Gumercindo Solis Silverio
Expediente 1044/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2017
Partes del expediente
- Gumercindo Solis Silverio
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través del cual comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y registró la misma con el número 908/2017-III; en esas condiciones, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previa las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por este Juzgado.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de julio de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Y ANOTACIONES. Vista la demanda promovida por ***, regístrese bajo el número 1044/2017-V-B. INCOMPETENCIA. En primer lugar, se debe señalar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: a) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso a) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso b) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso c) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio, de una lectura integral del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado: ".resolución emitida el día ocho de junio del año dos mil diecisiete (08-06-2017),. ya que se me restringe a compurgar una pena impuesta con anterioridad a mi solicitud, es decir, extinguir la penalidad impuesta en la causa penal 78/2001." Mientras, en el capítulo de antecedentes, en lo que nos interesa, indica: ".el sentenciado Gumercindo Solís Silverio, solicita se tenga por extinguida la pena privativa de libertad que se le impuso. - - - . por lo que una vez que se compurgue dicha sanción, comenzara a compurgar la pena impuesta en la causa penal 78/2001, de este índice, por tanto, no es factible acordar favorable la extinción de la pena privativa de libertad como lo refiere." Asimismo, el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad ".con domicilio ubicado en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico en el Estado de México, lugar en donde me encuentro recluido e interno actualmente.". Además, afirmó que se encuentra recluido en ese lugar, enfrentando un proceso penal, y que el acto reclamado a que hace referencia es con el objeto de que se extinga la penalidad impuesta. Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material, la cual se traduce en que el promovente continúe privado de su libertad en el centro de reclusión en que actualmente se encuentra. Luego, si el quejoso al momento de solicitar la concesión del beneficio de la extinción de la pena, se encontraba privado de su libertad, resulta indudable que conforme a la primera regla de competencia aludida en líneas precedentes, dicho acto se seguirá ejecutando en ese lugar, con lo que resulta inconcuso que el órgano de control constitucional competente para conocer de la demanda promovida, es un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, pues es en su jurisdicción donde se encuentra el centro penitenciario en que radica el peticionario del amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006160, localizada en la página 633, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de Abril de 2014, Libro 5, Tomo I, que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LOBERTAD ANTICIPADA PORMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EN DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Asimismo, orienta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Junio de 2005, tomo XXI, por no contraponerse con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "COMPETENCIA EN EL AMPARO QUE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JIRISDICICÓN ESTE RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN EL QUE SE E NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTOGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En este orden de ideas, es evidente que este órgano de control constitucional, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se seguirán ejecutando los actos reclamados. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. DOMICILIO. Por otra parte, dado que el quejoso se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, Estado de México, con fundamento en el numeral 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de este Juzgado ordene notificar al quejoso de que se trata el presente proveído, para lo cual se remite copia del mismo. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, se faculta al juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado. Asimismo, remítase la comunicación oficial de que se trata, a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que lo firme electrónicamente, solicitando sea devuelto mediante la propia plataforma. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese.
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