Gustavo Adolfo Jasso Márquez

Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
274/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Adolfo Jasso Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gustavo Adolfo Jasso Márquez, por propio derecho, contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 274/2023. 2. Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". 2.1. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que señala como acto reclamado: "La resolución de fecha 14 de febrero del año en curso, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 442/2013, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial." Determinación en la cual se dictó sentencia interlocutoria declarando improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia que promovió el aquí quejoso, con el carácter de acreedor diverso del demandado Alfredo Valenzuela Garrido, respecto de la condena dictada en el juicio ejecutivo mercantil 442/2013. 3. Estudio de la improcedencia actualizada. En ese contexto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Gustavo Adolfo Jasso Márquez, por propio derecho, contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. En el particular asunto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 1339, en relación con el diverso 1341, ambos del Código de Comercio, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. Del mencionado artículo de la Ley de Amparo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados; por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el caso, el quejoso controvierte: La resolución dictada en audiencia oral de catorce de febrero del año en curso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 442/2013, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en la cual se dictó sentencia interlocutoria que declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia que promovió el aquí quejoso, con el carácter de acreedor diverso del demandado Alfredo Valenzuela Garrido, respecto de la condena dictada en el juicio de origen, procedimiento en el cual se condenó al citado demandado al pago de la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, más intereses. El cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de conformidad con los siguientes artículos del Código de Comercio: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)." "Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." En ese sentido, de la interpretación de los numerales de previa mención, se advierte que serán apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea mayor a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, así como las interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, siempre y cuando la sentencia definitiva dictada en ese asunto pueda ser susceptible de apelación. Por lo que, si la sentencia que se dictó en el juicio ejecutivo mercantil de origen es de aquellas que por su cuantía admiten apelación, en términos del numeral 1339 del Código de Comercio, por ende, la interlocutoria que en esta vía constitucional pretende combatir el promovente lo es también en esos mismos términos. De lo expuesto, se tiene que el aquí quejoso se encontraba obligado a recurrir dicha resolución a través de la apelación; lo que resulta de esa manera, si se tiene en consideración, además, que no es persona extraña a juicio, dado que, en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, refirió que se apersonó al procedimiento de origen a fin de promover la prescripción de la ejecución de la condena dictada, derivado de la inactividad procesal para ello, con el objetivo de que se declarara la preferencia en el pago de la obligación adquirida previamente por el demandado en el juicio de origen Alfredo Valenzuela Garrido en su favor; incidencia en la que se le reconoció el carácter de acreedor diverso del citado demandado, mediante auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós. En esas condiciones -se insiste- es incuestionable que el promovente de amparo se encontraba obligado a recurrir la determinación reclamada, a través del medio de defensa que contempla el Código de Comercio; por lo que, al no haberlo hecho así, se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque en contra de la resolución reclamada es procedente el recurso de apelación, medio de impugnación que tiene por objeto que el Tribunal de Apelación revoque o modifique la determinación dictada en la incidencia planteada, en los puntos relativos a los agravios expresados, como lo establece el numeral 1336 del ordenamiento legal en cita. Bajo ese contexto, si el acto reclamado debió ser impugnado en atención al principio de definitividad, emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada dicha determinación, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. 3.1. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 4. Domicilio y autorizada. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a Diana Díaz Mora, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Autorización del expediente electrónico. Ahora, atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuario "samaydta" que proporciona, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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