y la falsedad" en la progenitora de su hija [*******], es el caso que contrario a su percepción, este tribunal de ulterior instancia advierte que respecto de ese tópico en particular, es decir, de la valoración de la probanza confesional y del reconocimiento de documentos, y el impacto que dicho desahogo produjo en el resultado del fallo, se encuentran ajustados a derecho. Así es, tal y como se desprende del contenido textual de la resolución recurrida, el juez determinó que era conducente proceder a la evaluación del material convictivo aportado por el demandado incidentista, a fin de establecer si se convino una forma de pago disímil a la estipulada en la cláusula Tercera del convenio de terminación del juicio, sin soslayar que de haberse efectuado tal variación, debió constar en documento público, o en privado reconocido judicialmente, o por confesión judicial, por lo cual consideró procedente el escrutinio de las pruebas ofertadas por dicha parte demandada incidentista. Al efecto, precisó el juzgador en su sentencia que el interesado ofreció y desahogó la confesional a la que el ahora recurrente se refirió en su escrito de agravios, a cargo de [*******], respecto de la cual dicho resolutor primario determinó conferir valor probatorio pleno para tener por acreditado que el señor [*******], estuvo depositando en la cuenta a nombre de su hija, por concepto de alimentos, desde marzo de dos mil seis, hasta enero de dos mil ocho, diversas cantidades; lo anterior, debido a que la absolvente así lo reconoció al contestar afirmativamente a la Décima posición que se le formuló en la diligencia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Esto es, virtud a que la absolvente respondió con un categórico ¨Sí¨, cuando contestó a la señalada posición décima, en la que se le conminó para que reconociera "Que usted sabe que el señor [*******] estuvo depositando en esa cuenta desde marzo de 2006 hasta enero de 2008 por diversas cantidades por concepto de pensión alimenticia" agregando solamente que aclaraba que "los depósitos no fueron constantes durante todo ese período", de lo que se infiere el reconocimiento expreso de la progenitora de la acreedora alimenticia, quien en esas fechas representaba los intereses de su hija, entonces menor de edad, de que el ahora recurrente, como lo afirmó, estuvo realizando depósitos de dinero en concepto de pago de pensión alimenticia en favor de [*******], en forma distinta a la prevista en el convenio, y luego mediante de sitos bancarios efectuados en una cuenta de esta última. No obstante, de dicha prueba, así como de la desahogada a cargo de la descendiente de las partes, nada más obtuvo el oferente en virtud de que [*******] negó la totalidad de las posiciones que se le formularon y estuvieron relacionadas con los hechos materia de controversia, y [*******], igualmente, no aceptó los hechos referidos en las demás posiciones que fueran calificadas de legales y absolviera en su oportunidad procesal. Por lo que concierne al desahogo del reconocimiento expreso de documentos a cargo de la actora incidentista [*******], se desprende que el juez de origen otorgó valor convictivo pleno al que se desahogara en la señalada audiencia, virtud a lo cual tuvo por acreditado que dicha promovente reconoció el contenido y la firma de los documentos que obran visibles a fojas 161 a la 174 del instrumento de actuaciones, con excepción de los recibos primero y segundo que se contienen en la foja 172 y 173. Valoración de probanzas con la cual este tribunal de alzada esencialmente coincide, y por ende confirma, atentos a que de la confesional de la madre de la acreedora alimenticia, así como del reconocimiento de documentos también a su cargo, se patentiza el reconocimiento expreso de los elementos fácticos a que hizo referencia el juzgador de primer grado, virtud a los cuales se tuvo como hecho cierto que entre [*******] y el señor [*******], existió la celebración de una convención para modificar la forma de pago de las pensiones alimenticias establecidas a favor de [*******], en la cláusula Tercera. Lo anterior, atentos a que acorde a lo dispuesto por el artículo 372 del Código procesal aplicable al caso, la confesión judicial hace prueba plena cuando es hecha por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios o de su representada, concernientes al negocio, y habiendo sido desahogada con arreglo a las disposiciones de la ley, advirtiéndose en la especie la concurrencia de tales elementos, en el entendido de que es confesión judicial el reconocimiento que hace alguna de las partes sobre los hechos controvertidos ante juez competente, al absolver posiciones o en 'cualquier otro acto de procedimiento conforme a lo dispuesto por el numeral 290 de la propia codificación adjetiva. Por ende, resulta desprovisto de razón el señalamiento que en forma genérica hizo el recurrente quien, se reitera, tan sólo se limitó a calificar la actuación del juez como violatoria de los principios reguladores de la prueba, habiendo incurrido, según sus aserciones, en una inexacta aplicación de la ley; sin expresar las razones que le llevaron a concluir que se incurrió en tales defectos en el pronunciamiento de la señalada sentencia interlocutoria, de lo que se deriva la inoperancia de sus argumentos de reclamo. Más aún, efectuando el escrutinio del desahogo y de la valoración de las anteladas probanzas, se colige que fue correcta la decisión del juez inferior al conceder a dichos medios de prueba el valor probatorio pleno para tener por acreditados los extremos ya puntualizados. En ese mismo sentido, oportuno resulta retomar las afirmaciones vertidas en el escrito de agravios, en las que resalta el recurrente que su hija manifestó en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, que ignoraba los convenios celebrados entre su madre y él, lo que afirmó que le deja en estado de indefensión, puesto que la adhesión de su hija al trámite incidental, obedeció a que fue aleccionada por su madre, y no por "muto propio" (sic), calificando además como de ilegal e improcedente el llamamiento a juicio de su hija, al adquirir la mayoría de edad, pues es en todo caso, dijo, es a [*******] a quien le asiste el derecho de ejercer la acción intentada por su madre, a lo cual resulta de la misma manera oportuno señalar que el apelante omitió precisar las razones por las cuales afirma que se le dejó inaudito, y que el proceder del juez, al convocar a la ahora mayor de edad, resulte en una ilegalidad e improcedencia, lo que nuevamente nos coloca ante la inoperancia e insuficiencia en sus agravios. Además se tiene que, tal y como se desprende del instrumento de actuaciones cuya revisión se efectúa por los medios electrónicos con los que cuenta este tribunal para el efecto, que el señalado incidente de ejecución de sentencia se promovió con fecha siete de septiembre de dos mil veinte; es decir, cuando la mencionada -descendiente de las partes era aún menor de edad, pues su natalicio acaeció el día veinte de septiembre de dos mil dos, por lo que la promoción de la ejecución de sentencia, fue provista por parte legitimada para hacerlo, en tanto que era la progenitora de la acreedora alimentista, quien en ese momento ostentaba la representación de su hija, así como su guarda y custodia. Igualmente, cabe destacar que es precisamente la celebración de los acuerdos para modificar la forma de pago entre los progenitores de la acreedora de alimentos, en fechas en las que ella aún no adquiría la mayoría de edad, la razón por la cual su hija afirmó desconocer la celebración de dichos acuerdos, lo que constituye una razón que constituye una justificación eficiente para alegar tal desconocimiento, pues apreciada tal circunstancia en su sana lógica, se advierte que los acuerdos de modificación de la forma de pago fueron efectuados cuando ella aún carecía de capacidad de ejercicio para la defensa de sus derechos. Por otra parte, reclama que el juez estableciera en su sentencia, que respecto de las pruebas aportadas por [*******], su valoración resultare innecesaria, señalando tales circunstancias respecto de la confesional a cargo del hoy recurrente, así como de las testimoniales a cargo de [*******] y [*******] las cuales, en realidad, fueron ofrecidas y desahogadas por la parte demandada incidentista, por lo cual reclama que el juez debió conferirles valor probatorio, al ser personas cercanas a la relación familiar y a quienes les constan los hechos materia del litigio incidental. Al respecto, se advierte del contenido textual de la resolución materia de la impugnación que si bien es cierto que el Juez inscribió que en resolución interlocutoria resultaba innecesario valorar los medios de prueba desahogados por la parte actora, particularmente la confesional a cargo del demandado y la testimonial de los mencionados [*******] y [*******], habida cuenta que con el desahogo de tales medios convictivos se acreditaría tan sólo lo que ya había justificado, como lo eran los términos del pacto de sufragio de alimentos, con sus respectivos aumentos, se señaló que en el caso la carga probatoria frente a la afirmación del adeudo reclamado, le correspondía a su padre [*******], conforme a lo dispuesto por el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles. No obstante lo antedicho, y correcta o no la decisión del juez de omitir la valoración de las pruebas desahogadas por la actora incidentista, pues al obrar incorporadas al proceso opera el principio de adquisición de la prueba, por lo que pierden la calidad de pruebas parciales para fungir como medios de convicción del juez para conocer los elementos que sean necesarios para resolver, es el caso que de la propia sentencia, en el apartado designado como "CLÁUSULA TERCERA, SU ESTUDIO", el titular del tribunal inferior efectuó valoración de la testimonial a cargo de [*******] y [*******], en tanto que dicho medio convictivo, fue efectivamente ofrecido y desahogado por el ahora apelante. De ahí que si bien es cierto que el juez registró en su sentencia, que se abstendría de valorar las probanzas confesional a cargo del demandado incidentista y testimonial de [*******] y [*******], en tanto que su evaluación la consideró innecesaria, porque la carga de la prueba para acreditar que pagó, le concierne a quien se le atribuye el adeudo, lo cierto es que dicho juzgador sí efectuó la valoración de las señaladas testimoniales virtud a que, ciertamente, fueron ofrecidas por [*******], y no como erróneamente lo señaló el juez en su resolución, por la parte actora. Imprecisión la anterior que, sin embargo, no le irrogó perjuicio al ahora apelante pues, como ya se dijo, si bien es cierto que en un apartado de la sentencia se asentó que se omitiría el estudio de dichas testimoniales ofrecidas por "la parte actora", también cierto es que el juez sí proveyó el estudio correspondiente a la señalada prueba testimonial. Así se tiene que por lo que concierne a la señalada testimonial a cargo de [*******] y [*******], el juez inferior decidió otorgarle valor probatorio pleno para tener por acreditado que a dichos atestes les constaba que [*******] se obligó a pagar a [*******] los alimentos de su hija en una cuenta de la institución de crédito [*******], y que acudió dicho obligado a depositar la pensión, no lo pudo hacer, por lo cual acordaron una diversa forma de pago a la contraída por dicho deudor alimentista en el convenio celebrado en el expediente, pactado así que dicha pensión alimenticia se entregará de manera personal, previo recibo correspondiente, y que en marzo de dos mil seis acordaron que se abriría una cuenta en ******* a nombre de su hija, además de que en enero de dos mil catorce, convinieron que el pago se realizarla directamente a la mencionada [*******], por la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda Nacional), mensuales. Sin embargo, fue muy puntual el juez en. señalar que carecía dicha testimonial de eficacia probatoria para acreditar el pago, pues dicha prueba "no es uno de los medios de convicción que se encuentren previstos en el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, para justificar la excepción de pago", puntualizando que además de inconducente, dicha prueba resultaba "insuficiente" para acreditar la forma del pago alimentario, por lo que no se acreditaba que el señor [*******] le hubiere entregado a su hija la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda nacional) mensuales, debido a que en concepto de dicho juzgador, en las preguntas que se les formularon, iban sugeridas las respuestas en relación con dichas entregas de dinero, por lo que al no encontrar apoyo en diverso medio de prueba, ningún valor ameritó en favor de su oferente. Argumentos de desmerecimiento que el apelante no controvirtió en forma alguna en su expresión de agravios, pues se limitó a señalar que debió conferirse valor probatorio, por tratarse de personas allegadas al círculo familiar, y a quienes les constaban los hechos, siendo que, como se ha visto, el juez sí proveyó un ejercicio de valoración de dichas testimoniales, estimando que si bien eran útiles para corroborar la versión del demandado incidentista en cuanto a que se varió la forma de pago de las pensiones alimenticias, no se trataba de una prueba idónea para acreditar el pago, por no ajustarse a las que establece el numeral 687 del Código de Procedimientos Civiles como idóneas para acreditar tales extremos, además de que en su concepto, se desahogó mediante la propuesta de preguntas sugestivas, que comprendían en su formulación la respuesta que habrían de verter dichos atestes. Valoración con la que además este tribunal de ulterior grado concuerda, confirmando su resultado, habida cuenta que tal y como lo señaló el juez inferior, sí es el caso que en el desahogo de la prueba se incurrió en ilustración de las respuestas a los testigos, provocando así el desahogo de testimoniales que esencialmente se limitaron a confirmar las aseveraciones de su oferente, pues en relación con el pago de alimentos, en las preguntas décima segunda y décima tercera, se les cuestionó respectivamente en los siguientes términos: ¨A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA. PARA QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA SI EL SEÑOR ******* SI CUMPLIÓ CON LA PENSION ALIMENTICIA DE SU HIJA *******". ¨A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA. PARA QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA SI EL SEÑOR ******* ENTREGABA LA CANTIDAD DE DIECISIETE MIL PESOS A LA MENOR *******". Por ende, tal y como lo estimó el juez de origen, se trató del desahogo de una prueba carente de valor para acreditar los extremos pretendidos; en lo particular, el supuesto sufragio oportuno de las pensiones alimenticias, habida cuenta que en el desahogo del interrogatorio, se formularon preguntas ilustrativas que sugirieron de antemano las respuestas, pues al formular la pregunta, se afirmó que el demandado sí cumplió con el pago de la pensión alimenticia, entregando la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda Nacional). Además, ningún otro medio de prueba fue aportado para ser confrontado con la versión del demandado, y así confirmar la utilidad en el dicho de los atestes, siendo insuficientes las declaraciones vertidas en los antelados términos, pues además de que se limitaron a responder en forma genérica que sabían que [*******] cumplió con el pago de los alimentos a su hija, puesto que así lo habían acordado su oferente y la señora [*******], en enero de dos mil catorce, en el domicilio del señor [*******], siendo que los primeros viernes de cada mes acudía su hija a recibir las señaladas cantidades, lo cual dijeron haber presenciado; empero, omitiendo relatar circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar en el que, como lo afirmaron, se efectuó cada uno de los pagos semanales cuya omisión se reclamó mediante la promoción del incidente de ejecución de sentencia, por lo que dicha probanza, por sí sola carece de eficacia convictiva para acreditar los extremos pretendidos por su presentante, tal y como bien lo señalara el juez de origen en su resolución. Por tanto, desacertada resulta la alegación vertida por el apelante en sus agravios, virtud a la cual afirmó que el juez primario estableció que la única "excepción viable" opuesta por el demandado, lo era la de pago y su forma, no obstante que también eran admisibles la de novación, espera, quita, pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modificara la obligación, así como la de falsedad del instrumento, cuando la ejecución no se pidiera en virtud de una ejecutoria o convenio constante en autos, al haber transcurrido más de un año de la celebración de dicha convención, pues contrario a su percepción, el juez sí consideró oportuna la admisión de diversas excepciones, tan es así que tuvo por acreditada la modificación pactada por las partes respecto del pago de las pensiones alimenticias, pero encontró que las pruebas fueron insuficientes para acreditar que hubiere realizado el pago de las que se le reclamaron en vía incidental de ejecución de sentencia, ya fuera en términos de lo pactado en la cláusula tercera del convenio, o bien conforme a la modificación que en fechas posteriores a la firma del convenio, estipularon los progenitores de la acreedora alimentista, por lo que en ese sentido, su señalamiento deviene insuficiente para producir el demérito de las decisiones del A Quo. Por último, se tiene que el demandado incidentista, hoy recurrente, señaló que el juez inferior no tomó en consideración que al obrar en su poder determinados documentos, opera para sí la presunción de que fueron pagados por él. Sin embargo, contrario a las aserciones del disconforme, se advierte que en la sentencia interlocutoria materia de la apelación, se efectuó un examen pormenorizado de los documentos comprobatorios de pagos aportados por el demandado incidentista, los cuales, además de que reconocidos expresamente, oportunamente se evaluaron por el tribunal Inferior, de manera tal que los consideró idóneos para acreditar pagos parciales en concepto de alimentos hasta por la cantidad de [$******* pesos (******* Moneda Nacional)] misma que finalmente descontó del adeudo de pensiones alimenticias. Para el efecto, precisó que a dichas "documentales privadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 384 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, se les otorga valor probatorio pleno, para tener por acreditado, que el señor [*******] y la señora [*******], acordaron nueva forma de pago alimentario a la obligación contraía por el demandado en el convenio que celebraron, que fue la entrega de la pensión alimenticia de manera personal, a la actora previo recibo correspondiente, y que realizar una operación matemática y sumar todas las cantidades mencionadas nos arroja un total de [$******* pesos (******* Moneda Nacional)], cantidad que se tomará en cuenta al momento de realizar la cuantificación correspondiente al impago alimentario, dentro del periodo que se le reclama comprendido del año dos mil cinco al siete de septiembre de dos mil veinte". Por ende, se confirió a las enunciadas documentales un valor probatorio pleno, y no tan sólo por derivar de la presunción que invoca el apelante, sino porque se trata en su mayoría de documentales privadas expresamente reconocidas en contenido y firma por su suscriptora, sin que su contraria hubiere formulado objeción con relación a la autenticidad de las que no fueron signadas por ella, de lo que se sigue su eficacia convictiva, con el resultado ya anticipado. Consecuentemente, resultando por un lado inoperantes los argumentos de disconformidad expresados por el apelante en su escrito, siendo que por otro resultaron insuficientes e infundados para provocar el demérito de las decisiones vertidas por el inferior en su fallo interlocutorio, en el presente negocio jurídico se impone declarar, y por ello se declara, la confirmación de la resolución interlocutoria recurrida. 4. SENTIDO DEL FALLO En mérito de lo anterior, habiendo resultado inoperantes por una parte, e infundados e insuficientes por otra los agravios del apelante, se confirma la resolución impugnada consistente en la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Familiar del distrito judicial Bravos dentro el incidente de ejecución de sentencia promovido por la parte actora. 5. COSTAS No ha lugar a efectuar especial condena en costas en esta segunda instancia, al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas en el artículo 145 del ordenamiento procesal aplicable al caso. 6. RESOLUTIVOS Por las consideraciones que preceden, se impone resolver bajo los siguientes: Primero. Se confirma la resolución impugnada consistente en la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Familiar del distrito judicial Bravos. Segundo. No se hace especial condena en costas judiciales. NOTIFIQUESE. Envíese testimonio de la presente resolución y devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido. Así lo resolvió y firma *******, Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en ciudad Juárez, Chihuahua, en unión del secretario de acuerdos ******* con quien actúa y da fe. Doy fe. Esta última determinación, es de la que se duele el aquí quejoso a través de este juicio de amparo biinstancial. Ahora bien, se procede enseguida al análisis oficioso de la determinación reclamada, y como se advierte de la transcripción arriba efectuada, la Sala responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, así como de colmar las formalidades esenciales del procedimiento. Previo a demostrar tal aserto, se estima atinente resaltar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, se hayan contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, éste debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos (elementos que ya fueron previamente precisados y definidos, sucintamente). Ahora bien, la determinación aquí combatida, fue emitida por autoridad legalmente competente para efectuarlo, en términos de los artículos 132 y 138 fracciones VI y VII, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, así como en los diversos 4, 54, fracción I y 69, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. La Sala responsable en tal resolución, analizó la totalidad de los agravios aducidos por el aquí quejoso, en su ocurso de apelación respectivo; y asentó de manera clara y exhaustiva - invocando para tal efecto las porciones normativas aplicables, con el objeto de sustentar la resolución de que se trata, y demostrando fehacientemente los razonamientos que esgrimió en torno a ello- que aquéllos son inoperantes e infundados. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes y precisadas en la resolución combatida, por el Juez Familiar responsable; y, finalmente, resolvió confirmar la resolución interlocutoria que el aquí quejoso, apeló. Es así, (1) inició por relatar los antecedentes del caso, relatando desde la presentación de la demanda de disolución del vínculo matrimonial presentada por *******, su radicación y depósito de su entonces mejor hija; contestación de demanda del aquí quejoso, celebración de convenio que dio por concluido el asunto y su firmeza, así como la promoción del incidente de ejecución de sentencia por parte de por *******, al ser en ese momento (siete de septiembre de dos mil veinte) aún menor de edad *******, la adhesión de ésta a la demanda presentada por su madre, una vez cumplida la mayoría de edad; la resolución interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil veintiuno emitida por el Juez Familiar responsable; y la apelación presentada por el aquí quejoso. Enseguida, (2) fundó y motivó lo relativo a su competencia legal para resolver sobre el recurso de apelación planteado por el aquí quejoso, exponiendo los numerales relativos y las razones de su aplicabilidad. Luego, (3) efectuó el planteamiento del caso; para lo cual, en primer lugar, expuso las consideraciones en que se sustentó la resolución apelada, de forma toral, invocando sus argumentaciones esenciales; enseguida, expuso la totalidad de agravios presentados por el apelante, aquí quejoso; momento después, inicio con el análisis de los mismos y expuso los aparatos argumentativo y normativo en que se basó para estimar que los agravios expresados por el aquí quejoso, por una parte, resultaron inoperantes y por otra, insuficientes e infundados; analizó, para ello, las particularidades más relevantes del caso, citó lo expuesto en los autos del juicio de origen tanto por el Juez Familiar responsable como por las partes, estudió la valoración de pruebas que efectuó tal juzgador (en atención precisamente a los agravios vertidos por el aquí peticionario del amparo), y, finalmente, arribó al ya aludido sentido del fallo. De manera que, esta juzgadora Federal estima que la resolución reclamada, emitida por la Sala responsable al resolver la apelación de referencia, acató las pautas establecidas en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sentado lo anterior, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación, la parte accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que la Sala responsable no fundó ni motivó adecuadamente la resolución combatida, con lo que incumplió las pautas determinadas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Que tal responsable aplicó incorrectamente el artículo 1194 del Código de Comercio. Devienen infundados tales argumentos. Primero, debe destacarse que, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos, de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) establecen si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Con relación a ello, debe acotarse que en las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como fue ya destacado antes en este fallo, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga a la autoridad a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la apelación así como las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, de tal forma que se confirme, modifique o revoque la determinación sujeta a análisis, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Lo previo encuentra sustento en la tesis 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, Novena Época, registro: 176546, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, abril de dos mil trece, del contenido: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Al respecto, la Sala responsable, en su determinación combatida, ya transcrita, dictada en el toca *******, contrario a lo estimado por el aquí quejoso, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató las formalidades esenciales del procedimiento, tal como fue demostrado previamente al efectuarse el análisis oficioso de la determinación de que se trata. Dicho lo previo, se cita enseguida el artículo1194 del Código de Comercio, cuya aplicación inadecuada, señala el aquí quejoso, efectuó la Sala responsable: Reglas Generales sobre la Prueba Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. El numeral invocado, debe decirse en primer lugar, contrario a la aseveración del quejoso, no fue aplicado por la Sala responsable al emitir su determinación; y en segundo lugar, como se evidencia tanto de su contenido literal, arriba transcrito, como de su inclusión en el ordenamiento jurídico de que se trata (Código de Comercio), no guarda relación alguna con el asunto en análisis, pues el mismo, como quedó evidenciado, se refiere a un incidente de ejecución de sentencia por pago de pensiones alimenticias pendientes, no así por controversia alguna en materia mercantil. De modo que, no asiste la razón al quejoso y lo pertinente es declarar infundado en su totalidad el referido motivo de disenso. Segundo concepto de violación En su siguiente concepto de violación, el quejoso adujo lo siguiente: Que es a la acreedora alimenticia, su hija, a quien le asiste el derecho de ejercer la acción intentada y que debió ejercitarla por sí misma, por lo que fue incorrecto que la entablara su madre y que el Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos ordenara posteriormente que fuera impuesta de los autos, con lo cual, su hija, posteriormente, compareció a adherirse a la demanda presentada por aquélla. Sostuvo que la resolución reclamada se fundó en el hecho de que conforme al artículo 687 del Código de Procedimientos Familiares, se consideró como la única excepción, el pago y su forma; no obstante que habiendo transcurrido más de un año, considera, son admisibles también la de novación, espera, quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento. Reclama además que se omitió valorar la prueba confesional a cargo de *******; y la testimonial a cargo de las personas de nombres ******* y *******, al ser personas allegadas a la relación familiar y, a quienes indicó, "les constan los hechos". Indicó que al acudir la progenitora de su hija a promover el incidente de ejecución de sentencia, refirió que desde el día diecisiete de febrero de dos mil cinco, fecha en que se declaró firme la sentencia emitida en el juicio de divorcio contencioso, concluido por convenio, el aquí quejoso había incumplido de manera total con sus obligaciones alimentarias; empero, posteriormente, reconoció el pago de diversas cantidades (que sumaron ******* Moneda Nacional ******* pesos), lo que evidencia, a su parecer, la mala intencionalidad con que se ha conducido. Adujo que no se tomó en cuenta la presunción que dijo, opera a su favor, en lo que concierne a los documentos que fueron exhibidos en la contestación del incidente, por lo que se le colocó en situación de vulnerabilidad al declarar procedente la ejecución de sentencia en su contra y confirmar la Sala responsable tal determinación. Que le provoca agravios la condena que se le efectuó pues aplicó inexactamente la ley y se violaron en su perjuicio los principios reguladores de la prueba. Tales argumentos, son infundados. (1) Respecto al primer punto del aludido motivo de disenso, que hace referencia a que *******, hija del aquí quejoso, debía ejercitar por sí en la vía de apremio, incidente de ejecución de sentencia, y no su madre; no le asiste la razón al quejoso. Se asevera lo anterior, debido a que, como ya fue acotado, en escrito presentado en el extinto Centro Auxiliar del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el siete de septiembre de dos mil veinte, compareció *******, a demandar en la vía de apremio dicha incidencia; mientras que *******, quien nació el veinte de septiembre de dos mil dos, en ese momento, era aún menor de edad, al contar con diecisiete años. De tal suerte que, contrario al sentir del aquí quejoso, no fue incorrecto que su madre ejerciera, en representación de la entonces aún menor de edad, la acción de referencia, pues era su representante legítima, ante su todavía minoría de edad. Por ende, como lo destacó la Sala responsable, resultó acertado el hecho de que el Juez aquí responsable, posteriormente, haya instado a las partes, es decir, al aquí quejoso y a *******, a que le proporcionaran el domicilio de la joven *******, en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, al haber alcanzado la mayoría de edad; y que, de esa manera, *******, haya estado en posibilidad de comparecer y adherirse a la demanda presentada por su madre, así como a hacer -por sí misma- las manifestaciones que estimó pertinentes. Lo que evidencia que no le asiste la razón al demandado, aquí quejoso, en el aludido argumento. (2) En otro aspecto, el quejoso adujo que la resolución reclamada se fundó en el hecho de que conforme al artículo 687 del Código de Procedimientos Familiares, se consideró como la única excepción el pago y su forma; no obstante que habiendo transcurrido más de un año, considera, son admisibles también la de novación, espera, quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento. Primero, es pertinente destacar que el demandado incidentista, aquí quejoso, únicamente aludió a dos excepciones: a) la de falta de acción y derecho; y b) la de pago (y su forma). El Juez Familiar, únicamente analizó la segunda, al determinar que era la única viable de las dos que opuso. Lo que así estimó adecuado la Sala responsable; y de igual modo, este Juzgado de Control Constitucional, considera acertado. Para acreditar lo anterior, se estima conducente invocar el contenido del artículo 687 del Código de Procedimientos Familiares: ARTICULO 687. Contra la ejecución de las sentencias y convenios judiciales, no se admitirán más excepciones que la de pago, si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar en documento público, o privado reconocido judicialmente, o por confesión judicial, y se substanciarán en forma de incidente debiendo, en su caso, promoverse el reconocimiento judicial del documento privado o la confesión del contrario en el mismo escrito en que la excepción se haga valer. De la interpretación de dicho numeral, se desprende lo siguiente: Que contra la ejecución de las sentencias, la única excepción admisible es la de pago, si no han transcurrido más de ciento ochenta días; Si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán, además, las excepciones de transacción, compensación y compromiso en árbitros; Que transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento; Sin embargo, se resalta que todas esas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar en documento público, o privado reconocido judicialmente, o por confesión judicial. Lo que pone de manifiesto que la diversa excepción opuesta por el aquí quejoso, además de la que sí fue analizada (pago y su forma); esto es, la de falta de acción y derecho, no es de las contempladas por el aludido numeral como de las que se pueden invocar en ejecución de sentencia. Aunado a que, evidentemente, la misma no se actualizó, debido a que la incidencia de que se trata fue promovida por la madre de la entonces menor de edad, como su representante legítima y posteriormente ésta última se adhirió a la misma. De modo que, las excepciones de novación, espera, quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento, a que aludió el accionante en su demanda de amparo, no fueron opuestas en el juicio de origen, tal como fue revelado; de tal suerte que, no puede analizarse en este juicio de amparo biinstancial, la viabilidad, o no, de su oposición. Por tanto, como acertadamente se expuso, la única viable de analizar y que fue opuesta por el aquí quejoso, fue la de pago y su forma; misma que sí fue examinada tanto por el Juez Familiar como por la Sala responsable. (3) Respecto al siguiente argumento vertido por el quejoso, en el sentido de que se omitió valorar las pruebas confesional a cargo de la madre de su hija y la testimonial a cargo de las personas de nombres ******* y *******; tampoco le asiste razón, pues las mismas, contrario a su aseveración, sí fueron valoradas. Es así, pues como fue destacado por la Sala responsable, se otorgó valor probatorio a tales pruebas, pero no para los fines pretendidos por el aquí quejoso. Primero, por lo que respecta a la confesional efectuada por *******, esta última reconoció, al contestar afirmativamente a la décima posición, que el aquí quejoso, *******, estuvo depositando diversas cantidades por concepto de pensión alimenticia, en la cuenta bancaria ******* en la institución de crédito *******, que aquélla abrió para su hija *******, desde marzo de dos mil seis, hasta enero de dos mil ocho; agregando que "los depósitos no fueron constantes durante todo ese período". De ese modo, tal prueba se adminiculó a las documentales que con relación a ello ofertó el aquí quejoso, constantes en diversos estados de cuenta de la cuenta bancaria ******* en la institución de crédito *******, correspondiente a ese periodo, es decir, entre marzo de dos mil seis a enero de dos mil ocho. Además, en relación a la diversa prueba a cargo de *******, consistente en el reconocimiento de contenido y firma de las documentales privadas exhibidas, tal persona reconoció el contenido y firma de diversos recibos con distintas cantidades de dinero que le fueron entregadas de manera personal por parte del aquí quejoso, como parte de la pensión alimenticia para su hija *******. Con lo anterior, es decir, tanto con los depósitos en la cuenta bancaria ******* en la institución de crédito ******* de la cual ******* es titular, como con las cantidades entregadas en efectivo, de manera personal a *******, conforme a los recibos cuyo contenido y firma reconoció, suman un total de $******* (*******), pagados por el aquí quejoso por concepto de pensión alimenticia en favor de su hija. A dichas pruebas, contrario a lo estimado por el aquí quejoso, sí se les reconoció valor probatorio bastante para acreditar que efectivamente pago alimentos a su menor hija, por un monto total de $******* (*******), entre el período comprendido del tres de marzo de dos mil cinco -en que quedó firme el convenio celebrado por el quejoso y *******, que fue aprobado en su totalidad en sentencia de diecisiete de febrero de dos mil cinco- hasta el siete de septiembre de dos mil veinte, en que se promovió la incidencia de que se trata. Tan es así, que a la cantidad total que se pretendía, fuera dada a la joven *******, con motivo de tal incidencia de ejecución, se le restaron los $******* (*******), que acreditó el quejoso haber pagado. Así, con ello, como fue destacado por las aquí autoridades responsables, se comprobó que se pactó entre el aquí accionante del amparo y ******* diversa forma de pago de la obligación de aquél, de cubrir las pensiones alimentarias de *******; pues en un inicio, ante la aparente imposibilidad del deudor alimentario de efectuar los depósitos en la cuenta ******* de la institución bancaria *******, determinada en el convenio, las partes de común acuerdo, establecieron otras formas de pago, como quedó evidenciado y así fue acotado tanto por el juez Familiar como por la Sala responsable, es decir, con la entrega personal de diversas cantidades de dinero en efectivo, respecto de las cuales se firmó de recibido y a través de depósito bancario en la cuenta ******* en la institución de crédito ******* de la cual ******* es titular y que fue aperturada por su padre, el aquí quejoso; sumando ambas vías el monto total pagado. Enseguida, por lo que hace a la testimonial a cargo de las personas de nombres ******* y *******, la misma también se valoró y adminiculó para acreditar que la forma de pago de la pensión alimentaria por parte del aquí quejoso, varió respecto de su convenio original, como ya fue resaltado. En efecto, a la testimonial a cargo de dichas personas se dio valor probatorio pleno para tener por acreditado que los testigos ya referidos sabían que el aquí quejoso se obligó a pagar a su ex cónyuge alimentos en favor de su hija en la cuenta ******* de la institución bancaria *******; y que ante la imposibilidad de efectuarlo, las partes (los padres de la entonces menor) acordaron diversa forma de pago a la contraída en el convenio celebrado, esto es, acordaron que la pensión alimenticia se entregaría de manera personal, previo recibo correspondiente; además, acordaron el uno de marzo de dos mil seis, que el demandado, aquí quejoso, efectuaría pagos en la cuenta ******* que éste abrió para su hija en la institución de crédito *******, donde efectuó diversos depósitos; que, como ya se dijo, en total, tanto los entregados a través de recibo, de manera física, como en la nueva cuenta bancaria, sumaron un monto de $*******, (*******). Con lo que se corrobora que, contrario al sentir del quejoso, sí se valoraron los medios de convicción en comento. Y cierto es que no se dio valor probatorio a tales testimoniales para acreditar que el aquí quejoso efectuó más pagos que los que quedaron acreditados, y sumaron en total $******* (*******), pues, como acertadamente lo destacaron tanto el Juez Familiar como la Sala responsable, la prueba testimonial, por sí misma, al no estar adminiculada a diverso medio de prueba, fue insuficiente para acreditar fehacientemente, que el aquí quejoso, como adujo, hubiere efectuado mayores pagos a los que quedaron acreditados y que dieron como total, la cantidad ya aludida. Lo que se estima acertado, pues el quejoso omitió ofrecer diversa prueba para adminicular con el testimonio de tales personas, en el sentido de que, aparentemente, estuvo entregado a su hija la cantidad de $******* (*******) mensuales, de enero de dos mil catorce a octubre de dos mil veinte. (4) Enseguida, en cuanto al siguiente punto, en que el aquí quejoso adujo que al acudir la progenitora de su hija a promover el incidente de ejecución de sentencia, refirió que desde el día diecisiete de febrero de dos mil cinco, fecha en que se declaró firme la sentencia emitida en el juicio de divorcio contencioso, concluido por convenio, el aquí quejoso había incumplido de manera total con sus obligaciones alimentarias; empero, posteriormente, reconoció el pago de diversas cantidades (que sumaron ******* (*******), lo que, a su parecer, evidencia la mala intención con que se condujo la tercera interesada. Pues con independencia de que la tercera interesada actuara de esa manera, de conformidad con el artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua, los alimentos no únicamente comprende la comida, sino el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, los cuales deben ser cubiertos en favor del acreedor; y la carga de la prueba de pago, correspondía al aquí quejoso; siendo que únicamente se limitó a comprobar el pago de la cantidad de $34,640.13 (treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 13/100 moneda nacional. Se invoca la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 272215, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XIX, Cuarta Parte, página 173, del contenido: PAGO. CARGA DE LA PRUEBA DE LA EXCEPCION DE. Aun cuando el demandado oponga con toda oportunidad la excepción de pago, le incumbe la carga de la prueba, pues al que alega el pago es a quien corresponde probarlo, dada la regla de que el que afirma está obligado a probar su afirmación. (5) En el siguiente argumento que compone el segundo concepto de violación en análisis, el quejoso adujo que no se tomó en cuenta la presunción que dijo, opera a su favor, en lo que concierne a los documentos que fueron exhibidos en la contestación del incidente, por lo que se le colocó en situación de vulnerabilidad al declarar procedente la ejecución de sentencia en su contra y confirmar la Sala responsable tal determinación. Los documentos a que se refiere el quejoso, son los diversos recibos de pago, que la señora *******, reconoció en contenido y firma, así como los estados de la cuenta bancaria ya aludida, por el periodo ya referido; y tan se les dio valor probatorio -adminiculados al reconocimiento de ésta de los mismos, así como a la confesional que vertió- que es medios fueron suficientes para acreditar la cantidad realmente pagada, que asciende a un monto total de $******* (*******) y que desde luego se tomó en consideración por la autoridad responsable para deducirla del monto total adeudado. Inclusive las diversas pruebas referidas en el párrafo previo, así como la testimonial a cargo de las personas de nombres ******* y *******, fueron aptas para comprobar la variación en la forma de pago pactada en el convenio celebrado por las partes, aprobado en sentencia y que quedó firme el tres de marzo de dos mil cinco, donde se pactó originalmente que el pago de pensión alimenticia en favor de *******, se efectuaría en la cuenta ******* de la institución bancaria *******, la que luego fue cambiada por la diversa que aperturó el quejoso en favor de su hija. Lo que, evidencia que nuevamente, no le asiste la razón al peticionario del amparo. (6) En su último argumento, el quejoso adujo -dogmáticamente- que le provoca agravios la condena que se le efectuó, pues aplicó inexactamente la ley y se violaron en su perjuicio los principios reguladores de la prueba. El hecho de que no se haya resuelto de manera afirmativa a sus intereses, no implica que por ello se haya aplicado en su perjuicio de forma inexacta la ley, ni que se hayan violado los principios reguladores de la prueba; pues, en primer lugar, esa aseveración genérica y dogmática no refiere particularmente en qué consistieron esa inexactitud alegada y las supuestas violaciones señaladas por su parte. En efecto, tal como se precisó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman, partiendo de premisas verídicas. El referido criterio, 1a./J. 81/2002 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil dos, materia común y número de registro 185425, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Sin que, en la suplencia de la deficiencia de sus conceptos de violación, esta Juzgadora Constitucional advierta -como adujo el quejoso- que se haya aplicado inexactamente la ley o que se hayan vulnerado en su perjuicio los principios reguladores de la prueba. En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación vertidos por el peticionario del amparo; se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, respecto de la resolución estudiada en este considerando.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación al acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí referidas.Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión instados por *******, con relación a la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta sentencia.Notifíquese mediante oficio a las responsables; por correo electrónico al agente del Ministerio Público adscrito y personalmente a las demás partes.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Primero, vista la comparecencia que antecede de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, de las terceras interesadas, se advierte que ratificaron el escrito cuyo contenido se reservó en acuerdo de veintidós de los actuales, hasta en tanto lo efectuaran; de modo que, se provee lo siguiente: Por así haberse solicitado, y toda vez que en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública se encontraron inscritos los licenciados ******* y *******, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de tal moral. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones el que señalan en tal escrito. Asimismo, en atención a lo solicitado y ya que ******* aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Se faculta a dicha persona para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularla mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto las terceros interesadas, vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte tercera interesada, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema Además, se tienen por vertidos los alegatos que expresan, de lo que se ordena hacer relación al celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, ante lo anterior, no se efectúe mayor proveído respecto a las gestiones atinentes a la investigación en diversas dependencias del domicilio de dichas personas. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Consultor Jurídico Fiscal Vía Delegación de Facultades, de la Secretaría de Hacienda Recaudación de Rentas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue realizado mediante auto de diez de diciembre de la presente anualidad, solicita una prórroga para acatarlo. Se reserva proveer al respecto hasta en tanto culmine el término dado a las terceras interesadas en auto de veintidós de los actuales, para que comparezcan personalmente a las instalaciones de este juzgado a ratificar el escrito ahí acordado. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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