Gustavo Aguilera Villegas

Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 104 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
773/2019
Año
2019
Actuaciones
104
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Aguilera Villegas
  • Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 104.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y los terceros interesados Fernando Guzmán Melgoza y José Luis Bernal López, no interpusieron recurso de inconformidad en contra de la determinación del cinco de abril del dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Se deja billete a disposición. Por otro lado, por lo que hace al billete de depósito N 731227, que ampara la cantidad de $13,625.25 (trece mil seiscientos veinticinco pesos 25/100 moneda nacional), a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida; en tal virtud, éste queda a disposición de la parte quejosa por un plazo de dos años contado a partir de la legal notificación de este proveído, apercibido que de no recogerlo, prescribirá en favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. Documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y los terceros interesados Fernando Guzmán Melgoza y José Luis Bernal López, no interpusieron recurso de inconformidad en contra de la determinación del cinco de abril del dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Se deja billete a disposición. Por otro lado, por lo que hace al billete de depósito N 731227, que ampara la cantidad de $13,625.25 (trece mil seiscientos veinticinco pesos 25/100 moneda nacional), a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida; en tal virtud, éste queda a disposición de la parte quejosa por un plazo de dos años contado a partir de la legal notificación de este proveído, apercibido que de no recogerlo, prescribirá en favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. Documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa y a los terceros interesados, para desahogar la vista otorgada en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, respecto de las actuaciones de la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria, sin que la hubieran desahogado; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán proceda a: Dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la impetrante del amparo, en el juicio ejecutivo mercantil 1166/2009, promovido por Fernando Guzmán Melgoza, por conducto de sus endosatarios en procuración, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia y su ejecución. La sentencia causó ejecutoria el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Actos realizados por la autoridad responsable. Mediante oficio recibido en proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable informando que dejó insubsistente el emplazamiento practicado al impetrante del amparo, en el juicio ejecutivo mercantil número 1166/2009, el que fue realizado en fecha quince de diciembre del dos mil nueve y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia y su ejecución, es decir la audiencia de remate efectuada y la protocolización de dichas constancias ante fedatario público. Bajo ese contexto, envió comunicación al Notario Público Número Ciento Treinta en el Estado, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, para que dejara sin efectos la protocolización efectuada con motivo de la ejecución del juicio, realizada en la escritura pública de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Luego, el veintisiete de enero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando que el Notario Público Número Ciento Treinta en el Estado, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, mediante escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, le informó haber dejado sin efectos la protocolización de la escritura pública de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; y, le remitió copia certificada de la escritura de cancelación. Asimismo, le informó que procedería a informar a las oficinas de Administración de Rentas y al Director de la Oficina de la Propiedad Inmobiliaria de La Piedad, Michoacán y al Registro Público de la Propiedad de Morelia, Michoacán, para que dejaran sin efecto dicho instrumento público. Y, con base en esa información, se le requirió para que una vez que tuviera conocimiento del resultado de dichas gestiones, hiciera llegar copia autorizada de las mismas; es decir, de las que acreditaran que la Administración de Rentas, el Director de la Oficina de la Propiedad Inmobiliaria de La Piedad, Michoacán y el Registro Público de la Propiedad de Morelia, Michoacán, dejaron sin efectos la escritura pública de fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve. En ese sentido, el ocho de marzo del presente año, la responsable remitió copias certificadas de las que se advierte el auto dictado el siete de marzo del dos mil veintidós, en el que acordó lo siguiente: ".Se recibe vía correo electrónico oficial el oficio número RPP/DCA/0756/2022, que remite el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, a través del que da contestación al oficio número 209, que le fue enviado y con ello, adjuntando las constancias con las que se justifica que en tal dependencia se canceló el gravamen relativo al embargo realizado con motivo del acto reclamado, realizado sobre el siguiente bien inmueble propiedad del quejoso Gustavo Aguilera Villegas, consistente en una propiedad con domicilio en Gral. Anaya, Manzana 53 cincuenta y tres, L-11 once, manzana 25 veinticinco, fraccionamiento La Huerta/P. Indios, del Municipio y distrito de La Piedad, Michoacán, registrado a favor de Gustavo Aguilera Villegas, bajo el registro número 74 setenta y cuatro, del tomo 332 trescientos treinta y dos, de fecha 24 veinticuatro de enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, cuyo gravamen se registra bajo el número 26 veintiséis, del tomo 638 seiscientos treinta y ocho, de fecha 11 once de marzo de 2010 dos mil diez, correspondiente al Distrito de La Piedad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 773/2019, promovido por el quejoso referido, que se tramita en el Juzgado Primero de distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, las que se mandan agregar a sus antecedentes.". De lo anterior, se advierte que el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, canceló el gravamen de referencia; lo cual acreditó con las constancias correspondientes. Finalmente, el nueve de marzo del dos mil veintidós, la autoridad responsable, anexó copias certificadas de las que se advierte el auto dictado el ocho de marzo del dos mil veintidós, en el que acordó lo siguiente: ".Se recibe el oficio número 140/2022, que remite la Administradora de Rentas de esta ciudad, a través del que da contestación al oficio número 326, que le fue enviado, y con ello, adjuntando las constancias con las que se justifica que en tal dependencia se canceló la escritura pública número seis mil quinientos cuarenta y seis volumen ciento veinte, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Público número 130 en el Estado, licenciado Javier Maya Morales, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, que contiene la adjudicación de la casa habitación ubicada en la calle división del Norte, número 125 ciento veinticinco, colonia La Huerta, de la ciudad de La Piedad, Michoacán, con una superficie de 130.00 ciento treinta metros cuadrados, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 773/2019, promovido por el quejoso referido, que se tramita en el Juzgado Primero de distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, las que se mandan agregar a sus antecedentes. Finalmente, mediante comunicado respectivo, se ordena enviar al órgano jurisdiccional federal citado, copias certificadas de tales constancias, para acreditar el cumplimiento dado a dicha ejecutoria y para los fines procedentes que haya lugar.". Con lo anterior, se advierte que la Administración de Rentas de La Piedad, Michoacán, también canceló el gravamen de referencia; lo cual acreditó con las constancias correspondientes. Pronunciamiento. De todo lo anterior, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplimentada, ya que se realizaron los actos necesarios por la responsable para lograr su cabal cumplimiento. Se afirma de esta manera, ya que, con relación a los efectos de la sentencia, la responsable dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la impetrante del amparo, en el juicio ejecutivo mercantil 1166/2009, promovido por Fernando Guzmán Melgoza, por conducto de sus endosatarios en procuración, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia y su ejecución; pues se advierte que se canceló y se dejó sin efectos la escritura pública número seis mil quinientos cuarenta y seis, volumen ciento veinte, de fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, que contiene la adjudicación de la casa habitación ubicada en la calle División del Norte, número ciento veinticinco, colonia La Huerta, de esta ciudad. Por tanto, de los efectos de la sentencia de amparo, contrastados con las actuaciones de la autoridad responsable, es válido concluir que la ejecutoria fue acatada en sus términos y por ende, lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA GUSTAVO AGUILERA VILLEGAS, LA(S) DETERMINACIÓN (ES) DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DE LOS DOS DÍAS OTORGADOS PARA ELLO, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL AVISO/CITATORIO RESPECTIVO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TALES EFECTOS, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa y a los terceros interesados, para desahogar la vista otorgada en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, respecto de las actuaciones de la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria, sin que la hubieran desahogado; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán proceda a: Dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la impetrante del amparo, en el juicio ejecutivo mercantil 1166/2009, promovido por Fernando Guzmán Melgoza, por conducto de sus endosatarios en procuración, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia y su ejecución. La sentencia causó ejecutoria el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Actos realizados por la autoridad responsable. Mediante oficio recibido en proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable informando que dejó insubsistente el emplazamiento practicado al impetrante del amparo, en el juicio ejecutivo mercantil número 1166/2009, el que fue realizado en fecha quince de diciembre del dos mil nueve y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia y su ejecución, es decir la audiencia de remate efectuada y la protocolización de dichas constancias ante fedatario público. Bajo ese contexto, envió comunicación al Notario Público Número Ciento Treinta en el Estado, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, para que dejara sin efectos la protocolización efectuada con motivo de la ejecución del juicio, realizada en la escritura pública de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Luego, el veintisiete de enero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando que el Notario Público Número Ciento Treinta en el Estado, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, mediante escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, le informó haber dejado sin efectos la protocolización de la escritura pública de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; y, le remitió copia certificada de la escritura de cancelación. Asimismo, le informó que procedería a informar a las oficinas de Administración de Rentas y al Director de la Oficina de la Propiedad Inmobiliaria de La Piedad, Michoacán y al Registro Público de la Propiedad de Morelia, Michoacán, para que dejaran sin efecto dicho instrumento público. Y, con base en esa información, se le requirió para que una vez que tuviera conocimiento del resultado de dichas gestiones, hiciera llegar copia autorizada de las mismas; es decir, de las que acreditaran que la Administración de Rentas, el Director de la Oficina de la Propiedad Inmobiliaria de La Piedad, Michoacán y el Registro Público de la Propiedad de Morelia, Michoacán, dejaron sin efectos la escritura pública de fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve. En ese sentido, el ocho de marzo del presente año, la responsable remitió copias certificadas de las que se advierte el auto dictado el siete de marzo del dos mil veintidós, en el que acordó lo siguiente: ".Se recibe vía correo electrónico oficial el oficio número RPP/DCA/0756/2022, que remite el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, a través del que da contestación al oficio número 209, que le fue enviado y con ello, adjuntando las constancias con las que se justifica que en tal dependencia se canceló el gravamen relativo al embargo realizado con motivo del acto reclamado, realizado sobre el siguiente bien inmueble propiedad del quejoso Gustavo Aguilera Villegas, consistente en una propiedad con domicilio en Gral. Anaya, Manzana 53 cincuenta y tres, L-11 once, manzana 25 veinticinco, fraccionamiento La Huerta/P. Indios, del Municipio y distrito de La Piedad, Michoacán, registrado a favor de Gustavo Aguilera Villegas, bajo el registro número 74 setenta y cuatro, del tomo 332 trescientos treinta y dos, de fecha 24 veinticuatro de enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, cuyo gravamen se registra bajo el número 26 veintiséis, del tomo 638 seiscientos treinta y ocho, de fecha 11 once de marzo de 2010 dos mil diez, correspondiente al Distrito de La Piedad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 773/2019, promovido por el quejoso referido, que se tramita en el Juzgado Primero de distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, las que se mandan agregar a sus antecedentes.". De lo anterior, se advierte que el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, canceló el gravamen de referencia; lo cual acreditó con las constancias correspondientes. Finalmente, el nueve de marzo del dos mil veintidós, la autoridad responsable, anexó copias certificadas de las que se advierte el auto dictado el ocho de marzo del dos mil veintidós, en el que acordó lo siguiente: ".Se recibe el oficio número 140/2022, que remite la Administradora de Rentas de esta ciudad, a través del que da contestación al oficio número 326, que le fue enviado, y con ello, adjuntando las constancias con las que se justifica que en tal dependencia se canceló la escritura pública número seis mil quinientos cuarenta y seis volumen ciento veinte, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Público número 130 en el Estado, licenciado Javier Maya Morales, con ejercicio y residencia en Penjamillo, Michoacán, que contiene la adjudicación de la casa habitación ubicada en la calle división del Norte, número 125 ciento veinticinco, colonia La Huerta, de la ciudad de La Piedad, Michoacán, con una superficie de 130.00 ciento treinta metros cuadrados, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 773/2019, promovido por el quejoso referido, que se tramita en el Juzgado Primero de distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, las que se mandan agregar a sus antecedentes. Finalmente, mediante comunicado respectivo, se ordena enviar al órgano jurisdiccional federal citado, copias certificadas de tales constancias, para acreditar el cumplimiento dado a dicha ejecutoria y para los fines procedentes que haya lugar.". Con lo anterior, se advierte que la Administración de Rentas de La Piedad, Michoacán, también canceló el gravamen de referencia; lo cual acreditó con las constancias correspondientes. Pronunciamiento. De todo lo anterior, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplimentada, ya que se realizaron los actos necesarios por la responsable para lograr su cabal cumplimiento. Se afirma de esta manera, ya que, con relación a los efectos de la sentencia, la responsable dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la impetrante del amparo, en el juicio ejecutivo mercantil 1166/2009, promovido por Fernando Guzmán Melgoza, por conducto de sus endosatarios en procuración, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia y su ejecución; pues se advierte que se canceló y se dejó sin efectos la escritura pública número seis mil quinientos cuarenta y seis, volumen ciento veinte, de fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, que contiene la adjudicación de la casa habitación ubicada en la calle División del Norte, número ciento veinticinco, colonia La Huerta, de esta ciudad. Por tanto, de los efectos de la sentencia de amparo, contrastados con las actuaciones de la autoridad responsable, es válido concluir que la ejecutoria fue acatada en sus términos y por ende, lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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