Gustavo Adolfo Noyola Ruvalcaba
Expediente 1492/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1492/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/04/2017
Partes del expediente
- Gustavo Adolfo Noyola Ruvalcaba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese el oficio del Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad y su anexo, consistente en copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 1/2017, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, para conocer de la demanda y de su ampliación promovida por Gustavo Adolfo Noyola Ruvalcaba. TERCERO. Con testimonio de esta resolución, notifíquese a los titulares de los órganos jurisdiccionales contendientes para su conocimiento y envíense el juicio de amparo indirecto 1492/2016 al Magistrado competente." En consecuencia, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado por motivo del conflicto competencial planteado; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado, y carece de relevancia documental. Finalmente, hágase del conocimiento del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que la totalidad de las pruebas correspondientes a la causa penal 52/2011, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, no fueron enviadas al juicio de amparo 1492/2016, sino, al diverso 1491/2016, de la estadística de este mismo Juzgado, toda vez que, como lo refirió dicha responsable en su informe justificado, remitió únicamente copia certificada de las actuaciones relativas al acto reclamado en el juicio 1492/2016, constancias que ya le fueron remitidas por el Tribunal de Alzada en un anexo certificado.
- Principal
Agréguese el oficio del Secretario del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, del que se advierte que no aceptó la competencia declinada por este Juzgado para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo 1492/2016, mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por las razones expuestas en el mismo; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo referido, así como un legado de pruebas. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por el tribunal oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, con base en el pronunciamiento emitido en proveído de treinta de diciembre del año anterior insiste en declinar la competencia al Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, ya que del informe justificado y de las constancias que acompañó la autoridad responsable Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se advierte que el auto de formal prisión reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, derivó de la determinación emitida en el toca penal 15/2012, del índice del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, misma que en su resolutivo segundo ordenó la reposición del procedimiento. En ese sentido, debe decirse que la decisión de un Tribunal de Alzada que ordena la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J 64/2016 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Además, la diversa Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , Décima Época, Libro 33. Agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1180, del epígrafe siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Ahora bien, en atención a lo antes esgrimido, es por lo que a través del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista al quejoso a efecto de que, manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable al Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, misma que fue en sentido afirmativo, esto tal como se advierte de la constancia de notificación de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 85). Atento a lo anterior, es dable establecer que este órgano de control constitucional no puede conocer de un juicio de amparo donde se reclamen actos de tribunales unitarios, sean ciertos o no, acorde con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo, por lo tanto, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión, así como sus copias de traslado correspondientes, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese la constancia de notificación por medio de la cual el quejoso da cumplimiento al requerimiento realizado el veintisiete de los cursantes y manifiesta lo siguiente: "Si señalo a la autoridad responsable Quinto Unitario del Segundo Circuito.". Atento a ello, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, téngase por ampliada la demanda respecto de dicha autoridad. Ahora, ante la circunstancia descrita se advierte que este órgano jurisdiccional federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías y ampliación respectiva, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Los artículos 36 de la Ley de Amparo y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado.". "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado.". En ese orden, es evidente que este órgano de control constitucional resulta legalmente incompetente para conocer de los actos reclamados en la demanda y ampliación respectiva, atribuidos a un Juez de Distrito y ahora al Tribunal Unitario de este circuito, estimándose que tal competencia recae al Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en turno, con excepción del Quinto. Es aplicable, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." (10ª Época; 1ª Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Pág. 79. 1a./J. 14/2012 (10ª.) En ese sentido, remítase de inmediato el presente juicio de garantías y sus anexos, al Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en turno, con excepción del Quinto, para lo que tenga a bien determinar; solicitando de manera atenta y respetuosa envíe el acuse de recibo correspondiente. Déjese sin efectos la fecha para la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas del veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones respectivas y fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el termino de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de noviembre del presente año, para que manifestará si deseaba señalar como autoridad responsable al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin que ésta haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se continúa el trámite del juicio en que se actúa en los términos inicialmente planteados. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del día de la fecha, y en su lugar se señalan DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo.
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