Guillermo Verastegui Mejia
Expediente 528/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guillermo Verastegui Mejia
- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Numero Treinta Y Uno de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje Con Residencia En Cuernavaca Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 79), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte actora a través de escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 85 a 90); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Guillermo Verastegui Mejía, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia y del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho: Realicen las gestiones que sean necesarias para desahogar la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo ordenado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 1276/2011, mediante exhorto. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que las Juntas responsables dén cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrán subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele el quejoso en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, a través de oficio 5709/2019 (foja 68), remitió copia certificada del acta por la cual el actuario de su adscripción, en diligencia de requerimiento de pago trabó formal embargo en las cuentas a nombre de la parte demandada del juicio laboral 1276/2011, del registro de su homóloga en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca; constancia con las cuales se dio vista y corrió traslado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior el argumento de la parte quejosa en el sentido de que la ejecutoria no se encuentra cumplida en atención a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no se ha pronunciado respecto del oficio girado por la autoridad laboral por el cual le requirió que remitiera el título de crédito a favor de la actora -ahora quejosa-, por la cantidad adeudada de $460,156.22 (cuatrocientos sesenta mil ciento cincuenta y seis pesos 22/100 M.N.); ya que ello no fue parte de lo ordenado en la ejecutoria a que se hizo referencia en líneas anteriores. Es decir, este órgano jurisdiccional debe analizar el cumplimiento por parte de las autoridades responsables en función de los efectos precisados en la sentencia de amparo, y la emisión de un título de crédito por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no formó parte del fallo protector, por lo que quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para acudir ante la responsable y realizar las gestiones que estime pertinentes, ya que este juzgador no puede obligar a la comisión aludida a que realice acciones que no formaron parte de los efectos de la resolución de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias desahogaran las diligencias de requerimiento de pago y embargo, en el juicio de origen. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el actuario adscrito a la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 79), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte actora a través de escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 85 a 90); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Guillermo Verastegui Mejía, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia y del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho: Realicen las gestiones que sean necesarias para desahogar la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo ordenado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 1276/2011, mediante exhorto. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que las Juntas responsables dén cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrán subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele el quejoso en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, a través de oficio 5709/2019 (foja 68), remitió copia certificada del acta por la cual el actuario de su adscripción, en diligencia de requerimiento de pago trabó formal embargo en las cuentas a nombre de la parte demandada del juicio laboral 1276/2011, del registro de su homóloga en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca; constancia con las cuales se dio vista y corrió traslado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior el argumento de la parte quejosa en el sentido de que la ejecutoria no se encuentra cumplida en atención a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no se ha pronunciado respecto del oficio girado por la autoridad laboral por el cual le requirió que remitiera el título de crédito a favor de la actora -ahora quejosa-, por la cantidad adeudada de $460,156.22 (cuatrocientos sesenta mil ciento cincuenta y seis pesos 22/100 M.N.); ya que ello no fue parte de lo ordenado en la ejecutoria a que se hizo referencia en líneas anteriores. Es decir, este órgano jurisdiccional debe analizar el cumplimiento por parte de las autoridades responsables en función de los efectos precisados en la sentencia de amparo, y la emisión de un título de crédito por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no formó parte del fallo protector, por lo que quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para acudir ante la responsable y realizar las gestiones que estime pertinentes, ya que este juzgador no puede obligar a la comisión aludida a que realice acciones que no formaron parte de los efectos de la resolución de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias desahogaran las diligencias de requerimiento de pago y embargo, en el juicio de origen. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el actuario adscrito a la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Lucía Lucero Medina García, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación a la vista de tres de septiembre del presente año. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones de la promovente, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Morelos; así como con el telegrama y oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, mediante los cuales informan respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ténganse por hechas las comunicaciones anteriores, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios de cuenta y anexos, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente.
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