GUILLERMO MORENO JUAREZ y Otros.
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Moreno Juarez
- GUILLERMO MORENO JUAREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el juicio de amparo principal en proveído de esta misma fecha, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo de este expediente. Por otra parte, al actualizarse la hipótesis prevista en el Capítulo 7, apartado 7.5, punto 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente incidente, se clasifica como destruible, pues se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva. También, como lo dispone?el artículo 20 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran?tres años, procédase a la destrucción del cuaderno único, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente al expedientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente mencionado. Otras Consideraciones. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al presente cuaderno, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios con los que se ordenó notificar la sentencia dictada en el presente juicio a las autoridades responsables foráneas, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseido el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Así, como lo dispone el párrafo primero del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Otras consideraciones. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.
- Incidental
[...] Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo, se; ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por los quejosos ********************y ********************, por los motivos expuestos y respecto de la autoridad señalada en el considerando tercero de la presente interlocutoria.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************. RESULTANDO QUE: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, turnado en esa misma fecha, a este Juzgado, ********************y********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisaran más adelante. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, se radicó el presente asunto con el número ********************, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados, seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO QUE: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, misma que es aplicable por identidad jurídica por identidad jurídica sustancial, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. La orden de aprehensión, comparecencia, localización, detención y/o presentación, así como su ejecución. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del mismo. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser cierto el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser cierto el acto reclamado, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la inexistencia de los actos reclamados. En principio, es de destacarse que en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. Del precepto anteriormente transcrito se aprecian dos supuestos de sobreseimiento por inexistencia de actos, a saber, [1] el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado, y [2] cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora debe precisarse que no son ciertos los actos reclamados pues así se desprende del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables [1] Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Ozuluama, Veracruz; [2] Director de Seguridad Municipal con sede en Naranjos-Amatlán, Veracruz; y [3] Comandante de la Policía Municipal de Ozuluama, Veracruz; negativa que adquiere firmeza, al no existir en autos prueba alguna que desvirtué lo aseverado por dichas responsables. Negativa que adquiere firmeza, al no existir en autos prueba alguna que desvirtué lo aseverado por dichas responsables. En efecto, los actos controvertidos en el juicio de amparo pueden clasificarse en positivos, que se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y, en omisivos, entendiéndose por omisión jurídica al estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En el caso de los actos positivos corresponde a la parte quejosa acreditar su existencia, es decir, tiene la carga procesal de aportar los elementos de pruebas, sean directas y/o indirectas, que evidencien dicha circunstancia. En ese orden, tratándose de actos positivos, como en el caso acontece al reclamarse una orden o instrucción, si la autoridad responsable niega el acto que se le reprocha el peticionario del amparo tiene la carga de la prueba para demostrar su existencia. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por la impetrante que desvirtúe esas negativas; consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a las autoridades referidas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, pese a que no obran los informes justificados de las denominadas Comandante Ministerial de la Fiscalía y Elementos de esa Corporación, y Comandante de la Policías Municipales, ésta con sede en Chinampa de Gorostiza, Veracruz; ya que esperar a que ello acontezca no cambiaría el sentido de la sentencia al tratarse de autoridades señaladas como ejecutoras, de ahí que no se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, tomando en consideración que las autoridades ordenadoras rindieron su informe en el que negaron la existencia de los actos reclamados. Al respecto resuelta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVIII, página 1391, con número de registro 320330, y del rubro siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. ACTOS DE LAS. Negado el acto reclamado por la autoridad ordenadora, es indudable que jurídicamente no hay acto que ejecutar; máxime, si no aparece prueba alguna que desvirtúe el informe de dichas autoridades ordenadoras, y por tanto el amparo es improcedente en contra de las autoridades ejecutoras. De igual manera, se invoca la tesis aislada XIII.2o.2 K, de la Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo II, Septiembre de 1995, página 520, con número de registro digital: 204224, de rubro y texto siguientes: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DIFERIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RINDEN EXTEMPORANEAMENTE SUS INFORMES JUSTIFICADOS. Si los informes justificados de las diversas autoridades señaladas como ejecutoras, se recibieron en fecha próxima a la señalada para la audiencia constitucional y fuera del término de ocho días a que se refiere el primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello no es motivo suficiente para que prospere el diferimiento de tal acto procesal, ni tampoco deja en estado de indefensión al quejoso, si la ordenadora informó oportunamente anexando las constancias que apoyan aquél. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo respecto a dicho acto reclamado, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial cuyo sumario textualmente indica: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. CUARTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76 y 124, de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, por propio derecho, respecto del acto y autoridades que se precisan en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el tercer considerando de la misma. Notifíquese por lista.
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