Guillermo Zea Ruiz
Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/08/2023
Partes del expediente
- Guillermo Zea Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica que no se interpuso recurso de reclamación en contra del proveído de cuatro de agosto del presente año, por lo que declara que ha causado estado dicho auto; asimismo, devuelve copia certificada del presente asunto e informa que el expediente se archiva como totalmente concluido, lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora, en cuanto a la copia certificada de este asunto, devuelta por la autoridad oficiante, al resultar innecesaria su conservación, sin mayor acuerdo, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que acusa recibo del oficio con el que se le remitió el escrito de interposición del recurso y formulación de agravios; así como copia certificada del juicio de amparo 519/2023-I, promovido por Guillermo Zea Ruiz e informa que desechó el recurso de queja Q.P. 179/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la caratula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Escrito de desahogo Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención realizada por auto de trece de los corrientes; en consecuencia, se tiene por cumplida la prevención en trato y provéase lo conducente. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: Auto de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del toca *****, en el que se declaró inadmisible el medio de impugnación intentado. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que reza lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". La legislación que rige al citado acto reclamado es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en el artículo 130, establece un medio de impugnación ordinario, por virtud del cual el acuerdo reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, cuyo texto dice: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido.". Como se ve, en la etapa de ejecución del proceso penal, contra las cuestiones de mero trámite que deban resolverse sin sustanciación, procede el recurso de revocación. Al respecto, no se inadvierte que el precepto hace referencia "al juez de ejecución", sin embargo, no cabe una interpretación restringida en cuanto a limitarlo a dicho órgano jurisdiccional, pues también debe considerarse a la Sala que conoce del recurso de apelación en el procedimiento de ejecución. En la especie, el auto por el que se inadmitió el recurso de apelación constituye una determinación de tal naturaleza -de mero trámite-, porque es una resolución emitida de plano, sin agotar una tramitación especial, esto es, no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, pues no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla. Cobra aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Por ello, previo a la promoción del presente juicio de amparo indirecto, la parte quejosa, debió agotar el recurso de revocación en comento. A idéntica conclusión que a la que aquí se sustenta llegó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 36/2022 el diez de marzo de dos mil veintidós y el recurso de queja 11/2022 el siete de abril del mismo año, respectivamente. Tales asuntos dieron origen a las tesis de rubros y textos que se citan a continuación: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO [APLICABILIDAD, POR IDENTIDAD JURÍDICA, DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2019 (10a.)]. Hechos: En la sentencia de amparo sujeta a revisión el secretario encargado del despacho en el Juzgado de Distrito, además de decretar el sobreseimiento en el juicio, indicó que contra el acuerdo de la Sala que inadmitió el recurso de apelación contra un proveído de la Jueza de Ejecución, procedía el recurso de revocación -el cual no se interpuso- y citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), en relación con el procedimiento penal, que comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la procedencia del recurso de revocación contra el acuerdo que no admite la apelación; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito, en aplicación de dicho criterio por identidad jurídica, determina que previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto que no admite la apelación en la etapa de ejecución de sentencia del proceso penal acusatorio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en observancia al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) en la ejecución penal y ii) de mero trámite, que califica en los supuestos de procedencia del recurso de revocación, cuyo objetivo es analizar los requisitos establecidos en el artículo 132 de la ley de ejecución mencionada. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo; asimismo, lo dispuesto en la norma en cuanto a que el objeto de la revocación es que el mismo Juez de Ejecución examine su determinación, no debe interpretarse en el sentido de que no procede contra determinaciones de la alzada pues, hacerlo, constituiría una interpretación restringida, no acorde con el sistema de impugnación previsto en la citada legislación.". "RECURSO DE REVOCACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA DETERMINACIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE AGOTARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y NO EL ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS 465 Y 466 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio, debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra una determinación dictada en una controversia jurisdiccional del procedimiento de ejecución penal, debe agotarse el diverso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el establecido en los diversos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Justificación: En el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la supletoriedad, entre otras legislaciones, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para todo lo no previsto en aquélla; sin embargo, los artículos 465 y 466 del código procesal en cita son inaplicables supletoriamente al procedimiento de ejecución, en lo relativo al recurso de revocación, pues el artículo 130 de la ley nacional invocada regula con plenitud ese medio de impugnación (hipótesis de procedencia, término para su interposición, efectos, tramitación y tiempo para resolverse). Motivo por el cual, para analizar la definitividad, como causal de improcedencia del juicio de amparo, debe hacerse en términos del referido artículo 130 y no de los artículos 465 y 466 aludidos, por ser la Ley Nacional de Ejecución Penal la que regula el acto que reclamó la parte quejosa y establece suficientemente la forma en que debe tramitarse y resolverse el recurso de revocación y, en consecuencia, la supletoriedad no se actualiza en el caso. Máxime que la etapa de ejecución no forma parte del procedimiento penal, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y finalizará con la sentencia firme, lo que corrobora que la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal.". "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE MERO TRÁMITE DEL TRIBUNAL DE ALZADA EMITIDAS AL SUSTANCIAR EL DIVERSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio debió agotar el recurso de revocación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en observancia al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, el quejoso debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el auto que desecha la apelación interpuesta dentro de un procedimiento de ejecución, en virtud de que dicho medio de impugnación también procede contra las determinaciones de mero trámite que el Tribunal de Alzada emita al sustanciar el recurso de apelación dentro de esa etapa. Justificación: De nuevas reflexiones, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si bien el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el recurso de revocación, sólo se refiere a las determinaciones del "Juez de Ejecución", ello no significa que únicamente proceda contra las resoluciones emitidas por el juzgado de primera instancia y deban excluirse las pronunciadas por el tribunal de segundo grado en el procedimiento de ejecución. Lo anterior es así, por varias razones. Primera, en la segunda instancia del procedimiento de ejecución también se emiten diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, deben ser materia de análisis horizontal de legalidad. Por lo que aceptar que el recurso de revocación solamente procede contra pronunciamientos de mero trámite del Juez de Ejecución de primera instancia y excluir las emitidas por el Tribunal de Alzada, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, toda vez que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Lo anterior se corrobora con el artículo 3, fracción XI, de la ley citada, en el sentido de que "Juez de Ejecución" se refiere, de manera genérica, a las autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución - propiamente dicho- y el Tribunal de Alzada), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en ambas instancias). No se soslaya que en la fracción XVI del mismo precepto se conceptualiza como "órgano jurisdiccional" al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local; sin embargo, se considera que se refiere expresamente a los órganos judiciales que intervienen en el procedimiento oral precisado en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual no abarca la etapa de ejecución penal). Segunda. Admitir que la revocación en ejecución penal sólo procede contra resoluciones de mero trámite en primera instancia, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de la alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo en sinergia con el nuevo proceso penal. En efecto, los principios rectores y la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles. Por ello, para efectos del juicio de amparo, es necesario que se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto de cualquier legislación, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional, y con ello que se convierta en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario. Tercera. El artículo 130 de la ley especializada debe interpretarse de manera armónica y congruente con la teleología del juicio de amparo, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará observando los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite. De estimar que debe partirse de una interpretación literal o gramatical, se establecería que las resoluciones de mero trámite que pronuncian los órganos jurisdiccionales de segunda instancia no son recurribles a través de la revocación, y que su único medio de defensa sería el juicio de amparo indirecto, lo que generaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario, lo que contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.". Máxime que, el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de Amparo, esto es, el acto reclamado no implica un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco, el acto reclamado consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias ni impone medida cautelar restrictiva de la libertad; no es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; tampoco decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. En este tópico, conviene resaltar también, que la procedencia del indicado recurso de revocación, es clara y no sujeta a interpretación adicional, en tanto, se insiste, se trata de resolución de mero trámite y que no requiere sustanciación, amén que tampoco se ubica en el catálogo de resoluciones en contra de las cuales procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 132 de la ley en mención. Cobra aplicación, por el tema que trata, la tesis: "'FUNDAMENTO LEGAL INSUFICIENTE'. SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CUANDO POR LA SOLA INTERPRETACIÓN DEL TEXTO LEGAL NO ES POSIBLE ESTABLECER QUE EN ÉL SE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN. En el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, el legislador federal estableció dos supuestos de excepción a la obligación del quejoso de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto; en otras palabras, dispuso dos hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio que se relacionan respectivamente con los conceptos "interpretación adicional" y "fundamento legal insuficiente". Tratándose de este último, el vocablo "insuficiencia" hace alusión a lagunas legales, lo cual revela que no se está frente a un problema de interpretación, sino más bien de integración jurídica. Por ello, en el marco regulatorio de la norma, la función de ese concepto es excluir a la integración normativa; por ejemplo, la analógica, como técnica para establecer la procedencia de un medio ordinario de defensa contra una resolución; de suerte que conforme a ello, se obligue al gobernado a agotarlo antes de promover el juicio de amparo. Así, habrá "fundamento legal insuficiente", cuando por la sola interpretación del texto legal, no sea posible establecer que en él se prevé la procedencia de un recurso concreto contra determinada resolución.". En similares términos se resolvieron los juicios de amparo 127/2023-I y 321/2023-I, del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes
- GUILLERMO SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Otros.234/2021
- Guillermo Sánchez Martínez y Otros.366/2021
- Guillermo Sánchez Martínez y Otros.660/2019
- Guillermo Silva Hernández593/2023
- Guillermo Solís Velázquez308/2023
- GUILLERMO ZACATENCO GARCÍA y Otros.848/2021
- GUISEL GARCIA ORTEGA y Otros.856/2010
- Gustavo Adolfo Roque López1122/2022
- GUsTAVO ADOLFO ROQUE LÓPEZ309/2023
- Gustavo Adolfo Roque López708/2022
- Gustavo Adolfo Roque López915/2022
- Gustavo Aguilar Rodríguez437/2015