Guillermo Silva Hernández

Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
593/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Silva Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual se acusa de recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 593/2023-V del índice de éste juzgado, promovido por ********, e informa que dicho juzgado se avocó al conocimiento de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de INCOMPETENCIA; éste es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo, procedente del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 154/2023, de este índice; sin necesidad de acusar de recibo a las oficiantes al así haberlo manifestado. Atento a lo anterior, agréguense para que surta los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, téngase por notificado al quejoso del proveído de seis de julio último, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Penitenciario Federal no. 13 "C.P.S. Oaxaca" y otra autoridad. Regístrese con el número de juicio 593/2023-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Actos reclamados De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: La omisión o negativa de brindarle atención médica adecuada al justiciable, consistente en ser valorado por los especialistas en psiquiatría y traumatología. Incompetencia Por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este Órgano Jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Así la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la ley de Amparo prevé: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los mandatos anteriormente transcritos se advierte que será competente para conocer del juicio de amparo, como en el presente caso acontece, el juez de Distrito con jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si el quejoso en esencia, reclama la omisión o negativa de brindarle atención médica adecuada, consistente en ser valorado por los especialistas en psiquiatría y traumatología, en el lugar en el que se encuentra recluido, por lo que se concluye, que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, puesto que, de la demanda de amparo de cuenta, el promovente ********************, bajo protesta de decir verdad manifestó que se encuentra interno en el Centro Penitenciario Federal no. 13 "C.P.S. Oaxaca", lugar en el que se ejecuta el acto reclamado, ya que se le negó al quejoso la atención medica solicitada. De ahí que se sostenga que la acción reclamada no implique ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda. En esa tesitura de acuerdo a las reglas que establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso concreto no acontece, pues se reitera el acto reclamado tiene su ejecución en el Estado de Oaxaca. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Se concluye lo anterior, toda vez que si bien el acto reclamado no proviene directamente de un proceso penal ni propiamente de la ejecución de una pena, sí se determina como parte de ésta, en razón que la negativa o restricción de la atención medica al sentenciado constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, al advertirse que este tópico relativo a las condiciones de su internamiento se encamina a una de las finalidades que conlleva la ejecución final, como es la readaptación social del sentenciado por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 y sus reformas, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para resolver este juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, para que informe lo relativo. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Improcedencia de suspensión de plano Ahora bien, atento a lo ordenado en el artículo 48 de la Ley de la Materia, cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza o juez, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, el suscrito considera que en el presente asunto no es dable pronunciarse respecto a conceder la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en omisión o negativa de brindarle atención médica adecuada al justiciable, consistente en ser valorado por los especialistas en psiquiatría y traumatología, en virtud que no se desprenden elementos dentro de lo narrado -bajo protesta de decir verdad- por la parte quejosa, para que nos encontremos en la hipótesis contenida en la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) de la Primera Sala del Mas Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". (lo destacado es nuestro) Domicilio de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Exhorto Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, ubicado en el Estado de Oaxaca, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, gírese atento exhorto en línea al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno,, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva ordenar a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, notifique el presente acuerdo al quejoso ********************, haciéndole entrega de copia del mismo. Igualmente, pídase al homólogo exhortado que, de no tener inconveniente alguno, remita el resultado de la diligencia por la misma vía que se le envía. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para tomar impresiones fotográficas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese por exhorto al quejoso.

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