Gunvor Usa Llc
Expediente 256/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gunvor Usa Llc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio.. se le hace del conocimiento que el juicio de amparo 256/2020 del índice de este juzgado, fue sobreseído en audiencia constitucional celebrada el trece de noviembre de dos mil veinte, determinación que causó ejecutoria el cuatro de diciembre de ese mismo año, ordenando su archivo...
- Principal
Notificación vía electrónica a parte quejosa.-Se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 2. Destruir el original de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del precitado Acuerdo General al haberse negado la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, una vez transcurridos tres años, contado a partir del archivo de este asunto, toda vez que se trata del duplicado. 3. Destruir el duplicado del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del precitado Acuerdo General; lo anterior, una vez transcurridos seis meses, contado a partir del archivo de este asunto, toda vez que se trata del duplicado. OTRAS CONSIDERACIONES. Toda vez que la parte quejosa allego documentos originales; requiérasele para que dentro del término de NOVENTA DÍAS naturales se presente ante este Juzgado de Distrito a recogerlos, con el apercibimiento que de no hacerlo así serán destruidos. Notifíquese personalmente.
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...TERCERO Se presume de cierto el acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable; no obstante que al rendir su informe justificado, negó su existencia, sin embargo, de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, se advierte que la citada autoridad, informó que mediante oficio de nueve de octubre del año en curso, dio contestación a la petición de la promovente de la acción constitucional, con lo cual se acredita la existencia del mismo al momento de la presentación de la demanda, por lo que se le tiene por cierto. En lo conducente, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 91-96 Tercera Parte, página 7, Séptima Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, deben ser analizadas de oficio, o bien, las que hagan valer las partes, al tratarse de cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Lo anterior con apoyo además en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, número 1a./J. 3/99, impresa en la página trece, del Tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso en estudio, y atendiendo de igual manera las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el pasado diecinueve de los actuales, se advierte de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al solicitante de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado amparo y protección de la Justicia de la Unión; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, 1 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, registro electrónico 193758. puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la responsable en dar respuesta a la solicitud formulada por la quejosa para permitir la descarga de la mercancía transportada en el buque NAVE CAPELLA que no fue objeto de embargo en el procedimiento administrativo ******, a un recinto fiscalizado. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio ********** de nueve de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó lo conducente en relación a la solicitud presentada por la parte quejosa, siendo notificada de dicha circunstancia el pasado catorce de octubre del actual. Asimismo en el contenido del mismo, le informa que en diecisiete de septiembre del año en curso se llevó a cabo el Acta de Liberación y Entrega de Mercancía, con lo cual se dio por concluido el procedimiento administrativo en materia aduanera, por lo que es claro que en el caso dejó de existir la materia del acto reclamado, en virtud de que la solicitud de la parte quejosa se encontraba encaminada a requerir de la autoridad responsable dicha finalidad. En ese contexto, es inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar lo correspondiente en relación a su escrito presentado ante su potestad, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de 2 Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367. la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO. Corolario a lo anterior, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." QUINTO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******* en representación de la quejosa GUNVOR USA LLC., respecto del acto y autoridades que se precisan en el resultando primero de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el decisorio CUARTO de la presente determinación. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública sin supresión de los datos personales de la parte quejosa, en términos del considerando último del presente fallo.
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Se agrega los autos el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Administración de la Aduana de Tuxpan, del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Xalapa, Veracruz, remite diversas documentales. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales ofrecidas por la autoridad responsable, las que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
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